MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, integrada por los Jueces, JOSÉ GERARDO PÉREZ RODRÍGUEZ (PONENTE), ADONAY SOLÍS y HERIBERTO ANTONIO PEÑA, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las Abogados ELIÉCER ILLICH CARRERO NIETO, ARTURO CONTRERAS SUÁREZ y JORGE ARTURO CONTRERAS PEÑA, en su condición de defensores privados, contra el fallo dictado en fecha 23 de enero de 2014, por el Juzgado Tercero de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que condenó a los acusados ELIÉZER DE JESÚS CARRERO CORTTY y ELIZABETH NIETO DE CARRERO, titulares de la cédula de identidad números 3.939.476 y 4.487.911, respectivamente, a cumplir la pena de UN (01) AÑO Y TRES (03) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de PREVARICACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DIANA MILENA CORREA BARÓN.

 

Contra dicho fallo ejerció recurso de casación, el abogado JORGE CONTRERAS PEÑA, actuando en su carácter de defensor privado de los ciudadanos ELIÉZER DE JESÚS CARRERO CORTTY y ELIZABETH NIETO DE CARRERO.

 

Vencido el lapso para la contestación del recurso, llevándose a cabo la realización de tal acto, se remitió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 3 de diciembre de 2014, se recibieron las actuaciones en este Tribunal Supremo de Justicia, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se designó ponente al Magistrado DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

El 11 de febrero de 2015, en Reunión Ordinaria de la Sala Plena, fue elegida tanto la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia como de las restantes Salas de este Máximo Tribunal. En dicha sesión fue elegido como Presidente de la Sala de Casación Penal el Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez y como Vicepresidenta la Magistrada Doctora Francia Coello González. En consecuencia, en la misma fecha se procedió a la instalación y constitución de dicha Sala, quedando conformada de la manera siguiente: Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente; la Magistrada Doctora Francia Coello González, Vicepresidenta; y las Magistradas y el Magistrado, Doctora Deyanira Nieves Bastidas, Doctor Héctor Manuel Coronado Flores y la Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno. Asimismo, se designó como Secretaria (E) a la Doctora Ana Yakeline Concepción de García y como Alguacil, al ciudadano Giovanni Fernández Urbina.

Cumplidos los trámites procedimentales del caso, la Sala pasa a pronunciarse acerca de la admisibilidad o desestimación del recurso, lo cual hace en los términos siguientes:

 

LOS HECHOS

 

Los hechos acreditados por el Juzgado Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, son los siguientes:

 

“En fecha 25-02-1998, la ciudadana CORREA BARÓN DIANA MILENA, celebró un Contrato de Opción a Compra de un Inmueble, donde ella actúa como compradora con los ciudadanos: JOSÉ IVAN PAREDES y BELKIS JOSEFINA NIEVES DE PAREDES, quienes actúan como vendedores, documento este inserto bajo el número 75, tomo 15 de los libros de autenticaciones llevados por la Notaria Pública Segunda de Mérida, pero es el caso que una vez cumplidas las cláusulas establecidas en dicho contrato, los ciudadanos vendedores no cumplieron con lo establecido en la cláusula cuarta del mismo, la cual establece lo siguiente: Los vendedores declaran que una vez recibido el saldo deudor se efectuará la tradición legal del inmueble objeto de la presente opción, y como no se había materializado la protocolización del señalado documento, la víctima decide demandar civilmente a los mismos vendedores como formalmente lo hizo, dichos ciudadanos convinieron en materializar dicha venta, y así desistir de la demanda interpuesta. Pero es el caso que la víctima, ciudadana DIANA MILENA CORREA BARON, por problemas con su abogado quien debió retirarse del caso, les otorga un poder a los abogados: ELIZABETH NIETO DE CARRERO y ELIÉCER CARRERO CORTTY, para que concluyeran la demanda interpuesta pero una vez que el poder les fue otorgado estos la evadían y no respondían sus llamadas, por lo que el denunciante en vista de esta situación se buscó un abogado amigo, y fue al tribunal a revisar el expediente, observando que desde la firma del poder no había ninguna diligencia realizada, percatándose además que en fecha 17-10-2007, había una diligencia estampada por los ciudadanos JOSÉ IVAN PAREDES y BELKIS JOSEFINA NIEVES DE PAREDES, donde ponen fin al proceso civil, bajo ciertas clausulas, entre las cuales había una que establecía expresamente que se había otorgado un documento de Compra Venta en fecha 17-10-2007, y el mismo quedó anotado bajo el Numero 42, folio 283 al folio 287, Protocolo Primero, Tomo 8, Cuarto trimestre del año en curso, donde los ciudadanos abogados ELIZABETH NIETO DE CARRERO y ELIÉCER CARRERO CORTTY, abusando del instrumento poder que les fuera conferido por la víctima, compradora original, compraron el inmueble litigioso, pero no en nombre de la víctima, ciudadana DIANA MILENA CORREA BARÓN, sino en nombre de estos mismos apoderados, sin el expreso consentimiento de la compradora, y además sin garantizarle a ésta el pleno cumplimiento del contrato celebrado, púes nunca le informaron de este negocio realizado, por lo que En fecha 14-01-11, hicieron formal acto de imputación por separado en contra de los ciudadanos ELIZABETH NIETO DE CARRERO y ELIÉCER CARRERO CORTTY, en la sede fiscal, en la cual estos no solicitaron ninguna diligencia de investigación a realizar”.

