Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

En fecha 20 de junio de 2016, se recibió en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, proveniente del Tribunal Sexto de Primera Instancia Estadal y Municipal en función de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Trujillo, la solicitud de extradición pasiva del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, cédula de identidad N° 10.760.260, de nacionalidad venezolana, quien se encuentra solicitado por el Gobierno de la República Federativa de Brasil, mediante Notificación Roja Internacional, emanada de la Oficina Central Nacional de INTERPOL, identificada con el alfanumérico A-6507/10-2012, de fecha 6 de agosto de 2014, por la presunta comisión del delito de “Tráfico Internacional de Estupefacientes”, previsto y sancionado en el artículo 33 de la Ley 11.343/2006 de ese país.

 

El 21 de junio de 2016, se dio cuenta de la referida solicitud a los Magistrados y Magistradas que integran la Sala de Casación Penal, siendo asignada la ponencia a quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier otra consideración, la Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de extradición y al respecto, observa:

 

El artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:

 

“…Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia…1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley…”.

 

Atendiendo a lo anterior, corresponde a la Sala de Casación Penal, de este Máximo Tribunal, el conocimiento de las solicitudes de extradición de conformidad con la Constitución, las leyes y los Tratados o Convenios Internacionales que en materia penal hayan sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia, la Sala declara su competencia para conocer del presente procedimiento de Extradición Pasiva.

 

DE LOS HECHOS

 

En la Notificación Roja Internacional, de fecha 6 de agosto de 2014, signada con el alfanumérico A-6507/10-2012, emitida contra el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, por el Gobierno de la República Federativa de Brasil, por la presunta comisión del delito de “Tráfico Internacional de Estupefacientes”, previsto y sancionado en el artículo 33 de la Ley 11.343/2006 de ese país, se leen los siguientes hechos:

 

“…Boa Vista (Brasil): El 7 de diciembre de 2011 ARROYO fue detenido en el momento en que intentaba enviar, a través de una empresa de transportes con representación en Boa Vista/ Roraima, tres cilindros llenos de cocaína que esta persona había transportado de Venezuela a Brasil. Las pesquisas emprendidas permitieron determinar que el destino final de la droga era Beirut (Líbano)…”.

 

DE LAS ACTUACIONES

 

Consta en el expediente una Notificación Roja Internacional, identificada con el alfanumérico A-6507/10-2012, de fecha 6 de agosto de 2014, emitida contra el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, por el Gobierno de la República Federativa de Brasil, por la presunta comisión del delito de “Tráfico Internacional de Estupefacientes”, previsto y sancionado en el artículo 33 de la Ley 11.343/2006, de ese país. El contenido de la notificación en mención es el siguiente:

 

“…País solicitante: BRASIL 

N° de expediente: 2012/337441

Fecha de publicación: 6 de agosto de 2014

DISTRIBUCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (INTERNET INCLUSIVE) DEL EXTRACTO DE LA NOTIFICACIÓN ROJA PUBLICADO EN LA ZONA DE ACCESO PÚBLICO DEL SITIO WEB DE INTERPOL: SI

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CUIDADO: PERSONA CONSIDERADA ARMADA, PELIGROSA

Apellido: ARROYO

Apellido escrito con los caracteres originales o en código telegráfico chino: No precisado

Apellido de origen: No precisado 

Nombre: Víctor José Azueje (sic)

Nombre escrito con los caracteres originales o en código telegráfico chino: No precisado

Fecha y lugar de nacimiento: 7 de octubre de 1970 en CARORA (VENEZUELA)

Sexo: Masculino

Nacionalidad: Venezolana  (comprobada)

Otros nombres / otras fechas de nacimiento: No precisado

Estado civil: No precisado

Apellido y nombre del padre:

Apellido de soltera y nombre de la madre:

Ocupación: Ingeniero

Idiomas que habla: Español

Lugares o países a donde pudiera desplazarse: Colombia y Venezuela 

Datos complementarios: No precisado

Documentos de identidad: Cédula de identidad venezolana N°10760260, expedida en Venezuela

Fórmula de ADN: No precisado

Descripción: No precisado.

Señas particulares y peculiaridades: No precisado.

….

PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL:

ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUCIÓN JUDICIAL 1

Calificación del delito: Tráfico internacional de estupefacientes

Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito: Artículo 33 de la Ley 11.343/2006

Pena máxima aplicable: 25 años de privación de libertad

Prescripción o fecha de caducidad de la orden de detención: No precisado.

Orden de detención o resolución judicial equivalente: N°1827-71.2012.4.01.4200, expedida el 28 de agosto de 2012 por las autoridades judiciales de BOA VISTA/RR (BRASIL)

Firmante: Leandro Saon C. Bianco

¿Dispone la Secretaría General de una copia de la orden de detención en el idioma del país solicitante? Si

3. MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA

LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN

El país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja da garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.

DETENCIÓN PREVENTIVA

Para el país que ha solicitado la publicación de la presente notificación roja, esta debe considerarse como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes

 

Avísese inmediatamente a la OCN de BRASILIA (BRASIL) (referencia de la OCN: 349486-1-ncb.brasilia-RR-RR (sic) del 16 de octubre de 2012) y a la Secretaría General de la OIPC-INTERPOL. …”.

 

En fecha 13 de junio de 2016, fue detenido en el territorio venezolano, estado Trujillo, el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, por funcionarios adscritos a la División de Investigaciones de INTERPOL, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, según se lee del acta de investigación penal que a continuación se transcribe:

 

“…En esta misma fecha, siendo las 13:00 horas, compareció por (sic) ante este Despacho, el Funcionario Inspector Oscar VEGA, credencial 29.500, adscrito a la División de Investigaciones de Interpol Caracas, de este Cuerpo de Investigaciones, quien estando debidamente juramentado y de conformidad con lo establecido en los artículos 23° (sic)  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículado  113° (sic), 115° (sic), y 153° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 35°(sic), 50° (sic) y 52° (sic) ordinal 40 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el (sic) Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (sic), deja constancia de la siguiente diligencia efectuada en la presente investigación: ‘En esta misma fecha, continuando con las labores de investigaciones relacionada con la notificación roja número A-6507/110-2012, de fecha 04-08-2014, oficina requirente Oficina Central Nacional  de la Policía Internacional (INTERPOL) Brasilia-Brasil y orden de detención o resolución judicial equivalente N° 1827-71-2012.4.01.4200, de fecha 28 de agosto de 2012, por las autoridades judiciales de Boa Vista, Brasil, por uno de los delitos tráfico (sic) Internacional de Estupefacientes, en contra del ciudadano Víctor José  AZUAJE ARROYO, fecha de nacimiento 07/10/1970, titular de la cédula de identidad V-10.760.260, … luego de (sic) larga espera, avistamos a una persona del sexo masculino, que reunía las características fisionómicas del ciudadano objeto de la solicitud internacional, por lo que con todas las medidas de seguridad del caso, plenamente identificados como funcionarios activos de este cuerpo Detectivesco (sic) abordamos al mismo quien al notar la presencia policial, adoptó una actitud nerviosa y evasiva en contra de la comisión, solicitándole de manera inmediata su identificación, haciendo entrega de una cédula de identidad laminada, quedando identificado de la siguiente manera: Víctor José AZUAJE ARROYO, de nacionalidad venezolana, natural de Carora, Estado Lara, fecha de nacimiento 07-10-1970, de 46 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio mecánico, residenciado en la Urbanización Las Lomas, San Luís, Parte Alta, Calle Principal, Bloque 1, Planta Baja, Apartamento 1, parroquia San Luis, Municipio Valera, Estado Trujillo, titular de la cédula de identidad N° V-10.760.260, al corroborar la identidad del mismo y ser la persona requerida,… el funcionario detective Francisco GUZMÁN, procedió a realizarle la revisión corporal respectiva, amparado en los artículos 191° (sic) y 192° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, no encontrando ninguna evidencia de interés criminalístico, siendo las 11: 30 horas (sic) se practicó la aprehensión del ciudadano in comento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 234° (sic)  y 373° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal; seguidamente el precitado funcionario, procedió a leerle y otorgarle los Derechos Constitucionales consagrados en el artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 127° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, trasladándonos junto con el detenido hasta la sub delegación Valera, del estado Trujillo, con la finalidad de proseguir con las investigaciones…”.

 

En esa misma fecha (13 de junio de 2016), se levantó un acta de notificación de derechos al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, en la División de Investigaciones de INTERPOL, Trujillo, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la cual se dejó constancia de que fue impuesto del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En fecha 13 de junio de 2016, el ciudadano Nelson Abdón Páez Ruiz, Comisario Jefe de la Sub Delegación de Investigaciones de INTERPOL, Valera, estado Trujillo, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, dirigió comunicación, signada con el número 9700-190898, al Jefe del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses, solicitando el reconocimiento médico legal del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO.

 

En fecha 13 de junio de 2016, se levantó un “ACTA DE CONSENTIMIENTO”, en la sede del Investigaciones de INTERPOL, Valera estado Trujillo, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la que se distingue:

 

“…En esta misma fecha, siendo las 11:45  horas de la mañana, compareció en este despacho el funcionario Detective Francisco GUZMAN, adscrito a esta División de Investigaciones de la Policía Internacional, de este cuerpo policial, quién de conformidad con lo establecido en los artículos 113, 115, 153, y 285 Encabezado,  primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal … deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada en la presente averiguación: “Encontrándome en la sede de este Despacho y realizando labores de investigaciones relacionadas con la notificación roja número A-6507/10/2012, de fecha 04/08/2014, emanada de la Oficina Central Nacional de Interpol Brasil, por el delito de Tráfico Internacional de Estupefacientes, estando presente en este Despacho el ciudadano de nacionalidad Venezolana, Víctor José AZUAJE ARROYO, fecha de nacimiento 07-10-1970, titular de la cédula de identidad N° V-10.760.260, plenamente identificados en las actas anteriores a quien se le expuso de manera explícita lo previsto en el artículo 46. Ordinal (sic) 2° y 3°  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…en concordancia con el artículo 195 del Código Orgánico Procesal Penal, acto seguido el ciudadano ut supra manifestó estar de acuerdo en que se le realice examen  (Reconocimiento –Médico Legal (‘examen físico’) por lo que se procedió a firmar la presente acta y estampar las impresiones digito pulgares como acto de voluntad. Es todo. …”.

 

En fecha  14 de junio de 2016, se realizó  ACTA DE AUDIENCIA DE ORDEN DE CAPTURA”, ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia Estadal y Municipal en función de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Trujillo, en la cual se declaró Sin Lugar la solicitud de Nulidad interpuesta por la defensa, ordenó la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal y acordó “… mantener la medida de Privación Judicial Privativa de Libertad al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular de la Cédula de Identidad N° 10.760.260…”.

