MAGISTRADO PONENTE DOCTOR HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

El 14 de marzo de 2013, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal, el oficio Nº 1170-13, emanado del Juzgado Segundo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante el cual se remitió el expediente relativo a la Notificación Roja Internacional con Nº de Control A-2332/3-2012, emanada por INTERPOL WASHINGTON del ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL, titular de la Cédula de identidad N° V-5.037.371, por los delitos de CONSPIRACIÓN PARA LAVAR INSTRUMENTOS MONETARIOS Y PARTICIPAR EN TRANSACCIONES MONETARIAS DE BIENES DERIVADOS DE UNA ACTIVIDAD ILÍCITA.

 

En fecha 14 de marzo de 2013, se dio entrada a la solicitud y en esa misma fecha se dio cuenta en Sala, asignándole la ponencia al Magistrado Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Rielan en el expediente las actuaciones siguientes:

 

-          Acta de Investigación Penal, de fecha 20-02-2013, suscrita por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en el cual dejan constancia de las circunstancias del modo, tiempo y lugar en la cual ocurrieron los hechos que motivaron la aprehensión del imputado, en razón del documento identificado con el N° 9700-288-041, de esa misma fecha, suscrito por el abogado Sub-Comisario (CICPC), Gustavo Hernández García, en el cual se constata que el ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL, cédula de identidad venezolana N° 5.037.371, al ser verificado por ante el Sistema Internacional I-24/7, arrojó como resultado que presenta ALERTA ROJA (Fugitivo solicitado), emanado por la oficina de INTERPOL WASHINGTON, según control N°: A-2332/3-2012, de fecha 19-03-2012, por el cargo de Conspiración para Lavar Instrumentos Monetarios y Participar en Transacciones Monetarias de Bienes Derivados de una Actividad Ilícita.

-          Impresión Digital del registro proveniente de la página web de Interpol donde aparece solicitado el ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL.

-          Acta de Entrevista Penal de fecha 20-02-2013, realizada por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), a la persona identificada como testigo 01, quien fue testigo presencial en los hechos investigados.

-          Acta de Investigación Penal de fecha 21-02-2013 suscrita por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la cual dejan constancia de haber asistido al Hospital Régulo Pancho Añez, a los fines de practicarle valoración médica al ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL.

-          Informe médico de fecha 21-02-2013, emanado del Centro Médico Policial Régulo Pancho Añez, en la cual se deja constancia que se encuentra en buenas condiciones clínicas.

-          Acta de Investigación Penal de fecha 21-02-2013 suscritas por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la cual dejan constancia de la Orden de Allanamiento, emanado por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, la cual fue practicada en esa misma fecha, dejando constancia del lugar donde se realizó la misma y de las evidencias físicas de interés criminalístico incautados en el sitio.

-          Acta de Allanamiento de fecha 20-02-2013 suscrita por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

-          Acta de Inspección Técnica de fecha 20-02-2013 suscrita por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en el cual dejan constancia del sitio donde fue practicada la Orden de Allanamiento, librada por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, así como de las evidencias físicas de interés criminalisticos incautadas en el sitio, con once (11) fijaciones fotográficas relacionadas.

-          Registros de Cadena de Custodia N° 009-13 de fecha 20-02-2013 suscrita por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); en relación con las evidencias físicas de interés criminalístico incautadas en el sitio.

-          Acta de Entrevista de fecha 21-02-2013 suscrita por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al ciudadano identificado como testigo 01.

-          Acta de Entrevista de fecha 21-02-2013 suscrita por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al ciudadano identificado como testigo 02.

-          Acta de Entrevista de fecha 21-02-2013 realizada por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), al ciudadano identificado como testigo 03.

-          Fijación fotográfica relacionada con las evidencias físicas de interés criminalístico incautadas al momento de realizar la Orden de Allanamiento.

-          Registros de Cadena de Custodia N° 009-13 de fecha 20-02-2013 suscrita por funcionarios adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN); en relación con las evidencias físicas de interés criminalístico incautadas en el sitio.

 

El día 22 de febrero de 2013, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia decretó Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL, las cuales consisten en: 1) Presentaciones periódicas ante el Tribunal cada quince (15) días; y 2) Prohibición de salida de la jurisdicción del estado Zulia.

 

El día 18 de marzo de 2013, la Sala de Casación Penal, dirigió comunicación bajo el N° 118, a los fines de emitir opinión fiscal, según lo establecido en el artículo 111, numeral 16 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En fecha 22 de abril de 2013, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, mediante oficio N° 189, solicitó a la Dirección de Policía Internacional (INTERPOL), del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, el envío a este despacho de la notificación de Alerta Roja Internacional que recae sobre el ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL.

 

El día 6 de mayo de 2013, mediante oficio N° 207, se ratifica la solicitud de remisión a esta Sala de la Notificación o Alerta Roja Internacional dictada contra el ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL.

 

En fecha 14 de mayo de 2013, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, mediante oficio N° 233, solicitó a la Oficina de Asesoría Legal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), información sobre los datos filiatorios, movimientos migratorios y huellas dactilares del mencionado ciudadano.