 

DEL RECURSO

PRIMERA DENUNCIA

 

“Con apoyo en el artículo 452 encabezamiento del Código Orgánico Procesal Penal, DENUNCIO LA VIOLACION POR LA RECURRIDA POR INDEBIDA APLICACIÓN, del artículo 240 del Código Penal Venezolano… incurrió igualmente en INDEBIDA APLICACIÓN del artículo 250 del Código Penal, el cual tipifica el delito de prevaricación, toda vez que tal como se alegó en el escrito del recurso de apelación, mal puede concluirse, luego de analizar los medios de prueba recepcionados en el juicio oral, que los acusados de autos, perjudicaron por colusión con la parte contraria o por otro medio fraudulento, las causa que le había confiado, pues ha debido, en todo caso, quedar demostrado a lo largo del debate, que los acusados, actuando dolosamente y mediante acuerdo previo con la parte contraria, perjudicaron a su representada ciudadana DIANA MILENA CORREA BARÓN, circunstancia fáctica que no puede ser acreditada por el solo hecho, como lo afirma la recurrida, al haber celebrado ´un acuerdo, transacción o convencimiento judicial con los vendedores José Iván Paredes y Belkis Josefina Nieves de Paredes´, para la cual estaban debidamente facultados o autorizados a través del poder general que se les había conferido, por parte de la mencionada ciudadana”.

 

SEGUNDA DENUNCIA

 

“Con fundamento del artículo 452 encabezamiento del Código Orgánico Procesal Penal, DENUNCIO LA VIOLACIÓN POR LA RECURRIDA del artículo 346, numeral 4 eisdem, POR FALTA DE APLICACIÓN.

… La Corte de Apelaciones, se limito a determinar con una evidente carencia argumentativa y sin razonamiento alguno que ´el juzgador quedó convencido que efectivamente los acusados de autos realizaron la conducta que se subsume con el tipo penal en cuestión que no hubo error, en la aplicación de la norma jurídica, pues se evidencia de la revisión de las declaraciones a lo largo de las diferentes audiencias que quedó demostrado que tal subsunción fue correcta y no errada´ incurriendo en el vicio de FALTA DE MOTIVACIÓN, al no haber expresado con suficiente claridad los motivos que le sirvieron de base para su fallo y por lo tanto en una violación por falta de aplicación del artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal…”.

 

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación, y al efecto observa:

 

El artículo 266, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que: “(…) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delimita las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, el artículo 29, numeral 2, de la referida ley, establece:

 

(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (…)”.

