Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

El 18 de abril de 2006, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal el expediente contentivo del conflicto de competencia, de no conocer, suscitado entre la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico y el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución del mismo Circuito Judicial Penal, Extensión Valle de La Pascua.

 

Tal declinatoria se refiere a que el 18 de noviembre de 2005, el ciudadano acusado EDGAR ALEXANDER GONZÁLEZ PADILLA, asistido por el ciudadano abogado Salvador Celis Ruíz, Defensor Público Penal Tercero del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de La Pascua, interpuso ante la Sala Única de la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal, un recurso de revisión contra la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2002, por el Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del citado Circuito Judicial Penal, que lo condenó a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN y las accesorias correspondientes, por la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos.

 

El 21 de abril de 2006, se dio cuenta en la Sala de la presente causa y se designó ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

La Sala, para resolver el conflicto de competencia planteado, observa:

 

COMPETENCIA DE LA SALA

 

El artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal regula el modo de dirimir la competencia y establece que los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales, deberán ser resueltos por “la instancia superior común”, y agrega que “Si no hubiere una instancia superior común conocerá el Tribunal Supremo de Justicia”.

 

Por su parte, el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que: “Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:… 51.- Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido…”; y agrega el primer aparte del referido artículo 5: “En los casos previstos en los numerales 47 al 52 su conocimiento corresponderá a la Sala afín con la materia debatida”.

 

En el presente caso, se ha suscitado un conflicto de competencia de no conocer entre dos tribunales de distintas jerarquías, que pertenecen a un mismo circuito judicial penal, razón por la cual no existe un tribunal superior común a ellos que resuelva el conflicto planteado. En consecuencia, le compete a la Sala de Casación Penal resolver esta incidencia de conformidad con lo dispuesto en el segundo aparte del artículo 79 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

ANTECEDENTES DEL CASO

 

           

El Defensor Público Penal Primero del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de La Pascua, ciudadano abogado Salvador Celis Ruiz, fundamentó la interposición del recurso de revisión en el artículo 470 (numeral 6) del Código Orgánico Procesal Penal, y al respecto expresó: “…En fecha 05 de octubre del año en curso, quedó derogada la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela (sic) Nro 4.636, Extraordinario de fecha 30-09-1993, entrando en vigencia la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en la que se encuentra previsto y sancionado el delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el artículo 31 imponiendo una menor pena a la de la ley derogada por la que fue condenado mi antes defendido…”.

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión San Juan de Los Morros, a cargo de los ciudadanos abogados Rafael González Arias (ponente), Fátima Caridad Dacosta y con el voto salvado del ciudadano abogado Miguel Ángel Cásseres González, el 5 de diciembre de 2005 declinó la competencia en el Tribunal Primero de Ejecución del mencionado Circuito Judicial Penal por las razones siguientes: “…SOBRE LA COMPETENCIA. Dos normas de nuestra ley penal adjetiva contienen disposiciones sobre el órgano jurisdiccional competente para reformar el monto de la pena impuesta. En primer lugar el artículo 473 del Código Orgánico Procesal Penal, en correspondencia con el artículo 470 ordinal 6° eiusdem  establece que la Corte de Apelaciones es competente para conocer la solicitud de revisión de la sentencia condenatoria definitivamente firme ‘cuando se promulgue una ley penal que quite el carácter de punible o disminuya la pena establecida.

Por otro lado, el artículo 482 del indicado instrumento  procesal señala que corresponde al tribunal de ejecución practicar el cómputo definitivo de la pena que ha sido impuesta, debiendo indicar la fecha exacta en la cual el penado podrá solicitar cualquiera de las fórmulas alternativas al cumplimiento  de la pena. Además establece la indicada norma adjetiva que ‘el cómputo es siempre reformable, aún de oficio, cuando se compruebe un error o nuevas circunstancias lo hagan necesario.

Como podemos observar la modificación del quantum de la pena puede ser realizado, según el Código Orgánico Procesal Penal, por la Corte de Apelaciones, a través de una acción de revisión, o de oficio por los jueces de ejecución.

En el caso de la Corte de Apelaciones deberá seguirse el procedimiento previsto para los recursos de apelación contra sentencia definitiva, según lo ordenado por el artículo 474 del mencionado código procesal, y en el caso de los jueces de ejecución, por cuanto los mismos actúan de oficio no deberá seguirse ningún procedimiento especial, más allá de las notificaciones a que hay lugar.

La simplicidad del procedimiento a seguir por los jueces de ejecución aconseja, en nombre de la tutela judicial efectiva y de la celeridad procesal, que en el caso que nos ocupa, tratándose de personas privadas de la libertad, que la modificación del quantum de la pena como consecuencia de la entrada en vigencia de la señalada Ley antidrogas, sea realizada por los jueces de ejecución…”.

