Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO.

 

 

 En fecha 14 de agosto de 2013, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, extensión Punto Fijo, a cargo de la juez Carmen Ana López Medina, CONDENÓ al ciudadano JOSÉ LUIS ROMERO, titular de la cédula de identidad N° 7.608.821, a cumplir la pena de VEINTIÚN (21) AÑOS Y NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE AGRAVADO EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el artículo 260, en relación con el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y ABUSO SEXUAL A NIÑO EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con las circunstancias establecidas en su segundo aparte, en concordancia con los numerales 8, 9 y 14 del artículo 77 del Código Penal, y el artículo 99 eiusdem.     

 

Los hechos objetos de la presente causa, son los siguientes:

 

“… Desde que el hoy adolescente víctima de 15 años de edad, era un niño de 9 años, el ciudadano JOSÉ LUIS ROMERO, quien es su padrino, comenzó a llevarlo a su casa con la excusa de que se quedara con él, estando en su casa lo obligaba a sostener relaciones sexuales y le solicitaba que le hiciera sexo oral, luego él se quedó sin casa y los padres del adolescente le ofrecieron que se mudara con ellos donde continuó abusando sexualmente de él, generalmente cuando todos dormían o cuando estaban solos en la casa; refiriendo igualmente, que él, JOSÉ LUIS ROMERO, posee una computadora portátil donde tiene muchos videos pornográficos de niños y adolescente teniendo sexo, y el adolescente entraba a su Hotmail y veía los historiales de búsquedas y conversación, donde tenía conversaciones con niños preguntándoles la edad, que si ya se masturbaban, y otras cosas de índole sexual. Posteriormente en el mes de noviembre el adolescente víctima le contó a medias a sus padres lo que le sucedía, por lo que su padrino se fue de la casa y luego en el mes de enero su papá le preguntó que si podían aceptar nuevamente a su padrino en la casa, siendo que su padrino regresó a la misma y continuó abusando sexualmente del adolescente víctima. Igualmente desde hace aproximadamente un año el ciudadano JOSÉ LUIS ROMERO abusó sexualmente del hermano del adolescente, el niño víctima de 11 años de edad, cuando éste se acostaba con él en su cama, tocándole su pene. El día 28 de marzo de 2011, el adolescente víctima conversó con la coordinadora y la psicólogo de su colegio, en relación a su caso, siendo que ellas en virtud de la situación, llamaron a sus padres y él les dijo todo lo había sucedido, en virtud de lo cual formularon la correspondiente denuncia ante este Despacho Fiscal. …”.

   

En razón a la decisión dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, extensión Punto Fijo, los defensores privados del ciudadano JOSÉ LUIS ROMERO, abogados Yrmari Josil Arévalo y Hermes José Arévalo Serrano, interpusieron en fecha 21 de octubre de 2013, recurso de apelación. Inserto al folio 3 pieza 5.

 

En fecha 21 de diciembre de 2013, la representación del Ministerio Público, dio contestación al recurso de apelación interpuesto por la defensa del ciudadano condenado en autos. Inserto al folio 83, pieza 5.

 

En fecha 23 de julio de 2014, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Santa Ana de Coro, constituida por los jueces; Carmen Natalia Zabaleta (Presidenta), Arnaldo Osorio Petit (ponente) y Glenda Zulay Oviedo Rangel, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. Inserto al folio 137, pieza 5.

 

En fecha 10 de septiembre de 2014, los abogados Yrmari Josil Arévalo y Hermes José Arévalo Serrano, defensores privados del ciudadano JOSÉ LUIS ROMERO, interponen recurso de casación. Inserto al folio 244, pieza 5.

 

El representante del Ministerio Público, no dio contestación al escrito interpuesto por la defensa y la referida Corte de Apelaciones remitió las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 10 de noviembre de 2014, se dio cuenta del recurso de casación interpuesto a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal, y previa distribución, correspondió el conocimiento de la misma a la Magistrada Doctora Úrsula María Mujica Colmenárez.

 

El 28 de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Sesión Extraordinaria, realizó la designación de Magistrados y Magistradas principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, nombramiento este publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.165, Extraordinario.

 

El 29 de diciembre de 2014, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia quedó constituida de la siguiente manera: Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas, Presidenta de la Sala; Magistrado Doctor Héctor Coronado Flores, Vicepresidente; y los Magistrados y Magistradas; Doctores Elsa Janeth Gómez Moreno, Maikel José Moreno Pérez y Francia Coello González. En la Secretaría, la Doctora Gladys Hernández González y como Alguacil el ciudadano Giovanni Fernández Urbina.

En consecuencia, asumió la ponencia la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Ahora bien, el 11 de febrero de 2015, la Sala Plena procedió a la elección de la nueva Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia para el período 2015-2017, quedando constituida la Sala de Casación Penal, de la siguiente forma: Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente de la Sala, Magistrada Doctora Francia Coello González, Vicepresidenta, Magistrada Doctora Deyanira Nieves Bastidas, Magistrado Doctor Héctor Manuel Coronado Flores y Magistrada Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno. En la Secretaría, la Doctora Ana Yakeline Concepción de García, como encargada,  y como Alguacil el ciudadano Giovanni Fernández Urbina.