 

En la misma fecha (14 de junio de 2016) el referido Tribunal, publicó decisión cuyo contenido parcial es del tenor siguiente:

 

“…Este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 06, del Circuito Judicial Penal del Estado Trujillo, analizadas las actas procesales de aprehensión, específicamente el Acta Policial de fecha 13 de junio de 2016: ‘En esta misma fecha, siendo las 13; 00 (sic) horas, compareció por (sic) ante este Despacho, el Funcionario Inspector Oscar Vega, credencial  29.500, adscrito al Cuerpo de Investigaciones; …deja constancia de la siguiente diligencia efectuada en la presente investigación: ‘En esta misma fecha, continuando con las labores de investigaciones relacionada con la notificación roja número  A-6507110-2012, de fecha 04-08-2014, oficina requirente Oficina Central Nacional  de la Policía Internacional (INTERPOL) Brasilia-Brasil y orden de detención o resolución judicial equivalente N° 1827-71-2012.4.01.4200, de fecha 28 de agosto de 2012, por las autoridades judiciales de Boa Vista, Brasil, por uno de los delitos tráfico internacional (sic) de Estupefacientes, en contra del ciudadano Víctor José  AZUAJE ARROYO, fecha de nacimiento 07/10/1970, titular de la cédula de identidad V-10.760.260, se realizaron previamente varias pesquisas documentales, tecnológicas y de inteligencia, con la finalidad de ubicar, identificar y capturar al prófugo en referencia, logrando determinar que frecuenta la avenida Bolívar de la ciudad de Valera, estado Trujillo, siendo las 09:00 horas, me traslade (sic) en compañía de los funcionarios Inspector Jefe Eder García, Inspector Oscar VEGA, Detectives José NAVAS y Francisco Guzmán, a bordo de vehículos particulares hacia la dirección antes descrita; una vez en el lugar realizamos un recorrido de reconocimiento a objeto de ubicar al prenombrado ciudadano, sin poder observarlo, por lo que procedimos a implementar una vigilancia estática, en puntos clave con visualización hacia lo largo y ancho de la avenida Bolívar, específicamente entre las calles 28 y 29, observando a varias personas transitando, luego de larga espera avistamos, a una persona del sexo masculino, que reunía las características fisionómicas del ciudadano objeto de la solicitud internacional, por lo que con todas las medidas de seguridad del caso, plenamente identificados como funcionarios activos de este cuerpo Detectivesco (sic) abordamos al mismo quien al notar la presencia policial, adoptó una actitud nerviosa y evasiva en contra de la comisión, solicitándole de manera inmediata su identificación, haciendo entrega de una cédula de identidad laminada, quedando identificado de la siguiente manera: Víctor José AZUAJE ARROYO, de nacionalidad venezolana, natural de Carora, Estado Lara, fecha de nacimiento 07-10-1970, de 46 años de edad, estado civil soltero, profesión u oficio mecánico, residenciado en la Urbanización Las Lomas, San Luis, Parte (sic) Alta, Calle (sic) Principal, Bloque 1, Planta Baja, Apartamento (sic) 1, parroquia San Luis, Municipio (sic) Valera, Estado Trujillo, titular de la cédula de identidad N° V-10.760.260, al corroborar la identidad del mismo y ser la persona requerida, el funcionario detective Francisco GUZMÁN, procedió a realizarle la revisión corporal respectiva, amparado en los artículos 191° (sic) y 192° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, no encontrando ninguna evidencia de interés criminalístico, siendo las 11: 30 horas (sic) se practicó la aprehensión del ciudadano in comento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 234° (sic)  y 373° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal; seguidamente el precitado funcionario, procedió a leerle y otorgarle los Derechos Constitucionales consagrados en el artículos 490 (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 127° (sic) del Código Orgánico Procesal Penal, trasladándonos junto con el detenido hasta la sub delegación Valera, del estado Trujillo, con la finalidad de proseguir con las investigaciones. Una vez en la sede de este despacho, se procedió a informar a los jefes de la oficina Central Nacional de la Policía Internacional (INTERPOL), con sede en la ciudad de Caracas y los jefes de este despacho del procedimiento y detención realizada, dándose por notificados, acto seguido se efectuó llamada telefónica al número …, perteneciente al abogado Carlos VERA, fiscal de flagrancia del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de Valera estado Trujillo, quien se dio por notificado y a su vez manifestó que dicho ciudadano sea presentado ante los Tribunales correspondientes según lo establecido en el artículo 1190 (sic) de las reglas de actuación policial, se deja constancia que el ciudadano detenido se le permitió realizar llamada telefónica al número …. perteneciente a su cónyuge …, quien se dio por enterada de la situación jurídica, se consigna en la presente acta derechos del imputado debidamente firmados y Notificación Roja N° A- 6507110-2012 (sic), la cual se explica por sí sola’, y oído lo expuesto por el Ministerio Público al solicitar se remitan las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se inicie el procedimiento por extradición pasiva de conformidad con el artículo 386 y 387 del Código Orgánico Procesal Penal y oída la exposición de la defensa al argumentar que se opone a la solicitud realizada por el Ministerio Público por considerar que el procedimiento está viciado de Nulidad tal como lo (sic) 174 y 175 del COPP, que conforme a lo señalado en el artículo 386 y siguientes del COPP (sic) relativo a la extradición pasiva considero que el Ministerio Público solicita que se ponga mi defendido a la orden de la SALA  (sic) PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, no es menos cierto que el constituyente en el artículo 69 establece que se prohíbe la extradición de venezolanos, aunado al hecho del artículo 387 hace referencia al procedimiento que se debió seguir, es por lo que invoco (sic)  la nulidad ya que los Funcionarios actuantes no siguieron el procedimiento que establece este Artículo (sic), debido a que no acudieron ante el Ministerio Público para que este solicitara la correspondiente orden de aprehensión ante el Tribunal de Control, solicitando se decrete la libertad de su defendido, quien decide observa, que (sic) el solo motivo de la aprehensión no existe violación de derechos y garantías constitucionales, por cuanto de la detención realizada por los funcionarios policiales ellos actúan conforme a notificación Roja Internacional número de control A-6507/10-2012 de fecha 06-08-2014, presentando el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular (sic) de la Cédula de Identidad N° 10.760.260, …ORDEN DE DETENCIÓN RESOLUCIÓN JUDICIAL EQUIVALENTE N° 1827-71-2012.4.01.4200 de fecha 28 de agosto de 2014 por la Oficina Central Nacional de la Policial (sic) Internacional (INTERPOL)  Brasilia-Brasil, por el delito de TRAFICO INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, según notificación Roja Internacional  numero de control A-6507/10-2012, de fecha 06-08-2014, por lo que no existiendo violación de derechos y garantías constitucionales debe declararse sin lugar la solicitud de nulidad  interpuesta por la defensa. SEGUNDOConforme al procedimiento establecido en el artículo 386 y 387 Segundo Aparte del código orgánico procesal penal (sic), en razón a que el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular (sic) de la Cédula de Identidad N° 10.760.260 … , fue aprehendido por funcionarios adscritos a la División (sic) de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, el cual una vez verificado ante el sistema de Notificación Roja número A-65007/10-2012, de fecha 04-08-2012, requerido por la oficina Central Nacional de la Policía Internacional (INTERPOL), Brasilia-Brasil y orden de detención a resolución judicial equivalente  N° 1827-71.2012.4.01.4200, de fecha 28 de agosto de 2012, por las autoridades judiciales de Boa Vista Brasil, presuntamente responsable del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por los hechos: ‘Boa Vista (Brasil): El 7 de diciembre de 2011, ARROYO fue detenido en el momento que intentaba enviar, a través de una empresa de transporte con representación en Boa Vista /Roraima, tres cilindros llenos de cocaína que esta persona había transportado de Venezuela a Brasil. Las pesquisas emprendidas permitieron determinar que el destino final de la droga era Beirut (Líbano); este tribunal considera que efectivamente nos encontramos en presencia de un requerimiento por parte de un gobierno extranjero, a través de un instrumento denominado notificación roja internacional contra el ciudadano VICTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular (sic) de la Cédula de Identidad N° 10.760.260, … por la presunta comisión de tráfico internacional de estupefacientes, presuntamente cometido en país extranjero que conforme a nuestra legislación Venezolana, corresponde al delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, este tribunal acuerda remitir las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia quien se encuentra facultado para decidir lo conducente de conformidad con lo establecido en el artículo 386 y 38 (sic) Segundo (sic)  aparte del código orgánico procesal penal (sic). TERCERO: En cuanto a la medida judicial preventiva de libertad, solicitada por el ministerio público (sic) y la medida cautelar sustitutiva de libertad, solicitada por la defensa pública este tribunal observa que el Ciudadano (sic) VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular (sic) de la Cédula de Identidad N° 10.760.260,… se encuentra incurso presuntamente por participación en el delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, que en nuestra legislación Venezolana, corresponde al delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, quien se encuentra requerido mediante el instrumento denominado notificación roja internacional, requerido por el país extranjero bajo el número Brazil (sic), 1827-71.2012.4.01.4200, de fecha 28 de agosto de 2012, y a los fines de un pronunciamiento de medida asegurativa, este tribunal acuerda mantener en calidad de aprehendido al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO,  Titular (sic) de la Cédula de Identidad 10.760.260,… por pertenecer exclusivamente al conocimiento de la sala de casación penal (sic) y es esa máxima instancia quien deberá decidir acerca de cualquier solicitud de medida cautelar sustitutiva de libertad que al efecto se produzca por lo que se hace absolutamente necesario medida de reclusión provisional en contra del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular de la Cédula de Identidad N° 10.760.260,… quien deberá permanecer provisionalmente en la sede de INTERPOL  Caracas, hasta tanto el máximo tribunal dicte el pronunciamiento correspondiente, de acuerdo con lo regulado en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo reseñado en el artículo 386 ejusdem (sic) CUARTO: Se acuerda remitir las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, dejando copia certificada de la misma en el Tribunal. Así mismo se acuerda librar oficiar (sic) a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, a la Fiscalía Superior de Ministerio Público de este Estado (sic). Así se decide.

 

DISPOSITIVA

 

Por las razones antes anotadas este Tribunal Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control N° 6 (sic), del Estado Trujillo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: PRIMERO: Acuerda mantener la medida de Privación Judicial Privativa de Libertad al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular de la Cédula de Identidad N° 10.760.260… ACORDÁNDOSE COMO SITIO DE RECLUSIÓN LA SEDE INTERPOL CARACAS-VENEZUELA. SEGUNDO: Se acuerda remitir las actuaciones las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de justicia, dejando copia certificada de la misma en la sede de este Tribunal. TERCERO: Se acuerda el traslado del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular (sic) de la Cédula de Identidad N° 10.760.260, Natural de Carora, estado Lara, de 45 años de edad, nacido en fecha 07-10-1970, soltero de profesión técnico automotriz, residenciado en URB. LAS LOMAS, SAN LUIS PARTE ALTA, BLOQUE 01, APTO 01, PLANTA BAJA, VALERA ESTADO TRUJILLO, para ser puesto a la ORDEN DE LA SALA (sic) PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, de conformidad con el artículo 387 segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Se designa a los funcionarios INTERPOL Caracas, el traslado del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular (sic) de la Cédula de Identidad N° 10.760.260, Natural de Carora, estado Lara, de 45 años de edad, nacido en fecha 07-10-1970, soltero de profesión técnico automotriz, residenciado en URB. LAS LOMAS, SAN LUIS PARTE ALTA, BLOQUE 01, APTO 01, PLANTA BAJA, VALERA ESTADO TRUJILLO, a la ciudad de Caracas y ser puesto a la ORDEN DE LA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, a quien le hará entrega de las actas procesales, a los fines de la celeridad procesal. Así se decide…”.

 

En fecha 22 de junio de 2016, la Sala emitió oficio número 667, dirigido a la Comisario Yanet Guevara, Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, solicitando el registro policial que pueda presentar el ciudadano que aparece identificado en el expediente como VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, con la cédula de identidad V-10.760.260.

 

En la misma fecha (22 de junio de 2016), la Sala emitió oficio número 668, dirigido a la ciudadana abogada Mercedes Prieto Serra, Directora General de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, con el objeto de que informe si existe alguna investigación Fiscal que guarde relación con el ciudadano que aparece identificado en el expediente como VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, con la cédula de identidad V- 10.760.260.

 

En la misma fecha (22 de junio de 2016), la Sala emitió oficio número 669, dirigido al ingeniero Juan Carlos Dugarte, Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando los datos filiatorios, los movimientos migratorios, las huellas decadatilares, las trazas y registros fotográficos del ciudadano identificado en el expediente como VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO,  con la cédula de identidad V-10.760.260.