 

            Por su parte, el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, a cargo de la ciudadana juez abogada Inés Maggira Figueroa De Rodríguez, el 30 de enero de 2006 planteó conflicto de no conocer en los términos siguientes: “…Este Tribunal de Ejecución igualmente observa, que la Declinatoria de Competencia realizada por la Corte de Apelaciones, conlleva la desaplicación de todo el procedimiento del recurso de revisión establecido en el artículo 470 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, que atribuye el conocimiento y trámite del recurso de revisión de sentencia en la Corte de Apelaciones ‘Cuando se promulgue una ley que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida’…”.

Y no obstante los señalamientos esgrimidos por la Corte de Apelaciones, como fundamento de la declinatoria de la competencia para el conocimiento del presente asunto, y lo preceptuado en el artículo 257 de la Constitución (…) Estima este Tribunal que la misma no debe ser aceptada, habida cuenta que la declinatoria de competencia efectuada viene a constituir una subversión del ordenamiento jurídico, toda vez que contiene una modificación de las competencias que por ley le han sido encomendadas a este Tribunal de Ejecución, la cual debe ser entendida como la medida de la aptitud que tiene un órgano para actuar validamente en derecho, estatuyendo el artículo 137 de la Constitución (…) Lo que a su vez constituye violación de la garantía del debido proceso, establecido en el artículo 49 de la Constitución, sin que sirva de base para el conocimiento de la materia encomendada, tal como ha señalado la Corte de Apelaciones en decisiones anteriores…”.

 

            Y continúo señalando: “…Constituyendo a criterio de este tribunal la decisión de la Corte de Apelaciones, una verdadera derogatoria de normas procedimentales, las cuales son de absoluto orden público inderogables e improrrogables…”.

 

            La Sala para decidir, observa:

 

            El presente conflicto de competencia se planteó en virtud de una solicitud de revisión de sentencia, interpuesta ante la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, por el ciudadano acusado EDGAR ALEXANDER GONZÁLEZ PADILLA asistido por el ciudadano abogado Salvador Celis Ruíz, Defensor Público Penal Primero del Circuito Judicial del Estado Guárico, extensión Valle de La Pascua.

 

            La Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, se declaró incompetente para conocer de la causa y declinó su competencia en el Tribunal Primero de Ejecución del mencionado Circuito Judicial Penal, que planteó conflicto de no conocer y remitió las actuaciones a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

 

            Observa la Sala, que en el caso en estudio fue el ciudadano acusado, asistido por el ciudadano abogado Salvador Celis Ruíz, Defensor Público Penal Primero del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, quien interpuso el recurso de revisión y lo fundamentó en el numeral 6 del artículo 470 (que establece los motivos que  hacen procedente el recurso de revisión), que textualmente dispone:

 

Artículo 470. PROCEDENCIA. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado, en los casos siguientes: (…) 6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida(Resaltado de la Sala).

 

            Ahora bien, artículo 471 del Código Orgánico Procesal Penal, establece quienes están legitimados para solicitar el recurso de revisión, y al respecto indica:

 

Artículo 471. LEGITIMACIÓN. Podrán interponer el recurso: 1. El penado; 2. El cónyuge o la persona con quien haga vida marital; 3. Los herederos, si el penado ha fallecido; 4. El Ministerio Público a favor del penado; 5. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos o las dedicadas a la ayuda penitenciaria o postpenitenciaria; 6. El Juez de ejecución cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena”.

 

Y el artículo 473 del Código Orgánico Procesal Penal, establece quien es el Órgano competente para conocer del recurso de revisión, y señala lo siguiente:

 

COMPETENCIA. La revisión, en el caso del numeral 1 del artículo 470, corresponde declararla al Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Penal.

En los casos de los numerales 2, 3 y 6, la revisión corresponderá a la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se cometió el hecho punible; y en los de los numerales 4 y 5 corresponderá al Juez del lugar donde se perpetró el hecho” (Resaltado de la Sala).

 

            De las disposiciones legales antes transcritas, se observa que  la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico es la competente para conocer del recurso de revisión planteado por el ciudadano penado EDGAR ALEXANDER GONZÁLEZ PADILLA asistido de abogado. Así se decide.

 

            En otro orden de ideas, la Sala nuevamente reitera la exhortación realizada a la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, en sentencias Nros. 58, 60 y 64 del 14 de marzo de 2006; 76 del 16 de marzo de 2006; 110 del 28 de marzo de 2006; y 172 del 27 de abril de 2006; para que se respeten las disposiciones procedimentales existentes y se resguarde el orden público.

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República  por autoridad de la Ley, declara COMPETENTE a la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de La Pascua, para conocer de la solicitud de revisión de sentencia, interpuesta por el ciudadano acusado EDGAR ALEXANDER GONZÁLEZ PADILLA, asistido por el ciudadano abogado Salvador Celis Ruíz.

 

Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Valle de La Pascua.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los VEINTIDÓS (22) días del mes de MAYO del año 2006. Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

ELADIO APONTE APONTE

 

 

El Magistrado Vicepresidente,     

 

 

HÉCTOR CORONADO FLORES               

 

 

Las Magistradas,

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Ponente

 

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

 

 

La Secretaria,

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

DNB/eams

EXP.CC06-175