 

 

DE LA COMPETENCIA

 

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia pasa a determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación, y en tal sentido observa:

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:

 

Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

8. Conocer del recurso de casación. …”.

 

 

Igualmente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando se refiere a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal, de manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, en el artículo 29 numeral 2, establece:

 

“ Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

2. Conocer los Recursos de Casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal. …”.

 

 

De acuerdo a las disposiciones antes señaladas, corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan contra las decisiones de los Tribunales de Segunda Instancia; en consecuencia,  la Sala declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.

 

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El recurso de casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal,  que exige para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos legales de obligatorio cumplimiento.

 

En efecto, el Libro Cuarto, “De los Recursos”, Título I, del Código Orgánico Procesal Penal, establece en sus artículos 423 y 424, las disposiciones generales que rigen la interposición de todo recurso.

 

            Así pues, el artículo 423 consagra el principio de impugnabilidad objetiva, el cual dispone que las decisiones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos.

 

Por su parte, el artículo 424  señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca expresamente ese derecho.

 

Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto, “De los Recursos”, Título IV, “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del citado texto adjetivo penal, dispone en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento a seguir para su interposición, de la siguiente manera:

 

Artículo 451. El Recurso de Casación solo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.

Artículo  452. El Recurso de Casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.

Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.

Artículo 454. El Recurso de Casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo. …”.

 

 

En este sentido, concluimos que el recurso de casación, solo podrá ser ejercido por quien esté debidamente legitimado y contra aquellas decisiones expresamente establecidas en la Ley. Así mismo, solo debe ser interpuesto bajo los parámetros de los artículos antes transcritos, tanto en tiempo, como en forma, observando los requisitos antes señalados.

Visto lo anterior, la Sala pasa a verificar los requisitos de admisibilidad del presente recurso y al respecto observa lo siguiente:

 

Respecto a la legitimidad, se constata que el presente recurso de casación fue interpuesto por el abogado Hermes José Arévalo Serrano, debidamente  juramentado el 7 de marzo de 2012, ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del estado Falcón, extensión Punto Fijo, tal como se constató al folio 202, pieza 2, del expediente y la abogada Yrmari Josil Arévalo, debidamente juramentada el 17 de septiembre de 2012, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio de la misma Circunscripción Judicial, según consta al folio 21, pieza 3 del expediente.

 

 En virtud de lo anteriormente señalado, los abogados antes mencionados, al ser una de las partes a la que la ley le reconoce expresamente ese derecho, los mismos se encuentra legitimados para representar al condenado en autos, conforme a lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En lo referente a la tempestividad, consta en el folio doscientos cincuenta y cinco (255), pieza cinco (5), el cómputo suscrito por la ciudadana Jenny Oviol Rivero, Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Santa Ana de Coro, en el cual señala:

 

“… Quien suscribe, abogada JENNY OVIOL RIVERO, titular de la cédula de identidad N° 9.526.524, con el carácter de Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, CERTIFICA: que en fecha 23 de julio de 2014, este Tribunal Colegiado dictó sentencia que resolvió el recurso de apelación interpuesto por los abogados YRMARI AREVALO MOYA y HERMES JOSÉ AREVALO SERRANO, en su condición de Defensores Privados del ciudadanos JOSÉ LUIS ROMERO, declarando SIN LUGAR dicho recurso de apelación de sentencia interpuesto contra la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de la extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal, que declaró culpable al ciudadano JOSÉ LUIS ROMERO, por los delitos de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE AGRAVADO EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 260 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente en concordancia con el primer aparte del artículo 259 eiusdem, y de ABUSO SEXUAL A NIÑOS AGRAVADO EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes con las circunstancias agravantes establecidas en el segundo aparte del 259 eiusdem y las circunstancias agravantes establecidas en el artículo 77 numerales 8, 9 y 14 del Código Penal, en concordancia con el artículo 99 del Código Sustantivo Penal, y lo condenó a cumplir la pena VEINTIÚN (21) AÑOS y NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN, más las accesorias de Ley, confirmándose la sentencia recurrida. Igualmente certifico que desde el 6-8-2014 fecha en la cual fue interpuesto personalmente el acusado de autos de la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones, hasta la fecha 10-9-2014 fecha  en la cual fue presentado por ante la URDD de este Circuito Judicial Penal, el recurso de casación, transcurrieron catorce (14) días de despacho, siendo estos: 7, 11, 12, 18, 19, 26, 27 y 28 de agosto, 2, 3, 4, 8, 9, 10 de septiembre de 2014. Así mismo se deja constancia que desde el 15 de septiembre de 2014 fecha en la cual vencía el lapso al que se contrae el artículo 454 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Código Orgánico Procesal Penal, hasta el día de hoy 6 de octubre de 2014, han transcurrido nueve (9) días de despacho, los cuales fueron: 16, 17, 22, 24, 25, 29 y 30 de septiembre, 2 y 6 de octubre de 2014. Certificación que expido por orden de la Presidencia de la Cortes de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón. …”.

