Magistrado Ponente Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

En fecha once (11) de enero de 2017, el abogado RICARDO VARGAS CIFUENTES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 246.836, presentó ante esta Sala de Casación Penal escrito, el cual suscribiera, contentivo de la SOLICITUD DE AVOCAMIENTO del proceso penal seguido ante el Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contenido en el expediente identificado con el alfanumérico 7°C-1513-16 (de la nomenclatura de dicho Tribunal), contra la ciudadana MARÍA DE LOS SANTOS PÉREZ MENDOZA, titular de la cédula de identidad número V-6.915.546, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA EN GRADO DE FACILITADOR, previsto en el numeral 1 del artículo 406, en concordancia con el numeral 2 del artículo 84, ambos del Código Penal, y AGAVILLAMIENTO, tipificado en el artículo 286 eiusdem.

 

Solicitud a la cual se le dio entrada el doce (12) de enero de 2017, fijándosele el alfanumérico AA30-P-2017-000011, y posteriormente el día dieciséis (16) de ese mismo mes y año se dio cuenta de la referida solicitud a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal, siendo asignada la ponencia al Magistrado Dr. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

I

 DE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO

 

Consta en las actas de la causa bajo estudio, que la solicitud presentada y suscrita por el abogado RICARDO VARGAS CIFUENTES, actuando como defensor privado de la ciudadana MARÍA DE LOS SANTOS PÉREZ MENDOZA, desarrollo en el mismo, un primer capítulo titulado “PROLEGÓMENO DEL CASO”, en el cual se hace referencia a lo siguiente:

 

… Es el caso Honorables Magistrados, que mi defendida se encuentra privada de libertad injustamente desde el día veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016), con motivo de la decisión judicial dictada por el Tribunal Séptimo (7) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, en la causa penal signada bajo el número 07°C-1513-16 (nomenclatura del Juzgado 7 de Control), y en relación a la investigación penal signada: MP-31312-2016 (nomenclatura de la Representación Fiscal), la cual se encuentra totalmente inmotivada, por cuanto de la revisión pormenorizadamente (sic) el (sic) referido pronunciamiento, así como, de todos y cada uno de los folios que conforman la presente causa, podrá arribarse de manera inequívoca, que el mismo adolece [de] falta de motivación, la cual es exigencia conforme a la doctrina reiterada del Tribunal Supremos (sic) de Justicia en su Sala Constitucional, pues en esta  labor judicial se encuentra inmerso principios constitucionales de obligatorio cumplimiento por parte de los jueces, como lo son, el debido proceso, derecho a la defensa y (sic) tutela judicial efectiva; asimismo, se deja constancia, que en fecha 28 de julio del 2016, se publicó auto fundado de la Audiencia de Presentación de Flagrancia para la presentación del aprehendido o Aprehendida, celebrada en fecha 23 de junio de 2016, ante [el] Juzgado que conoce de la causa ut-supra mencionada. Ahora bien, en fecha 08 de agosto de 2016, los profesionales del derecho Ángel Hernández Salazar, Maryaholga Daboin Traspuesto, Farik Karin Mora Salcedo y Edward José Berroteran, actuando en representación del Ministerio Público, como Fiscal Provisorio y Auxiliar de la Fiscalía Trigésima Sexta (36) Nacional Plena, y Fiscal Provisorio y Auxiliar Interino de la Fiscalía Quincuagésima Quinta (55) del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, presentó ante el tribunal in comento, escrito de Revisión de la Medida, solicitando al Tribunal Séptimo (7) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, ‘… se sirva SUSTITUIR la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD que actualmente pesa sobre los imputados (…) MARÍA DE LOS SANTOS PÉREZ, de 48 años de edad, cédula de identidad N° V-6.915.546…’, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 236 y 242, COPP (sic); en concordancia con el artículo 37 numeral 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En fecha 08 de agosto de 2016, el Tribunal Séptimo (7) de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, en relación a la causa: 7°C-1513-16, dictó auto, acordando la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privativa Preventiva de Libertad, [de] conformidad con lo previsto [en] el artículo 242 numeral 3 eiusdem consistente en la presentación cada quince (15) días ante la oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas (…) Ahora bien, hasta esta oportunidad procesal, los diferentes medios de comunicación, noticias y la parte mediática en detrimento de los poderes legalmente constituidos, han generado una gran distorsión, creando diferentes matices de opiniones que en nada han ayudado a la libertad de quienes se ha (sic) demostrado en la presente investigación no tener participación de tipo penal en la comisión de algún tipo delictual, en el caso de mi representada ciudadana María De Los Santos Pérez Mendoza (…) esta defensa en procura que sea restablecida la situación jurídica infringida en el caso examinado, particularmente cuando las transgresiones delatadas tocan principios y garantías constitucionales, relativas al Debido Proceso, Derecho a la Defensa y (sic) Tutela Judicial Efectiva (…) esta defensa cree plenamente en los sistemas de justicia y el acatamiento de las Instituciones a favor del Debido Proceso, la Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la Defensa y la Presunción de Inocencia en la Institucionalidad y los poderes legalmente constituidos, exhortando a que todos se deben a la Constitución y las leyes, instancia superior, a favor a esta solicitud de AVOCAMIENTO (…) Por otra parte de acuerdo a los exámenes médicos practicados mi patrocinada presenta un cuadro médico desfavorable como lo es una HIPERTENSIÓN CRONICA, la cual se puede observar en la presente causa, derecho a la vida artículo 43 CRBV (sic), a la cual se le han dado las revisiones medicas necesarias, aun así el sitio más idóneo es su hogar y retornar a sus labores diarias…”.  

