Magistrado Ponente Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
VISTOS.
El
Juzgado Superior Séptimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área
Metropolitana de Caracas, a cargo del Juez Temporal Olimpia Suarez De Algarra,
el 20 de abril de 1998 dictó decisión en la que ABSOLVIÓ a los imputados ANSELMO
RAMÓN CASTILLO ANZOLA, venezolano, natural de Ocumare del Tuy, Estado
Miranda, soltero, mayor de edad, portador de la cédula de identidad V-6.199.644
y ALFREDO RIVAS ESPINOZA, de
nacionalidad venezolana, natural de Caracas, casado, mayor de edad y portador
de la cédula de identidad V-6.438.415, de los cargos que les fueran formulados
por la comisión del delito de HOMICIDIO
INTENCIONAL EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, previsto en el artículo
407 del Código Penal y en relación con el artículo 426 "eiusdem".
Contra
dicho fallo anunció recurso de casación la abogada Omaira Ramírez, Fiscal
Cuadragésima Octava del Ministerio Público de la referida Circunscripción
Judicial y remitido el expediente a la extinta Corte Suprema de Justicia, ahora
Tribunal Supremo de Justicia, se dio cuenta en Sala y el Magistrado previamente
designado Ponente informó que el recurso fue admitido por el tribunal "a
quo".
En la
reapertura del lapso legal, interpuso recurso de casación de forma la Fiscal
Primera ante este Tribunal Supremo, abogada María Trinidad Silva de Vilela.
Habida
la designación del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, en fecha 14
de enero del año 2000 le correspondió la presente ponencia.
Cumplidos
como han sido los demás trámites procedimentales del caso, se pasa a dictar
sentencia de acuerdo con el régimen procesal transitorio y según lo previsto en
el ordinal 2º del artículo 510 del Código Orgánico Procesal Penal.
FUNDAMENTO DEL RECURSO DE FORMA.
La
recurrente, con base en el ordinal 2º del artículo 330 Código de Enjuiciamiento
Criminal, denunció la infracción del segundo aparte del artículo 42
"ibídem", por cuanto en el fallo recurrido no se expresaron con la
debida claridad y precisión las razones de hecho y Derecho de la determinación
judicial que absolvió a los imputados y adujo que la sentencia impugnada
incurrió en falta de motivación.
Transcribe
la recurrente parte del fallo y denunció que se dejaron de analizar y comparar
las declaraciones de las ciudadanas Marilen y Vicenta Norelys Sierra Aguiar,
María Cecilia Rodríguez, y Josselina Bello Rodríguez.
La
Sala, para decidir, observa:
De la
lectura del fallo impugnado, se constata que no es cierta la imputación hecha
por la recurrente: el Juzgador, al comprobar el cuerpo del delito de homicidio
intencional en grado de complicidad correspectiva así como la responsabilidad
penal de los imputados, lo hizo con los siguientes elementos probatorios:
1)
Transcripción
de novedades diarias llevadas por la división contra homicidios del Cuerpo
Técnico de Policía Judicial.
2)
Las
Actas Policiales suscritas por los funcionarios Pedro Magallanes, Richard
Lozada, Anselmo Castillo, Miguel Marcano, Edrin José Salazar y José Luis
Santana.
3)
Las
declaraciones de los imputados Anselmo Castillo Anzola y Alfredo Rivas
Espinoza, siendo consideradas por el Juzgador "a quo" como una
confesión calificada.
4)
Las
declaraciones de los ciudadanos Marilen Josefina Sierra Aguiar, María Dilcia
Rodríguez, María Cecilia Rodríguez, Carmen Alicia Vergel Hernández, Vicenta
Norelis Aguiar, Josefina Bello Rodríguez, José Hernán Barajas Nieto, Elvira
María Palmero Barreto, Víctor Tulio Barajas y Ramón Antonio Barajas Nieto.
5)
El
protocolo de autopsia, practicado al cadáver de Alexander Bello Rodríguez.
6)
La
Experticia Balística suscrita por los funcionarios Raiza Ascanio y Estela
Becerra Rangel.
7)
Las
Experticias Hematológicas suscritas por los expertos Patricia Zambrano y José
Gregorio Hernández, practicadas a muestras de sangre colectadas al occiso y en
la calle el Padre, vía pública, Carapita, Parroquia Antímano.
8)
El
análisis de Trazas de Disparos (practicado por los expertos Nélida Ascanio
Morffes y Ramón González) de muestras tomadas al occiso.