 

 

De lo anterior se concluye que: el 23 de julio de 2014 la Corte de Apelaciones dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los defensores privados del ciudadano José Luis Romero, el 6 de agosto de 2014 fue notificado el condenado de autos de la decisión dictada por el Tribunal de Segunda Instancia, iniciándose el lapso para la interposición del recurso en fecha 7 de agosto de 2014 y concluyendo el 15 de septiembre de 2014, evidenciándose que el recurso de casación fue interpuesto el 10 de septiembre de 2014, es decir, al décimo cuarto día de despacho, según el cómputo antes transcrito, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En cuanto al carácter recurrible de la decisión impugnada, se observa que en el caso de marras, se ejerció recurso de casación contra la decisión dictada el 23 de julio de 2014, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Santa Ana de Coro, que declaró sin lugar el Recurso de Apelación, interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, extensión Punto Fijo, que CONDENÓ al ciudadano JOSÉ LUIS ROMERO, a cumplir la pena de VEINTIÚN (21) AÑOS y NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE AGRAVADO EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el artículo 260, en relación con el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y ABUSO SEXUAL A NIÑO EN GRADO DE CONTINUIDAD, tipificado en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con las circunstancias establecidas en su segundo aparte, en concordancia con los numerales 8, 9 y 14 del artículo 77 del Código Penal, y el artículo 99 eiusdem.

 

De lo anteriormente señalado se verificó, que el presente recurso fue interpuesto contra sentencia dictada por una Corte de Apelaciones; que el delito por el cual el Ministerio Público acusó, tiene la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo excede los cuatro (4) años, y dicha decisión resuelve sobre la apelación sin ordenar la realización de un nuevo juicio, en tal sentido se da cumplimiento a lo establecido en el encabezamiento del artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Una vez comprobados los requisitos de admisibilidad del presente Recurso de Casación, la Sala pasa a revisar la fundamentación del mismo, de conformidad con los artículos 457 y 458 del Código Orgánico Procesal Penal, en tal sentido el recurrente planteó seis (6) denuncias, la cuales se transcriben y resuelven a continuación:

 

 

PRIMERA DENUNCIA:

 

“… En base a lo establecido en el artículo 452 del COPP, denunciamos la infracción de los artículos 49 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esta primera denuncia interpuesta con la apelación de sentencia relativa a los fundamentos de Hecho y Derecho se evidencia que sólo se realizó una narrativa de los hechos acontecidos objeto del presente proceso, igualmente el juzgado A quo, se limitó a transcribir las deposiciones de los psicólogos … y los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas …

 

De una sola lectura del texto íntegro de la sentencia aquí impugnada, se evidencia fehacientemente que el decisor A quo al igual que el A quen, no explicó en qué concordaban los testigos, ni comparó las versiones recibidas con los demás elementos de convicción. Ni el A quo ni el A quen cumplieron con la exigencia fundamental de la motivación, sencillamente resumieron los puntos considerados más relevantes, sin expresar de forma oral de cual o cuales testigos se obtuvo cada hecho que se consideró demostrado.

 

El A quen comete el vicio de inmotivación del A quo y aunque trata de motivar la decisión impugnada usurpando funciones inherentes del Tribunal de Juicio sin motivación alguna. …”.

 

 

En la presente denuncia, se planteó el vicio de falta de motivación, sin embargo, al examinar lo denunciado se evidencia un error en la técnica recursiva, por cuanto el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, establece como requisito de procedencia del recurso de casación, que solamente serán recurribles los fallos de las Cortes de Apelaciones.

 

En efecto, al examinar los alegatos presentados por los impugnantes, se evidencia que los mismos, van dirigidos a cuestionar con planteamientos genéricos e imprecisos, la decisión proferida por el tribunal de Primera Instancia, en cuanto a la valoración de los medios de prueba aportados en la fase de juicio, en este sentido, los recurrentes señalaron lo siguiente:

 

“…  se evidencia fehacientemente que el decisor A quo al igual que el A quen, no explicó en que concordaban los testigos, ni comparó las versiones recibidas con los demás elementos de convicción. Ni el A quo ni el A quen cumplieron con la exigencia fundamental de la motivación, sencillamente resumieron los puntos considerados más relevantes, sin expresar de forma oral de cual o cuales testigos se obtuvo cada hecho que se consideró demostrado. …”.

 

 

Quienes recurren, no pueden por vía de casación, esperar que se analicen incidencias propias de la Primera Instancia, atacando conjuntamente el fallo dictado por el Tribunal de Juicio y la Corte de Apelaciones, dado que tal pretensión, no resulta compatible con la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, el cual sólo dimana contra los fallos dictados por la Alzada.