 

 

Asimismo, el prenombrado defensor en el tercer capítulo que lleva como título “FUNDAMENTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE AVOCAMIENTO”, describió lo que -a su criterio- constituyen los motivos para justificar esta pretensión, señalando lo que sigue:

 

… En principio es preciso señalar lo que establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia: ‘Artículo 107. Procedencia. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial la paz pública o la institucionalidad democrática’. El anterior artículo señala que el avocamiento procede en los casos de grave (sic) desorden (sic) procesal (sic) (…) es el caso Honorables Magistrados, donde la intervención de múltiples actores, debido a catorces (sic) (14) personas con diferentes defensas, circunstancias especificas de cada procesado, la intervención de varios Tribunales, la falta de despacho y por último la Procuraduría General de la República, que han impedido el normal desenvolvimiento de hiperprocersal (sic) encontrándonos que a la fecha de hoy, este desorden ha impedido la sana administración de justicia, lo que ha motivado la protesta de familiares, alguno de ellos sostuvieron huelga de hambre, según consta notas en la prensa, que atenta contra la paz pública, motivo por el cual estoy convencido que la intervención del Máximo Tribunal [es] urgente y necesaria. Fundamento la solicitud del avocamiento que aquí planteo, en [las] razones siguientes: En los hechos o antecedentes del caso explanado en el Capítulo II de este escrito. En la Doctrina asentada por esta Sala respecto a los requisitos de forma y fondo que deben cumplirse para que proceda el avocamiento (Sentencia No 017 del 24/01/2011), proferida por la Sala de Casación Penal. En lo preceptuado en los artículos 18 (aparte noveno, décimo, decimoprimero y decimosegundo) y 5 (sic) numeral (sic) 48 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. A tenor de todo lo antes expuesto ante cualquier agravio, irregularidades procesales, que inobjetablemente imponen a esta (sic) Sala, revisar por vía de avocamiento la situación planteada…”.

 

II

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

 

La potestad para que el Tribunal Supremo de Justicia, en cualquiera de las Salas que lo integran, requiera algún expediente y se avoque a conocer la causa allí documentada, está prevista en el numeral 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 106 eiusdem, los cuales prevén:

 

Artículo 31:

 

Son  competencias  comunes  de  cada  Sala  del  Tribunal  Supremo   de    Justicia: 1. Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley”.

 

Artículo 106:

 

Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal”.

 

De lo expuesto resulta categórico que es el Tribunal Supremo de Justicia el órgano competente para resolver los casos en materia de avocamiento, en virtud de lo cual, esta Sala de Casación Penal le corresponde conocer y decidir la presente solicitud, ya que la causa se encuentra vinculada al campo penal. Así se declara.

