Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

El 22 de septiembre de 2014, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo del CONFLICTO DE COMPETENCIA de no conocer, planteado entre el Juzgado de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona y el Tribunal de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, en la causa seguida al adolescente K.A.R.R. (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN, ROBO AGRAVADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD y LESIONES PERSONALES LEVES, tipificados en los artículos 374, 458, 174 y 416, respectivamente, del Código Penal.

El 30 de septiembre de 2014, se dio cuenta en Sala de Casación Penal y de conformidad con lo establecido en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, le correspondió la ponencia a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

La Sala de Casación Penal, para resolver el conflicto de competencia planteado, observa:

COMPETENCIA DE LA SALA

El artículo 31 numeral 4, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que:

“(…) Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia (…)

4. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico (…)”.

Por su parte, el artículo 82 del Código Orgánico Procesal Penal, en lo relativo al “conflicto de no conocer”, regula el modo de dirimir la competencia. Específicamente, establece que los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales deberán ser resueltos por “(…) la instancia superior común (…)”, y agrega que, “(…) si no hubiere una instancia superior común conocerá el Tribunal Supremo de Justicia (…)”.

En el presente caso, se ha suscitado un conflicto de competencia de no conocer entre dos tribunales con competencia en materia especial de Responsabilidad  Penal  del  Adolescente, de igual jerarquía (ambos Tribunales de Primera Instancia en Función de Ejecución), pero de diferentes Circuitos Judiciales Penales, uno con competencia territorial en el estado Anzoátegui (con sede en Barcelona) y otro con competencia en el estado Falcón (con sede en Santa Ana de Coro), razón por la cual no existe un tribunal superior común a ellos que resuelva el conflicto planteado, por lo que de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 del Código Orgánico Procesal Penal, le compete a la Sala de Casación Penal resolver esta incidencia. Así se decide.

ANTECEDENTES DEL CASO

El 9 de febrero de 2012, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, declaró penalmente responsable al adolescente K.A.R.R. (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) imponiéndole la sanción de TRES (3) AÑOS y CUATRO (4) MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN, ROBO AGRAVADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD y LESIONES PERSONALES LEVES EN GRADO DE AUTOR , tipificados en los artículos 374, 458, 174 y 416, respectivamente, del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana Y.A.P.A (identidad omitida), estableciendo como hechos acreditados, los siguientes:

“(…) En fecha 2 de enero de 2012, la ciudadana [Y.A.P.A (identidad omitida)], se encontraba trabajando en la tienda COLOMBIA CUERO, ubicada en el centro comercial Plaza Mayor, cuando llegó (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], preguntando por los precios de algunas de las mercancías y si se encontraba sola en dicha tienda, respondiendo la misma que sí, inmediatamente sacó dos (2) aparatos eléctricos, sometiéndola e indicándome (sic) que caminara hacia el baño, utilizando éste a su vez uno de de (sic) los aparatos eléctricos, el cual le colocó en el cuello y le propinó una descarga electita (sic) sometiéndose la misma de la pared por la descarga que recibió amenazándola, procediendo (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], abusar sexualmente de [Y.A.P.A (identidad omitida)], tanto por su vagina como por el ano, de igual manera le preguntó por el dinero que se encontraba en caja, la cual le indicó que no había, procediendo éste después a despojarla de[l] dinero en efectivo de su cartera personal, equipo celular, así como el dinero que se encontraba en la caja de dicha tienda, tomando posteriormente tres (3) correas con las que la amordazó los pies y las manos, tapándole la boca con su franela, sentándola en la poceta para abusar nuevamente de ella, eyaculando dentro de la misma amenazándola con que si lo denunciaba la buscaría para matarla (…)” (Resaltado propio).

El 8 de marzo de 2012, el Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, al cual correspondió conocer, ORDENÓ la ejecución de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del mismo Circuito Judicial Penal, contra el adolescente K.A.R.R. (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en los términos siguientes:

