Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

En fecha 30 de marzo de 2015, el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, a cargo de la jueza Angyruth Cambridge Quiaro, dictó sentencia mediante la cual CONDENÓ a los ciudadanos NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, titular de la cédula de identidad número 10.576.763, HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, titular de la cédula de identidad número 12.190.810 y RAFAEL VICENTE MEDINA FEMAYOR, titular de la cédula de identidad número 10.929.783, a cumplir la pena de DOCE (12) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN y MULTA DEL VEINTE POR CIENTO (20%) DE LOS CIENTO DIEZ MIL BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.110.000,00) RECIBIDOS, por los delitos de COOPERADORES INMEDIATOS EN EL DELITO DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la circunstancia agravante establecida en el numeral 4, del artículo 46, eiusdem, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal; y CORRUPCIÓN IMPROPIA, previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley contra la Corrupción. Respecto al ciudadano HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, ratificó la Medida de Arresto Domiciliario, en razón de su estado de salud. En relación a los ciudadanos RAFAEL VICENTE MEDINA FEMAYOR y NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, como quiera que la pena impuesta supera los cinco años acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad y el sitio de reclusión Centro de Coordinación Policial de Marhuanta, Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

 

Asimismo, ABSOLVIÓ a los ciudadanos HÉCTOR ENRIQUE ACOSTA BELLO, titular de la cédula de identidad número 12.717.925 y WILKER JOSÉ BRICEÑO SALAZAR, titular de la cédula de identidad número 16.500.402, de los delitos de COOPERADORES INMEDIATOS EN EL OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la circunstancia agravante establecida en el numeral 4, del artículo 46, eiusdem, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal; y CORRUPCIÓN IMPROPIA, previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley contra la Corrupción; y CONDENÓ a los ciudadanos HÉCTOR ENRIQUE ACOSTA BELLO, titular de la cédula de identidad número 12.717.925 y WILKER JOSÉ BRICEÑO SALAZAR, titular de la cédula de identidad número 16.500.402, a cumplir la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de CÓMPLICES NO NECESARIOS EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en relación con el artículo 84 primer supuesto del numeral 3 del Código Penal, concediéndole al ciudadano HÉCTOR ENRIQUE ACOSTA BELLO, la libertad inmediata por cuanto estuvo privado de libertad por un tiempo superior a la pena impuesta, en cuanto al ciudadano WILKER JOSÉ BRICEÑO SALAZAR, ratificó la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, prevista en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, impuesta en su oportunidad por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extendiéndose la periodicidad de las presentaciones a una vez cada sesenta (60) días.

 

El referido Juzgado, en el Capítulo VII denominado “LA FUNDAMENTACIÓN DE HECHO Y DE DERECHO”, acreditó los hechos siguientes:

 

“… considera esta Juzgadora que efectivamente, quedó acreditado en el debate oral y público que los hechos objeto de debate son configurativos del Tipo Penal de COOPERADORES INMEDIATOS EN EL OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la circunstancia agravante establecida en el ordinal 4° (sic) del artículo 46 eiusdem, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal y CORRUPCIÓN IMPROPIA, previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley contra la Corrupción, en los que respecta a los acusados NAT KING OROZCO ORIHUELA, RAFAEL VICENTE MEDINA FEMAYOR y HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, suficientemente identificados; y el tipo penal de CÓMPLICE NO NECESARIO EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en relación con el artículo 84 primer supuesto del numeral 3 del Código Penal, ello en lo que comporta a los imputados HÉCTOR ENRIQUE ACOSTA BELLO y WILKER BRICEÑO SALAZAR, suficientemente identificados, como quiera que quedó acreditado que en fecha 17 de Junio de 2008, siendo aproximadamente las 05:00 de la mañana, en la oportunidad en que los acusados Comisario Nat King Orozco Orihuela, Sub Inspector PEB Medina Fuenmayor (sic) Rafael Vicente, el Cabo Segundo PEB Héctor Vladimir Rondón Calzadilla, y dos funcionarios más, todos adscritos a la División de Investigaciones Criminalísticas de la Policía del estado Bolívar, se constituyeron en la Calle Anexa a la avenida Guayana de San Félix, sector el Roble, casa de dos plantas de color rosada con rejas blancas, lugar donde queda el taller mecánico industrial Frangar C.A, lugar donde reside el ciudadano conocido como Samuel apodado ‘El Tío SAM’, a fin de practicar registro de morada, procedimiento que fuera autorizado por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar Extensión Territorial Puerto Ordaz mediante orden de allanamiento emanada en fecha 16 de Junio de 2008, donde se menciona como funcionarios que actuaran el Sub Inspector Rafael medina, Cabo Segundo Rondón Héctor, el Cabo Segundo Barreto Humberto y Cabo Segundo Oscar Torres; sin embargo se logró determinar del desarrollo del debate con las incorporaciones de las pruebas la actuación del funcionario Comisario Nat King Orozco Orihuela jefe de la División de Investigaciones Criminalísticas de la Policía del estado Bolívar en el referido allanamiento. Encontrándose los funcionarios Héctor Enrique Acosta Blanco fungiendo como escolta y el funcionario Wilker José Briceño Salazar, chofer del vehículo Nissan Sentra, donde se trasladaba el Comisario Nat King Orozco, custodiando en la parte externa del inmueble.

Es aproximadamente a las 05:00 de la mañana, cuando los funcionarios ingresaron al inmueble, encontrándose el ciudadano Samuel Franco Barrios dormido, proceden a ubicar en una cerámica que se encontraba puesta en el piso, debajo de ésta un hueco en donde incautaron drogas y una cantidad de dólares, procediendo los funcionarios actuantes a solicitar al ciudadano Franco Barrios, la suma de ciento diez mil bolívares fuertes a cambio de que permaneciera en libertad, procediendo el ciudadano Franco Barrios a llamar a su esposa de nombre Carmen Rosa García, la cual reside a siete casas del taller solicitándole la cantidad de 80.000 bolívares fuertes, procede ésta a llevar la cantidad solicitada y posteriormente el ciudadano Franco Barrios, vuelve a realizar llamada a la ciudadana Carmen Rosa García solicitando la cantidad de treinta mil bolívares, para completar un monto de 110.000 bolívares fuertes, posteriormente los funcionarios actuantes en el allanamiento solicitar (sic)al chofer y escolta Wilker Briceño y Héctor Acosta, ubicaron dos testigos, estos testigos son los ciudadanos Gabriel de Jesús Carreño y William Puerta Alvillar quienes manifiestan que eran las 06:00 a 06:30 de la mañana, cuando esperaban el transporte para dirigirse a sus trabajos cuando fueron interceptados por dos funcionarios quienes solicitaron sirvieran de testigos en un procedimiento, dirigiéndose al taller Frangar, una vez en el taller los ciudadanos Héctor Enrique Acosta Bello (sic) y Wilker José Briceño Salazar, tomaron nuevamente posesión de resguardo del perímetro y hacen entrega de los testigos a los funcionarios que lo relevaron en la custodia del perímetro del inmueble, ingresados los testigos al inmueble, siendo contestes en manifestar los testigos que en el taller se encontraba el ciudadano Samuel Franco Barrios y un ciudadano que apodan Popeye que quedo demostrado en el debate que se trata del ciudadano Luis Allen Allen, los testigos manifestaron haber observado unos envoltorios y un tenedor, resultando detenido del procedimiento el ciudadano Allen Luis José, quedando en libertad en el interior del taller el ciudadano Samuel Franco.

