MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, integrada por los jueces GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN, RUBEN DARÍO GUTIÉRREZ ROJAS (ponente) y MARLENE REYES ROMERO, en fecha 13 de noviembre de 2013, declaró sin lugar el recurso de apelación propuesto por la defensa contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial, que condenó a la ciudadana LIGIA RAMONA HENRÍQUEZ CUEVA, venezolana, titular de la cédula de identidad N° 8.670.353, a cumplir la pena de DOS (2) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de CONCUSIÓN, previsto en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción.

 

Contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones, interpuso recurso de casación el abogado PROSPERO ANTONIO FLORES DÍAZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 136.504, en su carácter de defensor privado de la acusada.

 

Transcurrido el lapso legal para la contestación del recurso, sin que se llevara a cabo la realización de tal acto, fueron remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia. Recibido el expediente, el día 22 de enero de 2014, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y el 28 de enero, se designó ponente a la Magistrada ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ.

 

En fecha 14 de febrero de 2014, se reasignó la ponencia al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. 

 

DE LOS HECHOS

 

Los hechos establecidos por Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, son los siguientes:

 

“…1) Ha quedado acreditado, que los hechos objeto del juicio oral público, ocurrieron en fecha: 11/12/2012 en el estacionamiento interno de la Sub Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas San Carlos ubicado en la Avenida Universidad, Sector Zurima, San Carlos, Estado Cojedes.

2) Ha quedado acreditado que en fecha 11/12/2012, el funcionario JESÚS TEREZEN en compañía del funcionario EDGARDO MEZONE, fueron quienes practicaron la aprehensión de la ciudadana LIGIA RAMONA HENRIQUE CUEVA, siendo aproximadamente las 10:00 horas de la noche en el estacionamiento interno de la Sub Delegación de San Carlos, luego de que esta recibiera el dinero (paquete chileno) solicitado al ciudadano JOSÉ LUIS PACHANO SANCHEZ.

3) Quedó igualmente acreditado, que le día 06/12/2012 en horas de la tarde la funcionaria LIGIA RAMONA HENRIQUE CUEVA en compañía de otro funcionario se dirigió a la residencia del ciudadano JOSÉ LUIS PACHANO SANCHEZ ubicada en el complejo habitacional Ezequiel Zamora, zona 10, torre A, piso 01, San Carlos Estado Cojedes, le indicó que tenía una denuncia por estafa y que podía ir detenido que había una solución al asunto que era darle treinta mil bolívares fuertes (30.000) que eran diez mil (10.000) para ella, diez mil (10.000) para el otro funcionario y los otros diez mil (10.000) para el denunciante.

4) Quedó igualmente acreditado que el lugar de los hechos quedó establecido como el estacionamiento interno de la Sub Delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas San Carlos; ubicado en la Avenida Universidad Sector Ziruma; San Carlos, estado Cojedes.

5) Quedó igualmente acreditado que el día 06/12/2012, según consta en el libro de novedades del CICPC que la acusada LIGIA RAMONA HENRIQUE CUEVA salió de comisión a las 15:10 hrs conjuntamente con José Araujo en vehículo particular, regresando dicha comisión  a las 17:00 hrs, día este, es decir, 06/12/2012 que coincide con el día indicado por el ciudadano JOSÉ LUIS PACHANO SÁNCHEZ como el día en que la funcionaría LIGIA RAMONA HENRIQUE CUEVA, se dirigió hasta su residencia.

6) Quedó igualmente acreditado que la acusada LIGIA RAMONA HENRIQUE CUEVA es funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, del Ministerio de Interior y Justicia, credencial 21701 placa 21701…”.

 

DEL RECURSO

 

            Con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente planteó tres denuncias, en los términos siguientes:

 

PRIMERA DENUNCIA

 

“…denuncio la infracción del último aparte del artículo 442 ejusdem, por violación de la ley por falta de aplicación, al no conocer y valorar las pruebas presentadas en el recurso de apelación y admitida por la Corte de apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, relacionadas con los videos realizados en juicio a los testigos presenciales. Amén de que en la boleta de notificaciones se me informó al respecto lo siguiente: “SEGUNDO: En lo que respecta a la exhibición de los videos firmados en la celebración del juicio oral y público peticionado por el recurrente, esta alzada declara que el referido medio de reproducción serán analizados por los integrantes de este Tribunal Colegiado”, sin embargo en la sentencia, calla violando la ley por falta de aplicación, cercenando el derecho a la defensa de mi defendida, dejándola en un estado de indefensión.

SEGUNDA DENUNCIA. (…) Denuncio la infracción constitucional de los artículos 26, 49.1 de nuestra Carta Magna, así como la infracción de los artículos 157 y 346 N° 3 y 4, dado que la norma impone de manera imperativa a los apoderados de justicia la obligación de motivar todas sus decisiones a los fines de salvaguardar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, por su parte la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones carece a todas luces de motivación toda vez que no conoció de fondo los argumentos planteados en el Recurso de Apelación.