“(…) PRIMERO: SE ORDENA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONDENATORIA, dictada por el Tribunal de Control N° 01, Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, mediante la cual declaró responsable al ciudadano (…) [K.A.R.R (identidad omitida)] de 16 años de edad,  (…) nació en fecha 23/07/1995, soltero, de profesión u oficio indefinida; por la comisión de los delitos de VIOLACION, ROBO AGRAVADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD y LESIONES PERSONALES LEVES EN GRADO DE AUTOR, previstos en los artículos 374, 458, 174 y 416, todos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana [Y.A.P.A (identidad omitida)], por el lapso de TRES (03) AÑOS  y  CUATRO (04) MESES; conforme a lo indicado en los artículos 583 y 620 literal ‘f’ ambos de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con el artículo 628 de la Ley Orgánica señalada ut-supra; de la cual ha cumplido un lapso de DOS (02) MESES y CUATRO (04) DÍAS, faltándole por cumplir TRES (03) AÑOS, UN (01) MES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS, siendo la fecha probable del cumplimiento de la sanción impuesta al prenombrado ciudadano el CUATRO (04) DE MAYO DE 2015; SEGUNDO: Se Ordena el Internamiento del ciudadano (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], en la Casa de Formación Integral Barcelona N° 2 Varones de Pozuelos. TERCERO: Se Ordena formular un PLAN INDIVIDUAL; con la participación del sancionado (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], contentivo de los factores, metas, herramientas, objetivos y lapso para cumplir dichos objetivos, el cual debe ser elaborado por el Equipo Multidisciplinario adscrito al Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente con el Apoyo del jefe del Centro de Atención Inmediata Varones N° 2 Pozuelos y remitido a este Tribunal en un lapso de Treinta (30) días. CUARTO: A los fines de imponer al ciudadano (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], de la sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD ejecutada por este Tribunal se ordena su traslado para el día de hoy Ocho (08) de marzo de 2012, a las 11 de la mañana (11:00 a.m.) (…)” (Resaltado y subrayado propio).

El 10 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, en un segundo proceso penal seguido en contra del adolescente K.A.R.R. (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) y previa admisión de los hechos por parte del referido adolescente, lo declaró penalmente responsables y le impuso la sanción de TRES (3) AÑOS y CUATRO (4) MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, por la comisión del delito de VIOLACIÓN EN GRADO DE AUTOR, tipificado en el artículo 374, en concordancia con el artículo 83, ambos del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana L.Z.S.N. (identidad omitida), estableciendo como hechos acreditados, los siguientes:

“(…) En fecha 30 de diciembre de 2011, compareció voluntariamente por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Barcelona, estado Anzoátegui, la ciudadana [L.Z.S.N. (identidad omitida)] (…), a los fines de interponer una denuncia  ya  [que]  cuando la víctima se desplazaba por la calle N° 6, sector Rómulo Gallegos, adyacente al local Chawarmas Lolo, Lechería, estado Anzoátegui, fue interceptada por un sujeto desconocido quien portando un arma blanca (navaja pico e’ loro), sometió a la ciudadana y la trasladó hasta un callejón que esta por el canal, acto seguido la amenazó de muerte para que la víctima se desabrochara el pantalón y se los bajara conjuntamente con la bluma que llevaba puesto (sic), acto seguido el victimario le cortó una de las asas del bolso de mujer, a los fines de utilizar el mismo para maniatar a la víctima, acto seguido procedió a saciar sus instintos sexuales en el sentido que procedió a sostener un contacto sexual no deseado con la misma lo que implicó la penetración con su miembro viril por la vagina de la víctima, una vez consumado el acto el victimario se descuidó y la víctima aprovechó ese instante para salir en veloz carrera solicitando auxilio.  Ahora bien, en fecha 4 de enero de 2012, la víctima de la presente causa ciudadana [L.Z.S.N (identidad omitida)] (…), compareció voluntariamente por ante la sede el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub – Delegación Barcelona, estado Anzoátegui, a los fines de informar que momentos que se (sic) encontraba en la sede el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub- Delegación Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, logró observar que el sujeto que había abusado sexualmente de ella se encontraba en dicha sede, motivo por el cual el funcionario NEHOMAR RANGEL, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub – Delegación Barcelona, estado Anzoátegui, procedió a practicar llamada telefónica al funcionario ÁNGEL RODRÍGUEZ,  funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub – Delegación Puerto La Cruz, quien se encontraba de labores de servicio en dicha sede, a los fines de indagar si gendarmes adscritos a ese despacho había[n] aprehendido algún ciudadano para ese momento informándole el mismo que sí practicaron la aprehensión de un ciudadano adolescente (…) quien presuntamente guarda relación con otra causa penal que instruye dicha Delegación en contra del mismo. Cabe destacar que en fecha 30 de diciembre de 2011, la ciudadana [L.Z.S.N (identidad omitida)] (…), compareció por ante el Servicio de Medicatura Forense y una vez en el despacho médico fue atendida por el Dr. ULISES FERNÁNDEZ, Médico Forense, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub - Delegación Barcelona, estado Anzoátegui, quien procedió a evaluar a la víctima de la presente causa a la cual le diagnosticó; ginecológico: genitales externos de aspecto y configuración normal, himen con desfloración antigua. Ano recto: sin lesiones (…)” (Resaltado propio).