 

De igual forma, cabe acotar que si bien en la presente denuncia, se expresa que tanto el fallo de Primera Instancia como el de Segunda Instancia carecen de la debida motivación, no se aclara de qué forma los juzgadores incumplieron con su deber de ofrecer a las partes que conforman el presente proceso penal, una solución racional, clara y entendible, en relación a los puntos sometido a su consideración, solo se limita tal como se señaló anteriormente, a cuestionar las pruebas evacuadas en juicio.

 

En este orden de ideas, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 201, de fecha 4 de junio de 2013, expresó lo siguiente:

 

“… Aunado a ello, la recurrente tomando como fundamento el vicio de inmotivación, pretende impugnar el fallo de la Corte de Apelaciones sin desarrollar sus motivos en: falta, contradicción o ilogicidad de la sentencia. Carencia argumentativa que denota la ambigüedad de la denuncia, y determina que sea infundada al atacar de manera genérica la motivación de la sentencia. …”.

 

Efectivamente, aunque en el caso de marras se pretendió alegar la aparente inmotivación por parte de la Alzada, no se efectuó la respectiva argumentación jurídica, lógica y fundada con arreglo a la normativa legal, que permita distinguir como la decisión dictada por la Corte de Apelaciones, incurrió en el vicio por falta de motivación. 

 

Asimismo, cabe acotar que los recurrentes, se limitaron a señalar preceptos constitucionales, que a su juicio fueron violados, omitiendo indicar el motivo de procedencia de los mismos, bien sea por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, tal como lo exige el artículo 452 de la Ley Adjetiva Penal. Asimismo, se advierte que las normas denunciadas como infringidas no guardan relación con la inmotivación denunciada.

 

En razón a lo antes expuesto y dado la falta de técnica recursiva, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia considera que lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la presente denuncia. Así declara.

 

SEGUNDA DENUNCIA:

 

“… En base a lo establecido en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunciamos la infracción del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes y del ordinal 2° y del artículo 77 ordinales 8, 9 y 14 del Código Penal y del artículo 99 eiusdem.

 

Del texto de la sentencia impugnada se evidencia de la declaración del niño … que nuestro defendido sólo le llegó a tocar sus partes una sola vez, lo que evidencia que no se cometió tal delito por el cual se le condenó a nuestro defendido, a la vez de la lectura del expediente: NO EXISTE UN EXAMEN MÉDICO FORENSE que determine que el niño … fue abusado sexualmente, ya que la única manera posible de demostrarse el abuso sexual es teniendo resultados de un examen realizado por un médico forense previa solicitud del Ministerio Público. Si bien es cierto que la decisoria A quo consideró con el solo decir testimonial de los expertos psicólogos y psiquiatras que realizaron un informe biopsicosocial, se demostró el abuso sexual a niño en grado de continuidad, no es menos cierto que tal informe no aparece solicitado por el Ministerio Público, ni existe comunicación alguna hacia el tribunal, solicitando su práctica, como si lo hizo con el informe biopsicosocial que se práctico a nuestro defendido JOSÉ LUIS ROMERO, cuya evaluación sí fue participada por ante el Tribunal … Tal omisión de la solicitud por ante el Tribunal 1 de Control del Circuito Judicial del estado Falcón – Extensión Punto Fijo – y sin la práctica de un examen  médico forense que determine que pudo haber sido abusado sexualmente, no se puede demostrar la culpabilidad de nuestro defendido referido al delito de Abuso Sexual Continuado establecido en el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescente en concordancia con el agravante del ordinal 2° y a su vez concatenado con el artículo 77 numerales 8, 9 y 14 del Código Penal y del artículo 99 eiusdem. …”.

 

 

Una vez analizada la presente denuncia, la Sala de Casación Penal constata, que la misma, carece de la debida técnica recursiva, en tal sentido observa lo siguiente:

 

El artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, señala de manera expresa que el recurso de casación “se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación”, por cuanto no resulta suficiente indicar qué disposición legal se considera infringida, ya que el “principio de debida fundamentación y demostración”, impone a quienes recurren, el deber de especificar en qué términos fue violentada dicha disposición legal, a través de un fundamento claro y preciso, así como también debe indicar la relevancia del error denunciado, en el dispositivo del fallo.

 

En referencia a lo antes expresado, los recurrentes se limitaron a denunciar “la infracción del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes y del ordinal 2° y del artículo 77 ordinales 8, 9 y 14 del Código Penal y del artículo 99 eiusdem”, todas ellas de forma conjunta, sin precisar si la infracción se deriva por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, lo cual imposibilita a esta Sala determinar el motivo de procedencia de la denuncia interpuesta.

 

De igual forma, es pertinente señalar que se realizaron argumentos referidos al análisis y valoración de los medios probatorios presentados en el juicio, concretamente el testimonial de los expertos psicólogos y psiquiatras que realizaron el informe biopsicosocial evacuado en el juicio, lo cual evidencia que lo pretendido, es someter a revisión lo decidido por el sentenciador de juicio, lo cual no es compatible con la naturaleza del recurso de casación.

