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Magistrado Ponente Doctor. MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
El 11 de abril de 2024, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el asunto penal signado bajo el número 6U-1151-22, nomenclatura de la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, contentivo del recurso de casación, interpuesto por la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público para intervenir en la fase intermedia y juicio oral de la Circunscripción Juridicial del estado Zulia, en la causa seguida al ciudadano PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, venezolano, titular de la cédula de identidad número 22.487.059, contra el fallo dictado y publicado el 5 de diciembre de 2023, por la precitada Sala de la Corte de Apelaciones, que declaró sin lugar el recurso de apelación de sentencia ejercido y confirmó la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el 1° de febrero de 2023 y publicada en su texto íntegro el 20 de junio de 2023, mediante la cual emitió los siguientes pronunciamientos: “(…) PRIMERO: CULPABLE Y RESPONSABLE PENALMENTE al ciudadano acusado PEDRO JOSE NAVA URDANETA, (…) en consecuencia se le condena a cumplir la pena de SEIS (06) AÑOS DE PRESIDIO mas las accesorias de ley establecidas en el artículo 16 del Código Sustantivo Penal, por la comisión del delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL con causal, establecido en el segundo párrafo artículo 410, concatenado con el 405 del Código Penal, cometido en perjuicio de (…) SEGUNDO: se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad (…)” (sic).
En esa misma fecha (11 de abril de 2024), se dio entrada al expediente en la Secretaría de esta Sala de Casación Penal, asignándosele el alfanumérico AA30-P-2024-000189, y de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente al Magistrado Doctor MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
En razón de ello, designado para emitir pronunciamiento sobre el recurso de casación interpuesto, se resuelve en los términos siguientes:
I
COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL
Previo a cualquier pronunciamiento, esta Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer del recurso de casación y, al efecto, observa:
El artículo 266, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone:
“… Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del Recurso de Casación…”.
Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece las competencias de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, concretamente, respecto a la Sala de Casación Penal, el artículo 29, numeral 2, de la referida ley especial, establece:
“… Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: … 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal…”.
Conforme con la normativa precedentemente expuesta, corresponde a esta Sala de Casación Penal el conocimiento del recurso de casación en materia penal.
En el presente caso, fue ejercido recurso de casación por la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público para intervenir en la fase intermedia y juicio oral de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en la causa seguida al ciudadano PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, venezolano, titular de la cédula de identidad número 22.487.059, contra el fallo dictado y publicado el 5 de diciembre de 2023, por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, que declaró sin lugar el recurso de apelación de sentencia ejercido y confirmó la decisión dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el 1° de febrero de 2023 y publicada en su texto íntegro el 20 de junio de 2023, mediante la cual condenó al precitado ciudadano, resultando esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, competente para conocer y decidir el presente recurso. Así se declara.
