Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

El tres (3) de noviembre de 2016, es recibida en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, SOLICITUD DE AVOCAMIENTO constante de nueve (9) folios útiles y treinta y dos (32) folios útiles anexos, presentada por el abogado JOSÉ GREGORIO ECHENIQUE PERDOMO, identificado con la cédula de identidad nro. 5.138.972 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el nro. 25.847.

 

Solicitud al cual se le dio entrada el cuatro (4) de noviembre de 2016, asignándosele  el alfanumérico AA30-P-2016-000371 y en fecha siete (7) de noviembre de 2016 se designó ponente al  Magistrado Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

En virtud de ello, habiendo sido designado para emitir pronunciamiento sobre la presente solicitud de avocamiento, con el referido carácter se resuelve en los términos siguientes:

 

I

DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

Consta en las actas que el abogado JOSÉ GREGORIO ECHENIQUE PERDOMO, a través de la solicitud de avocamiento recibida ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el tres (3) de noviembre de 2016, solicitó que la Sala se avoque al conocimiento de la causa seguida contra la ciudadana MIRNA MARÍA GÓMEZ LUCERO ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, signada con el alfanumérico 2J-2256-14, indicando:


“…solicito a esta Sala de Casación Penal, que declare su competencia para conocer del presente asunto (…) pues, se trata de una Causa Penal, que ya tiene más de ocho (8) años y aún no se ha celebrado el correspondiente juicio, con la agravante que van más de dos (2) en espera que dicho Tribunal Segundo de Juicio, proceda a su apertura, pues siempre existe un pretexto para no hacerlo, así como tampoco ha dado contestación a las diferentes solicitud (sic) realizadas, entre ellos la falta de imputación por parte del Ministerio Público y la prescripción judicial de la acción (…) la presente causa tuvo su origen con la celebración de una ‘Audiencia Especial de Presentación’ en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil ocho (2008), mediante la cual el representante del Ministerio Público, solicitó ante el Tribunal de Control, la privativa de libertad en contra de la ciudadana Mirna María Gómez Lucero (…) la Juez Cuarto de Control respectiva, determinó que los hechos se encuadraban solamente en la comisión del delito de Estafa Agravada. Asimismo, acordó como medida cautelar su permanencia en el lugar donde tenía fijada su propio domicilio y aun lo mantiene (…) Siendo importante mencionar que el arresto domiciliario acordado por la Juez de Control, fue precisamente en el lugar donde el Representante de la Vindicta Pública había imputado la invasión y luego la acusación (…) El ciudadano Fiscal (…) consideró que la conducta de mi defendida (…) encuadra en la comisión de los delitos de Estafa Agravada, Invasión, Valimiento de Funcionario Público y Obtención de Dinero de Materia Ilícita. Mientras que la ciudadana Juez Cuarto de Control, consideró y así lo sentenció, que solamente la conducta estaba encuadrada en la comisión del delito de Estafa Agravada (…) el Ministerio Público acusó a mi representada por la comisión de los delitos sobre los cuales no se había realizado el acto de imputación (…) El representante de la Vindicta Pública, en su temerario escrito acusatorio consideró y así quedó equívocamente plasmado que, el delito de Estafa Continuada, se había producido por cuanto la hoy acusada (…) en su condición de presidenta de la Asociación, le solicitó a las personas asociadas y a otras no asociadas cantidades de dinero que oscilaban entre Bs. 20.000,00 y 30.000,00, para la adjudicación de diferentes apartamentos. Infiriéndose de tal acusación que el delito estaba relacionado tanto con el número de personas supuestamente estafadas, como con los montos de dinero aportados para la adjudicación de los apartamentos (…) La inadvertencia crasa del Fiscal del Ministerio Público, en omitir la imputación en el presente caso, por el delito de Estafa Continuada e inclusive por el delito de Invasión constituyó causal de nulidad absoluta (…) insté la Nulidad Absoluta de la Acusación (…) y los demás actos subsiguientes (…) Solicitudes que fueron omitidas reiteradamente por los diferentes Tribunales de Juicio que le han tocado conocer la presente causa e incluyendo a la actual Juez Segundo de Juicio (…) Dado que el juicio (…) se ha interrumpido y nuevamente iniciado en varias oportunidades, ha traído que sobre el mismo opere una consecuencia sobrevenida como es la prescripción (…) la presente causa se encuentra desde hace más de dos (2) años ante el Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial del estado Aragua, sin que se haya podido aperturar dicho juicio, así como tampoco se ha pronunciado la ciudadana Juez sobre las diferentes solicitudes reiteradamente instadas, tanto por escritos consignados como en las actas levantadas en dicho Tribunal, con la agravante que sobre mi representada pesa una medida cautelar sustitutiva de libertad…”.  

 

II

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

 

La potestad para que el Tribunal Supremo de Justicia en cualquiera de las Salas que lo integran, requiera algún expediente y se avoque a conocerlo, se encuentra establecida en el artículo 31 numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 106 eiusdem, los cuales prevén:

 

Artículo 31:

 

Son  competencias   comunes   de   cada   Sala  del  Tribunal  Supremo  de  Justicia: 1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley”.

 

Artículo 106:

 

Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal”.