 

En fecha 22 de junio de 2016, la Sala emitió oficio número 688, dirigido a la Doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de informarle sobre el procedimiento de extradición pasiva seguido al ciudadano identificado en el expediente como VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, con la cédula de identidad V-10.760.260, en aras de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Consta en el folio treinta y uno (31) del presente expediente, que fue recibido en fecha 28 de junio de 2016, en la Secretaría de la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal, el oficio identificado con el alfanumérico FTSJ-3-2016-0193, con idéntica fecha, proveniente de Fiscalía Tercera para actuar ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo contenido es, entre otras cosas, el siguiente:

 

“Quien suscribe, CAROLINA SEGURA GUALTERO, …ante ustedes ocurro, a los fines de hacer de su conocimiento que, en fecha 15 de los corrientes, mediante comunicación número  VF-DGAJ-CAI-1502-16-029632, la Dirección General de Apoyo Jurídico comisionó a esta Fiscalía para ejercer la representación del Ministerio Público, en el procedimiento de Extradición Activa (sic) del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, quien se encuentra requerido por las autoridades de la República Federal del Brasil, por la presunta comisión del delito de Tráfico de Drogas y que cursa en el expediente N° 2014-198, de la nomenclatura de ese Despacho.

Información que suministro a los fines legales consiguientes, con la solicitud expresa que la presente comunicación sea agregada al expediente en referencia…”.

 

En fecha 08 de julio de 2016, esta Sala publicó decisión número 258, mediante la cual, ACORDÓ NOTIFICAR al Gobierno de la República Federativa de Brasil, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de sesenta (60) días continuos, contados a partir de su efectiva notificación, para presentar la solicitud formal de extradición pasiva y la documentación judicial necesaria, en el procedimiento de extradición seguido al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO. Igualmente, se especificó que en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso por el Gobierno de la República Federativa de Brasil, la Sala ordenaría la libertad del mencionado ciudadano.

 

Se recibieron en la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia los siguientes documentos:

 

En fecha 6 de julio de 2016, se recibió el oficio identificado con el alfanumérico O-9700-16-0194-12198, de fecha 30 de junio de 2016, enviado por la Comisario Yaneth Guevara, Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, cuyo contenido es el siguiente:

 

“…Respetuosamente me dirijo a usted, en la oportunidad de dar respuesta a su comunicación 667, de fecha 22 de junio de 2016, la cual guarda relación con el expediente AA30-P-2016-000198, recibido en esta División en fecha 22-06-2016, donde nos solicitan los registros del ciudadano: VICTOR (sic) JOSÉ AZUAJE ARROYO, C.I. V-10.760.260, cumplo con informarle que al ser verificado en nuestro Sistema de Investigación e Información Policial, presenta lo siguiente hasta el 30-06-2016, hora 11:09 am.

DETENIDO, Sub-delegación Valera, fecha 31-05-2016, Estafa, expediente, K-16-0069-01127.

Comunicación que se hace a los fines consiguientes. …”.

 

En fecha 11 de julio de 2016, se recibió el oficio N° 3612, de fecha 30 de junio de 2016, enviado por el ciudadano Julio Velasco, Director Nacional de Migración y Zonas Fronterizas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en cuyo texto se lee:

 

“…Tengo el agrado de dirigirme a usted, en esta oportunidad de dar respuesta a su comunicación N° 669, de fecha 22/06/2015 y recibida por esta Dirección el día 28/06/2016.

 

Atendiendo a su contenido y de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cumplo con informarle que el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, titular de la cédula de identidad N° V-10.760.260 ‘Registra los siguientes Migratorios’. Se anexan hojas de datos certificados de los registros.

 

Agradeciendo de antemano el apoyo para el logro de los objetivos, quedo de usted. …”.

 

Ahora bien, consta en los folios sesenta y tres (63) al sesenta y cuatro (64) del presente expediente, que fue recibida en la misma fecha y anexo a la comunicación señalada ut supra, reporte de los movimientos migratorios realizados por el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, cédula de identidad N° 10.760.260, identificado con la letra V, realizado por el Servicios Administrativo de Identificación Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, impreso en fecha 28 de junio de 2016, en la oficina sede central.

 

El referido reporte es del contenido siguiente:

 

MOVIMIENTO

N° DE DOCUMENTO

TIPO DE DOC

TIPO DE VISA

FECHA DE TRÁMITE

NÚMERO DE VUELO

AEROLÍNEA

SELLO

PÁIS DE ORIGEN

CIUDAD DE ORIGEN

PAÍS DESTINO

CIUDAD DESTINO

Entrada

10760260

Cédula de Identidad

 

02/08/2015

 

13:55:00

AFR 368

Air France

4M3Q0-Q3M0

FRA

Paris

VEN

Maiquetía

Salida

10760260

Cédula de Identidad

 

07/12/2014

 

17:30:00

AFA385

Air France

4M3Q0-Q3M0

VEN

Maiquetía

FRA

París

Entrada

10760260

Cédula de Identidad

 

07/12/2014

 

15:40:00

AFR368

Air France

4M3Q9-Q3M9

FRA

París

VEN

Maiquetía

Salida

058008904

Pasaporte

 

27/01/2014

 

 18:35:00

AFA385

Air France

3M8Q1-Q8M1

VEN

Maiquetía

FRA

París

Entrada

058008904

Pasaporte

 

08/10/2012

 

16:16:00

AFR368

Air France

1C245-A2C5

FRA

Paris

VEN

Maiquetía

Salida

058008904

Pasaporte

 

11/06/2012

 

19:45:00

TAM8051

Transporte Aéreos Regionales S. A.

4M8Q3-Q8M3

VEN

Maiquetía

BRA

Sao Paulo

Entrada

10760260

Cédula de identidad

 

31/08/2011

 

 13:55:00

AFR468

Tam

Air France

3M0Q6-Q0M6

FRAN

Paris

VEN

Maiquetía

Salida

045393095

Pasaporte

 

07/08/2011

 

 17:00:00

AFR471

Air France

(No se distingue el texto por el sello húmedo).

(No se distingue el texto por el sello húmedo).

(No se distingue el texto por el sello húmedo).

FRA

Paris

 

En fecha 15 de julio de 2016, se recibió el oficio N° 2914, de fecha 4 de julio de 2016, enviado por la ciudadana Yasmín Matiz, Directora de Verificación de Registros e Identidad del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Su texto es el siguiente:

 

“…Ante el compromiso histórico de fortalecer y llenar de fuerza transformadora a la Democracia Revolucionaria, reciba un cordial saludo bolivariano, extensivo a todo su equipo.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en la oportunidad de acusar recibo de su comunicación N° 669 de fecha 22-06-2016, atendiendo a su contenido y de conformidad con lo establecido en los artículos 158 Y (sic) 160 de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública, según Gaceta Oficial 5.890 de fecha 31 de Julio (sic) de 2008.

Al respecto de su solicitud, se especifican en relación anexa el (sic) DATO (sic) FILIATORIO (sic) del ciudadano (a), respectivamente, SEGÚN LO CONTENITVO EN LA TAJETA ALFABETICA, en virtud de contribuir con la investigación que adelante el despacho a su cargo.

   VICTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO.//

CEDULA  (sic) DE IDENTIDAD N° V-10.760.260

NOMBRE DE LOS PADRES:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: CARORA, PARROQUIA TRINIDAD SAMUEL DISTRITO TORRES ESTADO LARA EL 07/10/1970.//

ESTADO CIVIL: SOLTERO.//

DOCUMENTOS PRESENTADOS: PARTIDA DE NACIMIENTO N° 1.861 AÑO 1970, EXPEDIDA POR LA PREFECTURA DEL DISTRITO TORRES, ESTADO LARA EL 11/07/1979.//

OBSERVACIONES:..”.

 

En fecha 25 de julio de 2016, se recibió la comunicación identificada con el número 8045, de fecha 20 de julio de 2016, enviada por el ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director General encargado de la Oficina de Relaciones Consulares, Área de Asuntos Especiales, Dirección del Servicio Consular Extranjero del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Su contenido es el siguiente:

 

“…Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo patriótico y revolucionario, y a la vez hacer referencia al Oficio N° 756, de fecha 08 de julio de 2016, recibido en esta Oficina en fecha 11 del mismo mes y año, proveniente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través del cual adjunto copia certificada de la sentencia N° 256 (sic), dictada por esa Sala en fecha 08 de julio de 2016, en el proceso de extradición pasiva del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, titular de la Cedula (sic) de Identidad N° V-10.760.260, por la presunta comisión del delito de Tráfico Internacional de Estupefacientes, por lo que se acordó notificar al gobierno de la República Federativa de Brasil, del termino (sic) perentorio de sesenta (60) días continuos que tiene para presentar la documentación judicial necesaria en el procedimiento en cuestión.

 

Al respecto, se informa que esta oficina, por medio de la Nota Verbal N° 7865, de fecha 15 de julio de 2016, envió a la Misión Diplomática de la República Federativa del (sic) Brasil ante el Gobierno Nacional la sentencia in comento, recibida en la referida embajada en fecha 18 de julio del presente año…”.

 

En fecha 16 de agosto de 2016, se recibió el oficio identificado con el alfanumérico DFGR-DAI-1-323-2016, de fecha 15 de agosto de 2016, suscrito por la abogada Genny Rodríguez Méndez, Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, en el cual se lee lo siguiente:

 

“Me dirijo a usted, en la oportunidad de hacer referencia a su comunicación signada con el N° 668, a través de la cual solicita verificar si en contra del ciudadano Víctor José Azuaje Arroyo, titular de la cédula de identidad N° V-10.760.260, cursa alguna causa penal en nuestro país, con ocasión al procedimiento de extradición pasiva planteada por el Gobierno de la República Federativa de (sic) Brasil, por la presunta comisión del delito de ‘Tráfico Internacional de Estupefacientes’

 

En tal sentido, hago de su conocimiento que por información aportada por la Dirección de Protección Integral de la Familia, se verificó que ante la Fiscalía Décima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, se adelanta una investigación penal N° MP-338846-2014, seguida en contra del referido ciudadano en calidad de imputado, por la presunta comisión del delito de Trato Cruel contra un niño…”.

 

En fecha 26 de septiembre de 2016, se recibió el oficio identificado con el alfanumérico P-415-2016, de fecha 14 de septiembre de 2016, suscrito por la abogada Rafaela González Cardozo, Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, cuyo contenido es el siguiente:

 

“…Reciba un cordial saludo institucional, extensivo al personal que le acompaña en sus funciones. Respetuosamente, me dirijo a usted, en la oportunidad de acusar recibo a Oficio N° 1014, de fecha 19 de Agosto (sic) de 2016, a través de la cual solicita se informe a ese Despacho si por (sic) ante este Circuito Judicial Penal se sigue alguna causa contra el ciudadano: VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, titular de la cédula de identidad N° V-10.760.260 y en caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estado actual de la misma, así como mantener informada a esa Sala sobre el desarrollo de las actuaciones que guardan relación con el expediente contentivo del proceso de extradición pasiva del ciudadano antes mencionado, planteada por el Gobierno de la República Federativa del (sic) Brasil, por la presunta comisión del delito de Tráfico Internacional de Estupefacientes.

 

En relación a la información solicitada por usted, cumplo en remitirle comunicación N° 335-2016 de fecha 14 de Septiembre de 2016, suscrita por la ciudadana Siria El Jaramani, Coordinadora Judicial del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, mediante la cual informa que se procedió a la verificación minuciosa del sistema informático Juris 2000, para constatar la información solicitada en relación al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, titular de la cédula de identidad N° V-10.760.260, obteniéndose como resultado que por (sic) ante el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en función de Control N° 6, ingresó asunto al cual se le asignó nomenclatura TP01-P-2016-005329, por la  comisión del delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, causa ésta (sic) que fue remitida a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en virtud del proceso de extradición pasiva requerido por la Fiscalía del Ministerio Público.