TERCERA DENUNCIA: (…) Denuncio la infracción de los artículos 174 y 175 del mismo Código por INMOTIVACIÓN de la sentencia, la carencia de motivación en las sentencias emanadas por las Cortes de Apelaciones se presenta cuando existe una omisión sobre los argumentos explanados en el recurso de apelación y no cuando si existen los fundamentos de la resolución de la denuncia, pero estos no fueron suficientes para el impugnante, o bien por cuanto los mismos le sean adversos…”.

 

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

 

Ante el recurso de casación propuesto por el abogado PROSPERO ANTONIO FLORES DÍAZ, en su carácter de defensor privado de la ciudadana LIGIA RAMONA HENRÍQUEZ CUEVA, la Sala pasa a resolver sobre la admisibilidad del mismo, en los términos siguientes:

 

Conforme a lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. En tal sentido, en el presente caso el recurso de casación objeto de análisis fue propuesto por el abogado PROSPERO ANTONIO FLORES DÍAZ, constatándose que el mismo se encuentra legitimado para ejercer el referido medio de impugnación en representación de la acusada LIGIA RAMONA HENRÍQUEZ CUEVA, por haber sido designado y juramentado en la audiencia de presentación realizada ante el Juzgado Primero de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, el día 13 de diciembre de 2012, tal como consta al folio 41, pieza 1, del expediente.

 

En cuanto al lapso procesal para el ejercicio del recurso de casación, el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que será interpuesto dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad, caso en el cual dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Evidenciándose de autos, que el escrito contentivo del recurso de casación propuesto por la defensa fue consignado ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, el 17 de diciembre de 2013, es decir, dentro del lapso legal, tal como consta de la certificación del cómputo realizado por la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial, de fecha 14 de enero de 2014 (folios 143 y 144).

 

Asimismo, en el presente asunto se cumple con lo ordenado en el artículo 451 eiusdem, respecto a las decisiones recurribles en casación, pues se observa que el recurso extraordinario fue interpuesto contra la decisión emitida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación propuesto por la defensa y ratificó la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial, que condenó a la ciudadana LIGIA RAMONA HENRÍQUEZ CUEVA, a cumplir la pena de dos (2) años de prisión, por la comisión del delito de Concusión, previsto en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción.

 

DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

 

Revisada la fundamentación del presente recurso, la Sala pasa a resolver en los términos siguientes:

 

Establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, lo siguiente:

 

“El recurso de casación (…). Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedentes, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo (…)”. (Resaltado de la Sala).

 

Los requisitos establecidos en la trascrita disposición para la interposición el recurso de casación, no pueden ser observados como un formalismo no esencial en virtud de las exigencias taxativas establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, además de constituir una garantía para las partes y el Estado, dado su ámbito especial y su carácter extraordinario.

 

En el presente caso, el recurrente en su primera denuncia alega la infracción del artículo 442, en su último aparte, del Código orgánico Procesal penal, por falta de aplicación, planteando que la Corte de Apelaciones no conoció, ni valoró las pruebas presentadas con el recurso de apelación.

 

Al respecto, es de observar que la referida disposición legal denunciada como infringida, por falta de aplicación, está referida al procedimiento a seguir por la Corte de Apelaciones en caso de apelación de autos y, específicamente, el último aparte señala que dicha instancia judicial deberá resolver motivadamente con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes. Siendo que, el recurso de apelación propuesto por la defensa contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Juicio que condenó a la acusada a la pena de dos años de prisión por el delito de Concusión, constituye una sentencia definitiva, caso en el cual el artículo denunciado como infringido no se corresponde con la situación planteada, por lo que mal podía entonces la Corte de Apelaciones haber infringido el citado artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, por falta de aplicación.

 

Asimismo, el impugnante alega que la Corte de Apelaciones no conoció ni valoró las pruebas ofrecidas en el recurso de apelación y admitidas por la referida instancia judicial, pero no indica en su denuncia la influencia del presunto vicio denunciado en el dispositivo del fallo, atendiendo al criterio de utilidad del recurso de casación, de acuerdo al cual, la revisión casacional sólo procede en caso de infracciones que sean capaces de modificar o alterar el resultado del proceso, no pudiendo esta Sala suplir la actuación propia del recurrente, quien está obligado no sólo a exponer de manera clara y específica cuál es su pretensión, sino además, debe indicar el fin que persigue con su alegato y la influencia de la infracción en la dispositiva de la sentencia recurrida, que debe ser suficiente y capaz de modificarla.

 

En ese sentido, esta Sala de Casación ha expresado que el recurrente “…debe expresar, para la cabal fundamentación de la denuncia, la significación o influencia de la falta que se le atribuye al fallo, pues, debe recordarse que no es dable censurar en casación vicios que no tengan repercusión en el resultado del proceso…”. (Sentencia N° 459 del 24-09-2009).

 

En razón de lo expuesto, la Sala considera procedente desestimar, por manifiestamente infundada, la primera denuncia, de conformidad con lo previsto en el artículo 457 eiusdem. Así se decide.