 

En tal sentido, corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse acerca de la solicitud de avocamiento interpuesta por el abogado JOSÉ GREGORIO ECHENIQUE PERDOMO. Así se declara.       

 

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

El avocamiento es una atribución del Tribunal Supremo de Justicia, otorgada legalmente para atraer una causa que se desarrolla en un tribunal inferior, constituyendo una institución jurídica que le confiere a este máximo órgano judicial, la potestad para conocer y decidir, de oficio o a petición de parte, sobre cualquier expediente.

 

Efectivamente, debido a su carácter especial y excepcional, la solicitud que al respecto se realice, debe ser examinada con la prudencia debida, por cuanto exige cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que especifican:

 

Artículo 107:

 

El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desordenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática”.

 

Artículo 108:

 

La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios”.  

 

Tal como se ha señalado, el avocamiento procede de oficio o a instancia de parte. Esta segunda modalidad consiste en una petición a la Sala competente por la materia, debidamente sustentada por alguna de las partes en el proceso, para que se avoque a la causa, por considerar que se encuentra afectada de graves irregularidades que constituyen violaciones al orden jurídico y, por tanto, menoscaban la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática.

 

En este contexto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia pasa a examinar los requisitos exigidos para la procedencia del avocamiento, los cuales deben ser concurrentes, pues la ausencia de alguno de ellos conllevaría a la declaratoria de inadmisibilidad.

 

 Del escrito presentado se evidencia, que los fundamentos de la solicitud de avocamiento se circunscriben al trámite efectuado durante las diferentes fases del proceso penal, respecto a los planteamientos y solicitudes realizadas por la defensa de la ciudadana  MIRNA MARÍA GÓMEZ LUCERO, específicamente, en lo atinente al estado actual de la causa ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y los diferentes escritos presentados, que de acuerdo a lo indicado por el solicitante, no ha obtenido respuesta por parte de la referida instancia judicial; sin embargo, no consta en las actuaciones anexas a la solicitud de avocamiento alguna documentación que sustente su pretensión.

 

Al respecto, el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé:

 

Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal” (Resaltado de la Sala).

 

Denotándose en su contenido, que si bien no establece expresamente la exigencia de documentación que soporte la solicitud de avocamiento, ello no implica el derecho de alegar todo cuanto se considere en el escrito contentivo de la pretensión.  

 

 Interpretarla en ese sentido, sería crear una fuente de innumerables retardos procesales ante el traslado de expedientes desde la sede judicial natural hasta el Tribunal Supremo de Justicia y viceversa. Por tanto, la suma prudencia que establece el artículo 107 de la ley orgánica que regula al Máximo Tribunal de la República, exige que la Sala ejercite esta potestad cuando existan las condiciones para presumir que efectivamente lo que alega el solicitante es cierto, y ello puede hacerlo con la documentación pertinente, situación que no ocurrió en el caso bajo análisis.

 

De allí que, resulta necesario que el solicitante del avocamiento, acompañe la documentación que sustente su pretensión, la cual es igualmente necesaria a fin de verificar la cualidad y legitimidad de aquel que se presenta ante esta instancia judicial, que permita a la Sala de Casación Penal acreditar una presunción de veracidad para solicitar el expediente y comprobar de las actuaciones lo alegado.

 

Circunstancia esta, que no puede constatarse en el caso particular, toda vez que el requirente solo presentó un escrito mediante el cual solicitó el avocamiento y los anexos se circunscriben a una copia simple de un acta de audiencia de presentación (en la cual no se verifica que el solicitante sea defensor en el proceso), copias simples de solicitudes suscritas por el solicitante y copia simple de un documento de venta y constitución de hipoteca sobre un inmueble.

           

No obstante, de los argumentos expuestos por el solicitante, no se verifica que haya ejercido los diferentes mecanismos contemplados en la ley, con el objeto de solventar las situaciones jurídicas denunciadas mediante la presente solicitud de avocamiento, enfatizándose que la excepcionalidad de la figura jurídica del avocamiento, implica el cumplimento de ciertas condiciones y circunstancias previstas en la ley para que pueda prosperar la admisibilidad de la solicitud, elementos estos que no están presentes en el caso de autos.

 

Por ende, en el caso sub iudice no se evidencian los requisitos delimitados en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para la admisibilidad de la solicitud de avocamiento. En consecuencia, lo ajustado a derecho es declarar INADMISIBLE la solicitud de avocamiento presentada por el abogado JOSÉ GREGORIO ECHENIQUE PERDOMO. Así se decide.

 

IV

DECISIÓN

 

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO propuesta por el abogado JOSÉ GREGORIO ECHENIQUE PERDOMO identificado con la cédula de identidad nro. 5.138.972 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el nro. 25.847, respecto a la causa seguida contra la ciudadana MIRNA MARÍA GÓMEZ LUCERO ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, signada con el alfanumérico 2J-2256-14; de conformidad con lo establecido en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

          

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los dos (2) días del mes de mayo de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

(Ponente)

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Magistrada,

 

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

                    El Magistrado,

 

 

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

                                                                                

La Magistrada,

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE  DÍAZ

                                            

La Secretaria,

 

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN de GARCÍA

 

Exp. No. 2016-371

MJMP

 

            El Magistrado Doctor Juan Luis Ibarra Verenzuela no firmó, por motivo justificado.

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN de GARCÍA