 

En consonancia con lo antes expresado, cabe acotar que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que respecta al análisis y valoración de los medios probatorios presentados en juicio, por parte de los Tribunales de Segunda Instancia, ha señalado que no les corresponde tal actividad, por cuanto la determinación de los hechos que pudieran dar lugar a la configuración de los delitos imputados, le corresponde exclusivamente a los tribunales de juicio en virtud del principio de inmediación, siendo que el conocimiento que adquiere la Corte de Apelaciones sobre los hechos, se genera de manera indirecta y mediata, dado que la Alzada conoce solo el Derecho y de los posibles vicios cometidos en primera instancia. 

 

En razón a lo antes expuesto y dado la falta de técnica recursiva, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia considera que lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la presente denuncia. Así declara.

 

TERCERA DENUNCIA:

 

“… De acuerdo con el numeral 4 del artículo 452 del COPP, denunciamos la errónea aplicación del numeral 2 del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los numerales 8, 9 y 14 del artículo 77 del Código Penal. Toda vez que la sentencia recurrida no señaló cuál o cuáles fueron las circunstancias que calificaron el delito y ello es violatorio al derecho a la defensa, puesto que atenta contra lo previsto en los artículos 26, 3, y 8 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

 

En este sentido advierte esta defensa técnica que es necesario que esas circunstancias subjetivas queden evidenciadas a través de hechos en el curso del debate oral y privado, para de esa manera tener un criterio del Juzgador respecto a la conducta Desplegada por el sujeto activo, de ese modo efectivamente se subsume dentro de las previsiones que hacen referencia los 3 numerales supra mencionados respectivos al contenido del artículo 77 del Código Penal y el numeral 2 del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En este sentido nos permitimos hacer referencia a la decisión de la Sala de Casación Penal, de fecha … en la cual se estableció la necesidad de acreditar los elementos que califican el delito de Abuso Sexual en grado de Continuidad, toda vez que resulta violatorio al debido proceso, que es una violación al derecho a la defensa la ausencia de dichos elementos, ya que conlleva al desconocimiento por ante del imputado y de la defensa técnica de cuáles son elementos que califican el hecho presuntamente cometido por nuestro representado.

El Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido sobre este particular, el criterio de que los jueces de mérito son soberanos en la apreciación de las circunstancias agravantes, pero deben no obstante, explicar en la sentencia la razón jurídica en virtud de lo cual procede a aplicarlas a un caso concreto, con el debido razonamiento, el cual a su vez debe fundarse en los elementos probatorios existentes en autos. Cuando se trata como en el presente caso de ABUSO SEXUAL EN GRADO DE CONTINUIDAD y se aplican los agravantes del numeral 2 del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los ordinales 8, 9 y 14 del artículo 77 del Código Penal en concordancia con el artículo 99 eiusdem, para su aplicación debe establecerse con claridad y con el debido fundamento probatorio, las circunstancias que les sirvieron de base para la calificación del delito y la explicación, de las razones por las cuales se considera concurrente ese elemento calificador del delito. …”.

 

 

En el presente caso, se denuncia un error en la calificación jurídica empleada al momento de tipificar los hechos por los cuales fue condenado el ciudadano José Luis Romero, ya que de acuerdo a lo antes transcrito, se aplicaron las agravantes contenidas en el numeral 2 del artículo 259  de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, así como las contenidas en los numerales 8, 9 y 14 del artículo 77 del Código Penal, sin explicar cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a la calificación del delito.

 

Al respecto, la Sala ha señalado de forma reiterada y pacífica, que al momento de alegar el error en la calificación jurídica por falta o indebida aplicación de una disposición legal de naturaleza sustantiva, no es suficiente indicar que se incurrió en dicho vicio, sino que resulta indispensable, el establecimiento preciso de los hechos que resultaron probados en el debate oral y público, por cuanto  la función de la Sala no es establecer hechos, sino determinar la perfecta correspondencia entre esos hechos y las disposiciones sustantivas aplicadas o dejadas de aplicar, por tanto, en razón a la correcta fundamentación del alegato antes indicado, es preciso que los recurrentes expresen cuáles fueron los hechos establecidos por el sentenciador de juicio.

 

Asimismo, se advierte que en la presente denuncia, el recurrente se limitó a mencionar sentencias de la Sala de Casación Penal que establecen que en el caso donde se investigue la posible comisión del delito de abuso sexual en grado de continuidad, debe establecerse la responsabilidad penal con el debido acervo probatorio, que permita establecer de forma cierta la circunstancias que le sirvieron de base para la calificación del delito imputado.

 

En este mismo orden de ideas, lo denunciado por quienes aquí recurren, parte de su desacuerdo con la pena impuesta por el Tribunal de Juicio, responsable de calificación jurídica atribuida a los hechos que dieron lugar al presente proceso penal y no contra la actividad desplegada por el Tribunal de Segunda Instancia.

 

En razón a lo antes expuesto y dado la falta de técnica recursiva, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia considera que lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la presente denuncia. Así declara.