 

Igualmente le hago saber a Usted (sic), que en fecha 18 de Agosto (sic) de 2016 ingresó por (sic) ante el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Función de Control N° 04, causa signada con el N° TP01-P-2016-007523, seguida al ciudadano antes mencionado por la comisión del delito de TRATO CRUEL, donde figura como víctima el adolescente …(se omite el nombre de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Segundo del Artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas, y Adolescentes) en la cual se encuentra fijada para el día 20 de Octubre de 2016 a las 3:00 de la tarde Audiencia para el Acto de Imputación, cuya investigación fiscal está asignada bajo la nomenclatura N° MP-338846-2014, la cual es llevada por la Fiscalía Novena del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial…”.

 

En fecha 29 de septiembre de 2016, fue recibido el Oficio 11239, de fecha 27 de septiembre de 2016, suscrito por el ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director Encargado de la Oficina de Relaciones Consulares, Dirección del Servicio Consular Extranjero del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, cuyo contenido es el siguiente:

 

“…Tengo el agrado de dirigirme a usted en la oportunidad de extenderle un cordial saludo patriótico y revolucionario, y a la vez remitir para su información y fines legales pertinentes Original de la Nota Verbal N ° 299, de fecha 20 de septiembre de 2016, recibida en esta Oficina en fecha 22 del mismo mes y año, proveniente de la Embajada de la República Federativa de Brasil acreditada ante la República Bolivariana de Venezuela mediante la cual adjunta copia certificada de la documentación judicial que sustenta la extradición del ciudadano VICTOR (sic) JOSE (sic) AZUAJE ARROYO…”.

 

Destaca en el folio 84 de la pieza 1, la Nota Verbal de fecha 20 de septiembre de 2016, signada con el N° 299, de la República Federativa de Brasil, cuya información es la siguiente:

 

“…La Embajada de la República Federativa de Brasil saluda al Honorable Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Oficina de Relaciones Consulares, Dirección del Servicio Consular Extranjero, y tiene el honor de informar que la Corte Federal de Boa Vista, Estado de Roraima, confirmó el interés en la extradición del señor Víctor José Azuaje Arroyo, de nacionalidad venezolana.

2. En este contexto, la Embajada tiene el honor de transmitir la solicitud formal del Gobierno Brasileño, con base en los documentos de apoyo y de formalización anexos, de extradición del mencionado ciudadano venezolano, asimismo solicitar al Honorable Ministerio sus buenos oficios en aras de mantener la prisión del Sr. Azuaje Arroyo, para los mencionados fines de extradición.

 

La Embajada de la República Federativa de Brasil aprovecha la oportunidad para renovar al Honorable Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores Oficina de Relaciones Consulares, Dirección del Servicio Consular Extranjero, la expresión de su más alta y distinguida consideración…”.

 

En fecha 29 de septiembre de 2016, fue recibida en esta Sala de Casación Penal la solicitud formal de extradición junto con los documentos judiciales que la respalda. En dicha documentación judicial certificada, se aprecian los siguientes recaudos:

 

1.                 Documento de “queja” (denuncia) presentado por el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil, al Juez Federal del Juzgado 1°, de la Sección Judicial del estado de Roraima; basada en los siguientes elementos de convicción:

 

1.1.  Auto de Prisión en flagrante del ciudadano Víctor José Azuaje Arroyo.

 

1.2.  Copia de los documentos de la Empresa DHL Express, demostrando los envíos al exterior de las piezas mecánicas (con la droga).

 

1.3.  Copias de los documentos de identificación personal utilizados por el denunciado con el nombre falso de Nelson José Ramírez Paredes.

 

1.4.  Auto de reconocimiento por foto.

 

1.5.  Término de declaración del ciudadano Joao Batista Rodríguez Vale.

 

1.6.  Informe de examen de la denominada sustancia cocaína.

 

1.7.  Testigos: Joao Batista Rodrígues Do Vale (taxista calificado) y Orlando Alves Da Silva Filho (representante de la Empresa DHL, Expres; Jesaías Portela Ramos de Andrade, Agente de la Policía Federal, registro 9908; Walker Vaz de Castro, agente de la Policía Federal Registro 9926.

 

2.      Decisión Judicial, mediante la cual se decreta Medida Judicial Privativa de Libertad en contra del ciudadano Víctor José Azuaje Arroyo.

 

3.      Orden de Detención N°1 2014, presentada por el Ministerio Público Federal, en contra del ciudadano Víctor José Azuaje Arroyo.

 

4.      Disposiciones legales aplicables al caso, relacionadas con el ilícito y la prescripción de la acción penal.

 

En fecha 25 de octubre de 2016, se recibió en esta Sala el Oficio identificado con el alfanumérico FTSJ-3-2016-0271, de la misma fecha, suscrito por la abogada Carolina Segura Gualtero, actuando en su carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público, para actuar ante la Sala Plena y las Salas de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo contenido se transcribe a continuación:

 

“Me dirijo a usted, en la oportunidad de remitirle anexo al presente constante de un  (01) folio correspondiente a copia del oficio N° 21-F09-2999-2016, de fecha 14 de octubre de 2016, suscrito por la Fiscalía Noveno del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Trujillo, mediante el cual informa a esta representación Fiscal, el estado actual de la investigación N° MP-338846-2014 seguida en contra del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO., (sic)    por la presunta comisión de uno de los delitos, contemplados en la Ley Orgánica Para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes.

 

Información que le suministro, en virtud de que esa Sala conoce del procedimiento de Extradición Pasiva seguido en contra del referido ciudadano, según el Expediente N° 2016-0198…”.

 

 “…Por las razones de hecho y derecho expuestas solicitamos de esta máxima instancia PRIMERO: La no procedencia de la extradición mandato de los artículos 6° (sic) del Código Penal Venezolano (sic) y 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela .SEGUNDO: Comparte la defensa el pedimento Fiscal que sea ordenado su juzgamiento en la República Bolivariana de Venezuela  TERCERO: Sea requerido de la República Federativa del (sic) Brasil, sea oficiada a la INTERPOL Caracas a los fines que se deje sin efecto la solicitud de Alertas (sic) Roja Internacional  N° (s) 06-08-2014, A-6507/10-2012, Seis de Agosto (sic) de 2014, donde es requerido por la República Federativa de (sic) Brasil, el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, como prófugo buscado para un proceso penal…”.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en los artículos 382 y 386 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a decidir sobre la procedencia o no de la solicitud de Extradición Pasiva del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, efectuando las siguientes consideraciones de Ley:

 

El Código Orgánico Procesal Penal, publicado en Gaceta Oficial N° 6.078, Extraordinario, del 15 de junio de 2012, en su Libro Tercero, “De Los Procedimientos Especiales”; Título VI, artículo 382, establece, que el procedimiento de extradición se rige por las normas de dicho Título, así como, por los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales suscritos por la República, y, el artículo 386, regula la extradición pasiva de la siguiente manera:

 

Fuentes.

Artículo 382. La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título”.

 

Extradición Pasiva.

Artículo 386. Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida…”.

 

A tal efecto, esta solicitud de Extradición Pasiva será resuelta con apoyo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, así como el tratado de extradición suscrito entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil, firmado en Río de Janeiro en fecha 7 de diciembre de 1938, cuya aprobación legislativa es de fecha 3 de julio de 1939 y su ratificación ejecutiva fue en fecha 17 de agosto de 1939,  canje de ratificaciones en fecha 14 de febrero de 1940, así como los Principios de Derecho Internacional que sobre Extradición se encuentran desarrollados en el mencionado instrumento jurídico.

 

En el aludido tratado se hace mención a lo siguiente:

 

ARTÍCULO V

 

La solicitud de extradición se hará por la vía diplomática o, excepcionalmente, a falta de agentes diplomáticos, por la vía directa, esto es, de Gobierno a Gobierno, y se acompañará con los siguientes documentos:

a. cuando se trate de simples acusados: copia o trascripción auténtica de la orden de prisión o auto de enjuiciamiento criminal equivalente emanado del Juez competente.

b. cuando se trate de condenados: copia o trascripción auténtica de la transferencia condenatoria.

 

Estas piezas deberán contener la indicación precisa del hecho incriminado, el lugar y fecha en que fue cometido, y se acompañarán, con copia de los textos aplicables al caso y de los referentes a la prescripción de la acción o de la pena, así como también de los datos o antecedentes necesarios para comprobar la identidad del individuo reclamado.

1°.- Siempre que sea posible, las piezas justificativas de la solicitud de extradición irán acompañadas de su traducción al idioma del Estado requerido.

2°.- La presentación de la solicitud de extradición por la vía diplomática constituirá prueba suficiente de la autenticidad de los documentos presentados en su apoyo, los cuales serán consecuencialmente tenidos como legalizados.

 

ARTÍCULO VI

 

Siempre que lo juzguen conveniente, las Partes Contratantes podrán solicitar la una de la otra, por medio de sus agentes diplomáticos, o directamente, de Gobierno a Gobierno, que se proceda a la prisión preventiva del inculpado, así como también a la aprehensión de los objetos relativos al delito.

Esta solicitud será atendida siempre que contenga la declaración de la existencia de uno de los documentos enumerados en las letras a) y b) del artículo precedente, y la indicación de que la infracción cometida autoriza la extradición, según este Tratado.

En este caso, si en el plazo máximo de sesenta días contados desde la fecha en que el Estado requerido hubiere recibido la solicitud de prisión preventiva de la persona inculpada, el Estado requirente no presentare la solicitud formal de extradición, debidamente instrumentada, el detenido será puesto en libertad, y sólo se admitirá nueva solicitud de prisión por el mismo hecho cuando se haga por medio de solicitud formal de extradición, acompañada de los documentos referidos en el artículo que antecede…”.

 

En el caso sub examine, el Tribunal Sexto de Primera Instancia Estadal y Municipal en función de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Trujillo, dictó decisión en fecha 14 de junio de 2016, mediante la cual declaró Sin Lugar la solicitud de  Nulidad interpuesta por la defensa, ordenó la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal y acordó “… mantener la medida de Privación Judicial Privativa de Libertad al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, Titular de la Cédula de Identidad N° 10.760.260…”.

 

Una vez recibido el expediente esta Sala corroboró que no existía la solicitud formal de extradición del ciudadano mencionado ut supra, por parte del Gobierno de la República Federativa de Brasil, ni la documentación judicial necesaria que justificara dicha petición, los cuales son indispensables para examinar los requisitos de fondo, que en cuanto al derecho interno e internacional, rigen la materia de extradición, por lo que la Sala, mediante la sentencia N° 258, de fecha 8 de julio de 2016, ordenó notificar al Gobierno de la República Federativa de Brasil, sobre la detención en nuestro país del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, estableciendo el término perentorio de sesenta (60) días continuos contados a partir de su efectiva notificación, para que presentara la solicitud formal de extradición, con la respectiva documentación judicial requerida. Esto conforme al mencionado Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

 

En consonancia con lo señalado anteriormente, la Sala de Casación Penal procede a verificar la documentación aportada con el objeto de comprobar si la misma cumple con los requerimientos tanto de forma como de fondo, para la procedencia de la solicitud de extradición presentada.