En
este sentido, luego del debido análisis y comparación de cada uno de ellos
entre sí, les asignó el valor probatorio correspondiente; En relación con la
excepción de hecho dada por los imputados al momento de confesar, estableció
que no resultó falsa o inverosímil y
que, por el contrario, satisfizo plenamente
los extremos legales exigidos por el ordinal 3º del artículo 65 del
Código Penal que prevé la figura de la legítima defensa, cuyos extremos
quedaron acreditados como producto de la decantación del mérito de cada
probanza. Se acreditó que no fueron los imputados quienes provocaron el
enfrentamiento donde resultara abatido el ciudadano ALEXANDER BELLO RODRÍGUEZ,
pues los mismos se encontraban realizando un operativo en búsqueda del hoy
fallecido, quien en horas de la mañana del día en que ocurrieron los hechos
había lesionado a una persona; al avistar los funcionarios a varios sujetos, y
darles la voz la voz de alto, éstos le dispararon y los agentes policiales
tuvieron la necesidad de hacer uso de sus armas de reglamento en resguardo de
su integridad física, resultando lesionado el hoy occiso y quien participaba en
el enfrentamiento, perdiendo posteriormente la vida en el hospital Miguel Pérez
Carreño.
Posteriormente,
en relación con las pruebas testimoniales denunciadas por el recurrente, se
precisó:
"…En primer lugar esta Superioridad
analiza las declaraciones de las ciudadanas MARILEN SIERRA AGUILAR, MARIA
CECILIA RODRIGUEZ, VICENTA NORELIS SIERRA AGUILAR y JOSEFINA BELLO RODRIGUEZ;
coincidiendo las mismas en que funcionarios adscritos a la Policía
Metropolitana se introdujeron a la casa de la segunda de las nombradas y le
efectuaron disparos al ciudadano ALEXANDER BELLO RODRIGUEZ, los cuales le
ocasionaron la muerte; no obstante dichas declaraciones son contradictorias con
los demás datos del procesado y en especial con lo manifestado por los
funcionarios policiales transcrita al inicio de este capítulo; quienes dejan
constancia de haber conseguido evidencias de que en el lugar de los hechos se
produjo un enfrentamiento entre los procesados y el hoy occiso. Así mismo se
observa serias contradicciones en relación en relación de las circunstancias de
modo y lugar exacto, como ocurrieron los hechos motivo de la presente
sentencia.
En segundo lugar tenemos las declaraciones de la ciudadana CARMEN ALICIA
VERGEL DE HERNANDEZ, rendidas ante
la División contra Homicidio del Cuerpo Técnico de Policía judicial y por ante
el Juzgado Aquo, las cuales además de ser contradictorias con la s actas
policiales antes transcritas se contradicen entre sí, al manifestar por ante el
Cuerpo Técnico de la Policía Judicial: "que vio a varios funcionarios de
la policía Metropolitana y al poco rato escuchó a la señora MARIA RODRIGUEZ,
gritar que por favor no lo matara, luego escucho varios disparos y se introdujo
a la Iglesia, enterándose al otro día que habían matado al hijo de la señora
MARIA", no obstante dicha ciudadana ante el juzgado de la causa
afirma:" que vio a los funcionarios policiales que sacaron al muchacho
esposado y lo acostaron en la escalera y en ese momento llegó la mamá del
muchacho y les gritaba que no lo mataran, procediendo los funcionarios
policiales a disparar a la humanidad del hoy occiso. Dicha declaraciones son a
todas luces incompatibles, creando dudas en este sentenciador acerca de la
veracidad de las mismas, siendo que incluso la madre del hoy occiso manifiesta,
que no se encontraba en el lugar de los hechos…".
De
todo lo expuesto se observa que el Juzgador de la Segunda Instancia desechó
correctamente tales declaraciones, dándole el justo alcance que tiene el
artículo que se denuncia como violado. En consecuencia, la presente denuncia
debe ser declarada sin lugar. Así se declara.
Este
Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con los artículos 257 de la
Constitución de la República y 13 del Código Orgánico Procesal Penal, ha
revisado el fallo impugnado y lo encuentra ajustado a Derecho en relación con
los pronunciamientos que no fueron objeto de impugnación. De allí que no
procede a declarar la nulidad de oficio. Así se decide.
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones expresadas, este
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia
en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
declara SIN LUGAR el recurso de
casación de forma interpuesto por la Fiscal Primera del Ministerio Público ante
la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, contra la
sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas, el 20 de abril de 1998.
Publíquese,
regístrese y bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencia del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los 25 días del mes de mayo del año dos mil. Años 190º de la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente,
JORGE L. ROSSEL SENHENN
El Vicepresidente,
RAFAEL PÉREZ PERDOMO
El Magistrado,
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
(Ponente)
La Secretaria,
LINDA MONROY DE DÍAZ
EXP: 98/1060
AAF/DO/rb.