CUARTA DENUNCIA:

 

“… De acuerdo con el numeral 4 del artículo 452 del COPP, denunciamos la errónea aplicación del artículo 449 numeral 4 del COPP y el artículo 346 numeral 5. El A quo en la sentencia violentó la dosimetría penal al imponer una pena global, siendo que el justiciable tiene derecho a saber de manera específica y detallada cuantos años le impusieron por cada delito cometido y por las agravantes impuestas para así tener conocimiento de por qué fue condenado, no se aplicó la dosimetría penal establecida en el artículo 37 del Código Penal, a su vez no se realizó una operación aritmética o matemática que explicara el resultado de la pena impuesta, la misma corresponde a veintiún (21) años y nueve (9) meses de prisión, más no se especifica la cuantía.

 

Esta defensa manifiesta que en el caso de marras no puede aplicarse tal pena, por cuanto la Corte de Apelaciones subsumió erróneamente el numeral 4 del artículo 449 del COPP, no se trata de un error en especie o cantidad de la pena, para que la Corte de Apelaciones rectifique la pena porque no hay error de cálculo, sino que se violentaron principios garantistas contemplados por el legislador, a los fines de establecer cómo se debe proceder a imponer la pena especificando el quantum por cada delito penado.

Por el solo hecho de comprobarse por él A quen, la denuncia interpuesta por la defensa del vicio de inmotivación de la pena, ha debido decretar de inmediato la NULIDAD DE LA SENTENCIA POR INMOTIVACIÓN y no incurrir en infracción de ley, considerando que dicho motivo no debió subsumirse en el numeral 2 del artículo 444 sino en lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 444 del COPP referente a la violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de un norma jurídica y que de conformidad con lo que dispone el último aparte del artículo 449, la Corte de Apelaciones procede a rectificar la sentencia aplicada la (sic) dosimetría penal, aplicando el artículo 37 del Código Penal, las atenuantes del artículo 74 numeral 4, así como también las agravantes contenidas en el artículo 77 numerales 8, 9 y 14 y los artículos 78, 88 y 99 eiusdem, numeral 2 del artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

 

Lo que resulta más grave aún con esta revisión que hace la Corte de Apelaciones, es que no explica en su sentencia ni el ¿Por qué? aplica las circunstancias agravantes en los delitos imputados, lo cual esta defensa considera un exabrupto judicial que la Corte de Apelaciones usurpe las funciones del juez de juicio y trate de motivar lo inmotivable (sic) con esa decisión. …”.

 

 

Los impugnantes denunciaron la errónea aplicación de los artículos 449 numeral 4 y 346 numeral 5 del Código Orgánico Procesal Penal, indicando que se violentó la “dosimetría penal al imponer una pena global, siendo que el justiciable tiene derecho a saber de manera específica y detallada cuantos años le impusieron por cada delito cometido y por las agravantes impuestas para así tener conocimiento de por qué fue condenado”.

 

Asimismo, los recurrentes manifestaron que la Alzada “… debió de inmediato decretar la NULIDAD DE LA SENTENCIA POR INMOTIVACIÓN. …”, en tal sentido expresaron que dicha denuncia no se trata “… de un error en especie o cantidad de la pena, para que la Corte de Apelaciones rectifique la pena porque no hay error de cálculo. …”.

 

Ahora bien, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha indicado que no es viable corregir en casación vicios que no contengan repercusión o influyan de forma determinante en el resultado del proceso penal, el cual se encuentra materializado en el dispositivo de la sentencia, a tales efectos, resulta imperativo que aquellos que recurren en casación, expresen de forma clara y precisa como el vicio denunciado incidió en el fallo recurrido, situación que en el presente caso no sucedió, dado que de lo expuesto en la presente denuncia, los impugnantes se limitaron a expresar su desacuerdo con la decisión adoptada por la Alzada.

 

En relación a lo antes señalado, la Sala en sentencia N° 50, de fecha 27 de febrero de 2007, ha indicado lo siguiente:

 

De igual forma, la Sala ha puntualizado respecto a la utilidad del recurso de casación que: “…la casación inútil no beneficia a la recta aplicación de justicia, por el contrario ocasiona retardos, reposiciones absurdas, recargo de trabajo improductivo a los tribunales, lo cual implica necesariamente un costo económico para el Estado. …”.

 

 

Lo antes transcripto, coincide con uno de los principios rectores de la casación, el “principio de transcendencia” exige que los recurrentes expongan las consecuencias de las violaciones denunciadas, con el fin de poder determinar si la mismas son de tal envergadura, que logran variar o no el sentido del fallo, pues de lo contrario se estaría en presencia de una casación inútil, la cual no aporta ningún beneficio a la correcta administración de Justicia.

 

En virtud de lo antes expuesto,  la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia considera que lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la presente denuncia. Así declara.

 

 

QUINTA DENUNCIA:

 

“… Apoyándonos en la disposición del artículo 452 del COPP, denunciamos la violación del artículo 181 eiusdem, anteriormente artículo 197. La sentencia se basa en unos informes Biopsicosocial suscritos por los ciudadanos … y por los cuales justifica la condena de nuestro defendido. En cuanto a la violación del artículo 181 reformado anteriormente 197 del COPP  que se refiere a que los elementos de convicción solo tendrán licito e incorporados al proceso según las disposiciones de este Código.

