Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO.

 

En fecha 30 de julio de 2008, la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, extensión El Vigía, presentó escrito acusatorio contra los ciudadanos RÓNALD JOSÉ PACHECO, JACKSÓN PACHECO ARIAS, CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN y LUÍS MANUEL CANTILLO VALERA, en el cual relató los hechos siguientes:

 

“…Siendo las 03:45 horas de la tarde del día 12 de junio de 2008, encontrándonos de supervisión a bordo de la unidad P-368, conducida por el Cabo Segundo (PM) RENÉ RUBIO, a la altura de la avenida 15, específicamente frente al establecimiento MORA MOTORS, observamos un grupo de personas quienes atemorizadas, gritaban pidiendo auxilio y señalando hacia Motos ROZO, establecimiento ubicado en la entrada a la calle principal del Barrio Bolívar, de donde se escucharon varias detonaciones, observando al instante la veloz huída de un vehículo marca Ford, Modelo Fiesta, de color azul, seguido de una motocicleta, de color blanco, tipo Jaguar, la cual iba tripulada por un sujeto, que portaba casco integral de color negro, emprendiendo nosotros de inmediato y debido al clamor público la persecución, en sentido hacia la parte interna del Barrio Bolívar, con dirección al Hotel Mary, procediendo a solicitar vía radio apoyo a todas las unidades de la zona, pudimos observar cuando se intercambiaban señas el tripulante de la moto, con los tripulantes del vehículo antes descrito, en ese instante la motocicleta y el vehículo aceleraron fuertemente y nosotros continuamos con la persecución de los mismos, en sentido hacia la avenida Don Pepe Rojas, perdiendo de vista la motocicleta, notando que a la altura del semáforo ubicado hacia el terminal y debido a que éste estaba en rojo y por la presencia de un numeroso tráfico automotor, obligó al conductor a detener el vehículo Ford Fiesta, color azul, en vista de tal situación procedimos a realizar un bloqueo lateral con la unidad, bajándonos y de forma inmediata con las seguridades del caso le dimos la voz de alto indicándoles a los tripulantes que se bajaran del vehículo con las manos en alto, descendiendo por la puerta trasera derecha tres ciudadanos, a quienes por medidas de seguridad y en resguardo de nuestra integridad física se les indicó que se tiraran al piso y colocaran las manos sobre la cabeza y por último descendió el conductor, a quien también se le dieron las mismas indicaciones, al momento se hizo presente la unidad radio patrullera P305, conducida por los funcionarios CABO 2DO 176 ROMELIO CONTRERAS y DISTINGUIDO 207 GIOVANNY GUTIÉRREZ, quienes solicitaron la colaboración de un ciudadano, que pasaba en ese momento por el lugar para de esta forma dar cumplimento a lo establecido en los artículos 205 y 207 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando identificado el testigo como: LUIS ALEXANDER ARAQUE QUINTERO, titular de la cédula de identidad V-12-655.358, indicándole al testigo estar pendiente del desarrollo del procedimiento, donde se procedió abrir las restantes puertas del vehículo, para verificar si en el interior del mismo se encontraba una quinta persona, ya que la puerta del copiloto nunca fue abierta, temiendo que en este puesto hubiese estado oculta otra persona, ejecutada la acción y constatando la no presencia de otra persona, se le indicó al ciudadano testigo, se acercara al vehículo y visualizara la inspección interna del mismo, donde se observó sobre el asiento trasero Dos (02) armas de fuego, tipo Pistolas, con revestimiento de color negro, y a un lado de éstas una bala, notándose que la de mayor tamaño presentaba el martillo hacia atrás (montado), procediendo