II
DE LOS HECHOS
Las circunstancias de modo, tiempo y lugar acreditadas en la sentencia publicada en su texto integro el 20 de junio de 2023, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; son los siguientes:
“(…)En fecha 08 de mayo de 2021, siendo aproximadamente las 09:00 horas de la mañana funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas Eje de Homicidio Zulia Base Guajira, se encontraban de labores de servicio cuando recibieron una llamada telefónica por parte de la ciudadana VICENTA MORILLO, quien es Concejal de los Pueblos Indignas de la Alcaldía de la Guajira, Estado (sic) Zulia, informándoles que en el Sector la Cocuiza, Calle y Casa sin número, Parroquia Ricaurte, Municipio Mara, Estado Zulia, se encontraba un cuerpo sin vida de una persona adulta de sexo masculino, quien en vida fuese su sobrino, y que falleció por causa de una herida producida por un arma blanca, por lo que de manera inmediata los funcionarios le informaron al jefe de la base de investigaciones INSPECTOR LENIN GUTIERREZ, quien les ordenó que conformaran una comisión, para trasladarse hasta dicho Sector, con la finalidad de realizar diligencias urgentes y necesarias que los conlleven al total esclarecimiento del hecho, encontrándose en dicha dirección los funcionarios fueron atendidos por una ciudadana quien dijo llamarse MARIA ROSARIO GONZALEZ, quien luego de manifestar los efectivos el motivo de su presencia dijo ser la progenitora del ciudadano occiso quien lo identifico como VIRGILIO SEGUNDO FERNANDEZ GONZALEZ, asimismo, manifestándole a los funcionarios que el día sábado 03/04/2021, su hijo VIRGILIO SEGUNDO FERNANDEZ GONZALEZ, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas, en la casa de su hermana, AITIANA PAOLA FERNANDEZ GONZALEZ, Ubicada en el Sector corazón de Mara, Calle 4 Casa Sin Número, Parroquia Ricaurte, Municipio Mara Estado (sic) Zulia, en compañía de uno amigos de nombre OSWALDO, PEDRO NAVA, ENDRY GONZALEZ Y CHIPA, en eso su hijo VIRGILIO empieza una discusión con PEDRO NAVA, quien es su cuñado, tratando de evitar la pelea logrando separarlos OSWALDO, CHIPA Y ENDRI, trascurrido cierto tiempo PEDRO sale por la puerta del fondo con un arma blanca (cuchillo), ocasionándole una herida al hoy interfecto, por lo que fue trasladado hasta el hospital Universitario de Maracaibo, Estado (sic) Zulia, el ciudadano fue intervenido quirúrgicamente cinco veces, posteriormente fue dado de alta, falleciendo el día Sábado 08/05/2021, en horas de la mañana, seguidamente la ciudadana procedió a trasladar a los efectivos hacia el lugar donde se encontraba el cuerpo de su hijo, observando que el cuerpo sin vida se encontraba dentro de un cajón de madera comúnmente denominado ataúd, procediendo el DETECTIVE ROLAND ABREU, a realizar la inspección técnica del lugar, de igual manera los funcionarios realizaron búsqueda a fin de localizar alguna evidencia de interés Criminalístico, no encontrando objeto alguno, pero siendo entregado por la mama del hoy fallecido, un arma blanca con la que hirieron a su hijo, asimismo le indicaron a la ciudadana que debía acompañarlos hasta su sede a fin de recibirle entrevista asimismo siendo las 10:10 horas de la mañana se procedió a traslada el cadáver hasta la MORGUE DEL SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA Y CIENCIAS FORENSES, PARROQUIA FRANCISCO EUGENIO BUSTAMANTE, MUNICIPIO MARACAIBO, ESTADO ZULIA, seguidamente los funcionarios se trasladaron hasta el Hospital Universitario, de Maracaibo del Estado (sic) Zulia, a fin de recabar información sobre el hecho investigado, no logrando ser atendidos, culminadas las diligencias regresaron a su despacho en compañía de los ciudadanos testigos presenciales del hecho ENDRY GONZALEZ, OSWALDO GONZALEZ, Y ALEXANDER FERNANDEZ, quienes despacho en compañía de los ciudadanos testigos presenciales del hecho NAVA, VIRGILIO FERNANDEZ, quien recibe un mensaje donde le dan la noticia de expusieron, que el día sábado 03-04-2021, se encontraban en casa de PEDRO que su hijo había fallecido, al recibir la noticia pide que bajen volumen a la música y a PEDRO NAVA, no le gustó y empieza una discusión con VIRGILIO FERNANDEZ, luego los separaron y llevaron a PEDRO NAVA, al interior de SU vivienda, donde al transcurrir un tiempo sale por la parte trasera de su vivienda con un arma blanca (cuchillo), hiriendo a VIRGILIO FERNANDEZ, seguidamente trasladándolo al hospital, posteriormente luego de analizar la entrevistas de dichos ciudadanos los funcionarios procedieron a trasladarse hasta el Sector Corazón de Mara, Calle 4, Casa sin Número, Parroquia Ricaurte, Municipio Mara, Estado (sic) Zulia, con la