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En fecha 31 de enero de 2006, la Sala N° 10 de
la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de
Caracas, integrada por los Jueces ALEGRÍA LILIAN BELILTY BENGUIGUI, RITA HERNÁNDEZ
TINEO y JUVENAL BARRETO SALAZAR (ponente), declaró sin lugar el recurso de apelación propuesto por la víctima,
ciudadano VINCENSO CORDONE DI ILLO, contra la decisión dictada por el Juzgado
Cuadragésimo Tercero de Control del mismo Circuito Judicial que, a solicitud
del Ministerio Público, decretó el sobreseimiento
de la causa seguida al ciudadano FARAOUK AKL BITTAR, natural de Líbano y
con cédula de identidad N° 3.719.821, por la comisión del delito de ESTAFA,
previsto en el artículo 464 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 318, numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal, por no
revestir carácter penal los hechos denunciados.
Contra dicho fallo propuso recurso de casación
el ciudadano VINCENSO CORDONE DI ILLO, en su carácter de víctima, asistido por
el abogado JOSÉ ELPIDIO GÓMEZ GÓMEZ, inscrito en el Instituto de Previsión
Social del Abogado bajo el N° 14.921.
Transcurrido el lapso legal para la contestación
del recurso, sin que se llevara a cabo la realización de tal acto, fueron
remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia. Recibido el
expediente, el día 7 de abril de 2006, se dio cuenta en Sala de Casación Penal
y se designó ponente al Magistrado
Doctor HÉCTOR MANUEL CORONADO FLORES, quien con tal carácter suscribe el
presente fallo.
Cumplidos los trámites procedimentales del caso,
pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso
propuesto en los siguientes términos:
“…La Sociedad que represento, suscribió un Contrato
Unilateral de venta y de carácter preliminar, por el cual ‘PERFUMERÍA TAURO,
C.A’, representada para ese acto por el ciudadano FAROUK AKL BITTAR, tenía el
derecho de comprar unos inmuebles propiedad de ‘CORPORACIÓN REVI, C.A’.
Se estableció como obligación por parte de ‘PERFUMERÍA
TAURO, C.A’, el depositar una cantidad de UN MILLON DE BOLIVARES (Bs.
1.000.000,00), el cual debía ser depositado en la cuenta de ‘CORPORACIÓN REVI,
C.A’, en calidad de arras, hecho este que no se cumplió.
Es así como ‘PERFUMERÍA TAURO, C.A’ procede a demandar POR
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, alegando
el haber dado cumplimiento a su obligación de cancelar la suma antes indicada,
fundamentándola en un documento de carácter dudoso, el cual trajo como
consecuencia dos (2) sentencias de instancias, desfavorables a ‘CORPORACIÓN
REVI, C.A’.
Se inició un proceso penal que culminó en fecha dieciséis
(16) de Octubre de 1996, por sentencia dictada en el Tribunal Quinto de Reenvío
Penal siendo el caso que lo alegado por la parte actora, fue declarado como
FRAUDE PROCESAL (…).
Tenemos entonces, que toda actuación realizada por el
ciudadano FAROUK AKL BITTAR, así como sus apoderados, en conocimiento pleno, de
la sentencia emanada del Juzgado Quinto de Reenvío, materializa un FRAUDE
PROCESAL.
Ciertamente, con esa insistencia de la cual hice referencia
y que trajo como consecuencia que se decretara la EJECUCIÓN FORZOSA DEL FALLO,
obteniendo mediante ESTAFA SIMPLE, revivió la actividad fraudulenta y siguen
pretendiendo, con pleno conocimiento de lo acontecido en la Jurisdicción Penal,
la materialización de un nuevo FRAUDE PROCESAL, agravado y continuado, tal vez,
con el concurso del poder judicial, y por ello es que ocurro ante usted, por
vía de ‘NOTITIA CRIMINIS’ a los fines de que, aperture una investigación de
conformidad con lo pautado en el artículo del Código Orgánico Procesal Penal y
determinar, una vez examinados los hechos aquí narrados, así como los
instrumentos que se consignen, si la conducta desplegada por los ciudadanos
supra identificados constituyen nuevos delitos de FRAUDE PROCESAL…”.
DEL RECURSO
ÚNICA DENUNCIA
Con fundamento en el artículo 460 del Código
Orgánico Procesal Penal, el recurrente denunció la falta de aplicación de los
artículos 315, 455, 456, 1 y 12 eiusdem y
49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Señala que el
Fiscal del Ministerio Público, no debió “decretar”
el sobreseimiento de la causa sino que debió ordenar el archivo del expediente.
Por otra parte, expresa que la Corte de Apelaciones a pesar de haber admitido el recurso de apelación
propuesto, omitió la convocatoria para la realización de la audiencia oral a la
cual hace referencia el artículo 456 del citado Código, vulnerando así el
debido proceso y el derecho a la defensa.
La
Sala, para decidir, observa:
Respecto a la infracción del artículo 315 del
Código Orgánico Procesal Penal, la Sala observa que el impugnante atribuye el
vicio denunciado al Fiscal del Ministerio Público, quien, en su criterio, no
debió “decretar” el sobreseimiento de
la causa sino que debió ordenar el archivo de las actuaciones. De conformidad
con el artículo 459 del referido Código Orgánico, el recurso de casación sólo podrá
ser interpuesto en contra de las sentencias de las Cortes de Apelaciones que
resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la celebración de un nuevo juicio
oral.
No obstante lo expuesto, esta Sala declara
admisible el recurso de casación pero únicamente en relación a la denuncia de
infracción de los artículos 455 y 456, 1 y 12 del Código Orgánico Procesal
Penal y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En
consecuencia, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 466 del citado Código, convoca a una audiencia pública
que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor
de treinta (30). Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal
Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley, declara admisible el recurso de casación propuesto en relación a la
denuncia de infracción de los artículos 455 y 456, 1 y 12 del Código Orgánico
Procesal Penal y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Se convoca la correspondiente audiencia pública, de conformidad con el artículo
466 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual deberá celebrarse dentro de un
plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las
partes.
Dada,
firmada y sellada
en el Salón de Audiencias del
Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, al primer
( 1 ) día del mes de noviembre del año 2006. Años 196° de la Independencia y
147° de la Federación.
El
Magistrado Presidente,
El Magistrado Vicepresidente, La
Magistrada,
Ponente
La Magistrada, La
Magistrada,
La
Secretaria,