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Ponencia de la
Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
El 18
de noviembre de 2003, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Función de
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, realizó la Audiencia
Preliminar y dictó sentencia DECRETANDO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA a
favor de los ciudadanos ANTONIETA DE DOMINICIS y ARSENIO TOVAR
RODRÍGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de
identidad Nros. 8.631.068 y 4.508.468, respectivamente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 318 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, por
la presunta comisión de los delitos de FALSO TESTIMONIO, PRIVACIÓN
ILEGÍTIMA DE LIBERTAD y FALSEDAD DE ACTO, tipificados en los artículos 243,
177, y 317 del Código Penal reformado, en los siguientes términos: “…El Fiscal del Ministerio Público en su
solicitud de sobreseimiento, presentada y expuesta oralmente en la audiencia,
señaló que se abrió averiguación en contra de los ciudadanos ANTONIETA DE
DOMINICIS MINERVINI Y ARSENIO TOVAR RODRÍGUEZ, en virtud de denuncia realizada
por el ciudadano ALEXANDER SMITTER representado por sus abogados EINER ELÍAS
BIEL MORALEZ, EGDA MAYELA RAMOS y ELLIS BIEL BLANCO, sobre los delitos de falso
testimonio, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal en contra
de la ciudadana ANTONIETA DE DOMINICIS MINERVINI, médico anatomopátologo,
adscrita a la División General de Medicina Legal, Caracas del Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y los delitos de Acto
Falso y Privación Ilegítima de Libertad en contra del ciudadano ARSENIO TOVAR
RODRÍGUEZ, previstos y sancionados en los artículos 17 y 177, del Código Penal,
respectivamente, este último Comisario Jefe de la Seccional Cagua del Cuerpo
Técnico de Policía Judicial para la fecha de la investigación. Esta denuncia se
realiza en virtud de un hecho ocurrido el día 19 de octubre de 1999, en el cual
se encuentra el Cuerpo sin vida de la ciudadana MIRNA GALLARDO, causa por la
cual el ciudadano ALEXANDER SMITTER, fue investigado y en los actuales momentos
se encuentra en espera de juicio oral y público, ya que el Ministerio Público
presentó acusación en su contra por tal motivo. De tal manera que el Ministerio
Público ordenó la investigación correspondiente y el resultado de la misma,
realizada por el órgano competente, según las diligencias practicadas, fue que
no se había cometido ninguno de los delitos que se habían denunciado. En tal
sentido el Ministerio Público solicita el Sobreseimiento de la causa a favor de
los ciudadanos ANTONIETA DE DOMINICIS MINERVINI por el delito de falso
testimonio, previsto y sancionado en el artículo 243 del Código Penal, de
conformidad a lo establecido en el artículo 318 numeral 2 del Código Orgánico
Procesal Penal y en relación al ciudadano ARSENIO TOVAR, se solicita el
sobreseimiento por el delito de privación ilegítima de libertad, de conformidad
a lo establecido en el artículo 318 numeral 2 del Código Orgánico Procesal
Penal. Ahora bien en relación con el delito de acto falso al término de la investigación
no se pudo identificar a las personas que cometieron tal delito y por tanto si
realmente el mismo se materializó… (Omissis)…
Habiendo revisado el sobreseimiento solicitado por el
Ministerio Público, así como las actas procesales en la presente causa y de
modo que se realizó la audiencia especial con tal fin, como lo señala el
artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, en esta última, cada una de
las partes realizó sus alegatos de hecho y derecho, considerando quien aquí
decide, que en relación al delito de Falso Testimonio previsto y sancionado en
el artículo 243 del Código Penal, imputado a la Dra. ANTONIETA DE DOMINICIS
MINERVINI, el mismo no es típico, es decir no configura un hecho punible, ya
que la mencionada ciudadana, fue llamada como experto por un Tribunal de
Control a fin de que realizase una experticia como Prueba Anticipada,