a resguardar las evidencias incautadas, así mismo dejo constancia que a través del radio portátil, tuve conocimiento de que en la Avenida 15 específicamente en el interior de la Firma Comercial MORA MOTORS, quedó tendido a consecuencia de unas heridas recibidas por arma de fuego, el cadáver de una persona adulta quien respondía al nombre de: LUIS ANTONIO VÁSQUEZ CALDERÓN e igualmente resultó herido en el desarrollo del mismo hecho con lesiones producidas por disparos efectuados por armas de fuego, un joven quien fue identificado como: JOSÉ LINARES, este último quien por la gravedad de las heridas y la extrema urgencia del caso fue trasladado en Ambulancia al Hospital Universitario de Los Andes con sede en la ciudad de Mérida, en virtud de las evidencias localizadas y del hecho suscitado dichos ciudadanos fueron trasladados con extrema seguridad hasta la sub/comisaría policila (sic) N° 12 El Vigía en la unidad P-305, al igual que al testigo en la unidad P-368, donde fueron identificados plenamente los detenidos de la siguiente manera: El conductor del vehículo como: 01. JACKSON PACHECO ARIAS, de Nacionalidad Venezolano, natural de El Vigía Edo. Mérida, de 18 años de edad, de profesión u oficio Vendedor de Quesos, F.N: 14/0611989, hijo de Maribel ARIAS y de José Gerardo Pacheco Villegas, domiciliado en el Barrio El Carmen, detrás del Gimnasio Morochito Rodríguez casa sin número El Vigía, Titular de la cédula de identidad V-18.637.381, quien vestía para el momento: pantalón jean color negro marca Levis Strauss y co. 501 una chemis (sic) de color azul con rayas de color azul y blanco, marca ELVUS un par de sandalias de color negro marca Grendene, una cadena de material metal color amarillo con un dije de forma de ala e iniciales (FIN) un dije con forma de llave, un llavero contentivo de una llave, una gorra color azul y blanco con el logo de Nike, una gorra de color negro de cuero marca BOSS, un celular color negro marca Sony Ercsson (sic), tecnología movistar los acompañantes como (sic) 02.- LUIS MANUEL CANTILLO VARELA Nacionalidad Venezolano, natural de El Vigía Edo. Mérida, de 25 años de edad, F.N: 22/06/1982, hijo de LUIS CANTILLO (f) y de EDIXY VARELA, de profesión u oficio Taxista, domiciliado en: Barrio San Isidro Avenida 17 casa s/n, El Vigía, Titular de la Cédula de Identidad V- 14.963.440; vestía para el momento: un pantalón Jean de color azul marca Levis Strauss, un swuéter (sic) tipo chemis (sic) color rojo con rayas de color amarillo y azul, marca LA Coste (sic), con un logo bordado con la figura de un caimán, una correa de color negro con logotipo CK, un porta estuche de celular color negro, unos zapatos deportivos color marrón marca RS21, un estuche porta navaja color negro contentiva de una navaja sin marca aparente. 03.- CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, de Nacionalidad Venezolano, natural de Ocumare del Tuy Edo. Miranda, de 27 años de edad, F.N: 20/09/1980, hijo de BLANCA NIEVES DURÁN (V) y de CÉSAR NERIO COLMENARES AVILÁN, de profesión u oficio Obrero, domiciliado en: Caño Seco II, calle 5 casa número 79 El Vigía, Titular de la Cédula de Identidad V-15. 