 

III

DE LOS HECHOS

 

Del contenido del escrito de solicitud de avocamiento se desprende, que no existe una completa y concatenada relación de las circunstancias fácticas de modo, tiempo y lugar, las cuales darían origen a la presente causa.

 

Ciertamente, expuso el solicitante:

 

Los hechos por los cuales el Ministerio Público, en la persona del abogado (sic) Miguel Ángel Hernández Salazar, Maryaholga Daboin Trasouesto, Farik Karin Mora Salcedo y Edward José Berroteran, actuando en representación del Ministerio Público, como Fiscal Provisorio y Auxiliar de la Fiscalía Trigésima Sexta (36) Nacional Plena, y Fiscal Provisorio y Auxiliar Interino de la Fiscalía Quincuagésima Quinta (55) del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente, solicitando SUSTITUIR LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, y EN SU LUGAR SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD. Por lo cual es importante resaltar que la medida cuya sustitución se solicita fue acordada en fecha 23 de junio de 2016, por la presunta y negada participación como Facilitadores en el delito de Homicidio Intencional Calificado, hecho ocurrido en fecha 19/01/2016, en la UD4 de Caricuao, aproximadamente a las 11:40 horas de la noche, donde aparece como víctima el hoy occiso RICARDO CONCEPCIÓN DURAN TRUJILLO, de 45 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-10.382.542, en relación a la investigación penal signada: MP-31312-2016. Al inicio de la presente investigación, se solicitaron ordenes de aprehensión en fecha 09-06-16 (sic) y 15-06-16 (sic) acordadas por el Tribunal Séptimo de Control AMC (sic) en fecha 13-06-16 (sic) y 15-06-16 (sic), respectivamente. Es importante resaltar que en la Audiencia de Presentación se mantiene la privativa y desestimado el delito de Corrupción Propia, acogiendo el  tribunal la precalificación Homicidio Calificado con Alevosía en grado de Facilitador, previsto y sancionado en el Código Orgánico Procesal Penal 406 (sic) numeral 1, en concordancia (sic) artículo 84 numeral 2, a su vez Agavillamiento previsto y sancionado en el artículo 286 ejusdem (sic), acordada en la Audiencia de Presentación para oír al imputado. Debe destacarse de la fase investigativa y las múltiples diligencias no se logró suficientes elementos de convicción que pudieran fundamentar una solicitud de una posible acusación…”.

 

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

El avocamiento se presenta como una institución jurídica especial y excepcional, cuya atribución es concedida por la ley al Tribunal Supremo de Justicia, en sus diferentes Salas de acuerdo a las materias de su competencia, por tal razón tendrá el más Alto Tribunal de la República la autoridad de conocer y decidir, de oficio o a solicitud de parte legitimada para ello, las actuaciones judiciales en un proceso en curso, teniendo la facultad de subsanar la ilegalidad en que pueda incurrir el órgano jurisdiccional, donde se sustancia la causa.

 

De lo expuesto hay que asumir, que se está ante un instrumento procesal -al igual que todos- donde la actividad de los sujetos del proceso está plasmada en unos requisitos, por lo que es necesario que adapten su conducta a lo regulado por la norma. Esto significa, que al interponerse la solicitud de avocamiento, como en el caso que nos ocupa, corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, hacer el análisis exhaustivo del escrito fundado, tomando en cuenta la determinación legal prevista en los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que especifican:

 

Artículo 107. Procedencia. El avocamiento será ejercido con suma prudencia y sólo en caso de graves desordenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática”.

 

Artículo 108. Procedimiento. La Sala examinará las condiciones de admisibilidad del avocamiento, en cuanto a que el asunto curse ante algún tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de avocamiento, la Sala oficiará al Tribunal de instancia, requerirá el expediente respectivo, y podrá ordenar la suspensión inmediata del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuación. Serán nulos los actos y las diligencias que se dicten en desacato a la suspensión o prohibición que se expida”.