 

Destacan entre los documentos presentados los siguientes:

 

Cursa a los folios noventa y ocho (98) al noventa y nueve (99) solicitud de Orden de detención, presentada por el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil, Fiscalía de la República en Roraima, en cuyo contenido se lee:

 

“…EXCELENTÍSIMO SEÑOR DR JUEZ FEDERAL DEL 1o JUZGADO DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO DE RORAIMA

Investigación policial: IPL 009/2006 Proceso: 2006.42.00.2000378-7

Delito criminal: art. 33 c/art. 40, inciso 1, de la ley 11.343/06

 

El Ministerio Público Federal, a través de su Fiscal de la República que firma este documento, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales de titular de opinio delicli, con base en la investigación policial antes mencionada, viene, respetuosamente, ante la presencia de Vuestra Excelencia para ofrecer denuncia contra:

 

VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, venezolano, casado, natural de Carora - Lara/VE, ingeniero automotriz, hijo de …, nacido en 07/10/1970, instrucción de tercer grado, con documento de identidad n° 10760260, pasaporte N° 045393095, actualmente en local incierto y desconocido (fugitivo), en razón de la práctica del siguiente acto de delito presentado a continuación:

 

 

El denunciado utilizó los servicios del taxista Joao Batista Rodrígues para realizar la importación y el transporte de la pieza mencionada (donde en el interior de la cual estaba la droga) de Santa Helena (sic)Venezuela hasta Boa Vista/Brasil con la intención de enviar la misma al exterior (United States of America), sin embargo, la pieza no fue enviada, porque, en aquel momento, no tenía documentación, razón por la cual quedó guardada en la residencia de Joao Balista con fines de su posterior envío al extranjero.

 

Ocurrido que, en el día 21 enero 2006, la mencionada pieza conteniendo la droga (alcaloide de cocaína en forma clorhidrato), que, en aquel momento, no tenía (sic) sido enviada al exterior, fue capturada por la Policía Federal, en la residencia de Joao Batista, motivo por el cual esta persona fue detenida en flagrante.

 

Debe aclararse que, en el mes de diciembre 2005, el acusado hijo (sic) la importación y transporte, mediatamente (sic), por medio del taxista Joao Batista, junto a la respectiva pieza de otras piezas mecánicas, las cuales fueron enviadas, de esta capital, en el 19 septiembre 2005, al exterior (Holanda y España), a través de la empresa transportadora DHL Express, representada por Orlando Alves da Silva Filho.

 

Por cierto, se menciona indicar que el denunciado reiteradamente importaba y enviaba al exterior piezas mecánicas con características similares a la que fue capturada, con la ayuda del taxista Joao Batista, el cual estaba a cargo de hacer contacto con la empresa transportadora DHL Express, representada por Orlando Alves da Silva…  (que, como observado, actuó desprovisto de crimen, por tener (sic) sido incurrido en error del tipo excusable provocado por el denunciado), el cual, en su cargo, era responsable por recibir de las manos del denunciado, en el Hotel Euzébios, las piezas y los respectivos valores de fletes y de organizar el envío a los países extranjeros.

 

En este contexto, en cuatro situaciones anteriores, aproximadamente en los meses de mayo, junio, octubre y noviembre de 2005, el denunciado importó personalmente de la (sic) Venezuela varias piezas mecánicas, las cuales, después, de (sic) esta capital, en los días 24/05/05, 17/06/05, 20/06/05, 11/10/05 y 09/11/05, fueron enviadas al exterior (USA, España. Holanda y Grecia), por medio de la empresa transportadora DHL Express.

 

En esta situación se observa que la prueba de materialidad y las evidencias de autoría del crimen del (sic) tráfico internacional de drogas hecho por el denunciado se muestra claramente en la investigación de policía, notablemente en los siguientes documentos: a) Auto de prisión en flagrante de páginas 02/08; b) copia de documentos de la empresa DHL Express demostrando los envíos de piezas mecánicas (con la droga) al exterior (páginas 59/69); c) copia de los documentos de identificación y personal utilizados por el denunciado, con nombre falso de Nelson José Ramírez Paredez (pagina 70); d) Auto de reconocimiento por foto (páginas 98/100); e) Término de declaración de Joao Batista Rodrigues Vale (página 101/103); f) Informes de examen de sustancia (cocaína) a las páginas 81/88.

 

Ante los hechos presentados, el Ministerio Público hace queja contra VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO por la práctica del crimen previsto en el artículo 33 con art. 40,1, de la ley n° 11.343/2006, sin daños de posterior complemento, requiriendo que, con la aceptación de esta denuncia sea notificada la persona por aviso público, para presentar defensa, de acuerdo con los términos del artículo 55 de la ley n° 11.343/06 y, después, el recibimiento de esta, donde sea establecida la audiencia de instrucción y juicio, siendo ordenada la citación del acusado y la intimación del Ministerio Público Federal, haciéndose la producción de pruebas pertinentes al caso, con el grupo de testigos indicado abajo, así como realizados los otros actos normales de los artículos 54/59 de la ley n° 11.343/2006, hasta la pronunciación de la defensa de condena. No obstante, caso [que] el denunciado, después de su citación por aviso público, no estar (sic) presente y ni nombrar un abogado, se requiere que sea determinada la suspensión del proceso y del plazo de prescripción, de acuerdo con los términos del artículo 366 del Código de Proceso Penal, así como la prisión preventiva del acusado (que está como fugitivo en el proceso n° 1827-71.2012.4.01.4200), con el objetivo de asegurar la aplicación de la ley penal, conforme lo establecido por el artículo 312 del Código de Proceso Penal.

 

Boa Vista/RR, el 04 marzo 2013. RICARDO GRALHA MASSL4. (Fiscal de la República)

Grupo de testigos:

 

1 - Joao Batista Rodrígues do Vale, taxista calificado en página 101;

2-  Orlando Alves Da Silva Filho, representante de la transportadora DHL Express, calificado en página 108;

 

3-  Jesaias Pórtela Ramos de Andrade, agente de la policía federal, registro 9908, a cargo en la SR/DPF/RR (página 114);

4-  Waiker Vaz de Castro, agente de la policía federal, registro 9926, a cargo en la SR/DPF/RR (página 117)…”.

 

Consta en los folios noventa y nueve (99) al cien (100), decisión judicial, suscrita por el Juez Federal Sustituto Gilberto Pimentel de M. Gomes Junior, de la sección Judicial del estado de Roraima, cuyo contenido es del tenor siguiente:

 

“Proceso: n° 4829-15.2013.4.01.4200 Clase: 13101

CONCLUSION

Boa Vista (RR), el 10 febrero 2014

Vladimir Guedelhade Freitas (SUPERVISOR SEPOD-CR) DECISIÓN JUDICIAL: De acuerdo con la manifestación ministerial de página 199 la cual adopto (sic) como fundamentos, decreto la prisión preventiva de

VÍCTOR JOSÉ AZUELE (sic) ARROYO.

Suspendo el curso del proceso y del plazo de la prescripción, de acuerdo con los artículos 366 del CPP, conforme requerido en la página 291.

La Secretaría debe enviar el Proceso al Ministerio Público Federal, semestralmente, para que sean realizadas las diligencias necesarias para localización del acusado, preferiblemente en los meses de marzo a septiembre.

La Secretaría debe mantener control con el objetivo de verificar la fecha de la eventual prescripción, o sea, hipótesis la cual será hecha la conclusión de los autos indicando su acontecimiento

Información al Ministerio Público

Boa Vista-RR, el 10 de febrero 2013

Expídase y distribúyase las órdenes de prisión.

Gilberto Pimentel de M. Gomes Junior (Juez Federal Sustituto)

Orden de detención judicial N°.1/2014

Proceso N° 4829: 4829-15.2013.4.01.4260

Clase: 13101 Procedimiento común/Juez singular

Autoridad requirente: Ministerio Público Federal

Denunciado: VICTOR (sic) JOSE (sic) AZUEJE (sic) AROYO (sic)

El Juez Federal Sustituto del 1° Juzgado de la Sección Judicial del Estado de Roraima, Dr. Gilberto Pimentel de Mendoca Junior, en el uso de sus competencias legales:

MANDA a cualquier autoridad policial a quien este estar (sic) representado, firmado por mí mismo, que, en su cumplimiento, hacer la prisión de VICTOR (sic) JOSE (sic) AZUEJE (sic) ARROYO, venezolano, casado, natural de Carora-Lara/ VE, ingeniero automotriz, hijo de José Azuaje y Carmen Arroyo, nacido en 07/10/1970, instrucción de tercer grado, con documento de identidad N° 10760260, pasaporte N° 045393095, actualmente en local incierto y desconocido, teniendo en cuenta la determinación de su prisión preventiva en la página 201 del respectivo autos del proceso, observándose las formalidades legales. Cúmplase en la forma y bajo las penalidades de la ley, informando al interesado que este tribunal está establecido en el Foro de Bento de Faria, ubicado en Av. Getúlio Vargas N° 3999, Barrio Canarinho, Boa Vista/RR, código postal 69306-545. Yo Vladimir Guedelha de Freitas, técnico jurídico, escribí, y yo, Leotavia Helena Fraxe de Queirz, directora de a Secretaría, verifiqué y firmé el documento.

Boa Vista-RR, el 21 de febrero 2014.

Gilberto Pimentel de M. Gomes Junior (Juez Federal Sustituto)…”.

 

Comunicación emanada del Ministerio de la Justicia y Ciudadanía, Secretaría Nacional de Justicia y Ciudadanía, Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Legal Internacional, Coordinación de Extradición y Transferencia de Personas Condenadas, de la República Federativa de Brasil, de fecha 21 de julio de 2016, dirigida al Juez Federal Sustituto, del Juzgado Primero Federal, de la sección Judicial de Roraima, en tal sentido establece:

 

“Carta N° 1931/2016 EXT/CETPC/DRC/SNJ_MJ

Brasilia, el 21 julio 2016

A su Excelencia el Señor

IGOR ITAPAY PINHEIRO.

MM. Juez Federal Sustituto del 1° Juzgado Federal de la Sección Judicial de Roraima …

Asunto: Extradición activa (sic), Gobierno de Venezuela, VÍCTOR JOSE AZUAJE ARROYO, Informa sobre la ubicación del nominado.

Señor Juez,

1.             Respectivamente a la carta … del 29 junio 2016 envio (sic) a Su Señoría un mensaje electrónico recibido del (sic) Interpol, por el cual es informado que el acusado Víctor José Azuaje Arroyo es de probable ubicación en Venezuela.

2.             De esta forma la solicitud de extradición en la desventaja del nominado deberá tener base de acuerdo con los documentos previstos en el artículo V del tratado de extradición entre Brasil y Venezuela, del 7 de diciembre de 1938 y promulgado por el decreto N° 5.362, del 12 de marzo de 1940, in verbis:

3.             Indico que los documentos citados anteriormente deben ser traducidos al español

4.             Finalmente preguntamos a vuestra excelencia si tiene alguna necesidad de un trámite confidencial, de esta solicitud de extradición de este Departamento. Caso no sea informada tal necesidad, los interesados debidamente notificados pueden tener acceso al contenido de esta solicitud si requeridos por ellos, con base en la ley N° 12.527/2011. Además si eventualmente, durante el trámite del proceso judicial la solicitud pasa a ser clasificada como confidencial por la autoridad requirente, esta autoridad central deberá ser informada inmediatamente.

5.             Con esto establecido en este momento doy gracias a la cooperación y me pongo a la disposición para aclaraciones adicionales…”.

 

Sumado a lo expuesto, se remitieron junto a la documentación judicial textos legales transcritos en forma parcial, relacionados con la Constitución Federativa de Brasil, así como, leyes penales sustantivas, cuyos extractos están relacionados, con el ilícito penal, por el cual se solicita la extradición y la prescripción de la acción penal.