Siendo puesto Luis José Allen Allen, a la orden del Ministerio Público y presentado ante un tribunal de control por el delito de droga, quedando bajo una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad. Posteriormente en fecha 01 de Julio de 2008, el ciudadano Oscar Torres interpone denuncia ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Público con competencia en materia de droga, procediendo la Fiscal del Ministerio Público a solicitar Orden de Allanamiento, practicándose registro de morada en esa misma fecha 01/07/2008 la cual fue autorizada por el Tribunal Cuarto de Control, en el taller mecánico industrial Frangar C.A, ubicado a pocos metros de Maxis Multicauchos Goncalves y a una cancha deportiva en San Félix, sector El Roble, calle anexa a la avenida Guayana de San Félix casa de dos plantas, color rosada, con rejas blancas, lugar donde reside un ciudadano de nombre Samuel conocido como el tío SAM, donde presumen la existencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, logrando incautar la cantidad de 4 kilos 380 gramos de cocaína procediendo a la aprehensión del ciudadano Franco Barrios Samuel, quien fue presentado ante el tribunal de control, y privado preventivamente de su libertad. En esa misma fecha 01/07/2008, fue solicitada por la Fiscalía Quinta del Ministerio Público con competencia en Materia de Drogas. ABG. Omaira Calderón orden de aprehensión por necesidad y urgencia donde resultan aprehendidos los ciudadanos Comisario Nat King Orozco, Sub Inspector Medina Fuenmayor (sic) Rafael Vicente, Cabo Segundo Acosta Bello (sic) Héctor Enrique, Cabo Segundo Rondón Calzadilla Héctor Vladimir y Distinguido Briceño Wilker, la cual fue autorizada por el Tribunal Tercero de Control. Estimando este órgano Jurisdiccional, que los acusados a los cuales se hizo referencia anteriormente fueron partícipes y autores de los antes mencionados hechos punibles, siendo los hechos anteriormente establecidos a criterio de quien se pronuncia configurativos del Tipo Penal señalado al inicio del presente párrafo, ello de la comparación y contrastación de los órganos de pruebas debidamente valorados en el Capítulo IV del presente fallo. …”.

Considerando esta juzgadora que con los elementos de pruebas judicializadas se demostró que los acusados NAT KING OROZCO ORIHUELA, HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA y RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR (sic), en fecha 17/08/2008, cuando realizaron allanamiento a fin de incautar drogas en el taller Frangar C.A propiedad del ciudadano Samuel Franco Barrios, incautaron sustancias estupefacientes y procedieron  a solicitar la cantidad de ciento diez mil bolívares fuerte a cambio de dejarlo en libertad, cantidad que le fue suministrado por el referido ciudadano quedando este en libertad, como consecuencia de haber quedado en libertad el ciudadano Samuel Franco Barrios, continuo dedicándose a la actividad delictiva de Ocultar Sustancias Estupefacientes, considera esta juzgadora que los acusados NAT KING OROZCO ORIHUELA, HECTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA y RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR (sic), favorecieron el hecho ajeno, de que el ciudadano Samuel Franco, continuara con el Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes, por cuanto al dejarlo en libertad, crearon la condición sin la cual el autor no hubiera logrado el hecho, por lo que a pesar que no realiza los actos típicos esenciales constitutivos de tal hecho, si presta su cooperación en forma esencial e inmediata en la ejecución del delito, razón por la cual considera este tribunal que los acusados incurrieron en el tipo penal de COOPERADORES INMEDIATOS EN EL OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la circunstancia agravante establecida en el ordinal 4° (sic) del artículo 46 eiusdem, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal. …”.

… en el juicio quedó plenamente comprobado que los ciudadanos NAT KING OROZCO ORIHUELA, RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR (sic) y HECTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, para la fecha de los hechos eran funcionarios públicos, adscritos a la Policía del estado Bolívar División de Investigaciones Criminalísticas, con los rangos de Comisario, Sub Inspector y cabo Segundo, respectivamente, encuadrando en la circunstancia agravante del numeral 4° del artículo 46 de la referida ley especial derogada.

El tipo penal de CORRUPCIÓN IMPROPIA… considera esta juzgadora que se configuraron los elementos del delito cuando los acusados NAT KING OROZCO ORIHUELA, RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR (sic) y HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, quienes para la fecha eran funcionarios público, activos adscritos a la Policía del Estado Bolívar, solicitaron la cantidad de ciento diez mil bolívares fuertes al ciudadano Samuel Franco Barrios, a cambio de su libertad y estos los recibieron, retribución esta por demás indebida por cuanto la misma debido en un hecho ilícito que atenta contra la Administración Pública. …”.

En cuanto a los ciudadanos HÉCTOR ENRIQUE ACOSTA BELLO y WILKER BRICEÑO SALAZAR, considera esta juzgadora que su conducta se contrae a los (sic) forma de participación denominada Complicidad, regulada en el artículo 84 del Código penal. …”.

… considera esta juzgadora que la conducta desplegada por los acusados HÉCTOR ENRIQUE ACOSTA BELLO y WILKER BRICEÑO SALAZAR, la cual se contrae a resguardar el perímetro del Taller donde se realizaba el allanamiento y ubicar los testigos instrumentales del allanamiento, ‘Facilitando la perpetración del hecho’, por parte de los acusados NAT KING OROZCO ORIHUELA, HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA y RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR quienes favorecieron el hecho ajeno, de que el ciudadano Samuel Franco, continuara con el Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes, al dejarlo en libertad a cambio de una suma de dinero, crearon la condición sin la cual Samuel Franco Barrios no hubiera logrado continuar con la actividad ilícita de ocultar sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por lo que a pesar que no realiza los actos típicos esenciales constitutivos de tal hecho, si presta su cooperación en forma esencial e inmediata en la ejecución del delito, razón por la cual considera este tribunal que los acusados HÉCTOR ENRIQUE ACOSTA BELLO y WILKER BRICEÑO SALAZAR, incurrieron el (sic) tipo penal de CÓMPLICE NO NECESARIO EN LA COMIOSIÓN DEL DELITO DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en relación con el artículo 84 primer supuesto del numeral 4 del Código Penal. …”. (Sic).

 

En fecha 13 de abril de 2015, la abogada Eunice Carolina Ríos, Defensora Pública Penal número 11 (en sustitución de la Defensora número 1) de la Defensa Pública del estado Bolívar extensión territorial Puerto Ordaz, actuando a favor del ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, antes referida.

 

En fecha 14 de abril de 2015, el abogado Joel Jesús Santamaría Hernández, actuando en su condición de defensor privado del ciudadano HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, antes descrita.

 

En fecha 23 de abril de 2015, ambos recursos de apelación fueron contestados por la representación fiscal.

 

            En fecha 20 de agosto de 2015, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, integrada por los jueces Gilda Mata Cariaco (Presidenta), Gabriela Quiaragua González y Gilberto José López Medina (Ponente), ADMITIÓ los recursos de apelación.

 

En fecha 3 de septiembre de 2015, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, celebró la audiencia oral, conforme con lo previsto en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal, con la asistencia del abogado Edmundo Márquez, representante del Ministerio Público, de los abogados Eunice Ríos y Eddys Eduardo Núñez Gómez, representantes de la Defensa Pública, y el abogado privado Joel Jesús Santamaría, así como los acusados NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA y HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA.

 

En fecha 17 de septiembre de 2015, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, dictó sentencia mediante la cual declaró SIN LUGAR, los recursos de apelación presentados por la Defensa Pública así como por la defensa privada de los acusados NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA y HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, y en consecuencia confirmó la decisión dictada el 30 de marzo de 2015, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz.

 

La anterior decisión fue notificada a los acusados HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA y RAFAEL VICENTE MEDINA FEMAYOR, titulares de las cédulas de identidad números 12.190.810, 10.576.763 y 10.929.783, respectivamente, previo traslado del Centro de Coordinación Policial N° 14 Brisas del Orinoco y Centro de Coordinación Policial Marhuanta, ambos en Ciudad Bolívar, el día 25 de septiembre de 2015, mediante acta de imposición de sentencia, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar.

 

            En fecha 21 de octubre de 2015, el abogado Eddys Eduardo Núñez, Defensor Público Primero Auxiliar con competencia en materia Penal Ordinaria, adscrito a la Defensa Pública del estado Bolívar extensión territorial Puerto Ordaz, interpuso Recurso de Casación en favor del acusado NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA.