finalidad de ubicar e identificar al ciudadano, PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, autor del presente hecho, al llegar a la mencionada dirección fueron atendidos por la ciudadana AITIANA PAOLA FERNANDEZ GONZALEZ, solicitándole información sobre su cónyuge PEDRO JOSÉ NAVA, quien les manifestó que el mismo se encontraba en casa de su hermana ubicada en el Sector Bello Monte, Calle 03, Casa Sin Número, Parroquia Ricaurte, Municipio Mara, Estado (sic) Zulia, al llegar en dicha dirección los funcionarios lograron observar a un ciudadano con las características similares al de las requeridas por la comisión, quienes al darle la voz de alto emprendiendo veloz huida, procediendo los funcionarios a ingresar a la vivienda, logrando detenerlo y preguntándole porque toma esa actitud, manifestándole que él sabía que irían porque él había matado a su cuñado VIRGILIO FERNANDEZ, procediendo los funcionarios a realizarle la inspección corporal y solicitándole su documento de identificación logrando percatarse que era el sujeto requerido por la investigación, asimismo los efectivos le indicaron que quedaría detenido, dándole lectura de sus derechos y garantías constitucionales establecidos en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 127 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando así todo el procedimiento a la orden del Ministerio Publico. (sic)(Folios 03 y 04 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
III
ANTECEDENTES DEL CASO
De la revisión que realizó la Sala a las actas que conforman el presente expediente, se observa que:
En fecha 23 de junio de 2021, la Fiscalía Décima Octava (18°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, presentó escrito de acusación contra el imputado PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES O INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1° del Código Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Virgilio Segundo Fernández González. (Folios 95 al 104 de la pieza 1-1 del expediente).
En fecha 26 de octubre de 2021, se llevó a cabo la celebración de la Audiencia Preliminar ante el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, donde se emitieron los siguientes pronunciamientos:
“(…) PRIMERO: ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por la Fiscalía 18° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia (…) SEGUNDO: ADMITE TOTALMENTE LOS MEDIOS DE PRUEBAS ofrecidos por el Ministerio Público (…) Se admiten los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía 18° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia (…) así mismo se admiten como pruebas las solicitadas por la Defensa privada (…) TERCERO: SE MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD (…) CUARTO: SE ORDENA EL AUTO DE APERTURA A JUICIO (…) ” (sic). (Folios 175 al 183 de la pieza 1-1 del expediente). (negrillas del fallo)
En fecha 17 de noviembre de 2021, el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, dicta auto de apertura a juicio. (Folios 186 al 188 de la pieza 1-1 del expediente).
En fecha 3 de diciembre de 2021, el Juzgado Octavo (8°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, remite las actuaciones a la Oficina de Alguacilazgo a los fines de su distribución. (Folios 189 al 192 de la pieza 1-1 del expediente).
En fecha 4 de marzo de 2022, el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, recibe por distribución el expediente, fijando la audiencia para el 16 de marzo de 2022, siendo diferida la misma para el 16 de mayo de 2022, fecha en que se da la apertura del Juicio Oral y Público. (Folios 201 al 205 de la pieza 1-1 del expediente).
Luego de terminada la recepción de pruebas, en fecha 11 de enero de 2023, el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de conformidad con lo establecido en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, observa la posibilidad de una nueva calificación jurídica que no ha sido considerada por ninguna de las partes, específicamente el delito de “HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 410, en concordancia con el 405 numeral 1° del Código Penal”. (Folio 309 de la pieza 1-1 del expediente).
En fecha 1° de febrero de 2023, el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, concluyó el juicio oral y público condenando al ciudadano PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, a cumplir la pena de SEIS (6) AÑOS DE PRISIÓN, por el delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL CON CAUSAL, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 410, en concordancia con el 405, numeral 1°, del Código Penal. (Folios 321 al 329 de la pieza 1-1 del expediente).