 

De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento del recurso de casación en materia penal. En el presente caso, el abogado JORGE CONTRERAS PEÑA, actuando en su carácter de defensor privado, interpuso recurso de casación en el proceso penal seguido en contra los ciudadanos ELIÉZER DE JESÚS CARRERO CORTTY y ELIZABETH NIETO DE CARRERO, quienes fueron condenados a cumplir la pena de UN (01) AÑO Y TRES (03) MESES DE PRISIÓN, por la comisión del delito de PREVARICACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana DIANA MILENA CORREA BARÓN.

 

 

 

 

 

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PROPUESTO

 

Ante el recurso de casación propuesto por el abogado JORGE CONTRERAS PEÑA, en su carácter de defensor privado de los acusados ELIÉZER DE JESÚS CARRERO CORTTY y ELIZABETH NIETO DE CARRERO, la Sala pasa a resolver sobre la admisibilidad del mismo, en los términos siguientes:

 

Conforme a lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. En tal sentido, en el presente caso el recurso de casación objeto de análisis que fue propuesto por el abogado JORGE CONTRERAS PEÑA, en su carácter de defensor privado de los acusados ELIÉZER DE JESÚS CARRERO CORTTY y ELIZABETH NIETO DE CARRERO, constatándose que el mismo se encuentra legitimado para ejercer el referido medio de impugnación, por cuanto el mismo aceptó el cargo y prestó juramento de ley, el 26 de septiembre de 2014 (folio 309), todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 139 y 141 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En cuanto al lapso procesal para el ejercicio del recurso de casación, el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que será interpuesto dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad, caso en el cual dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Evidenciándose de autos, que el escrito recursivo propuesto por los defensores privados del los acusados fue consignado ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en fecha 07 de noviembre de 2014, es decir, dentro del lapso legal, tal como consta de la certificación del cómputo realizado por la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, de fecha 05 de noviembre de 2014 (folio 341).

 

En cuanto a las decisiones recurribles en casación, en el presente recurso fue propuesto contra el fallo dictado el 16 de agosto de 2014, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, mediante el cual declaró sin lugar el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, publicada en fecha 23 de enero de 2014, por el Juzgado Tercero de Juicio del mencionado Circuito Judicial Penal. Asimismo se observa que los acusados ELIÉZER DE JESÚS CARRERO CORTTY y ELIZABETH NIETO DE CARRERO, en principio fueron acusados por el delito de Estafa Calificada, no obstante, el Fiscal del Ministerio Público, en el desarrollo del debate, específicamente el 15 de mayo de 2013 (Pieza 4, folio747), solicitó el cambio de calificación jurídica adoptada por éste previamente, es por lo que dicha representación se acogió al delito de PREVARICACIÓN, apartándose definitivamente del delito de ESTAFA CALIFICADA y en consecuencia quedaron finalmente acusados y condenados por la comisión del delito de PREVARICACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 250 del Código Penal, el cual establece una pena privativa de libertad que no excede de los cuatro años en su límite máximo, por lo que en el presente asunto no se cumple con lo ordenado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En virtud de lo cual, lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR DESESTIMADO POR INADMISIBLE el recurso de casación propuesto el abogado JORGE CONTRERAS PEÑA, de conformidad con lo previsto en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA DESESTIMADO POR INADMISIBLE el recurso de casación propuesto el abogado JORGE CONTRERAS PEÑA, actuando en su carácter de defensor privado de los ciudadanos ELIÉZER DE JESÚS CARRERO CORTTY y ELIZABETH NIETO DE CARRERO.

 

Publíquese, regístrese, ofíciese lo conducente y remítase el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los veintinueve                               ( 29 ) días del mes de mayo de 2015. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

 

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

Maikel José Moreno Pérez

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                         La Magistrada,

 

 

Francia Coello González                                      Deyanira Nieves Bastidas

 

 

 

 

 El Magistrado,                                                                     La Magistrada,

 

 

Héctor Manuel Coronado Flores                       Elsa Janeth Gómez Moreno

    Ponente

 

La Secretaria (E),

 

 

Ana Yakeline Concepción de García

 

 

HMCF/jc

Exp. Nº 2014-479