 

En la segunda denuncia, el recurrente plantea la infracción de los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 157, 346, numerales 3 y 4, del Código Orgánico Procesal Penal, sin indicar el motivo de procedencia del recurso, vale decir, si las referidas normas denunciadas como infringidas por la Corte de Apelaciones, fueron por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación.

 

En segundo lugar, el impugnante sólo advierte la existencia de un vicio de inmotivación, expresando como fundamentación de su denuncia que:  “dado que la norma impone de manera imperativa a los apoderados de justicia la obligación de motivar todas sus decisiones a los fines de salvaguardar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, por su parte la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones carece a todas luces de motivación toda vez que no conoció de fondo los argumentos planteados en el Recurso de Apelación”.  Siendo lo expuesto, todo lo que el recurrente plantea en su denuncia, dejando de indicar en qué consistió el vicio de inmotivación del fallo dictado por la Corte de Apelaciones, es decir, no argumenta cómo los jueces de Alzada dejaron de ofrecer la explicación lógica y racional que les condujo a la resolución del asunto que fue sometido a su jurisdicción.

 

Al respecto, cabe advertir que el vicio de inmotivación no puede servir para que la Sala de Casación Penal, admita cualquier planteamiento no fundado, ni referido de manera escueta, por lo que siempre que se denuncie la inmotivación, el recurrente deberá especificar en qué consistió el vicio para que la Sala pueda llegar a convencerse acerca de la posibilidad de revisar el fallo recurrido y lo denunciado en casación.

 

En tal sentido, la Sala de Casación Penal, de manera reiterada ha establecido que: “…no basta con el simple hecho de señalar la normativa jurídica referida a la falta de motivación del fallo del cual se recurre para que la denuncia sea admitida, sino además resulta ineludible explanar en el fundamento de la misma las razones que sustentan ese alegato…” (Sentencia Nº 307 del 1° de agosto de 2012).

 

Por otro, lado el recurrente plantea la infracción de los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin exponer la forma cómo la Corte de Apelaciones dejó de aplicar dichos preceptos constitucionales; incumpliendo de esta manera con la exigencia del artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto a la fundamentación del recurso de casación, pues, no basta con mencionar la norma que se considera infringida, deben los recurrentes fundamentar la forma en que se impugna la decisión y los motivos que lo hacen procedente.

 

Igualmente, en esta segunda denuncia el impugnante alega la infracción del artículo 346, numerales 3, del Código Orgánico Procesal Penal, disposición legal cuya infracción no puede ser atribuida a la Corte de Apelaciones, ya que “la determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados”, en base al principio de inmediación, corresponde al tribunal de tribunal de primera instancia.

 

En virtud de lo expuesto, esta Sala de Casación Penal, considera procedente desestimar, por manifiestamente infundada, la segunda denuncia del recurso de casación propuesto por la defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

En la tercera denuncia, el impugnante denuncia la infracción de los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales al estar referidos a las nulidades de los actos, no guardan relación al vicio de inmotivación denunciado. Además, nuevamente, el recurrente incumple con lo dispuesto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, al no señalar el motivo de procedencia del recurso, es decir, si denuncia como infringidas las referidas normas por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación.

 

En consideración con este punto, la Sala de Casación Penal ha señalado lo siguiente:

 

“…Esta indicación de las normas no debe hacerse de manera enunciativa o figurativa, pretendiendo erróneamente los recurrentes que la Sala Penal infiera las normas presuntamente violadas, sino que por el contrario, deben los recurrentes fundamentar por argumento separado la forma en que se impugna la decisión y los motivos que lo hacen procedente, es decir, las razones de hecho y de derecho que por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación de una norma aplicada o dejada de aplicar en la sentencia de la Corte de Apelaciones objeto del recurso, esto fundamentalmente, para superar primero el juicio de admisibilidad y segundo el de procedencia o no de la casación de la sentencia, puesto que el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el contenido de la definición de procedencia tiene consecuencia jurídica específicamente cada motivo casacional…”. (Sentencia 279 del 2-08-2013).

 

Las imprecisiones en el planteamiento de la presente denuncia, no pueden ser suplidas por esta Sala de Casación Penal, razón por la cual es forzoso concluir, que dicha denuncia debe desestimarse por manifiestamente infundada, de conformidad con lo establecido en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, desestima, por manifiestamente infundado, el recurso de casación propuesto el abogado PROSPERO ANTONIO FLORES DIAZ, en su carácter de defensor privado de la acusada LIGIA RAMONA HENRÍQUEZ CUEVA.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los catorce ( 14 ) días del mes de mayo de dos mil catorce. Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

Deyanira Nieves Bastidas

 

 

El Magistrado Vicepresidente,                                                 El Magistrado,

 

 

 

Héctor Manuel Coronado Flores                                           Paúl José Aponte Rueda

    Ponente

 

 

 

          La Magistrada,                                                               La Magistrada

 

 

 

Yanina Karabin de Díaz                                      Úrsula María Mujica Colmenarez

 

 

La  Secretaria,

 

 

Gladys Hernández González

 

HMCF/jc

Exp. Nº 2014-025

 

La Magistrada Doctora ÚRSULA MARIA MUJICA COLMENAREZ no firmó por motivo justificado.