En fecha 20 de junio de 2023, el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, publicó el texto integro de la anterior decisión, dictada al término del Juicio Oral y Público fuera del lapso legal establecido, siendo del tenor siguiente:
“PRIMERO: CULPABLE Y RESPONSABLE PENALMENTE al ciudadano acusado: PEDRO JOSE NAVA URDANETA, (…) en consecuencia se le condena a cumplir una pena de SEIS (06) AÑOS DE PRESIDIO, mas las accesorias de ley establecidas en el artículo 16 del Código Sustantivo Penal, por la comisión del delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL con causal, establecido en el segundo párrafo artículo 410, concatenado con el 405 del Código Penal; cometido en perjuicio de VIRGILIO SEGUNDO FERNANDEZ GONZALEZ.SEGUNDO: se mantiene la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, dictada en su oportunidad en contra del acusado PEDRO JOSE NAVA URDANETA, de conformidad con el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: se ordena notificar a las partes del presente asunto (…)” (sic). (Folios 2 al 60 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
En fecha 26 de junio de 2023, el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, impone de la sentencia al ciudadano acusado PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, en presencia de su abogado defensor y el Ministerio Público. Y en fecha 3 de julio de 2023, se notifica vía telefónica a la víctima. (Folio 61 y 63 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
En fecha 17 de julio de 2023, el abogado Eduardo José Mavarez García, en su carácter de Fiscal Provisorio Quincuagésimo (50°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, ejerció recurso de apelación de sentencia, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el 1° de febrero de 2023, publicado su texto íntegro el 20 de junio de 2023. (Folios 66 al 74 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
La Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Maracaibo, en fecha 14 de septiembre de 2023, admitió el Recurso de Apelación de sentencia interpuesto por el abogado Eduardo José Mavarez García, en su carácter de Fiscal Provisorio Quincuagésimo (50°) del Ministerio Público de la Circunscripción judicial del estado Zulia. (Folios 90 y 94 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
El 26 de octubre de 2023, se realizó la audiencia de apelación de sentencia definitiva, ante la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Maracaibo, en presencia del Ministerio Público, la Defensa Pública y el acusado, conforme al artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal y se acoge al lapso de los 10 días para decidir. (Folio 118 al 121 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
El 5 de diciembre de 2023, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Maracaibo, emite sentencia mediante la cual dictó los siguientes pronunciamientos:
“(…) PRIMERO: SIN LUGAR recurso de apelación de sentencia, interpuesto por el profesional del derecho EDUARDO JOSÉ MAVAREZ GRACÍA, actuando con el carácter de Fiscal Provisorio Quincuagésimo (50°) del Ministerio Público del estado Zulia. SEGUNDO: CONFIRMA la sentencia N°.040-2023, de fecha veinte (20) de junio de 2023, suscrita por el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. (…)” (sic). (Folios 135 al 160 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
En fecha 18 de enero de 2024, la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con sede en Maracaibo, realizó la imposición de la sentencia, publicada el 5 de diciembre de 2023, por ese Tribunal Colegiado, al acusado PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA. (Folios 192 al 194 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
En fecha 8 de febrero de 2024, el abogado Eduardo José Mavarez García, en su carácter de Fiscal Provisorio Quincuagésimo (50°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, ejerció recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, Maracaibo, de fecha 5 de diciembre de 2023, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso de apelación de sentencia interpuesto por el Ministerio Público y confirmó la sentencia dictada por Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, el 1 de febrero de 2023, publicado su texto íntegro el 20 de junio de 2023. (Folios 199 al 213 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
En fecha 27 de febrero de 2024, el Defensor Público Vigésimo Noveno de Indígena y con competencia en Penal Ordinario para la Fase del Proceso, adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Zulia, actuando en su carácter de defensor del acusado PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, dió contestación al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público. (Folios 215 al 227 de la pieza denominada Cuaderno de Apelación 1-1).
