Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

           

            El 9 de agosto de 2002, los abogados GERMÁN RAMÍREZ MATERÁN y THÁBATA CAROLINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana NEREIDA NIÑO DE GÁMEZ, presentaron acusación en contra de las ciudadanas JANINA GRACIELA MISLE BUSTAMANTE, MARÍA DOLORES DEL CORRAL y ROSANNA RACIOPPI DE GONZÁLEZ, por la comisión del delito de DIFAMACIÓN AGRAVADA, tipificado en el artículo 444 del Código Penal, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 400 y 401 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

             Las actuaciones fueron distribuidas, correspondiendo su conocimiento al Juzgado de Primera Instancia Décimo en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que el 18 de diciembre de 2002,  declaró inadmisible la acusación interpuesta, al considerar que no estaban cumplidos, en su totalidad, los requisitos de procedibilidad necesarios. Contra esa decisión, los apoderados judiciales de la ciudadana NEREIDA NIÑO DE GÁMEZ, interpusieron recurso de apelación. En decisión del 7 de febrero de 2003, dictada por la Sala Octava de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, fue declarada admisible la acusación presentada y con lugar el recurso de apelación interpuesto, quedando así revocada en su totalidad la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia, ordenándose la remisión de la causa a otro Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio.

 

            Correspondió conocer de la causa al Juzgado Vigésimo Sexto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, celebrándose el Juicio Oral y Público, que concluyó con la lectura de la parte dispositiva del fallo en la Audiencia, reservándose el lapso legal establecido para la publicación de la sentencia.

 

El 15 de agosto de 2003, fue publicado el texto íntegro del fallo dictado, mediante el cual el referido Juzgado de Primera Instancia en función de Juicio, absolvió a las ciudadanas JANINA GRACIELA MISLE BUSTAMANTE, MARÍA DOLORES DEL CORRAL y ROSANNA RACIOPPI DE GONZÁLEZ, del delito de DIFAMACIÓN AGRAVADA que les fue imputado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

            Contra la anterior decisión THÁBATA CAROLINA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana NEREIDA NIÑO DE GÁMEZ, interpuso recurso de apelación. El 7 de octubre de 2003, la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión en la cual declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto y la nulidad absoluta del fallo impugnado, ordenando la remisión del expediente a otro Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio, a los fines de la celebración de un nuevo Juicio Oral y Público.

 

            Por distribución correspondió conocer del caso al Juzgado de Primera Instancia Décimo Octavo en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, celebrándose el segundo Juicio Oral y Público, que concluyó con la lectura de la parte dispositiva del fallo en la Audiencia, reservándose el lapso legal establecido para la publicación de la sentencia. El 27 de octubre de 2004, fue publicado el texto íntegro del fallo dictado, mediante el cual el referido Juzgado de Primera Instancia, absolvió a las ciudadanas JANINA GRACIELA MISLE BUSTAMANTE, MARÍA DOLORES DEL CORRAL y ROSANNA RACIOPPI DE GONZÁLEZ, del delito de DIFAMACIÓN AGRAVADA que les fue imputado, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. Contra la anterior decisión GERMÁN RAMÍREZ MATERÁN y THÁBATA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana NEREIDA NIÑO DE GÁMEZ, interpusieron recurso de apelación.

 

El 16 de febrero de 2004, la Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, declaró admisible el recurso de apelación interpuesto. El 31 de enero de 2005, la referida Sala, emitió decisión sobre el fondo del recurso, dictando los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la parte acusadora; SEGUNDO: la Corte de Apelaciones anuló el fallo impugnado; y, TERCERO: ordenó la remisión del expediente a otro Juzgado de Primera Instancia en Función de Juicio, a los fines de la celebración de un nuevo Juicio Oral y Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

            Notificadas las partes de la anterior decisión, el 24 de febrero de 2005, los abogados FRANCOISE J. JEREIJE ZERPA y RAÚL ARMANDO BECERRA MURILLO, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 74.422 y 72.565, respectivamente, actuando con el carácter de defensores de las acusadas JANINA GRACIELA MISLE BUSTAMANTE, venezolana, titular de la cédula de identidad N° 6.854.654, MARÍA DOLORES DEL CORRAL, venezolana, titular de la cédula de identidad N° 6.977.096 y ROSANNA RACIOPPI DE GONZÁLEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad N° 6.519.282, interpusieron recurso de casación en tiempo hábil.

