MAGISTRADO
PONENTE: DOCTOR
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
Vistos.-
Dio origen al presente
juicio el hecho ocurrido el 23 de noviembre de 1999, cuando funcionarios de la
Policía Metropolitana, adscritos a la Comisaría de El Paraíso, procedieron a
realizar una visita domiciliaria en el taller de latonería y pintura Katerine.
En el segundo nivel de ese taller se encontraba el ciudadano MAIJES FERNANDO
QUEVEDO RODRÍGUEZ y al revisar el lugar encontraron una bolsa blanca, en cuyo
interior se encontraban trescientos cuarenta y seis envoltorios de papel
aluminio contentivos de una piedra de color marrón; igualmente encontraron una
bolsa plástica de color anaranjado con veintiún envoltorios elaborados en papel
aluminio y un envoltorio confeccionado en papel de aluminio; otra bolsa
plástica color amarillo contentiva de cincuenta y nueve envoltorios
confeccionados en material plástico de diferentes colores y un colador
plástico.
La Sala 3 de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a
cargo de la Juez ponente DAISY IZQUIERDO DE ESPINAL, el 30 de junio del año
2000, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Defensor
Definitivo del ciudadano imputado, contra de la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia Vigésimo Séptimo de Juicio del mismo Circuito
Judicial Penal, que condenó al ciudadano imputado MAIJES FERNANDO QUEVEDO
RODRÍGUEZ, venezolano, soltero, comerciante y portador de la cédula de
identidad V- 7.883.492, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS DE PRISIÓN, por la
comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,
previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes
y Psicotrópicas.
Dentro del lapso legal establecido en el
artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal interpuso el recurso de
casación la ciudadana abogada CONSUELO OCHOA HERNÁDEZ, Defensora Definitiva del
ciudadano imputado MAIJES FERNANDO QUEVEDO RODRÍGUEZ.
Emplazada la ciudadana abogada ANGELA MARÍA
RAUSSEO, Fiscal Quincuagésimo Octava del Ministerio Público de esa
Circunscripción Judicial para que diera
contestación al recurso según lo establece el artículo 457 del Código Orgánico
Procesal Penal, no lo hizo y el expediente fue remitido a esta Sala de Casación
Penal.
Recibido el expediente en
esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el 21 de
septiembre del año 2000 se designó ponente al Magistrado Doctor ALEJANDRO
ANGULO FONTIVEROS.
Cumplidos como han sido los
trámites procedimentales se pasa a dictar sentencia en los siguientes términos:
RECURSO DE CASACIÓN
Sobre la base de lo dispuesto en los artículos 452 del Código Orgánico
Procesal Penal, la recurrente denuncia que la Juez de la sentencia recurrida
incurrió en error en la calificación, al atribuirle a su defendido la comisión
del delito de TRÁFICO DE SUBSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.
La Sala advierte:
Después del análisis hecho al recurso de casación presentado por la
Defensora Definitiva del ciudadano imputado, esta Sala de Casación Penal nota que
es manifiestamente infundado, porque la recurrente no explica por qué hubo
error en la calificación del delito que se le imputa al ciudadano imputado.
Observa esta Sala que el presente recurso de casación es contra una
sentencia de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
del Área Metropolitana, que declaró sin lugar un recurso de apelación contra
una sentencia de un Tribunal de Juicio que condenó al ciudadano imputado por la
comisión del delito de TRÁFICO DE SUBSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS,
y la recurrente en la exposición de los alegatos del recurso de casación
expresa entre otras cosas: “De
conformidad con el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal y a los
efectos de probar circunstancias denunciadas en el motivo único del presente
Recurso me remito a la Sentencia de Apelación recurrida donde solicite (SIC) la apreciación de un error de Calificación
en la Fundamentación de la Calificación Jurídica”.
La recurrente no expresa por qué hay error en la calificación y sólo se
limita a expresar que el motivo único del recurso de casación es el mismo por
el cual interpuso el recurso de apelación y que se remite a la sentencia
dictada por la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
del Área Metropolitana de Caracas.
El artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que, entre
otros requisitos, el recurso de casación se interpondrá mediante escrito
fundado y en el mismo se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos
legales que se consideren violados por inobservancia o errónea aplicación. En
el presente caso no cumple la recurrente con tales requisitos. Por
consiguiente, lo procedente es declarar desestimado por manifiestamente
infundado el recurso de casación interpuesto por la Defensora Definitiva del
ciudadano imputado MAIJES FERNANDO QUEVEDO RODRÍGUEZ.
Este Tribunal Supremo de Justicia, en atención a lo dispuesto en el
artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha
revisado el fallo impugnado para saber si se vulneraron los derechos del imputado o si hubo vicios que hicieran
procedente la nulidad de oficio en provecho del reo y en aras de la justicia:
considera ese fallo ajustado a Derecho y así lo hace constar.
DECISIÓN
En mérito de los
razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley, declara DESESTIMADO
POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la
Defensora Definitiva del ciudadano imputado MAIJES FERNANDO QUEVEDO RODRÍGUEZ
contra la sentencia dictada el 30 de junio del año 2000, por la Sala 3 de la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas.
Publíquese, regístrese y remítase
el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias
del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
de Casación Penal, en
Caracas, a los DIEZ (10) días del mes de NOVIEMBRE del año
dos mil. Años 191º de la Independencia
y 141º de la Federación.
El Presidente De La Sala,
JORGE ROSELL
SENHENN
El Vicepresidente,
RAFAEL PÉREZ PERDOMO
Magistrado-Ponente,
ALEJANDRO
ANGULO FONTIVEROS
La Secretaria,
LINDA
MONROY DE DÍAZ
Exp. No: R.C.00-1168
AAF/lp
VOTO SALVADO
JORGE L. ROSELL SENHENN,
Magistrado de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia,
salva su voto en la presente decisión, con base en las siguientes razones:
I
El criterio mayoritario que mantiene la Sala
La lectura que los distinguidos Magistrados RAFAEL PEREZ
PERDOMO y ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS le dan a la disposición 36 de la Ley
Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se dirige a reprimir
con las penas previstas en los artículos 34 y 35 (de 10 a 20 años de prisión),
el delito de simple posesión de estupefacientes.
Dicha disposición establece:
"El que ilícitamente
posea las sustancias, materias primas, semillas, resinas, plantas a que se
refiere esta Ley, con fines distintos a los previstos en los artículos 3º, 34,
35 y al del consumo personal establecido en el artículo 75, será sancionado con
prisión de cuatro (4) años a seis (6) años. A los efectos de la posesión se
tomarán en cuenta las siguientes cantidades:
hasta dos (2) gramos, para los casos de posesión de cocaína o sus derivados,
compuestos o mezclas con uno o varios ingredientes; y hasta veinte (20) gramos,
para los casos de cannabis sativa…".
Esta lectura que mis apreciados compañeros de Sala le dan
a la disposición, haría inaplicable el tipo de la posesión, pues si se concluye
en que toda persona que posea mas de dos (2) gramos de cocaína o más de veinte
(20) gramos de marihuana debe imponérsele penas de entre 10 a 20 años de
prisión, correspondientes al tráfico y otros delitos, entonces, ¿quiénes serían
tratados con la pena prevista en el artículo 36 para el tipo legal de
posesión?.
II
El contenido y el propósito del artículo 36 de la
LOSEP
Precisamente la Ley en cuestión tiene como propósito
poder sancionar a quien tuviera esa posesión sin ser consumidor, pero tampoco
con intención de traficar o distribuir, o que no se le pudiera probar tal
intención. La Ley es muy clara en este
sentido, el que posea esas cantidades de droga con "fines distintos a los
previstos en los artículos 3º, 34 y 35 (tráfico y otros delitos con pena de 10
a 20 años), y al del consumo personal…".
La anterior lectura del artículo 36 de la Ley Orgánica
sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, viene a ser confirmado por el
artículo 75 de la misma Ley:
"Quedan sujetos a las
medidas de seguridad previstas en esta Ley:
1.
El
consumidor de las sustancias a que se refiere este texto legal.
2.
Quien
siendo consumidor, posea dichas sustancias en dosis personal para su consumo. A
tal efecto, se tendrá como dosis personal, hasta dos (2) gramos en los casos de
cocaína o sus derivados, compuestos o mezclas, con uno o varios ingredientes, y
hasta veinte (20) gramos en los casos de cannabis sativa…".