IV
NULIDAD DE OFICIO
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, esta Sala de Casación Penal, haciendo uso de la potestad revisora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha revisado las actas que conforman la presente causa y previo al pronunciamiento sobre la admisibilidad o desestimación del recurso de casación interpuesto; ha constatado la existencia de vicios de orden público que han devenido en el quebrantamiento de la tutela judicial efectiva, los cuales han ocurrido en el curso del juicio penal seguido en contra del ciudadano PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, vulnerando la garantía supra mencionada, en cuanto al derecho que tiene la victima a una sentencia justa y oportuna; estableciendo los hechos y a sus responsables; sancionándolos y otorgando las medidas de reparación integral, determinando la infracción del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, por ende, acarrea la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas en contravención de la Constitución y la ley, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 y 175, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, cuyos contenidos establecen:
“…Artículo 174. Los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las condiciones previstas en este Código, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, tratados, convenios, y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado.
Artículo 175. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Código, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela…” (subrayado nuestro)
En atención a los preceptos jurídicos señalados, la nulidad será declarada cuando:
a) Resulte comprometida la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, o la víctima, en los casos y formas que el Código Orgánico Procesal Penal, establezca.
b) Implique la inobservancia o violación de derechos o garantías fundamentales previstos en el texto adjetivo penal vigente, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales, suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
Esta Sala de Casación Penal, de la revisión detallada de las actas que conforman la presente causa, observo que:
El Ministerio Público, presentó acusación en contra del ciudadano PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES O INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1°, del Código Penal, en perjuicio ciudadano: Virgilio Segundo Fernández González.
Debiéndose destacar que dicha calificación fue considerada por el Fiscal del Ministerio Público, en virtud del resultado de la totalidad de las diligencias practicadas en la fase preparatoria, destacándose entre ellas el protocolo autopsia, el cual fue fundamental para determinar la causa de la muerte, considerando que del resultado de la misma, el médico anatomopatólogo indico “…que la causa de la muerte fue Shock séptico por sepsis de punto de partida enteral por post operatorio tardío como complicación por herida por arma blanca punzo cortante …” (subrayado nuestro).
Posteriormente en el acto de la Audiencia Preliminar, el Tribunal Octavo (8°) de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, luego de ejercer el control correspondiente (material y formal) del escrito de acusación, se pronuncio sobre dicho acto conclusivo, emitiendo los siguientes pronunciamientos: “ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACIÓN presentada por la Fiscalía 18° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia (…) SEGUNDO: ADMITE TOTALMENTE LOS MEDIOS DE PRUEBAS ofrecidos por el Ministerio Público (…) Se admiten los medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía 18° del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia (…) así mismo se admiten como pruebas las solicitadas por la Defensa privada (…) TERCERO: SE MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD (…) CUARTO: SE ORDENA EL AUTO DE APERTURA A JUICIO (…)” (sic), para posteriormente llevarse a cabo el juicio oral y público en fecha 16 de mayo de 2023.
Tal y como se indicó anteriormente, terminada la recepción de pruebas, en fecha 11 de enero de 2023, el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, advierte la posibilidad de una calificación jurídica que no fue considerada por ninguna de las partes, específicamente el delito de “HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 410, en concordancia con el 405 numeral 1° del Código Penal”. No obstante, en fecha 1° de febrero de 2023, al momento de concluir el juicio sorprendentemente condena al ciudadano PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, por el delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL CONCAUSAL, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 410, en concordancia con el 405, numeral 1°, del Código Penal.
Dicho cambio fue considerado por el Juez de Instancia, quien de manera ilógica señala una causa preexistente que consideró determinante para la muerte del ciudadano VIRGILIO SEGUNDO FERNÁNDEZ GÓNZALEZ, como lo fue una laparotomía explorativa que se le realizara al occiso hace 14 años, producto de una herida por arma de fuego y una superviniente como lo es “Complicación post operatoria en la colonoscopia”.