 

Primeramente, se transcribe el texto parcial que guarda relación con la Constitución de la República Federativa de Brasil, su contenido es el siguiente:

 

Presidencia de la República

Casa Civil (Subjefatura para asuntos jurídicos)

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERETIVA DEL (sic) BRASIL DE 1988

PREÁMBULO

 

Nosotros, representantes del pueblo brasileño, reunidos en una Asamblea General Constituyente para instruir un Estado Democrático, destinado a asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad, la justicia como valores supremos de una sociedad fraternal, pluralista, y sin prejuicios basada en la armonía, social comprometidos en el orden nacional e internacional con la solución pacífica de las controversial, promulgamos, bajo la protección de Dios, la siguiente CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL (sic) BRASIL.

 

TÍTULO II

DE LOS DERECHOS Y LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES

CAPÍTULO I

Artículo 5° Todos son iguales ante la ley, sin distinción de ningún tipo, garantizando a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad de derecho a la vida, libertad, igualdad, seguridad y a la propiedad, de acuerdo con los siguientes términos:

2° Los derechos y garantías establecidos en esta Constitución no excluyen los otros resultantes del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los acuerdos internacionales en que la república Federativa del (sic) Brasil sea parte…”

 

Igualmente, se transcribe el texto parcial que guarda relación con las Leyes identificadas con el número 11.343 DEL AGOSTO DE 2006”, cuyo contenido es el siguiente:

 

“Presidencia de la República

Casa Civil (Subjefatura para asuntos jurídicos)

LEY N° 11.343 DEL AGOSTO 2006

 

Establece el Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas-Sisnad. Define medidas de prevención de uso indebido, atención y (sic) inserción social de usuarios y dependentes (sic) de drogas; establece normas para represión a la producción no autorizado y al tráfico ilegal de drogas; define crímenes y presenta otras medidas.

 

El Presidente de la República hace saber que el Congreso Nacional decreta y yo apruebo la siguiente ley:

 

Art.33 Importar, exportar, enviar, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, poner a la venda (sic), ofrecer, tener en depósito, llevar consigo, guardar, prescribir, ministrar, entregar para consumo o proporcionar drogas, aunque gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo legal o regulamentar (sic).

 

Pena- Prisión de 5 (cinco) a 15 (quince) años y pago de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) días –multa.

 

1° En las mismas penas incurre quien:

I. Importa, exporta, envía, produce, fabrica, adquiere, vende, provee, tiene en depósito, transporta, lleva consigo o guarda, aunque gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo legal o regulamentar (sic), materia prima, insumo o producto, químico con objetivo de preparación de drogas:

 

II. Siembra, cultiva o hace cosecha, sin autorización o en desacuerdo legal o regulamentar (sic), de plantas que se constituyen en materia primera para preparación de drogas;

III. Utiliza local o bien de cualquier naturaleza de que tiene propiedad, posesión, administración, guarda o vigilancia o permite que otra persona, haga su utilización aunque (sic) gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo legal o regulamentar, para tráfico ilegal de drogas:

2°Inducir, promover o ayudar a alguien al uso indebido de drogas (Ver ADI N° 4.274)

Pena. Prisión de un (1) a tres (3) años y multa de cien a mil quinientos días multa, sin perjuicio de las penas provistas en el artículo 28.

3°Ofrecer droga, eventualmente y sin objetivo de ganancias, para persona de su relación para juntos hacer consumo:

Pena-Prisión de seis (6) meses a (1) un año, y pago de setecientos a mil quinientos 1.500 días de multa, sin perjuicio de las penas provistas en el artículo 28.

4°En los crímenes definidos en el aput (sic) y en N° 1 de este artículo, las penas poderán (sic) tener una reducción de un tercio  a dos sextos, prohibidas la conversión de penas restrictivas de derechos, desde que el agente sea primario con buenos antecedentes y no tenga actividades de delito y ni integre una organización criminal (ver resolución N° 5, de 2012)

 

Artículo 40. Las penas previstas en los artículos 33 a (sic) 37 de esta Ley se incrementan de un sexto a dos tercio si:

I. el tipo, origen de sustancia o del producto capturado y las condiciones del hecho indican la transnacionalidad del delito;

II. El agente practica el crimen usando su función pública o en la realización de misión de educación, poder de familia, guarda o vigilancia;

III. La infracción ha sido hecha en locales o entorno de centros penitenciarios, de enseñanza, hospitales, de sedes de las organización estudiantes, sociales, culturales, recreativas, desporte (sic) o caritativas en locales de trabajo colectivo, en locales donde se celebren espectáculos o entretenimientos de cualquier tipo, en locales de servicio de tratamiento para personas dependientes o de reintegración social, de unidades militares o policial o en transportes públicos;

IV. El crimen ha sido practicado con violencia, amenaza seria, uso de arma de fuego, o cualquier proceso de intimidación difusa o colectiva;

V. Carecterizado el tráfico entre Estados de la Federación o entres estos y el Distrito Federal;

VI. Su práctica envolver o tener como objetivo alcanzar niño o adolescente, o a quien tenga, por cualquiera razón.

La reducción o abolición de la capacidad de entendimiento y determinación;

VII.El agente financia o hace el pago de la práctica del crimen…”.

 

Y el DECRETO-LEY N° 2.848 DE DICIEMBRE 1940”, cuyo contenido es el siguiente:

 

 

“PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Casa Civil (Subjefatura para asuntos jurídicos)

DECRETO-LEY n° 2.848 DE DICIEMBRE 1940

 

TITULO VIII

DE LA EXTINCIÓN DE LA PENA

 

Art. 107- La pena se extingue: I.por la muerte del agente:

II-por la amnistía, benevolencia o perdón;

III-por la retroacción de la ley que no más considera el hecho como delito;

IV. por la prescripción, decadencia o suscripción preferente;

V.por la renuncia del derecho de queja o por el perdón acepto (sic) en los crímenes de acción privada.

VI. por la retracción del agente, en los casos en que la ley la admite;

IV. por el perdón judicial en los casos previstos en la ley.

Art. 108. Extinción de punibilidad de crimen que es supuesto, elemento constitutivo o condición del agravo (sic) de otro que no se extiende a este. En los crímenes conexos, la extinción de la punibilidad de uno de estados no impide, con relación a los otros, la agravación de la pena resultante de la conexión.

Prescripción antes de transitar en juzgado la sentencia final.

Art. 109. La prescripción antes de transitar en juzgado la sentencia final, excepto lo que está establecido en el N°1 del artículo 110 de este código, se regula por lo máximo de la pena privativa de libertad conforme al crimen verificándose:

i.              en veinte años si lo máximo de pena es superior a doce.

ii.            en dieciséis años si lo máximo es superior a ocho y no excede de doce;

iii.          en doce años, si lo máximo de la pena es superior a cuatro años y no excede de ocho

IV.en ocho años si lo máximo de la pena es igual a dos años y no excede de cuatro;

V. en cuatro años si lo máximo de la pena es igual a un año, siendo superior, no excede de dos;

VI.en dos años si lo máximo de la pena es inferior a un año.

VII.en tres años (3) años, si lo máximo de la pena es inferior a 1 (un) año.

Prescripción de las penas restrictivas de derecho

Párrafo único-Se aplican a las penas restrictivas de derecho los mismo plazos para las privativas de libertad.

Prescripción después de transitar en juzgado la sentencia final de condenación

Art. 110-La prescripción después de transitar en juzgado la sentencia de condenación se regula por la pena aplicada, no pudiendo bajo ninguna circunstancia, tener por término inicial fecha anterior a la denuncia o queja.

1°La prescripción después de la sentencia de condenación con transito en juzgado para la acusación o después de impróvido su recurso, se regula por la pena aplicada no pudiendo, bajo ninguna circunstancia, tener por término inicial fecha anterior a la denuncia o queja.

2°(Revocado)

Término inicial de la prescripción antes de transitar en juzgado la sentencia final.

Art. 111. La prescripción, antes de transitar en juzgado la sentencia final, se pone en marcha;   

I.              En el día el cual el crimen fue realizado

II.           en caso de intento, del día en que cesó la actividad criminal

III.en los crímenes permanentes del día en que cesó la permanencia.

IV.en los de bigamia, y en los de falsificación o alteración de realización de registro civil, en la fecha en que el hecho se dio a conocer.

V. en los crímenes contra la dignidad sexual de niños y adolescentes, provistos en este código o en legislación especial, en la fecha que la víctima completar (sic) 18 (dieciocho) años, excepto si a hace tiempo ya había una propuesta de acción penal.

Término inicial de prescripción después de la sentencia de condenación inapelable.

Artículo 112-En caso del artículo 110 de este Código la prescripción es válida después;

I-del día en que está en tránsito juzgado la sentencia de condenación, para la acusación o la cual revoca la suspensión condicional de la pena o la liberación condicional;

II.del día de interrupción de la ejecución, excepto cuando el tiempo de interrupción debe estar contenido en la pena.

Prescripción en el caso de evasión del condenado o de revocación de la liberación condicional.

Artículo 113.En en el caso de evadirse el condenado o ser revocada la liberación condicional, la prescripción es establecida por el tiempo que resta de la pena.

Causas interruptivas de prescripción

Art 117.El curso de prescripción se interrumpe:

I.              Por el recibimiento de la denuncia o de la queja

II.           por el pronunciamiento

III.por la decisión de conformación del pronunciamiento

IV. por la publicación de sentencia  o juicio de condenación inapelable

V. por el comienzo o continuación del cumplimiento de la pena

1°Exceptuados los casos de los incisos V y VI, la suspensión de la prescripción produce efectos relativamente a todos los autores del crimen. En los crímenes conexos, que sean objeto del mismo proceso, se extiende a los otros la interrupción relativa a cualquiera de estos.

2°Con la interrupción de la prescripción excepto a la condición del inciso V de este artículo, todo el plazo comienza a pasar nuevamente, del día de la interrupción.

Las penalidades más leves prescriben con las más leves…”.

 

Visto lo anterior, la Sala constató que en el caso sub examine fue remitida la documentación judicial certificada y traducida al idioma castellano, correspondiente a la solicitud de Extradición Pasiva del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, en fecha 29 de septiembre de 2016, por el ciudadano Antonio José Cordero Rodríguez, Director General encargado de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

 

En consecuencia, la Sala de Casación Penal, acordó fijar para el día 24 de octubre de 2016, la audiencia oral que refiere el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, librando las correspondientes boletas de notificación a cada una de las partes.

 

En fecha 24 de octubre de 2016 se realizó la audiencia oral, en el Salón de Audiencias de esta Sala, con la presencia de las partes. La abogada Carolina Segura Gaultero, Fiscal Tercera del Ministerio Público para actuar ante las Salas Plena, de Casación y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expuso sus alegatos y consignó un escrito contentivo de la opinión de la Fiscal General de la República. El abogado Javier José Hernández Acevedo, Defensor Público Segundo ante la Salas Plena y de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, expuso sus alegatos y consignó un escrito. Se le concedió el derecho de palabra al solicitado, ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, quien hizo uso del mismo. La Sala se acogió al lapso establecido en el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, para dictar su fallo.

 

DE LA OPINIÓN FISCAL

 

La ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de la atribución contenida en el numeral 15, del artículo 25, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el numeral 16, del artículo 111, del Código Orgánico Procesal Penal, emitió opinión en la presente solicitud de Extradición Pasiva del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, incoada por parte de la República Federativa de Brasil,  en la que concluyó lo siguiente:

 

Noveno: En virtud de lo expuesto el Ministerio Público a mi cargo y dirección considera que no se encuentra satisfechos lo extremos legales exigidos  para la procedencia de la solicitud de Extradición Pasiva, que existe contra el ciudadano Víctor José Azuaje Arroyo, toda vez que es venezolano por nacimiento, existiendo prohibición constitucional al respecto.