 

            En fecha 3 de noviembre de 2015, las abogadas Omaira Calderón Salazar y María Gabriela Martínez, actuando con el carácter de Fiscal Provisoria y Fiscal Auxiliar Interina, respectivamente, ambas de la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público con competencia en materia contra las Drogas del estado Bolívar, y la abogada Mayerling Acosta, Fiscal Provisoria Cuarta del Ministerio Público en materia contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales con competencia en toda la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, dieron contestación al Recurso de Casación.

 

En fecha 1° de diciembre de 2015, se dio entrada ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al expediente contentivo del juicio seguido a los ciudadanos NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, RAFAEL VICENTE MEDINA FEMAYOR, HÉCTOR ENRIQUE ACOSTA BELLO y WILKER JOSÉ BRICEÑO SALAZAR, remitido por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar.

 

En fecha 3 de diciembre de 2015, la Sala dio cuenta del recibo del presente expediente y según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, se le asignó la ponencia a la Magistrada ELSA JANETH GÓMEZ MORENO.

 

El 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en sesión extraordinaria, realizó el formal nombramiento de Magistrados y Magistradas Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de Justicia, siendo éste publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 40.816, con la misma fecha 23 de diciembre de 2015, corregida por error material, mediante Gaceta Oficial N° 40.818, publicada el 29 de diciembre de 2015. Así las cosas, quedó instalada y constituida la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 23 de diciembre de 2015, de la manera siguiente: Magistrado Doctor Maikel José Moreno Pérez, Presidente de la Sala; Magistrada Doctora Francia Coello González, Vicepresidenta; y las Magistradas y el Magistrado, Doctora Elsa Janeth Gómez Moreno, Doctor Juan Luis Ibarra Verenzuela y Doctora Yanina Beatriz Karabin de Díaz. Además, a cargo de la Secretaría, la Doctora Ana Yakeline Concepción de García y, como Alguacil Encargado, el ciudadano Luis Fernando Ortuño Pérez.

 

En fecha 1° de febrero de 2016, revisada la fundamentación del Recurso de Casación, la Sala de Casación Penal, mediante decisión N° 33, ADMITIÓ la única denuncia del Recurso de Casación interpuesto por la defensa del ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA y se CONVOCÓ a la correspondiente audiencia oral, conforme con lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En fecha 8 de marzo de 2016, se celebró la Audiencia Pública ante la Sala, con la asistencia del abogado Javier José Hernández Acevedo, Defensor Público Segundo ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, quien solicitó la declaratoria con lugar del recurso casación, y la abogada María Cristina Vispo López, Fiscal Cuarta del Ministerio Público para actuar ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien solicitó se declare sin lugar dicho recurso, por considerar que la decisión emitida por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del estado Bolívar, en fecha 17 de septiembre de 2015, no incurrió en la violación de la ley por falta de aplicación de los artículos 157 y 346 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso y de acuerdo con el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, la Sala pasa a dictar sentencia en los términos siguientes:

 

 

 

 

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El recurrente planteó en el recurso de casación una sola denuncia, la cual fue admitida por esta Sala de Casación Penal en fecha 1° de febrero de 2016, mediante decisión signada con el número 33, siendo su fundamentación la siguiente:

 

“… ÚNICA DENUNCIA

FUNDAMENTADA EN LA VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto y fundamentada en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, se denuncia que la Corte de Apelaciones incurrió en el vicio de violación de la ley por falta de aplicación de los artículo 157, 346 en su numeral 4° ambos del Código Orgánico Procesal Penal, lo que infiere en el contenido de haber tenido un debido proceso judicial y una tutela judicial efectiva a través del acto que hoy se impugna en CASACIÓN por estar inmotivada la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones y quebrantar igualmente los artículos 26 y 49 numeral 1° de la Constitución Bolivariana de Venezuela (sic), de obligatorio cumplimiento para todos  los jueces de la República. …”.

 

            Luego, el recurrente transcribe la primera denuncia del recurso de apelación, en la cual alegó la “ILOGICIDAD MANIFIESTA EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, por considerar que la sentencia condenatoria dictada en contra de su defendido se sustentó en “… una falsa premisa, que al aplicar las reglas de la lógica, su resultado indefectiblemente será falso. …”, ya que a su decir, se sustentó en la declaración de un testigo  que fue cuestionado durante el juicio.

 

            Seguidamente, transcribe parte de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, a los fines de demostrar en qué términos la Corte de Apelaciones resolvió el recurso de apelación.

 

            Continúa alegando el recurrente, lo siguiente:

 

“… Siendo preponderante a la luz del vicio delatado en casación resaltar la obligación en que se encuentran las Cortes de Apelaciones de pronunciarse motivadamente en relación con las denuncias formuladas por el recurrente y así las cosas se hace importante traer a colación lo que ha sentado esa Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia respecto al vicio de inmotivación lo ha tratado en muchas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, tanto en Sala Penal, como en Sala Constitucional, siendo considerado un vicio de orden público y que la consecuencia que arropa es la violación del debido proceso y la tutela judicial efectiva de rango constitucional, como lo estableció en sentencia Número 443 del 11 de agosto de 2009, la Sala Constitucional, siendo su carácter vinculante para todos los jueces del país donde se dice entre otras cosas que aun cuando el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no lo indique expresamente, es de su esencia el que todo acto de juzgamiento contenga una motivación, por tocar el orden público, y así lo recogió en la sentencia Número 891 del 13 de mayo de 2004, emanada de la Sala Constitucional. Al revisar la decisión que se impugna en Recurso  de Casación, vemos como la Corte de Apelaciones no da cumplimiento a cabalidad con la labor de motivación de la sentencia, ya que de la misma no se desprende el fundamento propio que tomó en consideración para resolver la pretensión de la defensa, lo que inequívocamente da lugar al vicio de inmotivación de la sentencia, faltando al contenido del artículo 346 en su numeral 4° y del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto al deber de motivación de las sentencia, como una exigencia implícita dentro de las previsiones del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia lo tiene establecido como criterio de carácter  vinculante como ya lo hemos dicho. …”.

 

            Posteriormente transcribe el contenido de la sentencia número 443 del 11 de agosto de 2009, dictada por la Sala de Casación Penal, en la cual se señala que el deber de motivar las decisiones “… no sólo ha sido ordenado por el Legislador sino que es doctrina vinculante, tanto de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como de la Sala Penal. …”.

 

            Siguiendo con su exposición, el recurrente indicó lo siguiente:

 

“… Siendo clara la doctrina establecida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, toda sentencia como acto jurisdiccional que pone fin al proceso, requiere: 1) Que sea motivada y 2) Que sea congruente; lo que supone que todos los argumentos expuestos por las partes, deben ser fundadamente resueltos, en atención al derecho a ser oído y resueltos motivadamente, en garantía o resguardo del derecho de defensa y al debido proceso, tal como lo establece la sentencia Número 372 del 04 de agosto de 2009, emanada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Podrán ustedes ciudadanos Magistrados de la Sala de Casación Penal observar que la defensa pública que ejerció Recurso de Apelación en la única denuncia formulada en su escrito señaló el vicio de falta de motivación de la sentencia, al no explicar las razones por las cuales consideró penalmente responsable al acusado, cuando no fue desvirtuada la presunción de inocencia en el debate oral y, por el contrario, la sentencia se fundó en medios de prueba testimoniales que incurrieron en contradicciones como las alegadas; no obstante, la decisión de Alzada que hoy se recurre no fue debidamente resuelta con argumentación propia, pues sólo se limitó la Corte de Apelaciones a señalar que ‘de la sola lectura de la sentencia objeto de apelación, se verifica en detalle que la juez A Quo, lejos de los alegado por la defensa si realizó el análisis sistemático de los órganos de prueba judicializados en el debate oral y público, y asimismo la determinación precisa y circunstanciada de la acción humana desarrollada por el acusado Natking (sic) Orozco… lejos de lo alegado por la apelante, a juicio de este Despacho Superior en respaldo a lo deliberado por la primera instancia, quedó plenamente probado el cuerpo del delito, tanto con el dicho y el señalamiento directo en audiencia que contra los acusados realizaron testigos del procedimiento que lejos de tratar de inculpar a los acusados indicaron las circunstancias de modo tiempo y lugar de cómo sucedieron los hechos’.