consistente en la exhumación del cadáver de la ciudadana MIRNA GALLARDO, prueba
esta que fue realizada, en fecha y hora indicada en presencia del Tribunal de
Control correspondiente y de cada una de las partes involucradas en ese proceso
y la Dra. ANTONIETA DE DOMINICIS MINERVINI, cumpliendo con su función y de
forma técnica, extendió el informe pericial correspondiente, en el cual se
explanaba lo observado por ella durante la exhumación del
cadáver, en tal sentido se decreta el sobreseimiento de la causa en relación al
delito de Falso testimonio previsto y sancionado en el artículo 243 del Código
Penal venezolano vigente, por no ser el hecho imputado típico o revestir
carácter penal alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 318
numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto al delito atribuido al
Comisario ARSENIO TOVAR RODRÍGUEZ, contenido en el artículo 177 del Código
Penal, referido a la Privación Ilegítima de Libertad, se observó, que el mismo
no se configura, ya que el ciudadano mencionado habiendo obtenido el resultado
de las primeras diligencias criminalísticas tendientes a esclarecer la muerte
de la ciudadana MIRNA GALLARDO, entre ellas la autopsia de ley, practicada por
la Dra. SOLÁNGEL MENDOZA, pone a la orden del Ministerio Público al ciudadano
ALEXANDER SMITTER, por conseguir suficientes elementos criminalísticos que lo involucran con la muerte de la
ciudadana MIRNA GALLARDO, ahora bien consideró la Fiscal del Ministerio
Público, que este debía ser dejado en libertad sin presentarlo ante un Tribunal
de Control, quien se debía pronunciar en ese momento sobre la legitimidad o no
de la detención del ciudadano
ALEXANDER SMITTER, de la misma forma se pudo observar que el ciudadano antes
mencionado, estuvo siempre asistido por sus abogados defensores, quienes siendo
la libertad un derecho inherente a la persona humana, pudieron haber solicitado
un recurso de Habeas Corpus a favor de
su defendido, para restituir la garantía infringida y dicha garantía fue
restituida casi inmediatamente. En tal sentido se decreta el sobreseimiento de
la causa en relación al Comisario ARSENIO TOVAR RODRÍGUEZ, por el delito de
Privación Ilegítima de libertad previsto y sancionado en el artículo 177 del
Código Penal, de conformidad a lo establecido en el artículo 318 numeral 2 del
Código Orgánico Procesal Penal. En relación al delito de acto falso
(falsificación de firmas), se decreta el sobreseimiento de la causa, de
conformidad a lo establecido en el artículo 318 numeral 1 del Código Orgánico
Procesal Penal, en virtud de que nunca hubo a quien atribuirle el hecho
denunciado, así como se observa que lo que existen son diligencias de interés
criminalístico, que tienen como fin esclarecer un hecho suscitado y por el cual
el Ministerio Público ordenó se abriera averiguación penal, esta situación es
de obligatorio cumplimiento por el cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas, por ser el principal órgano de investigación penal
del país…”.
Contra
la mencionada decisión la ciudadana abogada Egdy Mayela Ramos Graterol,
inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 70.525, en
su condición de representante legal de la víctima ciudadano Alexander José
Smitter Ruadez, interpone recurso de apelación.
El 29
de julio de 2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del
Estado Aragua, integrada por los Jueces Juan Luís Ibarra Verenzuela (Ponente),
Anna María Del Giaccio y Alejandro José Perillo, declaró INADMISIBLE POR EXTEMPORÁNEO el recurso de apelación.
Contra
dicho fallo, ejercieron recurso de casación los Abogados Einer Elías Biel
Morales y Egdy Mayela Ramos Graterol, en representación del ciudadano Alexander
Smitter Ruadez.
El
defensor de la ciudadana Antonieta De Dominicis Minervini, abogado Juan Carlos
Gutiérrez Ceballos, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado,
bajo el Nº 39.816, contestó el recurso de casación y solicitó que fuera
declarado desestimado por manifiestamente infundado.