Si bien es cierto, el Juez de Juicio tiene la facultad de modificar esencialmente la calificación jurídica, inmediatamente después de terminada la recepción de las pruebas (si antes no lo hubiere hecho), advirtiendo al acusado de esa posibilidad, no obstante, dicho cambio no puede modificar el hecho en su propia esencia, es necesario que el juez conforme a los órganos de prueba que haya presenciado considere esa posibilidad que no fue observada por ninguna de las partes.
Resulta determinante en razón de la nueva calificación jurídica advertida, realizar un análisis del delito de Homicidio Preterintencional, previsto en el artículo 410 del Código Penal, el cual fue la nueva calificación jurídica anunciada por el juez de juicio, cuyo contenido se transcribe a continuación:
“Artículo 410. El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causare la muerte de alguno, será castigado con presidio de seis a ocho años, en el caso del artículo 405; de ocho a doce años, en el caso de artículo 406; y de siete a diez años, en el caso del artículo 407.
La preterintención consiste en la producción de un resultado típico que va más allá del dolo inicial. Entendiéndose entonces que el homicidio preterintencional, se perfecciona con un resultado no deseado, donde si bien el sujeto activo acciona con dolo directo con el fin de generar una lesión, dicha actividad sobrepasa el resultado deseado conduciendo a la muerte de la víctima.
De ahí que las características del tipo penal requiere tres condiciones fundamentales: 1) que el sujeto activo accione con intención de solo causar una lesión. 2) que dicha acción sea proporcional y que no sobrepase los límites de la defensa y (3) que la muerte se produzca como resultado de una condición que no haya sido conocida o representada por el sujeto activo.
No obstante, el Juez de Juicio, al momento de dictar sentencia decide condenar al acusado PEDRO JOSE NAVA URDANETA, por el delito de Homicidio Preterintencional Concausal, previsto y sancionado en el artículo 410 del Código Penal vigente (sin hacer la advertencia correspondiente a la concausa), en este sentido el referido tipo penal establece:
“Artículo 410. El que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causare la muerte de alguno, será castigado con presidio de seis a ocho años, en el caso del artículo 405; de ocho a doce años, en el caso de artículo 406; y de siete a diez años, en el caso del artículo 407.
Si la muerte no hubiese sobrevenido sin el concurso de circunstancias preexistentes desconocidas del culpable, o de causas imprevistas o independientes de su hecho, la pena será la de presidio de cuatro a seis años, en el caso del artículo 405; de seis a nueve años, en el caso del artículo 406; y de cinco a siete años, en el caso del artículo 407.” (subrayado de la Sala)
Para que se dé este tipo penal es indispensable que existan circunstancias preexistentes desconocidas del culpable, o de causas imprevistas o independientes de su hecho, que sin ellas no haría sobrevenido la muerte. Es decir el sujeto activo tiene el propósito de lesionar al sujeto pasivo, destacando que solo con la conducta objetiva del agente, por sí sola, no es suficiente para causar la muerte, por lo que es preciso que exista una causa preexistente o superviniente (sobrevenida de algo propio del sujeto, no producida por la lesión causada) para ocasionar la muerte del sujeto pasivo, es decir obra con animus nocendi (intención de causar daño).
Por ello, la inferencia considerada por el Juez resulta contradictoria, ya que en principio considera que la intención dolosa ejecutada por el acusado PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA, era de alcanzar un resultado concreto (lesionar), para luego determinar que por una causa preexistente (laparotomía explorativa que se le realizara al occiso hace 14 años, producto de una herida por arma de fuego) y superviniente “Complicación post operatoria en la colonoscopia”, se produjo un efecto más allá del resultado previsto.
Advirtiendo la Sala que al verificar el protocolo de autopsia, contenido en el expediente, se evidenció que ni la condición preexistente ni superviniente desencadenó la muerte de la víctima, contrario a las afirmaciones expuestas por el tribunal, constituyendo que la causa de la muerte determinada en el informe forense es: “Shock séptico por sepsis de punto de partida enteral por post operatorio tardío como complicación por herida por arma blanca punzo cortante…”. Situación que evidenció la falta de un verdadero análisis de las circunstancias del caso y de las consideraciones fácticas planteadas en el trascurso del juicio oral, lo que ocasionó un vicio de nulidad absoluta por contradicción de la sentencia en virtud de su consecuente inmotivación.