Como puede verse, ciudadanos Magistrados, la Corte de Apelaciones al momento de responder la apelación interpuesta por esta defensa, no realizó la operación de análisis propio, ni ofreció argumentos en relación con la denuncia formulada por la Defensa, ni dio respuesta a los argumentos explanados en cuanto a la forma y método empleado en la valoración que el Tribunal de Juicio hizo de los medios de prueba incorporados en el debate, pues ha debido señalar los motivos por los cuales consideró que el análisis realizado por el Juez de Juicio fue el correcto, según su criterio, pues debió señalar motivadamente por qué el juzgado de juicio sí logró argumentar cómo quedó demostrada la culpabilidad de mi representado y los elementos que sirvieron para destruir la presunción de inocencia de éste, pues debió la recurrida establecer de forma detallada cómo se llegó a esta conclusión.

Como puede evidenciarse de la lectura del fallo recurrido omitió la Corte de Apelaciones lo denunciado en Apelación acerca de que no se justificó el por qué no se otorgó valor probatorio a la Copia Certificada del Libro de Novedades incorporada en el debate oral y que indiscutiblemente conllevaba a cuestionarse la fe probatoria que merecía uno de los testigos en los que el a quo fundó su sentencia.

También omitió pronunciarse, ciudadanos Magistrados de la Sala, la Corte de Apelaciones, con respecto a la denuncia realizada en cuanto a que no fueron valorados en la sentencia definitiva la declaración de los testigos Humberto Barreto, Jesús García y Luis Anzoátegui. Todas estas circunstancias, debidamente alegadas y evidenciadas, no fueron valoradas por la Corte de Apelaciones pues, al decidir sobre el recurso interpuesto, no argumentó con motivación propia si las pruebas fueron bien analizadas y valoradas por el Tribunal de Juicio, limitándose a señalar la Corte que sí fueron debidamente apreciadas por el Tribunal de Instancia, pero sin exteriorizar las razones por las que consideró que la decisión estuvo ajustada a derecho.

Ciudadanos Magistrados, estas consideraciones planteadas por la Defensa en su recurso de apelación, indiscutiblemente contribuían a desvirtuar la responsabilidad penal del acusado, así como la no demostración de su participación en los hechos atribuidos por el Ministerio Público, por lo que ha debido la Corte de Apelaciones analizar con exhaustividad la denuncia presentada por la Defensa, no obstante, la Alzada declaró sin lugar la apelación, señalando de manera genérica sin explicar los fundamentos de hecho y de derecho por los que consideró que el Tribunal de Juicio sí cumplió y de qué manera cumplió con el deber de motivar la sentencia, sin hacer un análisis de los puntos específicos que fueron atacados por la defensa y que hoy en día hacen que su falta de resolución con fundamento serio persista nuestra queja en casación, bajo el mismo motivo de inmotivación.

Para quien suscribe, lo expuesto por la alzada no es suficiente para haber declarado sin lugar la denuncia presentada por la defensa, pues no da respuesta a la afirmación que se hiciera en cuanto a que no se demostró alguna responsabilidad penal por parte del acusado; así como tampoco se valoró debidamente la denuncia de falta de motivación, en cuanto al silencio sobre la alegada falsedad en que incurrieron los testigos en los que el tribunal fundó sus sentencia, sin haberse efectuado un debido análisis de los mismos.

En este orden de ideas, tenemos que en cuanto al argumento de la Defensa sobre la falta de análisis probatorio del juzgador de primera instancia para condenar al acusado, señaló la Corte que es de la opinión que el Juez de conformidad con la sana critica, la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, le otorgará el valor probatorio que cada elemento de prueba le merece, siendo de su estricta soberanía darle credibilidad o no a la deposiciones de cada testigo, limitado por la obligación de explicar fundadamente, el por qué de su razonamiento.

Ahora bien, si bien es cierto que los jueces al decidir deben observar las reglas de la lógica, la sana crítica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, ello no es obstáculo alguno para que expresen con claridad los motivos de su decisión, pues si en ellos se basa la sentencia, tales consideraciones también son susceptibles de ser exteriorizadas, pues tienen derecho las partes, como consecuencia del derecho a la defensa, a conocer las razones y motivos que le llevaron a decidir en esa forma y no en otra, en fin, a entender la decisión de que se trate. Y ello no solo en lo que respecta a las pruebas en las que basó (sic) su decisión, sino también los motivos por lo que desechó otras o no les otorgó mérito probatorio. La Corte de Apelaciones solo señaló que se encontraba conforme a derecho y debidamente motivada la sentencia recurrida, sin pronunciarse en torno a los puntos planteados en la denuncia formulada, incurriendo, en consecuencia, en el vicio de falta de motivación, que debe dar lugar a la nulidad del fallo, ya que la respuesta dada a la apelación no se corresponde con lo planteado íntimamente en la apelación.

Ciudadanos Magistrados, todo lo antes expuesto o inobservado por la Corte de Apelaciones, indiscutiblemente, conlleva a la existencia de dudas en contra a la ocurrencia de los hechos, si bien es cierto no le es dable a las Cortes de Apelaciones la valoración de medios de pruebas excepto que se promuevan con la apelación no es menos cierto que le es dable realizar un análisis de los planteado en apelación la que tiene que resolver con un fundamento propio y, más aún, en cuanto a la responsabilidad penal atribuida al ciudadano  NAT KING OROZCO, tiene la obligación la Corte de Apelaciones partiendo de los hechos que acreditó el tribunal ver que se cumplan con las exigencias del tipo penal de COOPERADORES INMEDIATO EN EL DELITO DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS, más aún si consideramos que la finalidad del proceso es la búsqueda de la verdad, por mandato de los artículo 1° y 13 del Código Orgánico Procesal Penal y 257 de la Carta Magna y que solo la verdad conduce a una sentencia justa, por lo que una sentencia que se base en unos hechos que no han sido debidamente comprobados a través de las pruebas pertinentes contraviene el ordenamiento jurídico y los más elementales principios y derechos constitucionales que guardar relación con el derecho a la libertad, como lo son la presunción de inocencia y el in dubio pro reo.

Ciudadanos Magistrados, en caso de encontrar esta Sala que la presente denuncia es infundada o improcedente, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que no se sacrificará la justicia por formalidades no esenciales, aunado al derecho del justiciable a que se le siga un debido proceso y se resguarde el derecho a la defensa y el de impugnar la Sentencia por causarle un agravio, se les solicita muy respetuosamente que sea revisado del oficio el fallo impugnado, a fin de determinar la presencia de otros vicios que puedan afectarlo de nulidad. …”.

 

La Sala para decidir, observa:

 

Denuncia el recurrente la violación de la ley por falta de aplicación de los artículos 157 y 346 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, por considerar que la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Ciudad Bolívar, no motivó con argumentación propia, lo denunciado en el recurso de apelación, ya que a criterio del denunciante, “… al momento de responder la apelación… no… dio respuesta a los argumentos explanados en cuanto a la forma y método empleado en la valoración que el Tribunal de Juicio hizo de los medios de prueba incorporados en el debate. …”, para luego concluir que la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia “… se encontraba conforme a derecho y debidamente motivada… sin pronunciarse en torno a los puntos planteados en la denuncia formulada, incurriendo, en consecuencia, en el vicio de falta de motivación. …”.

 

Considera el recurrente, que aun cuando no “… le es dable a las Cortes de Apelaciones la valoración de medios de pruebas excepto que se promuevan con la apelación…”, estás sí pueden realizar un análisis de lo planteado en apelación, lo cual  “… tiene que resolver con un fundamento propio y, más aún, en cuanto a la responsabilidad penal atribuida al ciudadano NAT KING OROZCO…”, siempre partiendo de los hechos acreditados por el tribunal de primera instancia.