La
Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 31 de
mayo de 2005, bajo la ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo
Fontiveros, ANULÓ DE OFICIO la
decisión dictada por la mencionada Corte de Apelaciones y ORDENÓ remitir el expediente a la misma Corte de Apelaciones, para
que reponga la causa al estado en que se admita dicho recurso de apelación, en
virtud de que el mismo fue interpuesto dentro del lapso.
La
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, integrada
por los Jueces Juan Luis Ibarra Verenzuela (Ponente), Alejandro José Perillo
Silva y Alfredo Germán Baptista Oviedo, el 11 de noviembre de 2005, DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de
apelación propuesto por la representante judicial del ciudadano Alexander
Smitter Ruadez, contra el fallo del 18 de noviembre de 2003, dictado por el
Juzgado Cuarto de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal.
Contra
esta nueva decisión, interpuso recurso
de casación la abogada Egdy Mayela Ramos Graterol, en representación de la
víctima, ciudadano Alexander Smitter Ruadez.
Notificadas las partes de la anterior decisión, y no dando
contestación al recurso de casación interpuesto, el expediente fue remitido al
Tribunal Supremo de Justicia.
Recibido los autos se dio cuenta en Sala de Casación Penal el
11 de abril de 2006, y se designó Ponente a la MAGISTRADA DOCTORA DEYANIRA
NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
El defensor de la Ciudadana Antonieta De Dominicis Minervini,
presentó escrito de observaciones al recurso de casación interpuesto, fuera del
lapso legal establecido para ello.
Cumplidos
como han sido los trámites procedimentales del caso, y encontrándose esta Sala
en la oportunidad de pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del
presente recurso de casación, conforme a lo previsto en los artículos 462 y 465
del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a dictar sentencia en los siguientes
términos:
RECURSO
DE CASACIÓN
ÚNICA
DENUNCIA
La recurrente con base en el artículo 460 del Código
Orgánico Procesal Penal, denuncia que la Corte de Apelaciones incurrió en
violación del artículo 173 eiusdem, por inmotivación, por cuanto
fundamentó su sentencia basándose en falso supuesto.
Para fundamentar su denuncia transcribe un corto
párrafo de la sentencia recurrida y expresa: “Tal aseveración ...es
absolutamente falsa, toda vez, que de la comparación entre el texto mismo de la
decisión confirmada por la Corte de Apelaciones y la investigación iniciada
(incluyendo las denuncias de cada delito y el fundamento de estas al momento de
su realización), se desprende que, muy al contrario de lo expresado en la
decisión que se impugna, tanto el Fiscal del Ministerio Público en su solicitud de sobreseimiento, como la Jueza de Control,
en realidad no analizaron de ninguna manera los elementos de la investigación.
Siendo oportuno destacar que- precisamente- el motivo principal por el cual se
insistió en la improcedencia del sobreseimiento solicitado por el Ministerio
Público, consiste en el hecho de que la investigación no se completó. Y, es que
–como podrá apreciarse- el Ministerio Público no culminó la investigación de
los tres delitos denunciados. Y no cumplió con el deber de investigación, no
sólo al impedir e interrumpir o interferir en las averiguaciones que realizaba
la Guardia Nacional, recabando -antes de
culminar- las actuaciones adelantadas por este Cuerpo de Investigaciones
y dictando la solicitud de sobreseimiento; sino que también incumplió con el
deber de investigación al no revisar o examinar los elementos aportados a la
investigación por los denunciantes en representación de la víctima, PRUEBAS
éstas que son FUNDAMENTALES PARA LA COMPROBACIÓN DE LA PERPETRACIÓN DE CADA
DELITO en particular, como lo son en los distintos delitos,…”.