 

El 20 de mayo de 2013, se recibe vía correspondencia oficio N° 9700-094-212, suscrito por la Licenciada JOSEFINA JOHANY CARABALLO, directora de la Policía Internacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, donde anexan copias de todos los datos correspondientes a la Notificación Roja N° A-2332/3-2012 de fecha 19-03-2012, publicada por la oficina de Interpol Washington.

 

II

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier otra consideración, en forma preliminar, la Sala debe determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de Extradición Pasiva y a tal efecto observa:

 

Respecto del conocimiento de dicha solicitud, el numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

 

“Competencia de la Sala Penal

Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

1.      Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley”.

 

Asimismo, el artículo 386 del Código Orgánico Procesal Penal establece en cuanto a la Extradición Pasiva, lo siguiente:

 

“Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida”.

 

Por su parte, el artículo 387 del citado Código Orgánico, dispone:

 

Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el tribunal de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquel o aquella.

Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.

El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.

El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente”.

 

De igual manera, el artículo 388 del referido Código señala en cuanto a la libertad del aprehendido lo siguiente:

 

“Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación”.

 

Ahora bien, en relación al procedimiento a seguir, el artículo 390 de la Ley Adjetiva Penal manda lo siguiente:

 

Sólo cuando conste la documentación que soporte la solicitud formal de extradición del país requirente, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral dentro de los treinta días siguientes a la notificación del solicitado o solicitada. A esta audiencia concurrirán el o la representante del Ministerio Público, el requerido o requerida, su defensor o defensora y el representante del gobierno requirente, quienes expondrán sus alegatos. Concluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo de quince días.”.

 

Del contenido de los dispositivos legales ut supra transcritos, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento de las solicitudes de extradición de conformidad con la Ley, los tratados o convenios internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia la Sala declara su competencia para conocer de la presente solicitud de Extradición Pasiva en aplicación de los artículos 29.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y, 386 al 390 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

III

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA SALA

 

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 29 (numeral 1) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; 386 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal; 6 del Código Penal y el Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en Materia Penal, entre Venezuela y Estados Unidos, el cual fue firmado el 19 de enero de 1922, aprobado por el Poder Legislativo Nacional venezolano el 12 de junio de 1922 y ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1923; pasa a decidir sobre la procedencia o no de la solicitud de Extradición Pasiva del ciudadano venezolano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL, con fundamento en las siguientes consideraciones:

 

§1

 

Dentro de este marco legal y en materia propiamente de Extradición, los artículos los artículos I y XI del referido tratado, disponen:

 

“Art. I.- El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela y el Gobierno de los Estados Unidos de América convienen en entregar a la justicia, mediante petición hecha con arreglo a lo que en este Convenio se dispone, a todos los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos cometidos dentro de la jurisdicción de una de las Altas Partes Contratantes y especificados en el artículo 2° de este Convenio, siempre que dichos individuos estuvieren dentro de la jurisdicción a tiempo de someter el delito y que busquen asilo o sean encontrados en el territorio de la otra. Dicha entrega tendrá lugar únicamente en virtud de las pruebas de culpabilidad que según la legislación del país en que el refugiado o acusado se encuentre, justificarían su detención y enjuiciamiento si el crimen o delito se hubiese cometido allí.”

 

“Art. XI.- Las estipulaciones de este Convenio serán aplicables a todos los territorios, donde quiera que estén situados, pertenecientes a cualquiera de las Partes contratantes o sometidos a su jurisdicción o control.

Las solicitudes para la entrega de los fugados serán practicadas por los respectivos agentes diplomáticos de las Partes contratantes. En el caso de ausencia de dichos agentes del país o de la residencia del Gobierno o cuando se pide la extradición de territorios incluidos en el párrafo precedente que no sean los Estados Unidos la solicitud podrá hacerse por los funcionarios consulares superiores.

Dichos representantes diplomáticos o funcionarios consulares superiores serán competentes para pedir y obtener el arresto preventivo de la persona cuya entrega se solicita ante el Gobierno respectivo. Los funcionarios judiciales decretarán esta medida de acuerdo con las formalidades legales del país a quien se pide la extradición.

Si el delincuente fugitivo hubiere sido condenado por el delito por el que se pide su entrega, se presentará copia debidamente autorizada de la sentencia del tribunal ante el cual fue condenado. Sin embargo, si el fugitivo se hallase únicamente acusado de un delito, se presentará una copia debidamente autorizada del mandamiento.”

 

Asimismo, se debe indicar que según a lo dispuesto en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal, el procedimiento de extradición se rige por “los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título”.

 

Acorde con lo anterior, el Código Bustamante, señala los requisitos para la procedencia de la extradición entre los países firmantes, indicando:

 

- Es necesario que el delito se haya cometido en el territorio del Estado que la pida o que le sean aplicables sus leyes penales (artículo 351).

- Que el hecho causante de la extradición tenga carácter delictuoso en la legislación del Estado requirente y en la del requerido (artículo 353).