Cabe destacar además que el Juez Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con dicho pronunciamiento generó la afectación de las garantías constitucionales de la víctima, derivando en consecuencia una ruptura del principio de congruencia, es decir, esa relación que debe necesariamente existir entre lo alegado y probado en autos y la valoración que se realiza como base de su convicción para dictar el fallo.
Por ello, es una exigencia que los jueces al momento de dictar sentencia señalen los motivos de hecho y de derecho de la decisión, afirmando el sentido de la norma y subsumiendo en ella los hechos ciertos, en otras palabras, indicar la ley aplicable, interpretar su alcance, analizar los hechos demostrados y asemejarlos o diferenciarlos con el supuesto de la norma, y concluye aplicando o no el efecto contemplado en la misma norma. Es decir en la motivación se contiene todo el proceso lógico jurídico seguido por el juez para llegar a la conclusión del fallo.
En el caso concreto, es evidente que el juez se aparto en el recorrido del itinerario lógico para condenar al acusado, pues estableció una causa de muerte distinta a la reflejada y determinada por el médico anatomopatólogo en el protocolo de autopsia, que de manera clara y precisa estableció que la causa de la muerte de la víctima fue como consecuencia de un “Shock séptico por sepsis de punto de partida enteral por post operatorio tardío como complicación por herida por arma blanca punzo cortante”, no dejando lugar a dudas a interpretaciones o especulaciones sobre el verdadero motivo que genero la muerte de la víctima en el presente caso.
Los principios lógicos deben ser considerados por los jueces al emitir sus sentencias, toda vez que permiten darle una dirección lógica y coherente al fallo correspondiente, en el caso bajo estudio el juez de instancia con su decisión de condenar al hoy acusado por el delito de Homicidio Preterintencional Concausal, transgredió dicho principio, específicamente el de NO CONTRADICCIÓN, el cual desde el punto de vista ontológico establece que nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido; siendo esto una de las leyes clásicas del pensamiento lógico. El principio de no contradicción permite juzgar como erróneo todo aquello que implica una contradicción.
Por lo tanto es imposible que la causa de la muerte de la víctima haya sido al mismo tiempo y en el mismo sentido como consecuencia de una causa preexistente (laparotomía explorativa que se le realizara al occiso hace 14 años, producto de una herida por arma de fuego) y superviniente como lo es “Complicación post operatoria en la colonoscopia”, así como por la afección mortal ocasionada por un “Shock séptico por sepsis de punto de partida enteral por post operatorio tardío como complicación por herida por arma blanca punzo cortante”,
De los hechos acreditados se evidencia que el hoy acusado produjo una herida a la víctima utilizando un arma blanca (cuchillo) que desencadenó en el tiempo la muerte como consecuencia de un “Shock séptico por sepsis de punto de partida enteral por post operatorio tardío como complicación por herida por arma blanca punzo cortante”, y no por las causas concluidas ilógicamente por el juez de instancia. Sobre este particular en sentencia N° 154 del 13/3/2001, con ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, expreso: “...discurre sin acierto por la falta de los modos propios de expresar el conocimiento…”.
En este sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 26 constitucional, comprende la obligación, por parte de los jueces, de justificar racionalmente las decisiones judiciales. Asimismo, en desarrollo de esta norma constitucional, la exigencia acuñada en el encabezamiento del artículo 157 del Código Orgánico Procesal, a cargo de los Jueces, de dictar sus decisiones por autos fundados, tutela los Derechos y Garantías Constitucionales a la Tutela Judicial Efectiva y al Debido Proceso.
