VISTOS.
Ponencia del Magistrado Dr. ALEJANDRO
ANGULO FONTIVEROS
El
Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio
Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 12 de Marzo de
1999, REVOCÓ el beneficio de Libertad
Provisional bajo fianza acordado a favor de WILLIAM RAMÓN TORREALBA, venezolano, natural de Puerto Cabello,
Estado Carabobo, y portador de la cédula de identidad V- 7.145.139.
El Defensor Provisorio del imputado, abogado ARÍSTIDES
RUBIO HERRERA, ejerció recurso de amparo contra la decisión del Juzgado Quinto,
por la violación de los derechos consagrados en los ordinales 1° y 6° del
artículo 60 de la Constitución de 1961; y el 7 de abril de 1999, el Juzgado
Superior Tercero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo
lo declaró inadmisible, según el
artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Contra ese auto
recurrió de hecho el Defensor Provisorio del imputado. Expresa el recurrente
que el Juzgado Superior que declaró inadmisible la acción de amparo, remitió el
expediente ese mismo 7 de abril al
Tribunal Quinto de Primera Instancia, sin que el imputado hubiese podido
ejercer su derecho de apelación contemplado en el artículo 35 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y, por tanto,
esta decisión cercena su derecho a la
defensa. También expone que el 12 de
abril de 1999, presentó el escrito de apelación sin que el Tribunal Superior se
hubiese pronunciado al respecto.
Recibido el expediente en este Tribunal Supremo de
Justicia, se dio cuenta. Constituida la Sala el 10 de enero del año 2000, se
reasignó la Ponencia el 14 de febrero de ese mismo año y correspondió a quien
con tal carácter la suscribe.
Cumplidos los trámites procedimentales, la Sala decide de la siguiente manera:
Con la entrada en vigencia del Código Orgánico
Procesal Penal se derogaron, según lo establecido en su artículo 501, todas las
normas de los procedimientos penales que se opongan a éste. Sin embargo, quedó
decidir de decisión este recurso de hecho, para el cual se encuentran vigentes
las normas que debían aplicarse en su momento y ser previene así una posible
indefensión al recurrente.
Antes de examinar si es procedente o no el recurso de
hecho, es necesario establecer la competencia de esta Sala de Casación Penal
para conocer el fondo del asunto:
El Defensor Provisorio de WILLIAM RAMÓN TORREALBA
recurre de hecho contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en
lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, que declaró
inadmisible su acción de amparo.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia señaló con carácter vinculante para las otras Salas, la competencia
para conocer de los amparos autónomos que cursaban ante la Corte Suprema de
Justicia cuando entró en vigencia la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela: La competencia se determinaría no por la situación de
hecho existente para el momento de presentarse la acción sino por la materia.
Ésta, dentro de la jurisdicción constitucional, ha sido asumida por la Sala
Constitucional. Por tanto la Sala de Casación Penal no tiene actualmente
competencia para conocer del recurso de hecho interpuesto por el solicitante.
Por esto la Sala de Casación Penal se declara
incompetente para conocer el recurso de hecho interpuesto por el Defensor
Provisorio de WILLIAM RAMÓN TORREALBA y declina el conocimiento del asunto en
la Sala Constitucional por las siguientes razones:
La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela creó el Tribunal Supremo de Justicia y a sus Salas les corresponden
las atribuciones establecidas en su
artículo 266. Según el último aparte de este artículo, le corresponde a
la Sala Constitucional ejercer la jurisdicción constitucional conforme al
Título VII de la Constitución.
La jurisdicción constitucional comprende la
declaratoria de nulidad de las leyes y otros actos de los órganos del poder
público, dictados en ejecución directa de la Constitución; también es de su competencia
la revisión de las sentencias de amparo constitucional y el control de la
constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales
de la República.
Estas atribuciones de la Sala Constitucional,
contempladas en el artículo 336 de la Constitución, son de inmediata aplicación
aunque no exista aún la Ley Orgánica a la cual hace referencia y por la
facultad que tiene de interpretar la Carta Magna; la Sala Constitucional ha
expresado en sus sentencias que siendo
sus integrantes los jueces naturales en
materia constitucional, tiene la competencia para conocer y resolver las
acciones de amparo constitucional propuestas de acuerdo con la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Siendo así, corresponde a la Sala Constitucional,
entre otras atribuciones, conocer las apelaciones y consultas sobre las
sentencias de los Juzgados Superiores, de la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo y Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la
acción de amparo en Primera Instancia. Por esto corresponde también el
conocimiento de los recursos de hecho que hubiesen quedado pendientes con la entrada en vigencia del Código Orgánico
Procesal Penal y de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela,
porque habría que estudiar sobre el fondo del asunto para determinar si el
amparo era o no admisible o si el mismo tenía recurso de apelación o consulta.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando
Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SU
INCOMPETENCIA sobre el recurso de
hecho ejercido por el abogado ARÍSTIDES RUBIO HERRERA, inscrito en el
Inpreabogado bajo el N° 5.481, interpuesto contra la decisión dictada por el
Juzgado Superior Tercero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo el 7 de abril de 1999, que declaró inadmisible la acción de amparo
constitucional; y declina el conocimiento de la causa en la Sala Constitucional
de este Tribunal porque es ella la que
debe resolver sobre la admisión o no de la apelación a la cual se contrae el
recurso de hecho.
Publíquese, regístrese, y remítase el
expediente a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.
Dada, firmada y sellada en
el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación
Penal, en Caracas, a los TREINTA (30) días del mes de MAYO del año dos mil.
Años 190° de la Independencia y 141° de la Federación.
El
Presidente, El
Vicepresidente,
JORGE L. ROSELL SENHENN RAFAEL PÉREZ PERDOMO
El Magistrado,
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
Ponente
La Secretaria,
LINDA MONROY DE DÍAZ
EXP Nº 99/014
AAF/ljo.