 

Vencido el lapso establecido en el artículo 464 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que las partes dieran contestación al recurso de casación interpuesto, las actuaciones fueron remitidas a esta Sala de Casación Penal, donde fueron recibidas el 29 de marzo de 2005.

 

El 31 de marzo del 2005, se constituyó la Sala, se dio cuenta de la presente causa y se asignó ponente,  correspondiéndole a la Magistrada que con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso de casación propuesto.

 

Al haberse cumplido los trámites procedimentales del caso, la Sala para decidir, observa:

 

I

PUNTO PREVIO

 

            Como principio general se observa que, el proceso penal venezolano consagra la figura de la casación múltiple. Sobre el particular, la opinión del doctor. EZEQUIEL MONSALVE CASADO, es concluyente al afirmar: “La naturaleza misma del recurso de casación impone la casación múltiple. En efecto, los mismos motivos que justifican el instituto de la casación, tanto como recurso o medio de impugnación contra las sentencias de los tribunales de instancia como desde el punto de vista de política procesal para mantener la unidad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, subsisten ante la sentencia de reenvío; pues ésta también, al cumplir la doctrina de casación, puede incurrir en nuevos vicios, que reclamen a su vez el ejercicio del recurso de casación. Lo contrario sería admitir esta hipótesis: la primera casación cumple los fines del legislador para corregir los vicios de la sentencia de instancia; pero la sentencia de reenvío no necesita ser casada aún cuando incurre en vicios semejantes  El rechazo de esta hipótesis nos conduce a admitir la casación múltiple, aún ante el silencio de la ley, y nos lleva igualmente a admitir la reiteración de recursos de casación sin límite teórico a las sucesivas sentencias del tribunal de reenvío” (Lecciones de Casación Penal. Panapo. Caracas. 1985: 517-518).

 

            Así el artículo 353 del Código de Enjuiciamiento Criminal, hoy derogado, regulaba la casación múltiple, de la siguiente manera: “Después de anulado o casado un fallo sólo procederá un nuevo recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Instancia o del Tribunal de Reenvío, en los casos siguientes...”.

 

            Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal de 1999, la figura no quedó expresamente establecida y su artículo 451 que consagraba cuáles eran las decisiones recurribles en casación, nada decía al respecto. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Sala de Casación Penal, ya había resuelto el vacío legal, acogiendo la posibilidad de la casación múltiple. La interpretación de toda norma legal debe hacerse en consonancia con el texto constitucional y en materia de impugnación, el artículo 49, numeral 1°, parte in fine, establece que “Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley”; con lo cual se consagra el derecho a recurrir como regla general. Por ello debe favorecerse toda interpretación que tienda a permitir ejercer ese derecho y no la que coarte el derecho a recurrir. Aunado a ello, si bien el Código Orgánico Procesal Penal no establecía de manera expresa la figura, tampoco prohibía la casación múltiple.

 

La disposición legal en comento, fue modificada en la reforma parcial del Código Orgánico Procesal de 2001, convirtiéndose el artículo 451 en el actual artículo 459. A los fines de dejar claramente establecida la posibilidad de la casación múltiple, se expresó, en la parte in fine del único aparte del citado artículo 459 eiusdem, que también serán recurribles  en casación aquellas  decisiones dictadas  “en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior”, con lo cual quedó nuevamente regulada de manera expresa en la ley, la figura de la casación múltiple.

 

            La casación múltiple rige como principio en el proceso penal, pero que comporta una excepción, como es la doble conformidad. Así el artículo 468 del Código Orgánico Procesal Penal, pone un límite a la cantidad de recursos que pueden interponerse para ejercer el derecho de impugnación, en los siguientes términos: “Doble Conformidad. Si se ordena la apertura de un nuevo proceso en contra de un acusado que haya sido absuelto por la sentencia de primera instancia y obtiene una sentencia absolutoria, en contra de ésta no será admisible recurso alguno”.

 

            De acuerdo con lo establecido por la anterior disposición legal, la persona acusada en un proceso penal, sobre la cual recaigan dos sentencias absolutorias por los mismos hechos y dictadas por distintos Tribunales, indiscutiblemente debe considerarse inocente, y ese segundo pronunciamiento absolutorio se convierte en sentencia definitivamente firme, adquiriendo el caso la condición de cosa juzgada, pues contra dicho fallo “no será admisible recurso alguno”.         