 

A los fines de corroborar lo antes señalado, esta Sala pasa a revisar los fallos dictados por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz y de la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, así como la única denuncia interpuesta por la defensa en el Recurso de Apelación, lo cual hace en los términos siguientes:

 

El 30 de marzo de 2015, el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, al dictar sentencia CONDENÓ al ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, a cumplir la pena de DOCE (12) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, y MULTA DEL 20% DE LOS CIENTO DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 110.000,00) RECIBIDOS, por la comisión de los delitos de COOPERADOR INMEDIATO EN EL DELITO DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la circunstancia agravante establecida en el numeral 4, del artículo 46, eiusdem, vigente para el momento de los hechos, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal y CORRUPCIÓN IMPROPIA, previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley contra la Corrupción, y al respecto consideró lo siguiente:

 

“… los ciudadanos NAT KING OROZCO ORIHUELA, RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR (sic) y HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, participaron en la ejecución del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas que realizaba Samuel Franco Barrios, como Cooperadores Inmediatos, previsto en el artículo 83 del Código Penal. …”.

En efecto, en cuanto a la concurrencia de personas a la ejecución de un hecho punible, el Código Penal sanciona a los cooperadores inmediatos con la misma pena correspondiente a los autores o perpetradores. La equiparación de ambas figuras, según jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Penal, se debe a que el cooperador inmediato, si bien no realiza directamente los actos productivos del delito, concurre o coadyuva a la empresa delictiva, tomando parte en operaciones distintas que no representan elementos esenciales del hecho punible, pero que resultan eficaces para la inmediata ejecución del mismo.

El comportamiento de los cooperadores inmediatos como partícipes se compenetra o se vincula en forma muy estrecha con la conducta del ejecutor, lo que lleva a considerar que, aunque no realicen los actos típicos, en virtud de tal identificación o compenetración con la acción de los autores, deben ser sancionados con la misma pena correspondiente a éstas. …”.

De tal manera que el cooperador inmediato, dentro de las formas de participación, es aquel que si bien no realiza los actos típicos del hecho punible, su aporte es esencial, eficaz e inmediato para la ejecución del delito.

Considerando esta juzgadora que con los elementos de pruebas judicializadas se demostró que los acusados NAT KING OROZCO ORIHUELA, HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA y RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR (sic), en fecha 17/08/2008, cuando realizaron allanamiento a fin de incautar drogas en el taller Frangar C.A, propiedad del ciudadano Samuel Franco Barrios, incautaron sustancias estupefacientes y procedieron a solicitar la cantidad de ciento diez mil bolívares fuertes a cambio de dejarlo en libertad, cantidad que le fue suministrada por el referido ciudadano Samuel Franco Barrios, continuo (sic) dedicándose a la actividad delictiva de Ocultar Sustancias Estupefacientes, considera esta juzgadora que los acusados NAT KING OROZCO ORIHUELA, HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA y RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR (sic), favorecieron el hecho ajeno, de que el ciudadano Samuel Franco, continuara con el Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes, por cuanto al dejarlo en libertad, crearon la condición sin la cual el autor no hubiera logrado el hecho, por lo que a pesar que no realiza los actos típicos esenciales constitutivos de tal hecho, si presta su cooperación en forma esencial e inmediata en la ejecución del delito, razón por la cual considera este tribunal que los acusados incurrieron el (sic) tipo penal de COOPERADORES INMEDIATOS EN EL OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la circunstancia agravante establecida en el ordinal 4° (sic) del artículo 46 ejusdem (sic), en concordancia con el artículo 83 del Código Penal. Así Se establece.

Igualmente se configura la circunstancia agravante prevista en el artículo 46 numeral 4° de la derogada Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. …”.

Discurriendo esta juzgadora que en el juicio quedó plenamente comprobado que los ciudadanos NAT KING ORROZCO ORIHUELA, RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR (sic) y HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, para la fecha de los hechos eran funcionarios públicos, adscritos a la Policía del estado Bolívar División de Investigaciones Criminalísticas, con los rangos de Comisario, Sub Inspector y Cabo Segundo, respectivamente, encuadrando en la circunstancia agravante del numeral 4° del artículo 46 de la referida ley especial derogada. Así se Establece.

El tipo penal de CORRUPCIÓN IMPROPIA, se encuentra descrito en el artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción. …”.

En armonía con la anterior norma considera esta juzgadora que se configuraron los elementos del delito, cuando los acusados NAT KING OROZCO ORIHUELA, RAFAEL VICENTE MEDINA FUENMAYOR (sic) y HÉCTOR VLADIMIR RONDÓN CALZADILLA, quienes para la fecha eran funcionarios públicos, activos adscritos a la Policía del estado Bolívar, solicitaron la cantidad de ciento diez mil bolívares fuertes al ciudadano Samuel Franco Barrios, a cambio de su libertad y estos lo recibieron, retribución esta por demás indebida por cuanto la misma debido a un hecho ilícito que atenta contra la Administración Pública. Así se establece. …”.

 

            Contra esta decisión, la Defensa Pública, actuando en representación del ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, ejerció Recurso de Apelación, en el cual alegó en una sola denuncia lo siguiente:

 

“… PRIMERA DENUNCIA

FALTA, CONTRADICCIÓN O ILÓGICIDAD MANIFIESTA EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA. …”.

El fallo recurrido adolece del vicio de falta e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia por cuanto, pretende la juzgadora fundamentarla en la declaración de un testigo cuestionado judicialmente, y podríamos encontrarnos ante una falsa premisa, que al aplicar las reglas de la lógica, su resultado indefectiblemente será falso, y tal y como lo ha reiterado nuestro máximo Tribunal, la conclusión a la que llegue el dispositivo del fallo debe estar ajustada a la racionalidad, y no debe ser una derivación de lo arbitrario.

Ahora bien, considera la defensa que la Juzgadora valora y toma como cierta la declaración de SAMUEL FRANCO, estando este ciudadano comprometido con delitos de lesa humanidad, lo cual quedó demostrado con la declaración de otros testigos (WILLIAM ALVILLAR PUERTA Y GABRIEL CARREÑO) que fueron llamados a juicio, y expresaron, estar asustados, por el riesgo que representa declarar en contra de SAMUEL FRANCO BARRIOS, su esposa y familia los buscaron a cada uno por sus casas y los llevaron en vehículo particular a la fiscalía con competencia en materia de droga ubicada en Ciudad Bolívar a cambiar sus declaraciones para ayudar a Samuel Franco, lo que evidencia que es una prueba contaminada, estos testigos sometidos al contradictorio durante el debate del juicio oral y público, reconocen el contenido y firma del procedimiento que se realizó con su presencia en fecha 17-06-2008, claramente indicaron que todo lo que vieron en el allanamiento lo declararon en el puesto de la policía de Unare, que no fueron coaccionados, ni obligados en sus declaraciones, a pregunta de la defensa señalaron que antes de firmar leyeron toda su declaración y firmaron conformes, al hacer un análisis detallado de cada uno de esos testimonios, se puede apreciar que por temor, están negando la verdad para no tener problema con Samuel Franco, así quedó expresado por estos, dicen que tienen ‘hijos, esposas, familia que los entiendan’.

En la sentencia, la juzgadora valora el testimonio de la ciudadana CARMEN ROSA GARCÍA ECHENAGUA (esposa de Samuel Franco Barrio), quien fue conteste en expresar que sacó a las 6 de la mañana del día 17-06-2008, de su casa ubicada en el sector las parcelas del Roble San Félix, sitio de alto riesgo a la seguridad personal, la cantidad de 80 millones de bolívares y luego 30 millones de bolívares más (de los de antes), que los entregó en la entrada del taller ya que a pregunta de la defensa señaló que no entró en ninguna de las dos veces que fue al taller, no describe ni señala a mi representado, solo indica habérselo dado una persona no tan alta ni tan baja, no tan gruesa ni delgada en fin ella describe con características generales; considera quien aquí escribe, que este testigo ha mentido abiertamente, ¿Cómo puede llevar tal cantidad de dinero?, señala que las llevó en una bolsa de papel, pero no aporta denominación alguna, dijo haber sido llamada en dos oportunidades por su esposo Samuel Franco ya que según ella éste le dijo que el dinero que llevó la primera vez no estaba completo.