El 1° de julio de 2013, el Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, que ya venía conociendo de la causa, dictó decisión mediante la cual ordenó la acumulación de las dos sanciones de privación de libertad impuestas al adolescente K.A.R.R (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en los términos siguientes:

“(…) PRIMERO: Se acumula a la causa signada CAUSA BPO1-D-2012-005, la causa BP01-D-2012-20, ambas seguidas al sancionado (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], actualmente internado en el Centro de Atención Inmediata de Varones, sita (sic) en Barinas, estado Barinas y sancionado por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN EN GRADO DE AUTOR, ROBO AGRAVADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, LESIONES PERSONALES LEVES EN GRADO DE AUTOR, previstos en los artículos 374, 458, 174 y 416, todos Código Penal, en perjuicio de las ciudadanas [Y.A.P.A y L.Z.S.N (identidad omitida)]. SEGUNDO: Se determinó que el lapso de cumplimiento de la sanción de PRIVACIÓN DE LIBERTAD, es de CINCO (05) AÑOS, y siendo que el joven sancionado se encuentra privado de libertad desde el CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DOCE (04-01-2012) hasta la presente fecha PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL TRECE (1°-07-2013), se deduce que ha cumplido UN (01) AÑO, CINCO (05), MESES y VEINTISIETE (27) DÍAS, faltándole por cumplir TRES (03) AÑOS, SEIS (06) MESES y TRES (03) DÍAS, SIENDO LA FECHA PROBABLE DE CUMPLIMIENTO DE LA SANCIÓN EL 04 DE ENERO DE 2017. TERCERO: Se ordena la comparecencia del sancionado para el día 22 DE JULIO DE 2013, A LAS DIEZ HORAS DE LA MAÑANA, para ser impuesto de esta decisión, quien se encuentra internado en el Centro de Atención Inmediata de Varones, con sede en la ciudad de Barinas, en consecuencia, líbrese la respectiva boleta de traslado (…)”.

El 26 de septiembre de 2013, el Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, dictó decisión mediante la cual declinó la competencia para seguir conociendo de la causa, al Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en los términos siguientes:

“(…) Corresponde a este Juzgado emitir pronunciamiento respecto al cambio de internamiento del sancionado (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], de acuerdo a lo solicitado por el Director de la entidad de atención, en el informe negativo el cual riela inserto en la presente causa, avalado por el Equipo Técnico Multidisciplinario (…) motivo por el cual solicitan a este Tribunal el cambio de internamiento; asimismo, se observa de la presente causa que el sancionado ha sido reincidente en su conducta negativa durante el cumplimiento de la medida de privación de libertad dentro de las instalaciones de las diversas entidades de atención en donde ha permanecido recluido, lo cual puede observarse de otros informes negativos que cursan en autos y que han motivado solicitudes de este tipo en anteriores oportunidades por parte de las autoridades de la entidad de atención (…)

Al respecto el artículo 641 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en cuanto al internamiento de adolescentes que cumplan dieciocho años (…) establece como regla que (…) deberán ser trasladados a una institución de adultos, representando una excepción en la presente disposición la permanencia en la institución de los adolescentes que cumplan dieciocho años, hasta los veintiún años, tomando en cuenta las recomendaciones del equipo técnico del establecimiento, así como el tipo de infracción cometida y las circunstancias del hecho y del autor o autora.

En el caso de marras considera esta juzgadora que de continuar permaneciendo el sancionado (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], en las instalaciones de la Entidad de Atención Barcelona N° 2 Varones Pozuelos, estado Anzoátegui, estaría vulnerando los derechos del resto de los sancionados que conforma[n] la población penal de dicha institución, perturbando la integridad física, la seguridad y la evolución conductual de los demás adolescentes en el cumplimiento de su medida.

En cuanto al centro de reclusión donde el joven adulto quedará recluido, al respecto se observa que el joven adulto resultó sancionado por la comisión de los delitos de VIOLACIÓN, ROBO AGRAVADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD y LESIONES PERSONALES LEVES EN GRADO DE AUTOR, previstos en los artículos 374, 458, 174 y 416, del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana [Y.A.P.A (identidad omitida)], representando el delito de Violación un impedimento para que el mismo sea recibido en las instalaciones del Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, en virtud a que las autoridades de dicho centro de reclusión no tienen la posibilidad de garantizarle la vida al joven adulto dentro de dichas instalaciones, toda vez que su ingreso causaría rechazo por el resto de la población penal existente ante el repudio de sancionados por ese tipo de delito (…) y habiendo sostenido conversación la titular de este despacho vía telefónica con el Director de Región de Oriente del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescente en conflicto con la Ley Penal del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario Lic. Gerardo Carvajal; quien  a su vez por comunicación sostenida con el Director de la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón, recomendó a este Tribunal sea recluido al joven adulto  en dicho internado judicial, toda vez que en el mismo se le garantizará el resguardo a sus derechos fundamentales, principalmente a la vida, así como garantizarán satisfacer sus necesidades básicas (…)