890.059, vestía para el momento: un pantalón color negro marca Wranger, un suéter manga larga color crema marca S.C.A.N.N.E.R, una correa de color marrón sin marca, un juego de llaves contentivas de tres llaves una con protección color amarillo, una con protección color naranja, una llave sin protector con las letras 0MB, Un control de marca ODÍPLUG, un llavero con dos fotografías, un celular color negro marca Alcatel de tecnología Movistar, código de barra N° 011139007458451, un carnet a nombre de César COLMENARES Ci 15.890.059. de MOTOMAX C.A con el cargo de asistente de servicio técnico, un par de zapatos de cuero color marrón marca Sebago DOCKSIDES, y el último 04- RÓNALD JOSÉ PACHECO, de Nacionalidad Venezolana, natural de Valera Estado Trujillo, de 21 años de edad, F.N: 03/10/1986, de profesión u oficio obrero, hijo de Mabel ARIAS (Sic) y de José Gerardo Pacheco Villegas, domiciliado en el Barrio Suramérica, calle 3 con avenida Don Pepe Rojas casa s/n El Vigía, Titular de la Cédula de Identidad V-17.027.955; quien vestía para el momento: un pantalón Jean color azul, marca Wranger, una camisa manga corta de cuadros de color marrón, azul, naranja y Beis (sic) marca Estivaneli. Unos zapatos de cuero color marrón marca INCIJE italy, a quienes se procedió a imponerlos de sus derechos según lo estipulado en el artículo 125 deI Código Orgánico Procesal Penal, siendo conducidos hasta el Retén Policial, donde quedaron en calidad de resguardo para ser puestos a la orden y disposición de la Fiscalía de Proceso del Ministerio Público, de igual forma fue trasladado por el Distinguido (PM) N° 172 Darwin Borrero el vehículo involucrado en el presente hecho el cual reúne las siguientes características: Clase Automóvil, Tipo sedan, Marca Ford, Modelo Fiesta, color azul, Año 2002, placas VBN-27C, donde se le practicó una inspección según lo establecido en el artículo 207 del COPP dentro del mismo se visualizó esparcido en diferentes partes internas del vehículo los siguientes objetos: Un pantalón Jean de color azul marca Wranger, una porta cacerina marca DE BLASI, una gorra de color verde con el logo de Nike, un coala (sic) de color azul con el emblema de Venoco, una  gorra de color amarillo con el emblema de Adidas de color azul, una gorra de color roja con el logotipo Glasses, una gorra de color verde militar con el logo Armada de Venezuela, un suéter marca lacoste color verde con franjas de color negro rojo y blanco, un suéter blanco manga larga, una franela color azul con el logo ECKO UNLTD, un bolso koala verde oliva marca PENGPAL una llave de moto con el emblema de rozo, dos pares de lentes contra el sol uno de color negro marca PT2000 y uno plateado marca 0Mev, dentro de la guantera del vehículo se localizaron unos documentos de compra y venta notariados del mismo, se deja constancia que en el mencionado vehículo se encuentra instalado en el tablero delantero un accesorio de sonido descrito de la siguiente manera: un reproductor de sonido de CD y video con una pantalla digital marca Pioneer, dos cornetas laterales ubicadas en las puertas delanteras, en la parte trasera del maletero de dicho vehículo se encuentra un cajón con un bajo de aproximadamente 12 pulgadas marca Kicker, en la parte superior del cajón cuatro cornetas en forma horizontal marca Pioneer, y de igual manera en la parte trasera del asiento trasero fijadas al mismo dos plantas de sonido marca Boss G.T una de 2500 Wattios, y la otra de 880 wattios, de color cromado y negro, las armas de fuego localizadas dentro del vehículo son: una pistola 9 mm, marca SIG SAUER, P-228, de fabricación Made in Germany, serial visible VESP000068, color negro, empuñadura de material plástico, un cargador de la misma marca portando en su interior siete cartuchos calibre 9 mm sin percutir, cinco marca Luger y dos marca Cavim, una pistola 9 mm, marca Kareen, de fabricación Israel, seriales devastados, un cargador sin marca aparente contentivo de cinco cartuchos sin percutir, tres marca Luger y dos marca Cavim la misma es la que se encuentra con el martillo hacia atrás (montada), se le notificó del caso al ciudadano Abg. Gustavo Araque Fiscal de guardia para el momento…”.