 

De conformidad con el texto de estos artículos, la institución del avocamiento es únicamente procedente bajo las siguientes causales: cuando se producen actividades graves contrarias al orden jurídico, lo que inevitablemente repercutirá en el proceso trayéndole desórdenes; otras serían, que dada la infracción cometida a este sistema de normas que rige la organización legal, la misma fuese tan escandalosa, que perturbe lo que representa el Poder Judicial, que bien pudiera alterar la coexistencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudadanos, entendida como la paz pública, o quebrantar el eje de la sociedad con el Estado, mejor conocida como la institucionalidad democrática.

 

De tal manera, que la procedencia de esta figura contenida en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra supeditada a indicadores objetivos,  cuyo conocimiento es exclusivo de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, lo que implica que no todo asunto en la dinámica procesal conocida por los diversos tribunales de la República, es susceptible de avocamiento.

 

Por su parte, es necesario que el escrito de avocamiento sea presentado con el debido sustento, delatando la expresión del agravio y todas aquellas razones fundadas que lo hagan viable. Por consiguiente, revelar la simple referencia de lo que este surgiendo en autos no traería el resultado deseado por el solicitante. De esta manera, la exposición del solicitante debe ser “concisa y clara”, sin la necesidad que se estimule tampoco la molicie del juez casacional.

 

Adicionalmente, debido a la naturaleza jurídica del avocamiento tenemos que en el artículo 108 eiusdem, el legislador particularizó su procedimiento tomando en este punto la admisibilidad, que no es otra cosa sino la cualidad con la cual debe contar el escrito para ser aceptado, a los efectos de que se decida sobre la base de los presupuestos, como se ha dicho, ya predeterminados por el legislador, respecto de los actos o sentencias emanadas de cualquier tribunal de instancia que se cuestiona.

 

Se desprende de la propia letra del mencionado artículo, que este instituto de orden procesal permitirá a las distintas Salas de acuerdo con la naturaleza del conflicto planteado, conocer y revisar casos cuya competencia éste conociendo otro órgano jurisdiccional,  sin que fuese para ello un obstáculo la jerarquía y especialidad de éstos, ni una limitación la etapa o fase procesal en la cual pudiera hallarse.

 

Efectivamente, en el marco de la competencia de cada una de la Salas que integran el Tribunal Supremo de Justicia, éstas examinarán las condiciones concurrentes de procedencia del avocamiento, pues, no puede obviarse que es una figura procesal que brinda el ordenamiento jurídico, para  asegurar la adecuada protección de los derechos de todas las partes intervinientes en el proceso.

 

Se ha establecido además en la norma del artículo 108 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, una alternativa adicional y no es otra que, las irregularidades que se revelen debieron haber sido pretendidas previamente, sin satisfacción, por la vía ordinaria o extraordinaria, ya que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al darle ese carácter tuitivo a estos trámites o canales de reclamación, los habilita para que con ellos se restituya el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento deviene en un presupuesto procesal para que sea admisible el avocamiento.

 

Por último, añade la norma los efectos que puede llegar a producir el avocamiento, al ser admitido por alguna de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, que como es lógico, la primera de ellas, es que habrá una suspensión del procedimiento en el Tribunal de instancia que esté llevando la causa, indistintamente en el estado en que se encuentre, lo que trae a su vez que se le impida al justiciable que realice actos o diligencias, debido a esta decisión cautelar que surge como consecuencia del pronunciamiento de admisibilidad.

 

No obstante a ello, perfila el articulado, que desacatando el juez natural la respectiva medida, dado que continua dictando actuaciones en una causa donde no tiene de ningún modo el conocimiento del asunto, esto daría como resultado que la Sala declarase la nulidad de lo ejecutado. Efectivamente, no cumpliría esta actividad judicial con los requisitos establecidos por la ley para el logro de la finalidad propia del acto.

 

Recordemos que la incolumnidad del acto jurídico dependerá del estricto cumplimiento que se tenga de las garantías procesales, de lo contrario se originaría una subversión del proceso o su violación, de tal modo que, conllevaría a una desviación de las formas, la cual es necesaria para su existencia.