Luego de transcribir parte del fallo recurrido, la
recurrente señala que: “De tal manera que, también existe violación de ley
en la recurrida, dado que se contrarió lo dispuesto en el artículo 283 del
Código Orgánico Procesal Penal, en el sentido de que el Ministerio Público no
practicó las diligencias tendientes a investigar y hacer constar la comisión
del delito, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación
y la responsabilidad de sus autores y demás partícipes. Asimismo en ese sentido
también existe violación de Ley, por cuanto resultaron violadas las
disposiciones del numeral 3 del Artículo 285 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, que impone al Ministerio Público el deber
de ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración del delito en
este caso, para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que
puedan influir en la calificación del delito y la responsabilidad de los
autores o autoras.
Otro Falso Supuesto: al folio diecinueve (19)
de la decisión recurrida, en respuesta al señalamiento de la parte apelante, de
que el Tribunal de Control ni el Ministerio Público, analizaron ni valoraron las pruebas señaladas por la víctima
como fundamentales para verificar la comisión de los delitos denunciados,
transcribe la Corte de Apelaciones del Estado Aragua, fragmento de la sentencia
Nro. 301 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de
fecha 16 de Marzo de 2000, como fundamento de que la Jueza Cuarta de Control si
hizo una valoración de las pruebas, tal postura de la Corte de Apelaciones se
sustenta en un falso supuesto, que puede ser verificado por el Tribunal Supremo
de Justicia en su Sala de Casación Penal, al revisar y comparar los escritos
contentivos de las denuncias formuladas -antes de la celebración de la
audiencia preliminar- y las solicitudes dirigidas al Ministerio Público, a la
Guardia Nacional y al Tribunal de Control, en donde, con detalles se indican
cuales son los elementos que se consideran contentivos o prueba de la
perpetración de los delitos en cuestión, con la solicitud de sobreseimiento y
la decisión del Tribunal de Control, que permiten claramente constatar la
falsedad del supuesto...”.
La Sala, para decidir,
observa:
Revisada como ha sido la
presente denuncia, se observa que la recurrente realiza varios planteamientos
que resultan poco precisos en cuanto a la fundamentación de su denuncia, ya que
inicialmente señala que la recurrida violentó el artículo 173 del Código
Orgánico Procesal Penal, atribuyéndole a la Corte de Apelaciones los vicios de “inmotivación por cuanto se fundamenta en falso
supuesto” e “ilogicidad”.
Además, no indica la
recurrente de manera clara y precisa cómo la recurrida infringió esa
disposición legal. Por el contrario se limitó simplemente a señalar a lo largo
del escrito, que tanto el Ministerio Público como el Juzgador del Tribunal de
Control, no analizaron de ninguna manera los elementos probatorios llevados al
proceso y que la Corte de Apelaciones al convalidar y confirmar la decisión de
Primera Instancia en Función de Control, incurrió en violación de Ley por falso
supuesto.
Por otra parte, la recurrente argumenta que la
recurrida estableció el sobreseimiento de la causa seguida a los ciudadanos ANTONIETA
DE DOMINICIS y ARSENIO TOVAR RODRÍGUEZ, basándose en un falso
supuesto, vicio este, que no constituye motivo del recurso de casación,
previsto en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal.
En consecuencia,
considera esta Sala procedente DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE
INFUNDADO, el recurso de casación propuesto, de conformidad con lo previsto
en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.
En atención a lo
dispuesto en los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y no
obstante la indebida fundamentación del recurso, la Sala ha revisado el fallo
impugnado y considera que el mismo se encuentra ajustado a derecho y así lo
hace constar.
DECISIÓN
Por las razones
anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación
Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la
Ley, DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación
propuesto por la apoderada judicial de la víctima, en representación del
ciudadano Alexander Smitter.
Publíquese, regístrese y
bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en
el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación
Penal en Caracas, a los VEINTIDÓS (22) días del mes de MAYO del año 2006. Años
196º de la Independencia y 147º de la Federación.
El Magistrado Presidente,
ELADIO APONTE APONTE
El Magistrado Vicepresidente,
HÉCTOR
CORONADO FLORES
Las Magistradas,
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
DEYANIRA
NIEVES BASTIDAS
Ponente
MIRIAM MORANDY MIJARES
La Secretaria,
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DNB/eams
EXP.RC06-137