Considera la Defensa, que el Tribunal no motivó, y sólo se limitó a dar por cierto el testimonio de la ciudadana a pesar de su contradictoria deposición que contrasta con la declaración del funcionario Oscar Manuel Torres.

Se observa en la sentencia que la Juzgadora valora el testimonio del funcionario OSCAR MANUEL TORRES, quién manifestó entre otras cosas irracionales, que vio entrar al taller a la esposa de SAMUEL FRANCO BARRIO con una funda de almohada que contenía 80 millones de bolívares y que se la entregó a mi representado NAT KING OROZCO, que les contó y dijo que estaba completo; además de señalar que observó la posición de todos los funcionarios, pero en el contradictorio debate oral (sic) se demostró que no sabía qué funcionario ocupaba cada posición, figura cuestionada, por diferentes razones entre ellas, el funcionario (OSCAR MANUEL TORRES) no se encontraba en el allanamiento, de fecha 17-06-2008, esto se observa de las copias certificadas de la transcripción del libro de novedades de la División de Investigaciones Criminalísticas de la Policía del Estado Bolívar, del día que éste, se encontraba de servicio en la sede de la Sub- Comisaría Policial de Unare III, como Jefe de Servicios, él es quien abre y cierra las novedades del referido día, y además no se reporta en ella, que fuera comisionado ese día de manera especial para practicar ninguna actuación policial externa (Allanamiento); tal y como se observa en las actas de debate de este Juicio oral y público. Por otro lado, debo destacar de manera enfática, el hecho cierto de las intenciones del funcionario OSCAR MANUEL TORRES, de querer perjudicar a mi defendido, tal y como se evidencia en los correos de voz y mensajes de textos amenazantes e informantes de daños hacia mi representado, los cuales fueron expresados en la inmediación procesal del presente juicio. Así como también la ratificación que expresó el funcionario GUTIÉRREZ CHARLY, quien entre otras cosas señaló, que el funcionario OSCAR TORRES, le dijo que le haría DAÑO A NAT KING OROZCO y que también le propuso asociarse a él para tal fin.

Observa la Defensa, que la juzgadora presuntamente y valora la prueba referente a COPIA FOTOSTÁTICA DEL LIBRO DE NOVEDADES, PRUEBA ÉSTA QUE FUE OBJETO DE MUCHA CONTROVERSIA, PARTIENDO QUE DESDE LA ETAPA PREPARATORIA DEL PROCESO SU ORIGINAL DESAPARECIÓ, Y TUVO EL TRIBUNAL QUE HACERSE DE COPIAS CERTIFICADAS DEL MISMO, en atención a los múltiples petitorios de la Defensa y se incorporó mediante recurso de amparo interpuesto por la Defensa y por orden de la Corte de Apelaciones, ahora bien, incurre la juzgadora en el vicio de ILOGICIDAD MANIFIESTA EN LA MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, cuando en el Capítulo IV DE LA SENTENCIA desglosa taxativamente los medios probatorios que acreditan la comisión del hecho y la responsabilidad de los acusados y se limita a señalar lo siguiente:

‘De la transcripción del acta policial suscrita por el funcionario Rafael Medina de fecha 17 de junio de 2008, constante al folio 91 al 92 del Anexo ‘B’, signada en este capítulo como ítem 4 y valorada’.

De la remisión que hace la misma juzgadora al ítem 4, la misma concluye lo siguiente:

‘Con las pruebas señaladas con los particulares 1, 2, 3 y 4, este tribunal estima acreditados las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo el cumplimiento de las formalidades para solicitar, acordar y practicar allanamiento en calle anexa a la Av. Guayana de San Félix, sector el Roble, casa de dos plantas color rosada con rejas blancas, lugar donde queda el taller mecánico industrial Frangar C.A, ubicada a pocos metros de Maxis Multicauchos Goncalves C.A, y una cancha deportiva San Félix, estado Bolívar, el cual se llevó a cabo en fecha 17 de junio del año 2008, desde horas de la madrugada, igualmente quedó acreditada que en contra del ciudadano Samuel Franco Barrio se inició un (sic) investigación por el delito de droga y por esta razón solicitan la orden de allanamiento’.

Observa la defensa que si bien es cierto la juzgadora dice valorar la prueba referida, la misma sólo se limita a la transcripción misma del texto del libro más no hace el análisis pertinente de la prueba, pues ésta fue promovida por la Defensa para demostrar que el ciudadano transcriptor del Libro  TORRES OSCAR, se encontraba de Jefe de los Servicios ese día 17 de junio del año 2008, lo cual hacía imposible su presencia en el lugar de los hechos, es decir en el taller Frangar, explicación ésta que no hace la Juez por lo cual incurre en el error antes señalado.

Esta defensa observa además, que la ciudadana Juez no valoró tampoco los testimonios de BARRETO HUMBERTO, GARCÍA JESÚS Y LUIS ANZOÁTEGUI. El primero de los nombrados declara que estuvo en el allanamiento del 17-06-2008, que su participación fue la de revisar el inmueble en presencia de los testigos y de la persona que fue hallada en el lugar, que el funcionario Torres Oscar no estuvo en el allanamiento porque era jefe de servicios y manifestó que la fiscalía trató de intimidarlo y coaccionarlo para que firmara una declaración, donde se desvirtuaban por completo los hechos del allanamiento en el cual él participó, situación que lo obligó a realizar las respectivas denuncias. El segundo de los nombrados su declaración ratifica el contenido del libro de novedades de la división de inteligencia de la policía, llevado para la fecha por el funcionario Oscar Torres, también confirma que el funcionario Torres Oscar quien ejercía la jefatura de servicio el día del primer allanamiento nunca salió de la sub-comisaria de Unare Tres.

Razonamiento por el cual, fundamentada en los artículos 22, 157 en concordancia con el artículo 444, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, procedo a denunciar la sentencia apelada por inmotivación e ilogicidad.

La Sentencia N° 656, Expediente 05-0092 de fecha 15-11-05 dictada por Dra. Blanca Rosa Mármol (sic), Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. …”.

Se evidencia que está vigente la presunción de inocencia en beneficio de todo ciudadano, prevista y garantizada en los artículos 44 (derecho de la persona como ser libre) y 49 (debido proceso) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, es preciso puntualizar que al presente caso le es aplicable jurisprudencia de la sala de casación penal de nuestro Tribunal Supremo de Justicia cuando en justa razón afirma:

Sala de Casación Penal, Ponente: Magistrada. Deyanira Nieves Bastidas, Sentencia Nro. 177 de fecha 21-06-2007, Exp. 05-211…”.

PETITORIO

Es importante destacar, que en el presente caso los acusados, han permanecido privados de su libertad por un lapso de 6 años 9 meses, además sede (sic) haber sido interrumpido el juicio cinco oportunidades, lo cual permite mencionar DOS consecuencia de carácter grave PRIMERO: Se vulneró el principio de celeridad procesal, y SEGUNDO: los ciudadanos NAT KING OROZCO, RAFAEL VICENTE MEDINA, WILKER BRICEÑO, HÉCTOR ACOSTA y HÉCTOR RONDÓN son seres humanos, quienes se dedicaron por años a una labor y que en muchos casos descuidaron a su grupo familiar, por el cumplimiento de la labor policial y con el presente caso no sólo se puso en tela de juicio su reputación sino también su tranquilidad familiar y mental.

Con mérito en las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, se solicita a esta Corte de Apelaciones que declare CON LUGAR el presente recurso y se realice un nuevo juicio oral y público con sujeción a todas las garantías procesales. …”.