Veamos entonces ¿Por qué? de un (sic) NULIDAD, en el proceso de acusación fue presentada el día 20 de mayo de 2011 y la audiencia preliminar fue fijada el día 3 de agosto de 2011 siendo la misma diferida y refijada (sic) para una nueva oportunidad el día 8 de agosto de 2011, no obstante la misma no se realizó hasta el mes de febrero del año 2012. El Ministerio Público oferta en su escrito acusatorio tales informes y a las personas que elaboraron los mismos, pero no presentó los resultados de dichos informes Biopsicosocial y el día 21 de julio de 2011 cuando consigna las resultas de los mismos, como unas pruebas complementarias, las cuales a decir el COPP anteriormente en el artículo 346 actualmente el 326: “Las partes podrán promover nuevas pruebas acerca de las cuales hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia preliminar”.

 

De la norma se desprende que sólo podrá ofertarse pruebas de las cuales se tenga conocimiento posteriormente realizada la Audiencia Preliminar y en el presente caso, eso no ocurrió, por cuanto ya el Ministerio Público había ofertado unas testimoniales de quienes realizaron los informes mas no las resultas.

 

Es de considerar que estas pruebas fueron ofrecidas con 2 meses de posterioridad a la fecha de presentación del escrito acusatorio ya cuando había vencido el lapso establecido de los cinco (5) días por el artículo 328 del COPP vigente para esa fecha, es decir, que según la ley fue extemporánea la presentación de las mismas por cuanto había vencido el lapso legal, todo ello fue alegado en la Audiencia Preliminar y no se nos dio respuesta considerándose ello como un silencio procesal a falta una repuesta efectiva a la defensa, como lo establece el artículo 181 del COPP los elementos de convicción solo tendrán valor si son obtenidos por medio licito e incorporados así proceso conforme a las disposiciones de este Código.

Esta defensa solicita a esta Honorable Sala de Casación Penal, estimar que el Tribunal I de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón Extensión Punto Fijo, al admitir una prueba extemporánea relajo el lapso procesal previsto en el artículo 328 de COPP vigente RATIONE TEMPORIS, anterior 311 eiusdem, que es materia de estricto orden público, de esta manera incurrió en una violación al debido proceso, de la tutela judicial efectiva y del principio de seguridad jurídica respecto a los lapsos procesales. …”.

 

 

En lo que respecta a la presente denuncia, se constata que la misma, busca someter a revisión etapas procesales anteriores del proceso penal, además si bien el recurrente denunció la violación del artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal (hoy 197), no cumplió con la debida técnica recursiva, por cuanto no se indica si la infracción de la norma denunciada como violada, es por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación.

 

La facultad de recurrir en casación, se encuentra limitada, tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo, a efectos de la presente denuncia, es necesario indicar que la impugnabilidad objetiva, está determinada por el principio de taxatividad del recurso de casación, es decir, solo podrán ser recurribles las resoluciones judiciales, por los medios y en los casos expresamente establecidos, siendo que el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que el recurso de casación se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.

 

Los impugnantes, en aras de presentar una denuncia correctamente fundamentada, no pueden limitarse a señalar la disposición legal fue violentada en la sentencia recurrida, sino que deben especificar en qué términos fue violentada, así como la relevancia de vicio denunciado; al respecto, esta Sala en sentencia N° 079, de fecha 3 de abril de 2013, lo siguiente:

 

“… Para una correcta fundamentación del recurso, no basta con citar la disposición legal que se considera infringida, debe especificarse en qué términos fue violentada, en qué consistió su quebrantamiento, cómo la sentencia de la Corte de Apelaciones incurrió en el error señalado de manera precisa y clara, así como, la relevancia e influencia de dicho vicio en el dispositivo del fallo de alzada, aspectos que fueron totalmente omitidos en el presente recurso de casación. …”.

 

 

De igual forma, vale señalar que la norma denunciada como infringida, hace referencia a la licitud de la prueba, por ende,  lo denunciado gira en torno a un medio probatorio evacuado en la fase intermedia del proceso penal, por lo que no es susceptible de ser violentada por la Corte de Apelaciones.

 

En razón a lo antes expuesto y dado la falta de técnica recursiva, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia considera que lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la presente denuncia. Así declara.

 

 

 

SEXTA DENUNCIA:

 

“… De conformidad con lo establecido en el artículo 452 del COPP, denunciamos la violación de la ley por falta de aplicación del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de la Corte de Apelaciones del estado Falcón que no corrigió los vicios ni ordenó corregir las violaciones cometidas por el A quo.