 

            Interpretando la figura de la doble conformidad, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2298, de fecha 21 de enero de 2003 (Caso: LEONARDO GARGANO LOMBARDO),  expresamente decidió:  “… el artículo  468  del Código Orgánico Procesal Penal, colocado dentro de la normativa del recurso de casación y por tanto referido a él, establece (…) Dada su colocación en el Código Orgánico Procesal Penal y su conexión con el recurso de casación, la frase que impide que contra la sentencia absolutoria no sería admisible recurso alguno, a juicio de esta Sala, se refiere es al recurso de casación y no a otro recurso como lo sería la apelación.

Dada esa interpretación, la doble conformidad sólo existe cuando se agota la doble instancia con dos sentencias absolutorias para el imputado, y siempre que las dos instancias no correspondan a la secuencia regular de un proceso, sino a una causa que juzgada en alzada fue repuesta a la primera instancia, para que de nuevo realizara un nuevo juicio.

Si en ese nuevo juicio (oral) el acusado resulta absuelto y obtiene de nuevo una sentencia absolutoria en ambas instancias (primera y segunda), no procede el recurso de casación.

El nuevo proceso, a que se refiere el encabezamiento del artículo 468 del Código Orgánico Procesal Penal, no es sino un nuevo juicio con todas las instancias en que se desarrolla normalmente el proceso penal.

A esta interpretación llega la Sala, al tener en cuenta que entre las garantías judiciales para los litigantes, consagradas en el artículo 8 de Ley Aprobatoria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pato de San José, en su numeral 2, Letra H, se garantiza la doble instancia a los litigantes, no sólo al imputado y así lo ha sostenido esta Sala en sentencias de 15 de marzo de 2000 y 25 de octubre de 2002 (…)

Conforme a la doctrina transcrita, sólo si la ley expresamente niega la segunda instancia, o si por la naturaleza del Tribunal que conoce la causa no puede haber una segunda instancia, queda eliminada la última instancia.

Este no es el caso de autos, ya que el artículo 468 del Código Orgánico Procesal Penal, en ninguna parte niega la doble instancia en forma expresa, ante el fallo absolutorio de la primera instancia, siendo mas bien su letra ambigua, permisiva de la interpretación que se expresa en este fallo.

Tal interpretación no desconoce el principio de que las leyes penales (sustantivas) sobre las cuales haya dudas, se interpretan a favor del reo artículo 24 de la Constitución Nacional-  pero en materia procesal, donde las partes están colocadas en un plan de igualdad, donde existe toda una estructura que conforma el proceso, sus instituciones, los recursos que dentro de él se pueden utilizar, donde se otorgan derechos a las partes como el de apelar, el cual lo tiene tanto el acusador como el querellante, la Sala no tiene dudas de que tales derechos, no pueden cercenárseles, debido a una redacción ambigua, que por demás no colide con la estructura del Código Orgánico Procesal Penal, ni con los derechos del imputado, que no se les están impidiendo”.        

 

            Igualmente, la Sala de Casación Penal, en sentencia N° 301, de fecha 1° de agosto de 2003, (Caso: JUAN CANCIO GARANTÓN y HUGO BOLÍVAR BOLÍVAR), decidió: “El artículo trascrito se encuentra contemplado en el libro cuarto De Los Recursos, bajo el título IV Del Recurso de Casación, por lo que resulta fácil determinar que su aplicación no corresponde a los tribunales de instancia (…)

En tal sentido, debemos acotar que en el caso concreto, presentado por los recurrentes, el  artículo de la doble conformidad, no tiene cabida, pues se trata de un proceso en el cual un juzgado de primera instancia en funciones de juicio dicta una sentencia absolutoria la cual es apelada por la parte querellante ante una Corte de Apelaciones, la cual al declarar con lugar el recurso de apelación, anuló la decisión impugnada y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público ante otro juez de primera instancia en funciones de juicio, quien a su vez dictó sentencia absolutoria, la cual es apelada por los abogados querellantes (…)

Como se puede observar en el caso concreto, aún no se han verificado todas y cada una de las etapas procesales, ni han sido oídos todos los recursos correspondientes, razón por la cual no se podrá aplicar la doble conformidad”.

