Ponencia del Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

El 26 de octubre de 2016, esta Sala de Casación Penal dictó sentencia N° 418, en la cual declaró procedente solicitar a la República de Colombia la extradición activa del ciudadano NICOLÁS AGUDELO BEJARANO, de nacionalidad colombiana y venezolana adquirida, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.237.092, y cédula de identidad venezolana N° 30.279.352, para ser sometido a un proceso penal por su presunta participación como director y financista en el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte agravado, previsto y sancionado en los artículos 149, último aparte, en relación con el 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, y en el delito de asociación, tipificado en los artículos 37, en relación con el 4, numeral 9, y 27 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

El 29 de septiembre de 2017, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal recibió el oficio N° 12610, del 27 del mismo mes y año, suscrito por la Directora General de la Oficina de Relaciones Consulares del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, anexo al cual remitió comunicación N° 2364, del 20 de septiembre de 2017, suscrita por el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Colombia, en la que acompañó Nota Verbal de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia signada con el alfanumérico DIAJI N° 2175, del 19 de septiembre de 2017.

En dicha nota, el referido órgano indicó:

“(…) El Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales- saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de la República Bolivariana de Venezuela con ocasión de hacer referencia a la Nota Verbal II.2.C6.E3 002109 de fecha 28 de agosto de 2017, la cual versa sobre las garantías para la posterior entrega en extradición del señor NICOLÁS AGUDELO BEJARANO.

Sobre el particular, se cursa copia del oficio OFI17-0030786-OAI-1100 de fecha 14 de septiembre de 2017, procedente del Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante el cual se informa y solicita lo siguiente:

‘[…] se requiera al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, para que otorgue el compromiso de respecto (sic) a las garantías para la entrega en extradición del ciudadano en mención, de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional mediante Resolución N° 249 del 28 de junio de 2017, por la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución N° 145 del 30 de marzo de 2017, en el sentido de adicionar los artículos primero y segundo de la parte resolutiva, así:

<<ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar el artículo segundo de la Resolución Ejecutiva N° 145 del 30 de marzo de 2017, en el sentido de indicar que la entrega del señor AGUDELO BEJARANO, se condiciona al compromiso ineludible del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de respeto a los derechos fundamentales de este ciudadano a la vida, a la dignidad, a la salud y demás inherentes que no pierde por el hecho de ser extraditado, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adicionar el artículo tercero de la Resolución Ejecutiva N° 145 del 30 de marzo de 2017, en el sentido de indicar que la entrega del señor AGUDELO BEJARANO, se condiciona al compromiso ineludible del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de garantizar un debido proceso durante el juicio que se adelante en contra del ciudadano requerido, por los hechos únicamente relacionados con la solicitud de extradición, incluyendo el nombramiento de un defensor de oficio en caso de que así se solicite, el acceso a la asistencia consular por parte de este ciudadano, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente acto administrativo.>>

Lo anterior, toda vez que la sentencia proferida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con lo cual el Gobierno de ese país, manifiesta el respectivo compromiso, fue proferida el 15 de agosto de 2016, razón por la cual el Gobierno de la República de Venezuela, deberá ajustar su compromiso tal y como lo requiere el Gobierno de Colombia, en los actos administrativos aquí citados.’

En consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales- agradece la atención que se preste al presente requerimiento efectuado por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

El Ministerio de Relaciones Exteriores -Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales- hace propicia la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada de la República Bolivariana de Venezuela las seguridades de su más alta y distinguida consideración (…)”.

Visto lo contenido en la Nota Verbal transcrita precedentemente, esta Sala de Casación Penal estima necesario puntualizar que en la citada sentencia N° 418, del 26 de octubre de 2016, se dejó expresamente establecido lo siguiente:

“(…) la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso ante la República de Colombia, de que al ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano, se le seguirá juicio penal por su presunta participación como director y financista en el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte agravado, previsto y sancionado en los artículos 149, último aparte, en relación con el 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, y por el delito de asociación, sancionado en los artículos 37, en relación con el 4, numeral 9, y 27 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relativas al derecho al debido proceso (artículo 49), al principio de no discriminación (artículo 19), a la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45), al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 46, numeral 1) y al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272), en caso de que el mismo resulte condenado por los señalados delitos. De igual modo, el requerido no será condenado a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3) a cuyo efecto se tomará en cuenta el tiempo que estuvo detenido en la República de Colombia (…)”.

Como se aprecia, la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, dio a la República de Colombia, garantías suficientes para el juzgamiento del ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano; sin embargo, nada impide que, en esta oportunidad, asuma el firme compromiso ante el referido Estado respecto a que al mencionado ciudadano se le seguirá juicio penal únicamente por su presunta participación como director y financista en el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte agravado, previsto y sancionado en los artículos 149, último aparte, en relación con el 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, y en el delito de asociación, tipificado en los artículos 37, en relación con el 4, numeral 9, y 27 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de las ya antes ofrecidas, las siguientes:

a) Las relativas al derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 constitucional, conforme al cual al ciudadano solicitado en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público, como también el acceso a la asistencia consular; a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas; y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley.

b) La garantía del derecho a la vida estipulada en el artículo 43 del texto constitucional, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida del ciudadano que se solicita en extradición.

c) La que concierne a la salud prevista en el artículo 83 eiusdem, como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza al ciudadano solicitado en extradición como parte del derecho a la vida.

d) El derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo tanto el ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46, numerales 1 y 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

e) Y, además, el Estado venezolano garantiza al mencionado ciudadano todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad. Así se decide.

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, ASUME el firme compromiso con la República de Colombia de que al ciudadano NICOLÁS AGULEDO BEJARANO, de nacionalidad colombiana y venezolana adquirida, identificado con la cédula de ciudadanía N° 79.237.092 y cédula de identidad venezolana N° 30.279.352, se le seguirá juicio penal únicamente por su presunta participación como director y financista en el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en la modalidad de transporte agravado, previsto y sancionado en los artículos 149, último aparte, en relación con el 163, numeral 11, de la Ley Orgánica de Drogas, y por el delito de asociación, sancionado en los artículos 37, en relación con el 4, numeral 9, y 27 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relativas: a) el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 constitucional, conforme al cual al ciudadano solicitado en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; b) a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público, como también el acceso a la asistencia consular; c) a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; d) de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley; e) el derecho a la vida estipulada en el artículo 43 del texto constitucional, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida del ciudadano que se solicita en extradición; c) el derecho a la salud previsto en el artículo 83 eiusdem, como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza al ciudadano solicitado en extradición como parte del derecho a la vida; f) El derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, por lo tanto el ciudadano Nicolás Agudelo Bejarano será tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46, numerales 1 y 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y, g) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los seis (6) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

La Magistrada Vicepresidenta,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Magistrada,

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

El Magistrado,

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

                        Ponente

La Magistrada,

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

JLIV

Exp. AA30-P-2016-000344