 

Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, al resolver el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Pública en favor del ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, contra la decisión antes referida, consideró:

 

“… Con respecto a la segunda acción de impugnación ejercida por la profesional del derecho Abog. (sic) Eunice Ríos, indicando en su escrito recursivo como única denuncia que la sentencia: ‘El fallo recurrido adolece del vicio de falta o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia por cuanto pretende la juzgadora fundamentarla en la declaración de un testigo cuestionado judicialmente y podríamos encontrarnos en una falsa premisa que al aplicar las reglas de la lógica, su resultado indefectiblemente sería falso (…) Ahora bien, considera la defensa que la juzgadora valora y toma como cierta la declaración de SAMUEL FRANCO, estando este ciudadano comprometidos con delitos de lesa humanidad lo cual quedó demostrado con declaraciones de otros testigos (…) En la sentencia, la juzgadora valora el testimonio de la ciudadana CARMEN ROSA GARCÍA ECHENIQUE (esposa de Samuel Franco Barrios) (…) considera esta defensa que este testigo ha mentido abiertamente (…) Considera esta Defensa que el tribunal no motivó y solo se limitó a dar por cierto el testimonio de la ciudadana a pesar de su contradictoria deposición que constata con la declaración del funcionario Oscar Manuel Torres’.

Con respecto a este señalamiento de la defensa, encuentra la Sala que de la sola lectura de la sentencia objeto de apelación, se verifica en detalle que la juez A Quo, lejos de lo alegado por la defensa sí realizó el análisis sistemático de los órganos de prueba judicializados en el debate oral y público, y asimismo la determinación precisa y circunstanciada de la acción humana desarrollada por el acusado Natking (sic) Orozco.

El recurrente dispuso su escrito recursivo a aseverar la falta de análisis probatorio por parte del juzgador de primera instancia para condenar a su representado; no obstante como veremos en adelante, sí encontrarse evidencia en el cuerpo de la sentencia impugnada, la motivación con justa y lógica apreciación que el juez realiza respecto a cada elemento de prueba.

En este sentido, al responder esta aseveración del impugnante, esta Corte es de la opinión que el Juez de conformidad con la sana crítica, la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, le otorgará el valor probatorio que cada elemento de prueba le merece, siendo de su estricta soberanía darle credibilidad o no a las deposiciones de cada testigo, limitado por la obligación de explicar fundadamente, el por qué de su razonamiento, esta simbiosis de valoración, contenida en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, garantiza al enjuiciado y a la sociedad toda, que la sentencia condenatoria o absolutoria, sea producto de una valoración justa y equitativa.

Es preciso recalcar que la convicción judicial, como fin de la prueba, no depende de un mayor o menor número de pruebas, sino de la adecuación y fuerza de convicción de éstas, con independencia de su número; por lo que en el caso sometido a nuestro estudio, evidenciándose que el juzgador le otorga valor probatorio a los medios de prueba que el recurrente cuestiona, y tilda de contradictorios; en opinión de ésta Alzada, la oportunidad para desvirtuar tales testimoniales se agotó en la etapa de juicio oral mediante el principio de contradicción, y se encuentra la apreciación del juzgador hacia estos medios de pruebas, ajustado a derecho, pues en adelante se observará que fueron objeto de motivación, que a fin de cuentas, es lo que importa, ya que si estos medios de pruebas aportaron fuerza conviccional al juez, siempre que haya el juez motivado porqué, esto resulta incuestionable, toda vez que es de su estricta soberanía darle credibilidad o no a cada medio de prueba evacuado en juicio; dado a que en uso del principio de inmediación, el juez en función de juicio, puede observar, y hasta palpar, si las declaraciones ante él rendidas suman certeza a los hechos imputados al acusado, o en su defecto, les restaba.

En este orden de ideas, lejos de lo alegado por la apelante, a juicio de este Despacho Superior en respaldo a lo deliberado por la primera instancia, quedó plenamente probado el cuerpo del delito, tanto con el dicho y señalamiento directo en audiencia que contra los acusados realizaron testigos del procedimiento que lejos de tratar de inculpar a los acusados indicaron las circunstancia de modo, tiempo y lugar de cómo sucedieron los hechos, llevando como resultado una (sic) análisis pormenorizado indicando la juzgadora:

‘… Con las pruebas señaladas con los particulares 1, 2, 3 y 4, este Tribunal estima acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo el cumplimiento de las formalidades para solicitar, acordar y practicar Allanamiento en calle anexa a la Av. Guayana de San Félix, sector El Roble, casa de dos plantas de color rosada con rejas blancas, lugar donde queda el taller mecánico industrial Franjar (sic) C.A, ubicado a pocos metros de Maxxis Multicauchos Goncalves C.A, y una cancha deportiva San Félix, estado Bolívar, el cual se llevó a cabo en fecha 17 de junio del año 2008, desde horas de la madrugada, igualmente quedó acredita (sic) que en contra del ciudadano Samuel Francio Barrio se inicio una investigación por el delito de droga y es por esta razón (sic) solicitan la orden de allanamiento. Y así se establece’.

En consecuencia, el tribunal de primera instancia ha reconocido a partir de plena vigencia probatoria su relación, coherencia y logicidad, arribando al estado de certeza necesario para establecer la responsabilidad penal de los encausados Natkin (sic) Orozco y Héctor Bladimir Rondón Calzadilla, en los delitos de COOPERADORES INMEDIATOS EN EL OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la circunstancia agravante establecida en el ordinal 4° (sic) del artículo 46 ejusdem, en concordancia con el artículo 83 del Código Penal y CORRUPCIÓN IMPROPIA, previsto y sancionado en el artículo 61 de la Ley Contra la Corrupción.

Dado por probado los delitos de acuerdo a lo valorado por el Tribunal de la Primera Instancia, no encuentra cabida alguna la denuncia del recurrente. En el devenir de la motivación plasmada en la recurrida, lejos de la sola transcripción de las deposiciones, el juzgador las adminicula y expone por qué las considera contestes unas con otras.

De la lectura de la sentencia recurrida, se pone en evidencia que al contrario de lo expuesto por los recurrentes, el Juzgador sí determina qué valoración le merecen las pruebas sometidas al contradictorio, materializándose así la motivación respecto a cada medio de prueba, y respecto a lo cual la defensa apelante, afirmara insuficiencia de análisis.

Por lo que en cumplimiento a ese requisito de producir un fallo armónico, formado por elementos diversos que se eslabonen entre sí, se inserta la obligación de apreciar positiva o negativamente las pruebas debatidas en el juicio, con el objeto de imprimir racionalidad al fallo, en correcta aplicación de la máxima jurisprudencial extraída del fallo N° 166 de fecha 01.04.2008, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha asentado, esta Sala evidencia que este aspecto denunciado no es procedente en derecho, por estar debidamente fundado el análisis probatorio, y por cuanto dicho análisis constituye el deber  esencial de todo juez de juicio al momento de estudiar cada prueba y darle motivación a la decisión. Y ello lo verifica esta Alzada dando estricto cumplimiento a lo establecido como doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Penal, fallo 122 del 05.03.2008, cuyo contenido indica que ‘las Cortes de Apelaciones como tribunales de derecho, al examinar los fundamentos de la sentencia, deben percatarse de la correcta hilvanación de los elementos ya establecidos por el sentenciador de juicio, de los cuales se desprende la razón de éste para adoptar la consecuencia judicial’.

Cabe destacar al respecto, que asimismo la Sala de Casación Penal, en relación con la correcta motivación que deben contener toda sentencia, ha establecido que los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional.

Sumando a ello, la Sala observa que al momento en que la Defensa Pública recurrente asegura debido a una seudo-insuficiencia probatoria- la vigencia de la Duda razonable operante a favor de sus representados, aseverando que a su criterio se mantiene intacto el principio de presunción de inocencia que arropa a los procesados; se olvida que el juzgador en su motivación afirmó su convencimiento cobre la culpabilidad de los enjuiciados.

Visto ello así, se verifica que explana en su ánimo de decidir el juzgador, la concepción de certidumbre respecto a las pruebas que formaron ante su jurisdicción, por estimar que llena su convencimiento; ante lo cual se asienta además que la duda razonable es una circunstancia que solo y exclusivamente cabría concebir en el razonamiento de aquel quien tiene el compromiso de deliberar; ‘Duda razonable es una duda con fundamentos de razón y no meramente caprichosa’, refiriéndose el verbo razón a juicio, a consciencia, en este caso del juez.

