|
De acuerdo con lo dispuesto en el
numeral 40 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
en conexión con el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde
a la Sala Penal pronunciarse acerca de la solicitud de RADICACIÓN interpuesta
por la ciudadana abogada CAROL PADILLA REYES, apoderada judicial del ciudadano
acusado YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, venezolano, mayor de edad e identificado
con la cédula de identidad Nº V- 13.160.295, en el juicio que se le sigue por
la supuesta comisión de los delitos de SECUESTRO, OCULTAMIENTO ILÍCITO DE ARMA
DE FUEGO, USURPACIÓN DE TÍTULO MILITAR, APROVECHAMIENTO DE ACTO FALSO y
OBTENCIÓN DE PASAPORTE CON FALSEDAD IDEOLÓGICA, tipificados respectivamente en
los artículos 462, 215, 278, 323 y 328 del reformado Código Penal, ante el
Jugado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Penal del
Estado Lara.
Tal
solicitud la ciudadana abogada CAROL PADILLA REYES, apoderada judicial del
ciudadano acusado YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, el 3 de noviembre de 2005.
El 10
de noviembre de 2005 se dio cuenta en la Sala y se designó ponente al
Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS.
La
solicitante planteó la radicación en los términos siguientes:
“... en fecha 25 de noviembre de 2003, en la población
de Cabudare Estado Lara, fue presuntamente secuestrado Armando Pastor Gudiño
por varios sujetos. Ateniéndolo (sic) en cautiverio aproximadamente dos meses y
que fue obtenida su libertad luego de que sus familiares negociaran con los
secuestradores el pago de la cantidad de (Bs. 150.000.000) el cual se hizo
efectivo en fecha 30 de enero de 2004.
En fecha 11 de marzo de 2004, se practicó la detención
del ciudadano YONNY BOLÍVAR, acreditándosele la autoría material del delito (…) por parte de la
Fiscalía Séptima ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial
Penal del Estado Lara, dictándole medida privativa de libertad así como medidas
cautelares sobre los bienes del imputado, lo cual causó gran revuelo
publicitario en los medios de comunicación impresos (…).
No obstante en fecha 29/0(sic)4/ 2005 le fue
otorgada una medida cautelar sustitutiva de libertad por la Juez Quinta de
Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Dra. Menfis Álvarez, lo que
trajo como consecuencia especulaciones por parte de los medios de comunicación (…)
tal medida jamás fue ejecutada en virtud de que en fecha 30/0(sic)4/
2005 la Fiscal Séptima Lorena Andrade presentó ante la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Estado Lara, amparo contra decisión judicial y
solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos del auto dictado por
la Juez Quinta de Juicio, siendo dicho amparo admitido y declarado con lugar (…)
lo cual conlleva violaciones flagrantes al debido proceso, toda vez que bajo
presiones por parte de los medios de comunicación no permiten a ningún juez
natural juzgar con la debida imparcialidad…” .
Para
avalar sus alegatos acompañó copias simples de los ejemplares de la prensa regional.
La
Sala Penal pasa a decidir según lo estipulado en el artículo 63 del Código
Orgánico Procesal Penal.
El artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal
dispone:
“En los casos de delitos graves, cuya perpetración cause alarma,
sensación o escándalo público, o cuando por recusación, inhibición o excusa de
los jueces titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se
paralice indefinidamente, después de presentada la acusación por el fiscal, el
Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá
ordenar, en auto razonado, que el juicio se radique en un Circuito Judicial
Penal de otra Circunscripción Judicial que señalará. Dicha decisión deberá
dictarla dentro de los diez días siguientes
al recibo de la solicitud”.
Según el citado
artículo la radicación de un juicio consiste en sustraer el conocimiento del
mismo al tribunal que le corresponde y de acuerdo con el principio del “forum
delicti comisi”, estipulado en el artículo 57 del Código Orgánico Procesal
Penal, para atribuirlo a otro de igual categoría pero de distinto circuito
judicial penal.
Así mismo establece la procedencia
de la radicación en los casos siguientes:
1)
Delitos graves, cuya
perpetración cause alarma, sensación o escándalo público.
2)
Cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces
titulares y de sus suplentes y conjueces respectivos, el proceso se paralice
indefinidamente después de presentada la acusación por el fiscal del Ministerio
Público.
La Sala reitera su
jurisprudencia en lo que respecta al estado de alarma, escándalo público o
conmoción social que en este caso pudieran influir en los jueces de la causa,
ya que el supuesto referido en el artículo 63 del Código Orgánico Procesal
Penal debe ser generado por la perpetración del hecho punible imputado al
ciudadano acusado y no por incidentes como el que refiere la apoderada
judicial.
La solicitante fundamentó la
radicación en que la investigación iniciada contra su mandante ha causado en la colectividad alarma,
sensación y escándalo público a través de los medios de comunicación.
En este sentido no está acreditado en autos una línea
sesgada y unívoca de información por parte de los medios que pueda
desequilibrar la administración de justicia en el Estado Lara.
En relación
con las copias simples de los artículos de prensa consignados por la
solicitante, la Sala Penal nota que en
efecto la prensa regional informó sobre la medida privativa de libertad
decretada en contra del ciudadano acusado YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, así
como también ha realizado seguimiento del caso; pero tales informaciones se han
producido en el ejercicio del derecho constitucional (artículos 57 y 58 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) a la libre emisión del
pensamiento y no son capaces de obstaculizar o desviar la recta administración
de justicia, siendo perfectamente lícitas.
La Sala Penal ha
decidido con reiteración lo siguiente: “... para que proceda la radicación
de un juicio debe darse por lo menos uno de los supuestos establecidos en el
artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal ...”. (Sentencia N° 62 del
11 de marzo de 2004, con ponencia del Magistrado Doctor ALEJANDRO ANGULO
FONTIVEROS).
De lo antes expuesto se concluye en que es ajustado a Derecho negar la
radicación del juicio interpuesta por la apoderada judicial del ciudadano
acusado YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ, por no encontrarse llenos los extremos
exigidos por el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.
DECISIÓN
Por
las razones expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación
Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la
Ley, declara SIN LUGAR la radicación del juicio solicitada por la ciudadana abogada CAROL PADILLA
REYES, apoderada judicial del ciudadano acusado YONNY EDUARDO BOLÍVAR JIMÉNEZ.
Dada, firmada y sellada en el Salón
de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a
los TREINTA (30) días del mes de NOVIEMBRE de dos mil cinco. Años 195°
de la Independencia y 146° de la Federación.
Se
ordena remitir copia certificada de la decisión al tribunal que conoce de la
causa.
Publíquese,
regístrese y archívese el expediente. Ofíciese lo conducente.
El Magistrado Presidente,
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE
El
Magistrado Vicepresidente,
HÉCTOR
CORONADO FLORES
El Magistrado,
ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS
Ponente
La
Magistrada,
BLANCA
ROSA MÁRMOL DE LEÓN
La Magistrada,
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
La Secretaria,
Exp. 05-491
AAF/ap