Caracas, 22 de MAYO de 2006

 

196° y 147°

 

 

Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

 

 

            De conformidad con lo dispuesto en los artículos 465 y 466 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, pronunciarse sobre la desestimación o no del Recurso de Casación interpuesto en fecha 16 de enero de 2006, por el abogado Omar Antonio González, titular de la Cédula de Identidad N° 6.521.052, inscrito en el Inpreabogado Nº 68080, en su carácter de Fiscal Cuarto del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, contra la decisión de fecha 19 de diciembre de 2005, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, mediante la cual DECLARO SIN LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la parte fiscal, contra la decisión de fecha 22 de julio de 2004, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1, en la audiencia preliminar convocada en la causa seguida a los ciudadanos ALEJANDRO ALBERTO ZERPA y NIHUMA FERNANDO ESCOBAR, por los delitos de PECULADO DE USO, FAVORECIMIENTO ELECTORAL y USURPACIÓN DE FUNCIONES DE FUNCIONARIO ELECTORAL, previstos y sancionados en los artículos 54 y 68 de la Ley Contra la Corrupción y el artículo 257 numeral 3  de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, en concordancia con el artículo 66 numeral 6 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, relacionado con la Resolución N° 040701-1069 del Consejo Nacional Electoral, del 1-7-04, artículo 6, artículo 8 parágrafo único y artículo 24 y la falta prevista en el artículo 255 numeral 2 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, respectivamente, en perjuicio del Estado Venezolano, según acción interpuesta por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público.

 

            El recurso de casación no fue contestado por la defensa de los imputados.

 

         Se remitió el expediente a este Máximo Tribunal, y en fecha 27 de marzo de 2006, se dio cuenta en Sala. De conformidad con la ley se designó ponente a la Magistrada, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

DEL RECURSO

 

El fiscal interpone ante esta Sala, el recurso de casación contentivo de tres denuncias a saber:

Primera: Violación de ley por falta de aplicación del artículo 447 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Al respecto señala:

“…Considerando este Representante Fiscal que la decisión que se apela es un auto, de acuerdo con lo que establece el artículo 325 ibídem, y por lo tanto es la norma antes descrita la que debe ser aplicada y no como erróneamente considera la Corte de Apelaciones, que debió haberse apelado conforme a las disposiciones del capítulo II del título II del libro cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, por lo antes narrado ciudadanos Magistrados, el presente recurso debe ser declarado admisible y consecuencialmente con lugar, anulando la sentencia de la Corte de Apelaciones y ordenando que se conozca el fondo del recurso de apelación que no fue decidido…”.

 

Segunda: Violación de ley por indebida aplicación de las disposiciones del capítulo II del título II del libro cuarto del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Al respecto considera:

“…este Representante Fiscal considera que siendo el sobreseimiento un auto que pone fin al proceso o hace imposible su continuación, lo ajustado a Derecho era apelar como lo hizo, fundamentado en el numeral primero del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, de allí que la decisión que debe tomar esa Sala, es admitir la presente denuncia y anular la sentencia de la Corte de Apelaciones del Estado Yaracuy.  Entrar a conocer los errores de derecho, pasando a decidir  el fondo del recurso de apelación intentado por este Representante Fiscal, a fin de que igualmente sea declarado con lugar y proceder a anular la decisión del Tribunal de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy, ordenando la realización de la audiencia preliminar con un Juez de Primera Instancia en Funciones de Control distinto…”.

 

 

Tercera: Violación de ley por errónea interpretación de las disposiciones del capítulo II del título II del libro cuarto del Código Orgánico Procesal Penal.

“…La Corte de Apelaciones del Estado Yaracuy interpretó erróneamente todas las normas citadas en virtud de haberle dado a la decisión un carácter de sentencia definitiva, y al declarar sin lugar el recurso de apelación, por no haber sido fundamentado en las normas allí prevista, confunden las sentencias definitivas habidas en el juicio oral, con los autos con carácter definitivo que pueden producirse hasta la fase intermedia, como lo son, las desestimación y el sobreseimiento.  Y por supuesto, la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Control en los procedimientos por admisión de hechos, que sí tiene carácter de sentencia definitiva.  Con esta falsa apreciación realizada por el tribunal colegiado, cuya sentencia es impugnada por el presente recurso, se violenta igualmente el debido proceso previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela, artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo, por no haber conocido el fondo del recurso de apelación, se violenta el principio de la Tutela Judicial y efectiva  (sic) y el derecho a la doble instancia, adolece la sentencia de la Corte de Apelaciones, la declaratoria de admisión del recurso de apelación que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, debe hacerse antes de proceder a decidir sobre el fondo del asunto planteado.