 

En fecha 18 de noviembre de 2010, la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, extensión El Vigía, en el escrito acusatorio interpuesto contra el ciudadano CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, le atribuyó otros hechos, en los términos siguientes:

 

“…En fecha 12 de abril de 2010, el hoy occiso FELIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA … camina por la VÍA PÚBLICA, SECTOR LA BLANCA, CALLE 2, ENTRE AVENIDA 1 Y 2, ESPECÍFICAMENTE FRENTE A LA CASA NÚMERO 1-31, DE COLOR BLANCO, MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA, ya que se dirigía a llevarle el almuerzo a su compañera sentimental ciudadana VIGNAURA ALEXANDRA MALDONADO RIVAS … a su lugar de trabajo; es cuando siendo aproximadamente la 1:00 hora de la tarde, el vehículo MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS LAD51K, COLOR ROJO, de repente se colocó a su lado, comenzó a descender el vidrio de la puerta trasera y realizaron un disparo, el agraviado mira para el vehículo y sale corriendo gritando “FUE ÑOCO”, quien posteriormente fue identificado como CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. V- 15.890.059; y a mitad de cuadra cae al piso.

Simultáneamente, su hermana YUCLEIDYS ALEJANDRA FERNÁNDEZ GARCÍA… quien se encontraba cerca del lugar del hecho manifiesta que el vehículo antes descrito, tenía desde horas de la mañana rondando por dicho sector a baja velocidad, lo cual le causó sospecha y tomó nota de sus características, señalando que observó cuando el hoy imputado APODADO “ÑOCO” abordó el vehículo en la parte posterior. Que en horas de la tarde, estaba por el sector, ya que custodian un terreno invadido, y que encontrándose de frente a su hermano, como aproximadamente 50 metros, observó cuando mientras el caminaba de lo más tranquilo, de la parte posterior del vehículo antes descrito realizaron un disparo hiriendo a su hermano, que ella sale corriendo en su dirección a auxiliarlo y que el vehículo pasa por su lado y ella mira por la ventana de donde provino el disparo y reconoce que quien iba allí era el hoy imputado APODADO ÑOCO quien posteriormente fue identificado como CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN.

Al llegar al lado de su hermano, se encontraba consciente y le manifestó que quien le había disparado era el hoy imputado APODADO EL ÑOCO…”.

 

Respecto del ciudadano LUIS MANUEL CANTILLO VALERA, quien aparece como imputado en la presente causa, la Sala constató que en fecha 28 de septiembre de 2010, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida declaró extinguida la acción penal que se le seguía, por haber ocurrido la muerte del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 48, numeral 1, del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 13 del Código Penal, y en consecuencia decretó el SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA conforme al artículo 318, numeral 3, del Código Orgánico Procesal Penal. (Folio 1432 pieza V).

 

En fecha 21 de diciembre de 2011, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, extensión El Vigía, CONDENÓ a los ciudadanos: 1) RÓNALD JOSÉ PACHECO, titular de la cédula de identidad V-17.027.955, a cumplir la pena de VEINTIÚN (21) AÑOS DE PRISIÓN, por ser autor en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio del ciudadano José Alberto Linares Márquez y en el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 eiusdem; 2) JACKSON PACHECO ARIAS, titular de la cédula de identidad V-18.637.381, a cumplir la pena de VEINTIÚN (21) AÑOS DE PRISIÓN, por ser cooperador inmediato en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio del ciudadano José Alberto Linares Márquez, y en el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 eiusdem, en perjuicio del Orden Público; y 3) CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, titular de la cédula de identidad V-15.890.059, a cumplir la pena de VEINTIOCHO (28) AÑOS DE PRISIÓN, por ser cooperador inmediato en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO COMETIDO CON ALEVOSÍA, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio de los ciudadanos José Alberto Linares Márquez y Luis Antonio Vásquez Calderón, en el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 277 en concordancia con el artículo 83, eiusdem, en perjuicio del Orden Público; y como autor en el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES O INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 406, numeral 1, ibídem, en perjuicio del ciudadano Filiberto Fernández García.

 

Los hechos acreditados en dicha sentencia son del tenor siguiente:

 

“EXPOSICION CONCISA DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO EN LA CAUSA LP11-P-2008-0001531

