Ponencia de la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

Se inicio la presente investigación, en virtud de la querella interpuesta el 15 de julio de 2004, por la ciudadana (víctima) Lucila Manoush Caicedo Kilsi, contra los ciudadanos CARLOS TRUJILLO SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N” 190.531, de profesión u oficio Presidente de Ascensores Schindler de Venezuela C.A., EDUARDO PARILLI QUEVEDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.190.843, de profesión u oficio Director y Gerente General de Ascensores Schindler de Venezuela C.A., REINALDO MORENO SUÁREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.895.811, de profesión u oficio Supervisor de Reparaciones de la mencionada empresa, y GREGORIO PEÑARANDA, peruano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E-81.531.901, de profesión u oficio Técnico Electrónico de la compañía anónima Ascensores Shindler de Venezuela; por la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS GRAVÍSIMAS, tipificadas en el artículo 422 numeral 2 del Código Penal vigente para la época.

 

El 3 de diciembre de 2004, el Juzgado Cuadragésimo Séptimo de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó el sobreseimiento de la causa, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 33 numeral 4, en concordancia con el 318, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el hecho imputado no es típico. Asimismo, el mencionado Juzgado de Control, estableció como hechos objeto de la presente causa, los siguientes: “…la querellante el día 08 de octubre de 2001 al regresar de su trabajo, aproximadamente a las 7:00 horas de la noche tomó uno de los cuatro (4) ascensores del edificio donde residía, ubicado en la Torre “A” del Conjunto Residencial “Residencias Rosal Classic”, ubicado en la Urbanización El Rosal, calle Alameda, Caracas, en el apto. Pent house, con el ánimo de llegar a su casa y una vez en el ascensor encontrándose el mismo en funcionamiento, escuchó un estruendoso ruido, al tiempo que la cabina del ascensor en el que se encontraba comenzó a caer abruptamente varios pisos, deteniéndose finalmente de manera violenta entre dos pisos; la ciudadana refiere que sufrió momentos de enorme terror y angustia, mientras se producía la caída libre del ascensor; que habiéndose detenido abruptamente el ascensor le sobrevino un estado de terror cierto de perder la vida en vista de la posibilidad que sucediera un nuevo desprendimiento mortal que hiciera chocar la cabina del ascensor contra el piso; que decidió activar la alarma del ascensor y al mismo tiempo comenzó a gritar por ayuda desesperadamente y una vez que la cabina finalmente se detuvo entre dos pisos, la alarma continuó activada; que el conserje y los vigilantes del edificio forzaron las puertas de la cabina y pudieron producir una pequeña abertura que sirvió como vía de escape; que el esfuerzo para salir por la pequeña abertura le produjo lesiones físicas de consideración e incluso compresiones vertebrales y los momentos vividos la han afectado psicológicamente de manera gravísima que le ha producido un cuadro de enfermedad mental probablemente incurable; que habiéndose presentado funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Bomberos del Este del Estado Miranda, le suministraron oxígeno y tranquilizantes…”.

 

Contra esa decisión, interpusieron recurso de apelación los abogados Gonzalo Himiob Santomé y Milena Liani Rigall, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajó los N° 48.459 y 98.469, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la víctima Lucila Manoush Caicedo.

 

La Sala Ocho de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, integrada por los jueces María del Carmen Montero (ponente), Leonardo Parra Useche y Juan Carlos Goitía Gómez, el 14 de enero de 2005 DECLARÓ CON LUGAR el recurso de apelación propuesto por el Apoderado de la víctima, en consecuencia revocó la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Séptimo de Control, y remitió las actuaciones a la Fiscalía Quincuagésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines de que iniciara la investigación.

 

El representante del Ministerio Público el 6 de julio de 2005, SOLICITÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que la acción penal está prescrita.

 

El Juzgado Cuadragésimo Cuarto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el 3 de mayo de 2006, DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, conforme a lo establecido en los artículos 318 numeral 3, y el 48 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 108, numeral 5 del Código Penal, al considerar que la acción se encontraba prescrita.

 

Contra la mencionada decisión, interpusieron recurso de apelación, los Apoderados Judiciales de la ciudadana Lucila Manoush Caicedo Kilsi (víctima querellante).

 

La Sala Dos de la Corte de Apelaciones del mencionado Circuito Judicial Penal, el 15 de junio de 2006, DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y CORRIGIÓ la calificación jurídica del delito, quedando en definitiva como LESIONES CULPOSAS GRAVES, tipificado en el artículo 422 numeral 2 del Código Penal vigente para la época en que ocurrieron los hechos.

 

Notificadas las partes de la anterior decisión, el Apoderado judicial de la víctima querellante, propuso recurso de casación. Transcurrido el lapso legal para la contestación del recurso, sin que se llevara a efecto la realización de tal acto, fueron remitidas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia.

 

El 19 de septiembre del 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Doctora DEYANIRA NIEVES BASTIDAS, quien con tal carácter, suscribe la presente decisión.

 

Cumplidos como han sido los demás trámites procedimentales del caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Sala, procede a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de casación propuesto y al efecto observa:

 

El artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que: “Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”.

 

Asimismo, el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, establece cuales son las decisiones recurribles en casación, entendiéndose que sólo podrá ser propuesto contra: “Las sentencias definitivas de las Cortes de Apelaciones que resuelvan sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años;…”.

 

Ahora bien, en el presente caso, la querellante acusó a los ciudadanos CARLOS TRUJILLO, EDUARDO PARILLI, REINALDO MORENO y GREGORIO PEÑARANDA, por el delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS GRAVES, establecido en el artículo 422 numeral 2 del Código Penal vigente para la época.

 

Respecto al mencionado delito, el mencionado Código Penal, disponía que: “…El que por haber obrado con imprudencia o negligencia, o bien por impericia en su profesión, arte o industria, o por inobservancia de los reglamentos órdenes o disciplinas, ocasione a otro algún daño en el cuerpo o en la salud, o alguna perturbación en las facultades intelectuales será castigado:…(omissis)

2. Con prisión de uno (1) a doce (12) meses o multa de ciento cincuenta a mil quinientos bolívares, en los casos de los artículos 416 y 417….”.Y el vigente, dispone la sanción de: “…2. Con prisión de uno (1) a doce (12) meses o multa de ciento cincuenta unidades tributarias (150 U.T.) a un mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.) en los casos de los artículos 414 y 415…”, es decir, que ninguna de las dos normas, tiene asignada una pena, cuyo límite máximo exceda de 4 años.

 

De lo antes expuesto, se evidencia que  la sentencia de la Sala Dos de la Corte de Apelaciones, no está sujeta a la censura de casación, en virtud de que el delito por el cual se querelló la víctima contra los ciudadanos CARLOS TRUJILLO, EDUARDO PARILLI, REINALDO MORENO y GREGORIO PEÑARANDA, no supera el límite señalado en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal.

En consecuencia, la Sala de conformidad con lo establecido en los artículos 432, 459 y 465 eiusdem, declara INADMISIBLE el recurso de casación propuesto por los Apoderados Judiciales de los querellantes. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el Apoderado Judicial de la ciudadana Lucila Manoush Caicedo Kilsi (víctima querellante).

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente. Ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal en Caracas, a los    QUINCE        (15) días del mes de  NOVIEMBRE del año 2006. Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

ELADIO APONTE APONTE

 

El Magistrado Vicepresidente,     

 

HÉCTOR CORONADO FLORES               

 

Las Magistradas,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

Ponente

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

 

La Secretaria,

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

DNB/eams

EXP Nº RC06-388.