 

Por tanto, a criterio de este Despacho, la Solicitud de Extradición Pasiva debe ser declarada improcedente por razones de nacionalidad. Ahora bien, en aras de evitar la impunidad en el presente caso y por tratarse de un delito, igualmente, previsto en nuestra legislación, las autoridades venezolanas deberán comprometerse a requerir las actuaciones penales a la República Federativa del (sic) Brasil, con el objeto que el ciudadano Víctor José Azuaje Arroyo, sea procesado en su oportunidad ante los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuel…”

 

 

 

DE LOS ALEGATOS DE LA DEFENSA

 

El abogado Javier José Hernández Acevedo, Defensor Público Segundo ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como defensor del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, en la audiencia celebrada en el presente caso, de conformidad con el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal, consignó un escrito mediante el cual solicitó:

 

Visto lo anterior, la Sala concluye que se cumplió con uno de los requisitos formales de la Extradición Pasiva, específicamente el referido a la presentación de la solicitud formal de extradición y la documentación que la sustente y en consecuencia se realizó la audiencia a que hace referencia el artículo 390 del Código Orgánico Procesal Penal y lo previsto en el artículo V, literal a, numeral 1, del Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

 

Ahora bien, la Sala pasa a verificar los principios que rigen la extradición, los cuales establecen las condiciones de procedencia para la entrega del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO y su enjuiciamiento en el país requirente, considerando la normativa nacional e internacional suscrita entre los Estados partes.

 

A tal efecto, de acuerdo con el principio de territorialidad, se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente; de acuerdo con el principio de doble incriminación, el delito previsto en el Estado requirente, por el que se solicita la extradición, debe estar tipificado también en la legislación del Estado requerido; que la pena aplicada no sea perpetua o pena de muerte, conforme al principio de limitación de las penas; asimismo, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme con el principio de no prescripción; que el delito no sea político ni conexo, de acuerdo con el principio de no entrega por delitos políticos; la no procedencia por faltas o penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Parte, conforme con el principio de la mínima gravedad del hecho, así como que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, de acuerdo al principio de especialidad del delito. Asimismo, se debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, a los fines de cumplir con el principio de no entrega del nacional, en caso de que el ciudadano solicitado sea venezolano y no haya adquirido la nacionalidad venezolana con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado. Y naturalmente, el procedimiento de extradición se rige por los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos entre Venezuela y otros países, y a falta de estos, se regirá por el Principio de Reciprocidad internacional, que consiste en el deber que tienen los países de prestarse ayuda mutua para la represión del crimen.

 

Destacando que muchos de los principios están establecidos en el Tratado de Extradición suscrito entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República Federativa de Brasil, firmado en Río de Janeiro en fecha 7 de diciembre de 1938, cuya aprobación legislativa es de fecha 3 de julio de 1939 y su ratificación ejecutiva fue en fecha 17 de agosto de 1939, canje de ratificaciones en fecha 14 de febrero de 1940 y en este sentido, destaca  en el artículo I, lo siguiente:

 

“…Las Altas Partes Contratantes, se obligan en las condiciones establecidas por el presente Tratado y de acuerdo con las formalidades legales vigentes en cada uno de los dos países, a la entrega recíproca de los individuos, que, procesados o condenados por las autoridades judiciales de una de ellas, se encuentre en el territorio de la otra…”.

 

Al examinar el principio de territorialidad es menester constatar que el ilícito atribuido al individuo haya sido cometido en el territorio del Estado requirente.  En este sentido, consta de los documentos remitidos por el Estado requirente, que se sigue una investigación de carácter penal al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, por los hechos presuntamente cometidos en la República Federativa de Brasil, Boa Vista, Roraima,  en el año 2006. De manera que, se cumple con la exigencia derivada del principio de Territorialidad.

 

Respecto al principio de doble incriminación, es condición que el delito por el cual se solicita la extradición, esté tipificado como ilícito en los Estados requirente y requerido, en este sentido, se evidencia que el Tratado de Extradición no establece los ilícitos por los cuales debe solicitarse la extradición, no obstante, de los documentos remitidos por la República Federativa de Brasil, destaca que el delito por el cual es requerido el ciudadano Víctor José Azuaje Arroyo es el ilícito de Tráfico Internacional de Estupefacientes, previsto en la Ley 11.343/2006, en sus artículos 33 y 40.I  del mencionado país, que establecen respectivamente:

 

Artículo 33. Importar, exportar, enviar, preparar, producir, fabricar, adquirir, vender, poner a la venda (sic), ofrecer, tener en depósito, llevar consigo, guardar, prescribir, ministrar, entregar para consumo o proporcionar drogas, aunque gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo legal o regulamentar (sic).

Pena- Prisión de 5 (cinco) a 15 (quince) años y pago de 500 (quinientos) a 1.500 (mil quinientos) días –multa.

1° En las mismas penas incurre quien:

I. Importa, exporta, envía, produce, fabrica, adquiere, vende, provee, tiene en depósito, transporta, lleva consigo o guarda, aunque (sic) gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo legal o regulamentar (sic), materia prima, insumo o producto, químico con objetivo de preparación de drogas:

 

II. Siembra, cultiva o hace cosecha, sin autorización o en desacuerdo legal o regulamentar (sic), de plantas que se constituyen en materia primera para preparación de drogas;

III. Utiliza local o bien de cualquier naturaleza de que tiene propiedad, posesión, administración, guarda o vigilancia o permite que otra persona, haga su utilización aunque (sic) gratuitamente, sin autorización o en desacuerdo legal o regulamentar, para tráfico ilegal de drogas:

2°Inducir, promover o ayudar a alguien al uso indebido de drogas (Ver ADI N° 4.274)

Pena. Prisión de un (1) a tres (3) años y multa de cien a mil quinientos días multa, sin perjuicio de las penas provistas en el artículo 28.

3°Ofrecer droga, eventualmente y sin objetivo de ganancias, para persona de su relación para juntos hacer consumo:

Pena-Prisión de seis (6) meses a (1) un año, y pago de setecientos a mil quinientos 1.500 días de multa, sin perjuicio de las penas provistas en el artículo 28.

4°En los crímenes definidos en el aput (sic) y en N° 1 de este artículo, las penas poderán (sic) tener una reducción de un tercio  a dos sextos, prohibidas la conversión de penas restrictivas de derechos, desde que el agente sea primario con buenos antecedentes y no tenga actividades de delito y ni integre una organización criminal (ver resolución N° 5, de 2012)

Artículo 40. Las penas previstas en los artículos 33 a (sic) 37 de esta Ley se incrementan de un sexto a dos tercios si:

I. el tipo, origen de sustancia o del producto capturado y las condiciones del hecho indican la transnacionalidad del delito…”.

 

Afín con el tipo penal indicado anteriormente, la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Gaceta Oficial N° 38.337 del 16 de diciembre de 2005), establece:

 

Artículo 31. Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas o Químicos para su elaboración. El que ilícitamente trafique, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene, realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicos, será penado con prisión de ocho a diez años…”

 

Hoy, la Ley Orgánica de Drogas, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.546, de fecha 5 de noviembre de 2010, prevé en el artículo 149 lo siguiente:

 

Tráfico.

Artículo 149. El o la que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, aún en la modalidad de desecho, para la producción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años. Si la cantidad de droga no excediere de cinco mil (5000) gramos de marihuana, mil (1000) gramos de marihuana genéticamente modificada, mil (1000) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, sesenta (60) gramos de derivados de amapola o quinientas (500) unidades de drogas sintéticas, la pena será de doce a dieciocho años de prisión. 43 Si la cantidad de droga excediere de los límites máximos previstos en el artículo 153 de esta Ley y no supera quinientos (500) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de marihuana genéticamente modificada, cincuenta (50) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, diez (10) gramos de derivados de amapola o cien (100) unidades de drogas sintéticas, la pena será de ocho a doce años de prisión. Quien dirija o financie las operaciones antes mencionadas, con las sustancias, sus materias primas, precursores, solventes o productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho y drogas sintéticas, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años…”.

 

De manera que, es dable asegurar que el ilícito al cual hace referencia el artículo 33, en relación con el artículo 40.I, de la Ley identificada con el número 11.343 del mes de agosto del año 2006, del país requirente, posee identidad con  el tipo penal previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Gaceta Oficial N° 38.337 del 16 de diciembre de 2005) y el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.

 

Continuando con el examen de la solicitud de extradición pasiva, prescribe el artículo XVII, del Tratado de Extradición suscrito entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil lo siguiente “…Cuando según la legislación del Estado solicitante, fuere aplicable a la infracción la pena de muerte o una cadena perpetua, el Estado requerido solo concederá la extradición bajo la condición, de que esa pena será sustituida por la inmediatamente inferior, prevista en la legislación del Estado requirente y admitida por el Estado requerido. …”.

 

Asociado a lo expuesto, el artículo 44 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referido a la libertad personal establece que no se aplique al condenado la cadena perpetua, ni la aplicación de una pena que en su límite máximo exceda de treinta años.

 

A tal efecto, es menester constatar cuál es la pena establecida para el ilícito, y en este sentido tenemos, que el ilícito tipificado en el artículo 33, en relación con el artículo 40.I, de la Ley N° 11.343, de agosto de 2006, de la República Federativa de Brasil, establece una pena cuyo límite máximo es de quince (15) años, adicionalmente, prevé una sanción de carácter pecuniario, tal como es, el pago de quinientos (500) a mil quinientos (1500) días de multa, y un incremento de la pena de un sexto a dos tercios, considerando la transnacionalidad del delito.

 

En relación con nuestra legislación, el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Gaceta Oficial N° 38.337 del 16 de diciembre de 2005), establece una pena de prisión de diez (10) años en su límite máximo y finalmente, el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, establece una pena en su límite máximo de veinticinco (25)  años de prisión.

 

En consecuencia se descarta la aplicación condenas de pena de muerte y de  cadena perpetua, y conforme con el principio de limitación de las penas este requisito se encuentra satisfecho. 

 

Respecto a la prescripción, el artículo III, literal c, del tratado de Extradición tantas veces mencionado señala expresamente:“No se concederá la extradición…c. cuando la acción o la pena estuviere ya prescrita según las leyes del Estado requirente o del Estado requerido. …”.

 

Observamos, que esta norma está vinculada al principio de no prescripción de la acción penal, y de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N° 2.848 de Diciembre de 1940, de la República Federativa de Brasil, se señala el tiempo necesario para aplicar la prescripción de la acción penal, esto es:“…Art. 109 La prescripción antes de transitar en juzgado la sentencia final, excepto lo que está establecido en el artículo N° 1 del artículo 110 de este Código, se regula por lo máximo de la pena privativa de libertad, conforme el crimen verificándose: I. En veinte años si lo máximo de la pena es superior a doce. …”.

 

Por otra parte, la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Gaceta Oficial N° 38.337 del 16 de diciembre de 2005), contempla:

 

Prescripción.

Artículo 69. En los delitos cometidos por la delincuencia organizada previstos en los artículos 31, 32 y 33 de esta Ley, no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionarlos. En los delitos comunes y militares no se aplicará la llamada prescripción procesal, especial o judicial, sino únicamente la ordinaria…”.

 

Asociado con el artículo anterior, tenemos el artículo 271 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuyo contenido es del tenor siguiente:

 

Artículo 271. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes. El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpósitas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil…”. (Destacado de esta Sala).

 

De los artículos citados ut supra podemos afirmar que el delito de Tráfico Internacional de Estupefacientes, por el cual es requerido el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, fue cometido en fecha 21 de enero de 2006 ”…cuando presuntamente intentó realizar el envío de una cantidad de droga “10.185 kg de Cocaína. …”. y de acuerdo a lo establecido en el artículo 109 el Decreto Ley N° 2.848 de Diciembre de 1940, la acción penal prescribirá para los delitos cuya pena sea superior a doce años, una vez que hayan transcurrido veinte años y en el caso de nuestra legislación la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente que no prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar este tipo de delitos.