 ... se llegó a la conclusión de toda la concatenación lógica de los elementos de prueba y circunstancias que unidas entre sí forman plena prueba, para afirmar que quedo probado que el día fecha 12 de junio del año 2008 a las 3:30 horas de la tarde aproximadamente; en la avenida 15, diagonal al local ‘Mora Moto’, la Bubuqui donde funciona el local ‘Repuestos y Accesorios Rozo’, ubicada en Municipio Alberto Adriani El Vigía Estado Mérida, se le produjo la muerte al occiso JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ, y de igual forma en la avenida 15, diagonal al local ‘Repuestos y Accesorios Rozo’, donde funciona el local ‘Mora Motos’, ubicada en Municipio Alberto Adriani El Vigía Estado Mérida, se le produjo la muerte al hoy occiso LUIS ANTONIO VÁSQUEZ CALDERON, ocasionada por heridas con armas de fuego, tipo pistola, arma ésta que accionó en su contra el ciudadano RONALD JOSÉ PACHECO, en perjuicio del hoy occiso JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ, quien luego de cometer el delito se dirigió a la huida de un vehículo marca Ford, Modelo Fiesta, color azul, quien era propiedad del ciudadano JACKSON PACHECO ARIAS, igualmente se conoció en el juicio público que la persona que le disparo al hoy occiso LUIS ANTONIO VÁSQUEZ CALDERON, huyó en una motocicleta, color blanco, tipo Jaguar, tripulada por dos sujetos. Y es entonces, cuando los Funcionarios Sub. Comisario (PM) JOSÉ GREGORIO MÉNDEZ BECERRA y Cabo Segundo (PM) RENE RUBIO, adscritos a la Sub. Comisaría Policial N° 12 con sede en El Vigía Estado Mérida, quienes se encontraban realizando supervisión a los puestos policiales, a la altura de la Avenida 15 de la ciudad de El Vigía Estado Mérida, específicamente frente al establecimiento comercial ‘MORA MOTORS’, observaron un grupo de personas pidiendo auxilio, señalando hacia el establecimiento ‘MOTOS ROZO’, ubicado en la entrada de la Calle Principal del Barrio Bolívar de la referida ciudad y frente al establecimiento ‘MORA MOTORS’, que los homicidas estaban huyendo en un vehículo marca Ford, Modelo Fiesta, color azul, seguido de una motocicleta, color blanco, tipo Jaguar, tripulada por un sujeto. Emprendiendo de inmediato la persecución, hacia la parte interna del Barrio Bolívar, observando los funcionarios que los tripulantes del vehículo iban detrás de los tripulante de la moto, pero aceleraron hacia la Avenida Don Pepe Rojas, perdiendo de vista la moto, por seguir al vehículo que era de más fácil persecución, la cual notaron que a la altura del semáforo que se encontraba en rojo, ubicado en la vía hacia el Terminal, la afluencia de vehículos había obligado a detener el vehículo Ford Fiesta, color azul, dándoles la voz de alto a los tripulantes y con las seguridades del caso, le ordenaron bajarse del vehículo, descendiendo por la puerta trasera derecha tres ciudadanos y por último el conductor, indicándoles que se tiraran al piso. Momento en el cual hizo presencia otra Unidad Policial de Apoyo, tripulada por los Funcionarios YOVANNY GUTIÉRREZ y Distinguido (PM) DARWUIN BORRERO, adscritos a la Sub. Comisaría Policial N° 12 con sede en El Vigía Estado Mérida, quienes de inmediato solicitaron la colaboración al ciudadano LUÍS ALEXANDER ARAQUE QUINTERO, para que presenciara en calidad de Testigo, el procedimiento, indicándole que se acercara con los Funcionarios Policiales a la revisión del vehículo, a los fines de la práctica de la correspondiente inspección interna del vehículo, observando sobre el asiento trasero, Dos (02) armas de fuego, tipo Pistola, y un bolso que contenía varias prendas de vestir procediendo a incautar las citadas armas de fuego y otras evidencias de interés criminalístico.

 

La anterior convicción se deriva de las declaraciones de los funcionarios, expertos y testigos y pruebas documentales que concurrieron al juicio y debidamente fueron, en primer lugar la declaración de la ciudadana victima ANA YSABEL MARQUEZ MORALES, quien reveló que posterior al hecho del homicidio, pudo darse cuenta del problema que aquejaba a su hijo JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ, ya que él, le manifestó el día 08 de junio, cuando le manifestó que estaba muy asustado porque había ido a buscar a ‘Mosquito’ para ir al sitio donde se encontraba la moto que le habían quitado-hurtado-, y al llegar al lugar habían avistado muchas cosas robadas, y cuando vieron la moto de Mosquito salieron dos muchachos, que lo persiguieron hasta Suramérica; incidente éste que deja claro al Tribunal que los occisos JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ y LUÍS ANTONIO VÁSQUEZ CALDERÓN apodado el ‘mosquito’ (víctimas), eran conocedores de una situación ilícita, como lo es sabido que los autores de delitos como robo y hurto usan sitios clandestinos guardar los bienes provenientes de esos delitos, por lo que fueron perseguidos para segarles la vida, es por lo que se llegó a entender porque los dos pierden la vida el mismo día y aproximadamente a pocos minutos el uno del otro.

Igualmente la víctima ciudadano LINARES ROJAS, JOSE LUIS, padre del occiso JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ, afirmó entre otras cosas lo siguiente: ‘ (…) pero si puedo decirle que como unos ocho (08) días antes que lo mataran había un Ford fiesta power azul parado cerca de mi casa, donde yo estaba alquilado, muy sospechoso porque se quedó mucho tiempo allí parado, y después se supo que el mismo vehículo ese estuvo involucrado en los hechos donde le dan muerte a mi hijo (…)’.