 

Por lo demás, al declararse con lugar el avocamiento, cada Sala con su función de juzgar de acuerdo a su determinada materia, en lo sucesivo tendrá el control del proceso que antes cursaba en un tribunal de inferior jerarquía; por tanto, dictará un pronunciamiento dirigido a solventar la situación infringida, enmarcada en lo que prevé el artículo 109 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tal como se muestra a continuación:

 

Artículo 109. Sentencia. La sentencia sobre el avocamiento la dictará la Sala competente, la cual podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado que tenga pertinencia, o decretar la nulidad de alguno o algunos de los actos de los procesos, u ordenar la remisión del expediente para la continuación del proceso o de los procesos en otro Tribunal competente en la materia, así como, adoptar cualquier medida legal que estime idónea para el restablecimiento del orden jurídico infringido”.

 

Tras lo expuesto, cobra claro significado que admitido el avocamiento y solicitado el expediente respectivo, este Alto Tribunal de la República fijará posición tomando una decisión de fondo sobre el punto controversial del proceso, en resguardo de una eficaz administración de justicia.

 

Así pues, de lo afirmado en líneas anteriores, es relevante tener en cuenta, que la procedibilidad de estos actos legales esta enlazada a la concurrencia de ciertos y determinados presupuestos procesales, que de no cumplirse, acarrearía que dicho instituto no fuese valido. De tal suerte, que pareciera lo más adecuado ordenarlos de la siguiente manera:

 

Legitimación

 

Son legitimados para interponer la solicitud de avocamiento, a tenor de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aquellos sujetos que figuran como partes en el proceso.

 

En efecto, del estudio que la Sala hiciera del presente escrito fue plasmado que la ciudadana MARÍA DE LOS SANTOS PÈREZ MENDOZA, titular de la cédula de identidad número V-6.915.546, ostenta la condición de imputada “… en la causa (…) bajo el número 07ºC-1513-16 (nomenclatura del Juzgado 7 de Control)…”, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA EN GRADO DE FACILITADOR, previsto en el numeral 1 del artículo 406, en relación con el numeral 2 del artículo 64, ambos del Código Penal, y AGAVILLAMIENTO, tipificado en el artículo 286 eiusdem.

 

Así tenemos, que la persona quien presenta y suscribe tal requerimiento es el abogado RICARDO VARGAS CIFUENTES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 246.836; asumiendo con su conducta estar en defensa de los intereses legítimos de la ciudadana  MARÍA DE LOS SANTOS PÉREZ MENDOZA.

 

No obstante a ello, si bien es cierto que el prenombrado abogado está desplegando una actividad a favor de la referida imputada, transformándose en su portavoz , también es cierto que no consta en la documentación presentada, pues ni recaudos fueron anexados, alguna circunstancia que por notoriedad judicial le demuestre a la Sala que este asesor letrado viene representando judicialmente a la procesada.

 

Efectivamente, a lo largo de todo el escrito la única referencia que tiene la Sala, de que el abogado RICARDO VARGAS CIFUENTES, probablemente sea el defensor técnico de la imputada, es solo por el manifiesto que hace esta persona, al comienzo de la solicitud, cuando dice estar “… procediendo en este acto…”, como “… DEFENSOR PRIVADO de la ciudadana María de los Santos Pérez Mendoza (…) titular de la cédula de identidad No. V- 6.915.546…”.

 

En consecuencia, establecido como ha quedado la falta de cualidad del abogado RICARDO VARGAS CIFUENTES, en el caso que nos ocupa, lo procedente y ajustado a derecho es declarar INADMISIBLE la solicitud de avocamiento presentada y suscrita por el referido ciudadano, tal como lo exige el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

 

V

DECISIÓN

 

          Por lo expuesto anteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE la solicitud de avocamiento presentada y suscrita por el abogado RICARDO VARGAS CIFUENTES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 246.836, al no demostrar el estatus de defensor técnico de la ciudadana MARÍA DE LOS SANTOS PÉREZ MENDOZA, del expediente identificado con el alfanumérico 7°C-1513-16 (nomenclatura del Tribunal Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas), de acuerdo a lo previsto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

         

Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los quince (15) días del mes de mayo de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

(Ponente)

 

     La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
La Magistrada,

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

                 El Magistrado,

 

 

   JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA         

 

 

La Magistrada,

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

Exp. 2017-011

MJMP