- Se exigirá que la pena asignada a los hechos imputados no sea menor de un año de privación de libertad y que esté autorizada o acordada la prisión o detención preventiva del imputado (artículo 354).

- Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos y conexos con ellos (artículo 355).

- No procede la extradición si han prescrito el delito o la pena según las leyes del Estado requirente o del requerido (artículo 359).

 

 

§2

 

De las disposiciones antes transcritas, surgen requisitos formales de procedencia claramente establecidos por ambos Estados signatarios del citado Tratado, a saber: a) la solicitud de extradición expresa (formal) realizada por los respectivos agentes diplomáticos, b) copia debidamente autorizada del mandamiento de prisión o auto de detención, c) declaraciones en virtud de las cuales se dictó dicho mandamiento o auto, d) toda la documentación necesaria que evidencie o pruebe su culpabilidad.

 

A juicio de la Sala, tales requisitos no son indispensables al inicio del procedimiento, pues el Estado requirente puede producirla después, dentro del término perentorio de sesenta (60) días continuos para la presentación de la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone de forma expresa lo siguiente:

 

“….El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente”.

 

Ahora bien, la Sala de Casación Penal precisa en el caso sub exámine que la referida documentación que soportaría la solicitud por parte de las autoridades diplomáticas del país requirente (Estados Unidos de América), resulta impretermitiblemente necesaria para examinar los requisitos de fondo que en materia de derecho interno e internacional rigen en materia de extradición; es decir, la verificación del cumplimiento de los principios de doble incriminación, mínima gravedad del hecho y relatividad de la pena, de la acción penal, de la especialidad, territorialidad y la no entrega por delitos políticos.

 

Asimismo, la Sala con respecto a la regulación y trámite a seguir en los casos de extradición pasiva, en sentencia N° 113, de abril del 2012, estableció:

 

“Recibidas las actuaciones, la Sala de Casación Penal, inmediatamente, deberá notificar la detención de la persona solicitada al país requirente (a través de los canales diplomáticos correspondientes) y fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, a cuyos fines deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Dicho término perentorio, deberá computarse a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días continuos, tal como lo establece el artículo 396 último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, por ende el referido lapso no admite prorroga de oficio.. .En el supuesto de que el término perentorio fijado al país requirente (para consignar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria) se cumpla en su totalidad y el país requirente no produzca la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria ofrecida, la Sala de Casación Penal, deberá ordenar la libertad (sin restricciones) del aprehendido, así como, el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición sin perjuicios de acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha notificación...”.

 

§3

 

De lo anteriormente trascrito y del contenido del expediente que cursa ante la Sala, se observa que se debe realizar la notificación al país requirente, fijando el término perentorio de sesenta días, así como la indicación del requerimiento de todos los recaudos judiciales indispensable, a fin de que el Gobierno de Estados Unidos de América, presente la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, siendo la única referencia expresa en dicha comunicación una nota verbal solicitándole información a objeto de que manifiesten sobre la persistencia o no de la extradición del ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL.

 

Ello se estima así, debido a que el proceso penal es de carácter y orden público, por tanto los actos y lapsos procesales previstos en él, se encuentran predeterminados en su cuerpo normativo como fórmula adecuada para la tramitación y solución de los conflictos penales. En razón de ello, el establecimiento de estas formas y requisitos, que afectan el orden público, son de obligatoria observancia, pues sirven de garantía a los derechos que el orden jurídico venezolano otorga a los justiciables.

 

De ahí, la existencia de lapsos procesales que crean certeza y seguridad jurídica para todos los que acudan a los órganos de administración de justicia, haciendo posible conocer con exactitud los actos que éstos deben realizar, pues tanto el proceso como el procedimiento no pueden ser anárquicos, sin reglas, garantías, ni seguridad.

 

Finalmente y en fuerza de lo anterior, se considera que lo ajustado a Derecho  es  NOTIFICAR al  Gobierno de  Estados Unidos de América, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta días (60) continuos que tiene para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL, luego de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. Debiendo especificarse que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso, se ordenará el cese de las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad decretadas contra el referido ciudadano. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, ACUERDA NOTIFICAR al Gobierno de Estados Unidos de América, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta días (60) continuos que tiene para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano LENIN TRINIDAD VILLALOBOS VERGEL, luego de su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal. Debiendo especificarse que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso, se ordenará el cese de las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad decretadas contra el referido ciudadano.

 

 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los   veintiocho   ( 28  ) días del mes de   mayo   del año 2013. Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

 

Publíquese y regístrese. Ofíciese lo conducente.

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

Deyanira Nieves Bastidas

 

    El Magistrado Vice-presidente,                                                                                                                                                                                                                    El Magistrado,

 

 

Héctor Manuel Coronado Flores                                                                                                                                                                                                                  Paúl José Aponte Rueda

                   Ponente

 

    La Magistrada,                                                                                                                                                                                                                                    La Magistrada,

 

 

      Yanina Karabin de Díaz                                                                                                                                                                                                                            Úrsula María Mujica Colmenares

 

 

La Secretaria,

 

 

Gladys Hernández González

 

HMCF/lh

Exp. Nº 2013-097