           

            En el presente caso, las ciudadanas JANINA GRACIELA MISLE BUSTAMANTE, MARÍA DOLORES DEL CORRAL y ROSANNA RACIOPPI DE GONZÁLEZ, fueron acusadas en dos oportunidades por los mismos hechos y Tribunales distintos y en ambos juicios se dictaron sentencias absolutorias.

 

Contra el segundo fallo absolutorio, la parte acusadora interpuso recurso de apelación, que fue primero admitido y luego declarado con lugar por la Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, anulando el fallo impugnado y ordenando la celebración de nuevo Juicio Oral y Público.

 

A tenor de la jurisprudencia antes transcrita, se observa que en el presente caso no se configura la doble conformidad, como causal de inadmisibilidad de recurso de casación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 468 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que las acusadas obtuvieron una primera sentencia absolutoria, que resultó anulada por el superior, fue celebrado nuevo Juicio Oral y Público que concluyó con una segunda sentencia absolutoria, pero esta última no fue confirmada en alzada, por el contrario, fue anulada. Así se decide.

 

II

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

Por otra parte, debe observarse que la sentencia recurrida fue dictada por la Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, resolviendo sobre la apelación interpuesta, en la cual se ordenó la celebración de un nuevo juicio oral y público, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Al respecto, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 459, establece cuáles son las decisiones recurribles en casación, entendiéndose que sólo podrá ser propuesto contra: las sentencias de las Cortes de Apelaciones que resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia que condene a penas superiores a esos límites y también, serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación.

 

            En el presente caso se ha constatado que, la sentencia dictada por la Sala Décima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no es alguna de las señaladas en el citado artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que tal decisión no está sujeta a la censura de casación, puesto que no le pone fin al proceso ni hace imposible su continuación.

 

            Por consiguiente, la Sala estima que el recurso de casación propuesto es inadmisible,  todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

            Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por los abogados defensores de las ciudadanas JANINA GRACIELA MISLE BUSTAMANTE, MARÍA DOLORES DEL CORRAL y ROSANNA RACIOPPI DE GONZÁLEZ.

 

            Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los nueve (9) días del mes de mayo del año 2005. Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

ELADIO APONTE APONTE

 

 

El Magistrado Vice-Presidente,     

 

 

HÉCTOR CORONADO FLORES               

 

 

Los Magistrados,

 

 

ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS         

 

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

                                                                 Ponente

 

 

La Secretaria,

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

DNB/eams

EXP. RC05-131

 

VOTO SALVADO

 

            Quien suscribe, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, disiente del criterio establecido por la mayoría de la Sala, por las razones siguientes:

 

La mayoría de la Sala, analizó el recorrido procesal de la causa seguida a las ciudadanas JANNINA GRACIELA MISLE BUSTAMANTE, MARIA DOLORES DEL CORRAL y ROSANNA RACIOPPI DE CONZÁLEZ,  a fin de verificar la procedencia o no de la figura de la doble conformidad, (a efecto de la admisión o desestimación del recurso de casación propuesto por la parte acusadora), y una vez citada doctrina y jurisprudencia de la Sala Constitucional y de esta Sala de Casación Penal, concluyen, que no se configura la doble conformidad en el presente caso, por ello, declaró  inadmisible el recurso, amén de que la recurrida ordenó la celebración del nuevo juicio.

 

            Pues bien, de seguidas me permito hacer las siguientes observaciones sobre los fundamentos de la decisión que antecede:

 

            La Sala cita al ilustre procesalista penal Dr. Ezequiel Monsalve Casado, quien en su obra afirma la justificación de la casación múltiple  y por tanto la admisión de recursos reiterados “sin límite teórico a las sucesivas sentencias del tribunal de reenvío”.     