 

De lo antes expuesto se colige que no ha obrado el transcurso del tiempo en la República Federativa de Brasil, y, que en nuestro país, no es procedente la prescripción en este tipo de delito, en consecuencia se concluye que la acción penal no está prescrita para el ilícito señalado.

 

Continuando con el examen de la solicitud de extradición presentada por la República Federativa de Brasil, se destaca que el artículo III, literal e, del Tratado de Extradición suscrito entre los Gobiernos de la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, establece lo siguiente: “No se concederá la extradicióne. Cuando la persona sea reclamada por un hecho que tenga exclusivamente carácter político o militar, o que sea contrario a las leyes de prensa o constituya una infracción de carácter puramente religioso…”.

 

Es evidente que el delito de Tráfico Internacional de Drogas, no es un delito político, ni conexo con delitos políticos, por el contrario, se trata de un delito que atenta contra la salud pública, de manera que se descarta que el delito por el cual se solicita la extradición del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, sea un delito político, o conexo con este.

 

Prosiguiendo con el examen de la solicitud de extradición pasiva, se debe verificar la no procedencia de esta por faltas o penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Parte, conforme al principio de la mínima gravedad del hecho. Este principio también se encuentra establecido en el artículo II,  del Tratado de Extradición mencionado reiteradamente y señala lo siguiente: “Autorizan la extradición las infracciones a las cuales la ley del Estado requerido imponga pena de un año o más de prisión y se aplicará tanta al autor o al coautor como a la tentativa y a la complicidad. …”

 

Atendiendo lo anterior, ha quedado establecido que la solicitud de extradición seguida en contra del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, el ilícito por el cual es requerido, esto es, Tráfico Internacional de Estupefacientes, el cual prevé una pena superior a un año, y en ambas legislaciones contempla sanciones de: Límite máximo de quince (15) años de prisión, en la Ley N° 11.343, de agosto de 2006, de la República Federativa de Brasil y en caso de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Gaceta Oficial N° 38.337 del 16 de diciembre de 2005) señala una pena de diez (10) años de prisión en su límite máximo, por lo que, se cumple con el principio de la mínima gravedad del hecho, considerando que las penas para ambas legislaciones superan el año.

 

Continuando con el análisis de la solicitud de extradición, el artículo XI del Tratado de Extradición suscrito entre los Gobiernos de la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, prescribe lo siguiente: “…El inculpado entregado en virtud de este tratado, no podrá ser juzgado por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud de extradición. …”. Al asociar el artículo anterior a la presente solicitud de extradición del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, se evidencia que el ciudadano está requerido por el delito de Tráfico Internacional de Drogas, y no se observó en la documentación judicial enviada ningún otro ilícito.

 

Por último, se observa que  el artículo I del Tratado de Extradición suscrito en Río de Janeiro, el 7 de diciembre de 1938, aprobación Legislativa del 3 de junio de 1939, Ratificación Ejecutiva 17 de agosto de 1939, Canje de Ratificaciones 14 de febrero de 1940, entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, dispone lo siguiente: “…cuando el individuo sea nacional del Estado requerido este no estará obligado a entregarlo”. …”.

 

La Sala constata que el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, solicitado por la República Federativa de Brasil, posee la nacionalidad venezolana, tal como consta en los datos filiatorios que fueron remitidos mediante el oficio 2914, de fecha 4 de julio de 2016, enviado por la ciudadana Yasmín Matiz, Directora de Verificación de Registros e Identidad del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz, donde se deja constancia de lo siguiente:

 

“…Al respecto de su solicitud, se especifican en relación anexa el DATO (sic) FILIATORIO (sic) del ciudadano (a), respectivamente, SEGÚN LO CONTENITVO EN LA TAJETA ALFABETICA, en virtud de contribuir con la investigación que adelante el despacho a su cargo.

VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO.//

CEDULA DE IDENTIDAD N° V-10.760.260

NOMBRE DE LOS PADRES:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: CARORA, PARROQUIA TRINIDAD SAMUEL DISTRITO TORRES ESTADO LARA EL 07/10/1970.//

ESTADO CIVIL: SOLTERO.//

DOCUMENTOS PRESENTADOS: PARTIDA DE NACIMIENTO N° 1.861 AÑO 1970, EXPEDIDA POR LA PREFECTURA DEL DISTRITO TORRES, ESTADO LARA EL 11/07/1979.//

OBSERVACIONES:…”.

 

De los datos filiatorios antes transcritos, queda demostrado que el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, es de nacionalidad venezolana, nacido en el estado Lara, en fecha 7 de octubre de 1970 y titular de la cédula de identidad V-10.760.260.

 

Precisando que el proceso de extradición en la legislación venezolana, se encuentra regido por diversos principios, entre los cuales sobresale el de la no entrega del nacional, consagrado en el Tratado tantas veces aludido y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente, en el artículo 69, que establece:

 

Artículo 69. La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio.

Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas”. (Resaltado de la Sala).

 

En relación con la nacionalidad, el artículo 32 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece:

 

“…Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

Toda persona nacida en el territorio de la República...”.

 

En el mismo orden de ideas, el artículo 6 del Código Penal, respecto al régimen de extradición de un nacional, establece:

 

“…La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le imputa mereciere pena por la ley venezolana...”.

 

Por su parte, el artículo 9, numeral 1, de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, dispone que:

 

Son venezolanos y venezolanas por nacimiento:

1. Toda persona nacida en territorio de la República…”.

 

De igual forma, el artículo 12 de la citada Ley, expresa que: “…La nacionalidad venezolana por nacimiento no podrá ser revocada o suspendida, ni de alguna otra forma disminuida o privada por ninguna autoridad…”.

 

En atención a las disposiciones antes referidas, la Sala de Casación Penal deja claramente establecido, que en la legislación venezolana rige el principio de la “no entrega de nacionales”, el cual “…se basa principalmente en la idea de que conceder la entrega de un venezolano sería sacrificar el deber de protección del Estado para sus súbditos (que es a su vez un derecho de éstos) y sustraerlos de sus jueces naturales…”. (Vid: Sentencia N° 532 del 21 de octubre de 2009, Sala Accidental de Casación Penal).

 

En el presente caso, se evidencia que la petición de extradición de la República Federativa de Brasil, recae sobre el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, quien es venezolano por nacimiento, tal como se hizo referencia anteriormente.

 

En consecuencia, la Sala de Casación Penal concluye que es improcedente la Extradición Pasiva del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, formulada por la República Federativa de Brasil, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, numeral 1, y 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el artículo 6 del Código Penal venezolano; el artículo 9, numeral 1, y el artículo 12, ambos de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía. Así se decide.

 

Siendo así, el artículo I, numeral 1, del Tratado de Extradición suscrito en Río de Janeiro, el 7 de diciembre de 1938, aprobación Legislativa del 3 de Junio de 1939, Ratificación Ejecutiva 17 de agosto de 1939, Canje de Ratificaciones 14 de febrero de 1940, entre la República federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela,   dispone lo siguiente:

 

“…Las Altas Partes Contratantes, se obligan, en las condiciones establecidas por el presente Tratado y de acuerdo con las formalidades legales vigentes en cada uno de los dos países a la entrega recíproca de los individuos que, procesados o condenados por las autoridades judiciales de una de ellas, se encuentre en el territorio de la otra. …

 

Rehusada la extradición de su nacional, el Estado requerido quedará obligado a detenerlo y juzgarlo criminalmente por el hecho que se le imputa, si tal hecho tuviere carácter de delito y fuere punible por sus leyes penales…”. (Destacado de la Sala).

 

Por ello, recibida la documentación judicial necesaria por parte del Estado requirente, y no obstante, haber sido declarada la improcedencia de la extradición pasiva del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, por ser de nacionalidad venezolana por nacimiento, la Sala verificó el cumplimiento de los demás requisitos que hacen procedente someter el presente asunto a las autoridades venezolanas competentes, con el fin de que se proceda judicialmente contra el mencionado ciudadano. En tal virtud, y a fin de evitar la impunidad en el presente caso, el Estado Venezolano, representado por la Máxima Instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, asume para con la República Federativa de Brasil, el firme compromiso de continuar con el conocimiento y juzgamiento de los hechos objeto de la solicitud de extradición y la presunta participación en los mismos del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO.

 

Por consiguiente, se acuerda remitir toda la documentación enviada por la República Federativa de Brasil, al Juzgado Sexto de Primera Instancia Estadal y Municipal, en función de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Trujillo, a fin de dar inicio al proceso penal, para el enjuiciamiento del ciudadano solicitado. Dicho órgano jurisdiccional, una vez recibidas las actuaciones, deberá convocar a una audiencia para oír al imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, previa notificación a las partes.

 

Asimismo, se insta al Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, como titular de la acción penal, para que solicite y recabe de la República Federativa de Brasil, los elementos probatorios existentes que considere pertinentes presentar, a través de su representante en nuestro país, que puedan servir para el juzgamiento del hecho punible presuntamente cometido por el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO y, en consecuencia, dicte el acto conclusivo que corresponda en el lapso establecido en el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Se mantiene la medida de coerción personal contra el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO. Así se decide.

 

DECISIÓN

 

Por todas las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:

 

PRIMERO: declara IMPROCEDENTE la solicitud de extradición pasiva realizada por la República Federativa de Brasil del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, de nacionalidad venezolana comprobada y titular de la cédula de identidad V-10.760.260, de conformidad con lo establecido en los artículos: 32, numeral 1, y el artículo 69 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 6 del Código Penal venezolano, el artículo 9, numeral 1 y el artículo 12, ambos de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía.

 

SEGUNDO: el Estado venezolano, representado por la máxima instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso con la República Federativa de Brasil, de que se realizarán los trámites necesarios con el fin de que se procese al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, en la República Bolivariana de Venezuela, por la comisión del delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 33, de la Ley N° 11.343 de agosto de 2016 (República Federativa de Brasil), artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Gaceta Oficial N° 38.337 del 16 de diciembre de 2005) hoy artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas (República Bolivariana de Venezuela).

 

TERCERO: se ACUERDA remitir toda la documentación, enviada por la República Federativa de Brasil, al Juzgado Sexto de Primera Instancia Estadal y Municipal, en función de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Trujillo, a fin de dar inicio al proceso penal, respecto al ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO. Dicho órgano jurisdiccional, una vez recibidas las actuaciones, deberá convocar a una audiencia para oír al imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, previa notificación a las partes.

 

CUARTO: se INSTA al Ministerio Público a presentar el acto conclusivo correspondiente, en el lapso establecido en el tercer aparte del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y según el mismo artículo dar inicio al juzgamiento del ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO, por la comisión del delito de TRÁFICO INTERNACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 33, de la Ley N° 11.343 de agosto de 2016 (República Federativa de Brasil) y el artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Gaceta Oficial N° 38.337 del 16 de diciembre de 2005) hoy artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas.

 

QUINTO: se mantiene la medida de coerción personal contra el ciudadano VÍCTOR JOSÉ AZUAJE ARROYO.

 

Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión a la ciudadana Fiscal General de la República y al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, este último a fin de que notifique a la República Federativa de Brasil sobre el contenido de la presente sentencia.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los cuatro (4) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                       La Magistrada Ponente,

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                                         ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

El Magistrado,                                                                                                            La Magistrada,

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA                           YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

EJGM/

Exp. AA30-P-2016-000198.

 

            La Magistrada Doctora FRANCIA COELLO GONZÁLEZ no firmó, por motivo justificado.