Ciertamente, la garantía a la tutela judicial efectiva implica la exigencia de un Proceso Debido, que se traduce en un conjunto de garantías mínimas que protegen a los justiciables, asegurándoles, una recta administración de justicia, la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales conforme a Derecho, que exige a los órganos de la administración de justicia, a que sus pronunciamientos estén sustentados en un análisis razonado y lógico de los hechos controvertidos o motivos razonables, lo que implica que todo pronunciamiento contenga los motivos o razones de hecho y de derecho en que se apoye su dispositivo para el conocimiento y comprensión de los justiciables, garantizándoles, no solo la posibilidad de apreciar que la resolución judicial obedece a una comprensión racional del ordenamiento jurídico y no a la arbitrariedad, sino también, el control de la legalidad del pronunciamiento, mediante el ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios legalmente establecidos.
Por tanto, al proferir el juez de juicio una sentencia condenatoria contraria a las reglas del pensamiento, conculcó la tutela judicial efectiva de la víctima por cuanto se aparta de la racionalidad y dicta una sentencia cuya motiva versa sobre interpretaciones contrarias, socavando en consecuencia tal y como se indicio anteriormente el principio de no contradicción, vale acotar que dicha decisión en los términos antes expuestos, constituye un vicio que afecta al Debido proceso (derecho a la defensa) y por ende, a la Tutela Judicial Efectiva, constitucionalmente reconocida y garantizada.
Por otra parte, la Sala debe destacar como el Juez Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, antes de dictar la sentencia condenatoria, incurrió en un vicio que afecta el orden procesal que se traduce en la violación del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto condenó al hoy acusado por el delito de Homicidio Preterintencional Concausal, delito éste, que no fue advertido como una nueva calificación por el Juez de conformidad con lo establecido en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, no dándole la posibilidad a las partes de solicitar la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa, es decir, creó una irregularidad y en consecuencia generó una anormalidad dentro del proceso, comprometiendo su validez y eficacia, incurriendo así en una notoria infracción de las garantías constitucionales del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Lo antes expuesto no deja lugar a dudas, que el juez de instancia, incumplió con las reglas establecidas en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, pues al condenar al hoy acusado por un delito inexistente para las partes, se generó la afectación de las garantías constitucionales de los mismos.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Carta Magna, en relación con los artículos 174 y 175, del Código Orgánico Procesal Penal, ANULA DE OFICIO la sentencia dictada en fecha 20 de junio de 2023 por el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA a cumplir la pena de seis (6) años de presidio, más las accesorias correspondientes, por la comisión del delito de “HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL CON CAUSAL”, establecido en el segundo párrafo del artículo 410 del Código Penal en relación con el artículo 405 eiusdem, así como todos los actos posteriores, quedando incólume la presente decisión. En consecuencia, REPONE la causa al estado que un tribunal de juicio distinto al que conoció del presente expediente, realice un nuevo juicio con prescindencia de los vicios advertidos en la presente decisión. Así se decide.
V
DECISIÓN
Por todo lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: ANULA DE OFICIO la sentencia dictada en fecha 20 de junio de 2023 por el Juzgado Sexto (6°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual se condenó al ciudadano PEDRO JOSÉ NAVA URDANETA a cumplir la pena de seis (6) años de presidio, más las accesorias correspondientes, por la comisión del delito de “HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL CON CAUSAL”, establecido en el segundo párrafo del artículo 410 del Código Penal en relación con el artículo 405 eiusdem, así como todos los actos posteriores, quedando incólume la presente decisión.
SEGUNDO: REPONE la causa al estado de que un nuevo Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio del indicado Circuito Judicial Penal, realice un nuevo juicio con prescindencia de los vicios advertidos en la presente decisión.
TERCERO: ORDENA remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, para su distribución a un Tribunal en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, para que conforme a sus atribuciones y competencia, fije con la urgencia debida, la oportunidad para la realización de un nuevo juicio.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Remítase el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil veinticuatro (2024). Años 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
La Magistrada Presidenta,
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
La Magistrada Vicepresidenta,
CARMEN MARISELA CASTRO GILLY
El Magistrado,
MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
(Ponente)
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
MJMP
AA30-P-2024-000189