Es pues
intención del legislador imponer una sanción razonable a aquél que sin
habérsele probado que es consumidor, pero tampoco que es distribuidor, se le
consiga en posesión de pequeñas cantidades de drogas.
III
El principio de la proporcionalidad
El juez debe tomar en consideración principios propios
del sistema penal, como es el de la proporcionalidad.
No es racional sancionar con la misma pena a
"capos" o verdaderos traficantes de la droga o financistas de la
misma, que a poseedores de pequeñas cantidades de droga, que encima de ello, no
se ha podido comprobar que dicha posesión vaya dirigida a la distribución, como lo establece el
mismo artículo 36 en comentario.
Partir del criterio de que quien posea más de dos (2)
gramos de cocaína o "bazuko" (por ejemplo dos (2) gramos y un (1)
miligramo), queda sujeto a una pena media de 15 años de prisión, es irracional,
promoviendo una interpretación deshumanizada de la ley: ¿castigar igualmente a quien posea dos (2)
gramos y medio de "bazuko", que a un financista de la droga?.
Es mas, en relación a otros delitos veríamos que la pena
en su límite superior en el delito de homicidio intencional, es menor, y la
media igual, a las penas que se imponen a este poseedor de drogas, esto hace
que deba imponerse sin diferencia, al homicida y a quien posea 2 gramos y algo
más de "bazuko" o 20 gramos y algo más de marihuana, la pena media de
15 años de reclusión carcelaria.
Precisamente, la proporcionalidad genérica es función del
legislador que se plasma en las normas generales y abstracta que crea; y la
proporcionalidad concreta es función del juez, al ajustar la norma a las
circunstancias sociales, en procura de decisiones equitativas.
IV
El criterio que se mantenía
La Sala Penal venía sosteniendo un criterio que se
ajustaba precisamente a lo previsto en el artículo 36: sólo podía imponerse la pena prevista en los
artículos 34 y 35, cuando se demostraran elementos que determinaban que
efectivamente se cometían los delitos de tráfico y otros delitos tipificados en
esos artículos. No sólo estar en
posesión de droga demostraba que se traficaba con ella (a menos que la excesiva
cantidad así lo indicara), sino que era necesario demostrar otros elementos que
comprobaran el delito.
Mal puede condenarse a una persona como traficante de
drogas, si no se demuestra que efectivamente lo es, lo único que quedaría como
sanción para ella, sería imponerle la pena prevista en el artículo 36 de la Ley
Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por posesión ilícita
de drogas, y tratarlo como lo ordena tal artículo pues la conclusión es que
dicha posesión es "con fines distintos a los previstos en los artículos
3º, 34 y 35…"; o por lo menos no se demostró que la posesión era con tales
fines.
No se promueve la impunidad en estos delitos, sino sólo
un trato racional y justo, proporcional a la acción del sujeto del sistema penal,
lo cual traería como consecuencia la imposición de penas entre 4 y 6 años de
prisión, lo que tampoco es una sanción poco severa.
Los integrantes de esta Sala debemos tomar conciencia de
que, detrás de cada expediente de droga no tiene porque esconderse un desalmado
enemigo de la humanidad, sino que son seres humanos a quienes debemos juzgar
sin prejuicio alguno, para de esa manera imponer la más severa de las penas, si
así lo merece, pero siempre salvaguardando la imparcialidad, a fin de obtener
un fallo justo.
Por último debe aclararse que tal y como viene
procediendo la Sala, es común casar de oficio o anular de oficio sentencias que
no se corresponden con el generalizado sentimiento de justicia, aun cuando no
se haya alegado, como es obvio, el motivo por el cual se anula el fallo, y es
por esta razón, conjuntamente con las antes anotadas, por las cuales difiero de
la opinión mayoritaria que aprobó el dispositivo de esta sentencia.
Es por lo antes anotado, que quien suscribe como Magistrado disidente salva su voto en la presente decisión. Fecha ut supra.
El Presidente de la Sala,
Jorge L. Rosell Senhenn
Disidente
El Vicepresidente,
Rafael Pérez Perdomo
Magistrado,
Alejandro Angulo Fontiveros
La Secretaria,
Linda Monroy de Díaz
JLRS/cc.
Exp. Nº C00-1168 (AAF)