 

            Dicho criterio en efecto ha sido admitido y aplicado por la Sala en el nuevo proceso penal que nos rige, aún cuando la codificación penal adjetiva no lo señalara, en principio, de manera expresa, y posteriormente tuvo lugar la reforma en el año 2001 y allí quedó expresamente establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

            Luego la Sala, en esta decisión, al interpretar la figura de la doble conformidad como excepción a la admisión del recurso de casación, estimó necesario hacer la interpretación y estableció “en consonancia con el texto constitucional y en materia de impugnación, el articulo 49 ordinal 1°, parte infine, establece que “Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la Ley; y luego afirma la Sala “con lo cual se consagra el derecho a recurrir como regla general. Por ello debe favorecerse toda interpretación que tienda a permitir ejercer ese derecho y no la que coarte el derecho a recurrir.” (resaltado de la Magistrada disidente).

 

            Al respecto considero que, si bien es cierto que la interpretación debe atender a las disposiciones constitucionales, no obstante, los principios generales del derecho que rigen la interpretación de las normas penales, deben ser el norte de las resoluciones que, en caso de dudas, obligan a aplicar aquella que favorezca al débil jurídico en el proceso penal, quien no es otro que el imputado, acusado o condenado. Tomemos en cuenta que las normas, de cualquier rango, pueden contraponerse, y es el principio de interpretación de ellas, el que da al juzgador la directriz para decidir conforme a Derecho, justicia y equidad.

 

            La norma constitucional citada por la mayoría de la Sala en esta decisión, señala a “Toda persona declarada culpable”, y es claro de entender que se hace referencia al acusado, por ello la norma garantiza su derecho a recurrir del fallo, no siendo ésta norma la que consagra el derecho a recurrir de las partes en general. Ello lo consagra el principio de la doble instancia y las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, relativas al derecho de impugnar las decisiones desfavorables.

 

            El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece:

 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

 

            La citada norma establece el derecho a la doble instancia, para toda persona, pero en materia penal ese derecho se erige a favor del “acusado”, y no se trata de que la contraparte no pueda recurrir, sino que las excepciones al principio de la doble instancia, en materia penal, operan a favor del procesado.

 

Ahora bien, si analizamos el principio de igualdad en torno a la posibilidad de ejercer o no los medios recursivos por las partes, es obvio que las condiciones no son iguales para la vindicta pública o para los acusadores, que para el procesado, quien obviamente se encuentra en desventaja frente a éstos como representantes de la acción ejercida en su contra, mediante el uso de la fuerza punitiva del Estado, y es por ello que mediante las normas penales (sustantivas o procesales), como control al ejercicio del ius puniendi,  se establecen las excepciones a favor del procesado.

 

Como corolario de la situación de desventaja del procesado ante el aparato judicial, el principio de “in dubio pro reo” también  determina la condición del débil jurídico dentro del proceso penal.

 

De allí que la excepción que comporta la figura de la doble conformidad, al  principio de la doble instancia, sustenta el control del ius puniendi en beneficio del justiciable.

 

Por ello se admite la casación múltiple contra fallos condenatorios, dado el perjuicio natural que conlleva tal decisión. En cambio, la posibilidad de apelar reiteradamente de la segunda absolutoria, la tercera, la cuarta  y la enésima, otorga al Estado ilimitado poder punitivo, que se traduciría en persecución obsesiva, hasta tanto se obtenga la confirmatoria de la segunda instancia, que de no producirse haría interminable la resolución de la causa.

 

Si bien el criterio reiterado de la Sala fue el de admitir la figura para los casos de sentencias absolutorias, anuladas en virtud de un recurso de casación, dentro de un proceso donde se hubieren verificado todas las instancias y agotados todos los recursos, incluido el de casación, debo ampliar interpretación sobre dicha restricción, pues obviamente, puede suceder que la Corte de Apelaciones anule una sentencia absolutoria, y en el nuevo juicio oral y público se verifique nuevamente una absolutoria, y si contra ésta se recurre en apelación, verificándose nuevos vicios, pudieran hacerse interminables los dictámenes absolutorios  y las anulaciones de éstas,   por lo cual la causa nunca sería objeto de casación.

 

Queda en estos términos planteado mi desacuerdo con el criterio establecido por la Sala en la decisión que antecede. Fecha ut-supra.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

ELADIO APONTE APONTE

 

 

El Magistrado Vice-Presidente,     

 

 

HÉCTOR CORONADO FLORES               

 

 

Los Magistrados,

 

 

ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS         

 

 

                    BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

                                                 Disidente

 

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

                    Ponente

 

 

La Secretaria,

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

BRMdeL/hnq.

VS. Exp. N° 05-0131 (DNB)