 

En la presente causa hay informes médico forenses solicitados por Ministerio Público, el mismo ni siquiera referencia el informe solicitado, el primero fue realizado el día de la denuncia en las instalaciones de la medicatura forense del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Coro, por el Dr. EDWARD JOSÉ JORDAN SANGRONIS, médico forense adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Coro, con 20 años de graduado, con 10 años de experiencia como médico forense, experto en criminalística y el segundo informe fue realizado casi cuarenta y cinco después por la Dra. ANUNZIATA D´ AMBROZIO, médico forense adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas del Área Metropolitana, (sic) el mismo no fue realizado en ninguna de las instalaciones de la medicatura forense del Estado, sino más bien en un centro médico que opera al servicio de PDVSA, empresa para la cual trabaja la madre de las supuestas víctimas, considerando esta defensa que fue una prueba viciada al no realizarse de la forma que establece la Ley.

 

Lo más grave del caso es que el A quo ni el A quen se manifiesta sobre el primer informe, a pesar de que cuyo informe es más preciso y fue realizado de la forma idónea como lo establece la ley creando en el texto de la recurrida una OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO, conocida en la doctrina como INCONGRUENCIA NEGATIVA en perjuicio del debido proceso y el derecho a la defensa del recurrente. El decisor no concatenó ni compuso entre sí, la declaración de ambos expertos para estimar la validez de cada uno de lo expuesto por ello y así tomar la decisión que fuera ajustada a derecho.

 

Por  todo lo antes expuesto se infiere que la Corte de Apelaciones del estado Falcón infringe la Tutela Judicial Efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en la ley que ponga fin al proceso. Dicho contenido de la Tutela Judicial Efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1°) que las sentencias sean motivadas y 2°) que sea congruentes. De manera que una sentencia inmotivada e incongruente no puede considerarse fundada en la ley, ya que son requisitos que la Corte de Apelaciones del estado Falcón no tomó en cuenta, toda vez que motivar de una forma genérica y poco precisa los planteamientos efectuados oportunamente por la defensa, es decir, que mantiene la incongruencia del contenido de la sentencia recurrida convalidando así dicho vicio, en la decisión contra la cual se recurre, también expresamente cometido por el Tribunal II del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Extensión Punto Fijo, en sentencia dictada el 21 de enero de 2013. …”.                    

 

 

De lo antes transcrito, se deprende que los recurrentes denuncian la violación del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señalando que el Tribunal de Segunda Instancia habría incurrido en una decisión inmotivada y contradictoria, en este sentido, quienes recurren, en aras de fundamentar su alegato, realizan una serie de consideraciones en torno a los medios de prueba valorados por el juez de juicio, en tal sentido señalan:

 

“… Lo más grave del caso es que el A quo ni el A quen se manifiesta sobre el primer informe, a pesar de que cuyo informe es más preciso y fue realizado de la forma idónea como lo establece la ley creando en el texto de la recurrida una OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO, conocida en la doctrina como INCONGRUENCIA NEGATIVA en perjuicio del debido proceso y el derecho a la defensa del recurrente. El decisor no concatenó ni compuso entre sí, la declaración de ambos expertos para estimar la validez de cada uno de lo expuesto por ello y así tomar la decisión que fuera ajustada a derecho. …”.

 

 

La Sala observa que lo denunciado, resulta impreciso, ya que los recurrentes alegaron que el fallo recurrido se encontraba inmotivado, señalando que existe incongruencia entre lo decidido en Segunda Instancia y lo expuesto en el recurso de apelación,  pero no explicaron de forma clara en que consistió tal incongruencia, sino que se limitaron a expresar que ni el sentenciador de juicio ni el de Alzada, se pronunciaron en torno a la valoración de los medios probatorios evacuados en juicio, concretamente los informes Médicos Forenses realizados por el  Dr. Edward José Jordan Sangronis y la Dra. Anunziata d´ Ambrozio.

 

Por otra parte, es preciso indicar que los impugnantes no señalaron de manera cierta si lo antes transcrito, fue denunciado propiamente ante la Alzada, para así poder determinar si el fallo emitido por el Tribunal de Segunda Instancia, se enmarcó dentro de su competencia, siendo que la Cortes de Apelaciones en virtud del principio de congruencia, está en la obligación de pronunciarse sobre cada uno de los puntos planteados en apelación, de forma concisa y clara.

 

Lo antes expuesto, evidencia el descontento de los recurrentes con el fallo proferido por el juez de juicio, en este sentido, no es procedente emplear el recurso de casación como una tercera instancia, con el fin de someter a revisión las decisiones de los tribunales de Primera Instancia.

 

 En razón a lo antes expuesto y dado la falta de técnica recursiva, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia considera que lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la presente denuncia. Así declara.

 

 

DECISIÓN

Por lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por los abogados Yrmari Josil Arévalo y Hermes José Arévalo Serrano, defensores privados del ciudadano JOSÉ LUIS ROMERO. Así declara.

 

Publíquese regístrese y ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los veintinueve (29) días del mes  de mayo de dos mil quince.  Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.

El Magistrado Presidente,

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                               La Magistrada,

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                                 DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

 

 

 El Magistrado,                                                                         La Magistrada Ponente,

 

 

 

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES         ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

 

La Secretaria (E),

 

 

 

 

                                                 ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

 

 

EJMG/

RC. Exp. N° AA30-P-2014-000430