Por lo que el Tribunal competente para controlar la ejecución de la medida del ciudadano (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], es el Tribunal donde deba el sancionado cumplir con la medida que se le ha impuesto y corresponde a un Tribunal de Ejecución Especializado de esa Jurisdicción, el control y vigilancia del cumplimiento de la sanción (…)

En consecuencia esta juzgadora estima pertinente y ajustado a Derecho, declinar la competencia para conocer del presente asunto relacionado con el ciudadano (…) [K.A.R.R (identidad omitida)], para controlar el cumplimiento de la Medida de PRIVACIÓN DE LIBERTAD, por el lapso de CINCO (5) AÑOS; al Tribunal de Ejecución, Sección de Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón (…)” (Subrayado y resaltado propio).

El 1° de agosto de 2014, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, dictó decisión mediante la cual rechazó la declinatoria de competencia que le fue formulada y planteó conflicto de competencia de no conocer, en los términos siguientes:

“(…) Visto lo anterior, considera esta Juzgadora, que si bien es cierto, las actuaciones que emita este Tribunal, de asumir el conocimiento de la presente causa, no sería objeto de nulidad absoluta, esto por ser competente por la materia, sin embargo, es deber de todo Tribunal garantizar el cumplimiento estricto de la[s] leyes, del principio del Juez Natural , garantizar la seguridad jurídica de las partes, máxime, cuando existe un criterio pacífico y reiterado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia sobre la materia; en tal sentido, al constar en autos que los hechos por los cuales fue sancionado el joven adulto ocurrieron en el estado Anzoátegui y no en el estado Falcón, queda evidenciada la incompetencia por territorio del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Responsabilidad Penal del Adolescente del estado Falcón, para el conocimiento de la presente causa, salvo las competencias referidas a la colaboración en la vigilancia y control de la sanción, conforme a las reglas para la comisión, esto por encontrarse el joven resguardado de sus derechos elementales.

Así las cosas y por las consideraciones antes expuestas, considera esta Juzgadora que lo procedente y ajustado a derecho es declararse incompetente, en razón del territorio, para conocer de la presente causa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 614 y 630 (literal a) de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 473 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en consecuencia se ordena notificar a la Jueza abstenida y remitir copias certificadas de las actuaciones relacionadas al presente asunto a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por ser el superior jerárquico común, a los fines de que dirima el conflicto negativo de competencia planteado, asimismo, queda suspendido el proceso hasta tanto la instancia superior decida, tal y como lo establece el artículo 82 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión expresa del artículo 537 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (…)”.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

El presente conflicto de competencia se planteó entre dos Tribunales de Primera Instancia con competencia en materia especial de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente, ambos en Función de Ejecución, de distintos Circuitos Judiciales Penales (Anzoátegui y Falcón), para conocer del control y vigilancia del cumplimiento de las sanciones impuestas al adolescente K.A.R.R. (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

El Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, declinó la competencia de conformidad con lo establecido en los artículos 614, 629, 646 y 647 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión del artículo 537 de la ley especial antes señalada, al Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en virtud del traslado del adolescente K.A.R.R. (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), a la Comunidad Penitenciaria de Coro, establecimiento penitenciario donde se encuentra dando cumplimiento a las sanciones que le fueron impuestas, con ocasión a las sentencias condenatorias dictadas en su contra, estimando que las medidas que recaen sobre él deben ser ejecutadas por un tribunal de ejecución del estado Falcón, por ser éste el más cercano al centro donde el sancionado se encuentra cumpliendo las medidas de privación de libertad que le fueron impuestas.

Por su parte, el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, rechazó la declinatoria de competencia que le fue formulada y planteó conflicto de no conocer, argumentando que es en el estado Anzoátegui, donde ocurrieron los hechos por los cuales fue sancionado el adolescente K.A.R.R. (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), evidenciándose su incompetencia por el territorio, salvo las competencias referidas a la colaboración en la vigilancia y control de la sanción conforme a las reglas para la comisión, esto por encontrarse el sancionado privado de libertad en la Comunidad Penitenciaria de Coro, basándose en el criterio pacífico y reiterado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Determinados los parámetros en que fue planteado el presente conflicto de competencia, esta Sala observa que, la competencia por razón del territorio se encuentra regulada de manera expresa en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, en los términos siguientes:

“(…) La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado.