Los Magistrados de la Corte de Apelaciones no motivaron suficientemente su decisión y se limitaron a transcribir parte de una sentencia de la Sala Penal 0562 del 11-08-2005, que se refiere a la decisión de un Tribunal de Juicio de un sobreseimiento por extinción de la acción penal; sin analizar la fundamentación del recurso intentado por este Representante Fiscal, haciendo caso omiso a la solicitud de verificarse la jerarquización de nuestra normativa jurídica, esto es imponer el criterio de la Pirámide de Kelsen, criterio sostenido por nuestra doctrina jurídica y por el criterio Jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia, confirmaron una decisión de sobreseimiento fundamentada en normas de carácter regional del Estado Yaracuy, sin atender el carácter Orgánico de las leyes usadas en su acusación por el Ministerio Público…”.

 

La Sala para decidir, observa:

 

En cuanto a la primera denuncia, sobre la violación de ley por falta de aplicación del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, considera la Sala, que la misma resulta improcedente, toda vez que la aplicación de dicho artículo no corresponde a las Cortes de Apelaciones.

 

Es así como el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal señala cuáles son las decisiones recurribles ante la Corte de Apelaciones. Por su carácter enunciativo, no podrá denunciarse por falta de aplicación, ya que su contenido sirve para que tanto las partes como los operadores de justicia verifiquen que si se trata de una decisión recurrible o no ante las Cortes de Apelaciones.

 

En consecuencia, la presente denuncia debe desestimarse y así se declara.

 

En la Segunda Denuncia se observa que el recurrente se refiere a la indebida aplicación de las normas contempladas en el capítulo II del título II del Libro cuarto del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Se observa que el recurrente denuncia equivocadamente la normativa contenida en el capítulo II del título II del libro cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, ya que de la lectura del código se aprecia que el título II del libro cuarto no contiene capítulos, sin embargo, de la lectura de la denuncia se evidencia que se refiere al capítulo II “De la apelación de sentencia definitiva”, contenido en el título III del libro cuarto del Código Adjetivo Penal.

 

No obstante la aclaratoria anterior, esta Sala considera que la misma debe desestimarse por manifiestamente infundado, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 462 del Código Adjetivo Penal, el recurso de casación “se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de que modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios.  Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo”.

 

De manera que el recurrente ha debido indicar cuál es el artículo que consideró indebidamente aplicado por la Corte de Apelaciones; de qué modo se impugna la decisión, y cuáles son los motivos que lo hacen procedente.

 

Ahora bien, de la lectura del planteamiento realizado por el recurrente en la denuncia bajo análisis, no se puede precisar de qué modo la Corte de Apelaciones incurrió en indebida aplicación de dicha normativa. En consecuencia, la presente denuncia debe desestimarse, y así se declara.

En cuanto a la tercera y última denuncia sobre la errónea interpretación de las disposiciones del capítulo II del título II del libro cuarto del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala considera necesario aclarar, como en la denuncia anterior, que si bien es cierto que el recurrente se equivocó al referirse a las disposiciones del capítulo II del título II, ya que el título II del Código Adjetivo Penal no contiene capítulos, no es menos cierto que de la lectura del planteamiento elaborado por el recurrente se logra determinar a que normativa se refiere.

Es así como de la lectura de la presente denuncia se evidencia que el recurrente considera que con el error de interpretación en que incurrió la Corte de Apelaciones “se violenta igualmente el debido proceso, previsto en el artículo 1º del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo, por no haber conocido el fondo del recurso de apelación, se violenta el principio de la tutela judicial efectiva y el derecho a la doble instancia”.

   En consecuencia, esta Sala, por cuanto la presente denuncia se encuentra debidamente fundamentada, la admite, y de conformidad con la ley, ordena que se convoque a las partes para realizar la audiencia pública correspondiente.

 

 

DECISIÓN

            Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS la primera y la segunda denuncias y DECLARA ADMISIBLE únicamente la tercera denuncia del recurso de casación interpuesto por la parte fiscal, y ORDENA se convoque a las partes para la correspondiente audiencia pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.

 

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Ramón Aponte Aponte

 

El Magistrado Vicepresidente,                               La Magistrada Ponente,

 

Héctor Manuel Coronado Flores                           Blanca Rosa Mármol de León

 

La Magistrada,                                             La Magistrada,

 

Deyanira Nieves Bastidas                                       Miriam Morandy Mijares

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

BRMdL/gmg.-

Exp. N° 06-0093