En este punto, resulta atinado dejar claro que la convicción judicial como fin de la prueba, no depende de un mayor o menor número de pruebas, sino de la adecuación y fuerza de convicción de éstas, con independencia de su número. Así mismo se quiera dar por reproducido el contenido de la respuesta dada por esta a la segunda denuncia del primer recurso, pues se advierte que ambas defensas hacen su queja bajo los mismos planteamientos.

En tal sentido, se aprecia que descarta el recurrente la posibilidad que tiene el juzgador según el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, de la libre apreciación de la prueba, siguiendo los parámetros exigidos por ese articulado para valorar las mismas, ya que este en forma implícita nos refiere que ya no hace falta como en efecto era necesario en el Código anterior inquisitivo, dos o más elementos para poder atribuir la comisión del hecho punible y su consecuente responsabilidad penal, gracias a nuestra Ley adjetiva penal la cual es garantista ofreciendo un sistema en el que no es condición sine qua nom, tener más de dos elementos o medios de prueba para lograr hacer efectiva esa responsabilidad penal, renovando o sustituyendo así la teoría del quantum de la prueba, por la mínima actividad probatoria, la cual señala que lo importante es crear el convencimiento en el juzgador independientemente  del quantum de la prueba.

Es de acotar que se percibe pues que una vez analizados y careados los medios probatorios para su apreciación – pues si se quiere la motivación como un razonamiento lógico, ésta se entiende como una operación intelectual, que deviene del examen de mérito traducido en valoración de la prueba, destinado a establecer la eficiencia conviccional que dimana de los medios de pruebas incorporados al proceso-, se produjo la obtención de elemento de culpabilidad; razón por la cual, esta Sala no verifica, el que como aducen los el (sic) apelantes, el órgano jurisdiccional de primera instancia haya subsumido su fallo en el vicio denunciado.

En relación a ello, a juicio de esta Corte de Apelaciones, parece el recurrente pretender que esta Alzada analice incidencia propias de primera instancia, en este caso la apreciación de las pruebas debatidas en el juicio oral, no obstante ser reiterado el criterio de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, cuando afirma que la valoración de las pruebas formadas en el juicio oral, no son censurables por los jueces de la Corte de Apelaciones ni por la Sala de Casación Penal, pues de acuerdo a los principio de oralidad, inmediación y contradicción esta facultad es exclusiva de los Jueces de Juicio. (Véase Sentencia N° 115 del 28 de febrero de 2008).

Por todo lo anterior este segundo recurso bajo una sola denuncia integrada por dos supuestos se declara sin lugar y así se decide. …”.

 

            Ahora bien, observa la Sala de lo antes transcrito, que la defensa del ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, denunció en apelación la falta de motivación de la sentencia dictada el 30 de marzo de 2015, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, por considerar que la misma solo se fundamentó en las declaraciones de los ciudadanos Samuel Franco, Carmen Rosa García y Oscar Manuel Torres, quienes en su oportunidad fueron cuestionados; el primero, por estar incurso en la presunta comisión de un delito de lesa humanidad y, los otros dos testigos, por ser sus deposiciones contradictorias.

 

            Es el caso, que al resolver dicha impugnación, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, hizo una resolución general que comienza señalando lo denunciado por la defensa del acusado de autos, para luego referir que el juez a quo “… sí realizó el análisis sistemático de los órganos de pruebas judicializados en el debate oral y público. ...”, sin hacer especial mención a cuáles órganos de prueba se refiere, invocando el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, así como conceptos y doctrinas jurisprudenciales establecidas por el Tribunal Supremo de Justicia, relacionados a la motivación que debe contener toda sentencia.

 

            Además, señala la sentencia de alzada que “… la oportunidad para desvirtuar tales testimoniales se agotó en la etapa de juicio oral mediante el principio de contradicción. …”, pero es el caso, que no dio cumplimiento a la labor que tiene la alzada de comparar lo advertido por la impugnante en el recurso de apelación, con lo establecido por el juzgador de juicio, a fin de resolver adecuadamente los planteamientos contenidos en el recurso de apelación, lo que evidencia en la presente causa, una falta de motivación.

 

            En efecto, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, simplemente se limitó a afirmar que el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio del mencionado Circuito Judicial Penal, “… sí determina qué valoración le merecen las pruebas sometidas al contradictorio, materializándose así la motivación respecto a cada medio de prueba. …”, sin embargo, no se desprende de la sentencia dictada por dicha Corte de Apelaciones, cuáles fueron los hechos, ni de qué forma fueron determinados por el tribunal de juicio, ni mucho menos la explicación en términos propios de esos hechos y como se llegó a la convicción de la responsabilidad penal del ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, lo cual permita a esta Sala, inferir que la motivación realizada por el tribunal “A quo” se encuentra ajustada a Derecho.

 

Al respecto, ha sostenido la Sala, en reiterada jurisprudencia, específicamente en la  signada con el número 390, de fecha 12 de julio de 2007, que la motivación de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones debe indicar el por qué considera que el tribunal “A quo” llegó al convencimiento de los hechos y la participación del justiciable, es decir debe “… expresar en su decisión cuál fue la actuación del acusado con ocasión al delito cometido y las circunstancias que lo responsabilizan. …”, y es el caso, que en la sentencia en estudio, no constan tales expresiones.

 

            En el presente caso, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, solo señaló que la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Juicio, es cónsona con las reglas de valoración previstas en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, pero no explicó con un razonamiento propio, fundado en un argumento jurídico apoyado en los hechos establecidos por el juzgado de primera instancia, el por qué consideró que la sentencia condenatoria dictada en contra del ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA,  fue impuesta conforme con el Derecho, de modo que permita al impugnante conocer las razones de hecho y de derecho que llevaron a la alzada a adoptar su resolución.

 

            Es por ello, que conforme con lo antes expresado la Sala declara CON LUGAR la única denuncia del recurso de casación interpuesto por el abogado Eddy Eduardo Núñez, Defensor Público Primero Auxiliar con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Defensa Pública  del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, a favor del ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA, y en consecuencia ANULA la decisión dictada el 17 de septiembre de 2015, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, ORDENA la remisión del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, a fin de que constituya una Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal, y REPONE la causa al estado de que una Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, conozca del presente caso y resuelva el recurso de apelación interpuesto a favor del acusado de autos, prescindiendo de los vicios que dieron origen a la presente decisión. Y así se decide.

 

            Conforme con lo establecido en el artículo 429 del Código Orgánico Procesal Penal, la presente decisión se hace extensiva, en cuanto les sea favorable, a todos los imputados que se encuentren en la misma situación y en idénticos motivos que el acusado recurrente.

 

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, dicta los pronunciamientos siguientes:

 

PRIMERO: declara CON LUGAR la única denuncia del recurso de casación interpuesto por el abogado Eddy Eduardo Núñez, Defensor Público Primero Auxiliar con competencia en materia Penal Ordinario, adscrito a la Defensa Pública  del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, en favor del ciudadano NAT KING JOSÉ OROZCO ORIHUELA.

 

SEGUNDO: ANULA la decisión dictada el 17 de septiembre de 2015, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar.

 

TERCERO: ORDENA la remisión del expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, a fin de que constituya una Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del referido Circuito Judicial Penal.

 

CUARTO: REPONE la causa al estado que la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones del estado Bolívar, conozca del presente caso y dicte una nueva sentencia prescindiendo de los vicios que originaron la nulidad anterior.

 

QUINTO: conforme con lo establecido en el artículo 429 del Código Orgánico Procesal Penal, la presente decisión se hace extensiva, en cuanto les sea favorable, a todos los imputados que se encuentren en la misma situación y en idénticos motivos que el acusado recurrente.

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                        La Magistrada Ponente,

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                                       ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

El Magistrado,                                                                                                             La Magistrada,

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA                           YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

EJGM

Exp. N°AA30-P-2015-000487