En caso de delito imperfecto será competente el del lugar en el que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito.

En las causas por delito continuado o permanente el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito.

En las causas por delito o delito imperfecto cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado (…)”

De lo anterior se colige que, la competencia de un Tribunal para el conocimiento de un hecho punible, viene dada, en primer lugar y como regla general, por el territorio, es decir, por el forum delicti comisi, por lo que conocerá del asunto el Tribunal del lugar donde se haya consumado el delito y por excepción, el Juzgado del lugar donde se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión o donde haya cesado la continuidad o donde se haya cometido el último acto conocido del mismo, según sea el caso.

En este mismo orden de ideas, es preciso destacar que, el artículo 614 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece la competencia para el enjuiciamiento y el control de la ejecución de las sanciones, la cual corresponde al tribunal que ejerza la jurisdicción en el lugar de la acción u omisión que haya constituido el hecho punible, vistas las reglas de conexión, continencia y prevención.

En el presente caso y de acuerdo a todo lo expuesto, se observa que, el conflicto de competencia fue planteado en virtud del traslado del sancionado de autos a una jurisdicción distinta al lugar donde se cometieron los hechos punibles, a los fines de dar cumplimiento a las sanciones impuestas, toda vez que la Entidad de Atención de Barcelona, requirió su traslado a un centro de internamiento para adultos, conforme a lo establecido en el artículo 641 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Al respecto, ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Penal, que a los tribunales de ejecución les corresponde el control y vigilancia del cumplimiento de las penas o las medidas de seguridad, sin embargo, si el sancionado se encontrase cumpliendo su pena respectiva en un lugar distinto al del juez de ejecución natural (donde se dictó la sentencia condenatoria), éste no debe entenderse como un traslado de competencia plena al tribunal de ejecución donde el sancionado se encuentra cumpliendo su pena o medida de seguridad, sino por el contrario, debe interpretarse tal situación como una colaboración entre tribunales a los fines de cooperar para la vigilar que se cumpla la ejecución de la sanción impuesta.

En el presente caso, el Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, es el competente (en razón del territorio) para conocer de la ejecución de la sanción impuesta al adolescente K.A.R.R. (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), a los fines de garantizarle su derecho en el control y la vigilancia de la ejecución de la sanción que le fue impuesta, conforme a lo previsto en el artículo 631 (literal a) de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.  Por ello, ese juzgado es el que debe comisionar al Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, para que de manera temporal y hasta tanto cesen las condiciones que motivaron su traslado, colabore con la vigilancia y ejecución de la sanción que le fue impuesta.

Ciertamente, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, erró al considerarse incompetente para continuar conociendo sobre la presente causa en virtud del traslado del adolescente sancionado a un centro de reclusión del estado Falcón, para seguir cumpliendo con las sanciones que le fueran impuestas por los Tribunales Primero y Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, inobservando así los criterios jurisprudenciales que sobre la materia ha sostenido la Sala de Casación Penal.

En consecuencia, la causa seguida al adolescente K.A.R.R (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por los delitos de VIOLACIÓN, ROBO AGRAVADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD y LESIONES PERSONALES LEVES, tipificados en los artículos 374, 458, 174 y 416, respectivamente, del Código Penal, deberá continuar siendo conocida por su tribunal natural, Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona. Así se declara.

Queda en estos términos resuelto el conflicto de competencia de no conocer, planteado entre el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona y el Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, DECLARA COMPETENTE al Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, para seguir conociendo del proceso seguido al adolescente K.A.R.R (identidad omitida), por los delitos de VIOLACIÓN, ROBO AGRAVADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD y LESIONES PERSONALES LEVES, tipificados en los artículos 374, 458, 174 y 416, respectivamente, del Código Penal.

Se ordena al Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, comisione  al Tribunal de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, a los fines de colaborar con la vigilancia y el cumplimiento de las sanciones impuestas al adolescente K.A.R.R (identidad omitida conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al Juzgado de Primera Instancia en Función de Ejecución de la Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Falcón.

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2014. Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación.

La Magistrada Presidenta

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Ponente

 

El Magistrado Vicepresidente

 

HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES

 

Los Magistrados

 

PAÚL JOSÉ APONTE RUEDA

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ

 

La Secretaria

 

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

            Los Magistrados Doctores HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES y ÚRSULA MARÍA MUJICA COLMENAREZ, no firmaron por motivo justificado.

 

La Secretaria

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

 

DNB

Exp. AA30-P-2014-000360.