 

Con referencia a las características aportadas por testigo padre del occiso, sobre el automóvil Ford, fiesta power, color azul, podemos hacer referencia que el mismo presenta relación con las características del Vehículo que fue interceptado por los funcionarios aprehensores ciudadanos JOSÉ GREGORIO MÉNDEZ BECERRA, RENÉ REINALDO RUBIO MOLINA, ROMELIO CONTRERAS y GIOVANNY GUTIÉRREZ, adscritos a la Sub. Comisaría Policial N° 12 de esta ciudad de El Vigía del Estado Mérida, quienes afirmaron que en el vehículo automóvil Ford Fiesta, sedan, color azul, fue donde aprehendieron a los acusados JACKSON PACHECO ARIAS, CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, y RONALD JOSÉ PACHECO, y que dentro del mismo encontraron las dos armas de fuego (pistolas) que sometidas a las experticias respectivas resultaron ser las usadas para dar muerte a quienes en vida respondían a los nombres de JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ y LUÍS ANTONIO VÁSQUEZ CALDERÓN. Esta declaración, al ser concatenada con el dicho del testigo presencial ciudadano LUÍS ALEXANDER ARAQUE QUINTERO, quien manifestó entre otras cosas lo siguiente: ‘ (…) Yo iba por la vía y vi el desespero de la gente y me detuve y me pidieron que sirviera de testigo, yo no vi a los muchachos, yo lo que vi fueron dos pistolas que estaban dentro del carro un fiesta azul, el carro estaba llegando al semáforo del Terminal, (…) vio el bolso y las pistolas en la parte de atrás del vehículo’.

..

Ahora bien, es necesario determinar que dichas prendas de vestir eran usadas por el acusado RONALD JOSÉ PACHECO, al momento en que cometió el hecho punible; considerando para tal efecto las características físicas o fisonómicas de los acusados JACKSON PACHECO ARIAS, CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN y RONALD JOSÉ PACHECO. A tal efecto, las características físicas más resaltantes observadas en el video, coinciden concretamente con las del acusado RONALD JOSÉ PACHECO, quien es de altura media y contextura rellena sin pasar a lo gordo. Aunado a lo anterior debe resaltarse que los funcionarios actuantes, cuando declararon en el debate las circunstancias de modo tiempo y lugar de la aprehensión, señalaron a los acusados JACKSON PACHECO ARIAS, CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, y RONALD JOSÉ PACHECO, como las personas que aprehendieron en el vehículo Ford fiesta, entre estos al acusado RONALD JOSÉ PACHECO.


...De tal manera que fue un homicidio alevoso, por cuanto los acusados obraron en (sic) traición y sobre seguro ya que no hubo discusión alguna ni forcejeo afrontado por el autor y la víctima, actuando sobre seguro, ya que la posición de la víctima con el victimario fue probada en juicio por el Médico Patólogo ALEJANDRO PEREIRA MÁRQUEZ, y el experto JULIO CÉSAR CONTRERAS PINTO, donde se pudo conocer que la intención querida por el tirador, eran las de ocasionar la muerte contra el cuerpo del occiso, ya que nos dejó claro que las lesiones de los occisos eran de naturaleza mortales, y con respecto a la posición de la víctima, una se encontraba frente al tirador, en un plano inferior con extremidades inferiores flexionadas, con las regiones anatómicas comprometidas expuestas al tirador, y el otro en un plano igual pero desprovisto de cualquier objeto para su defensa....’.

 

‘SEGUNDO: (LP11-P-2010-0002873)

 

2.- Igualmente quedó acreditado que en fecha 12 de Abril de 2010, el hoy occiso FELIBERTO FERNÁNDEZ GARCIA, de nacionalidad Venezolano, titular de la cédula de Identidad V-19.319.022, natural de esta ciudad, nacido en fecha 26-11-85, de 24 años de edad, camina por la VIA PUBLICA, SECTOR LA BLANCA, CALLE 2, ENTRE AVENI DA 1 Y 2, ESPECIFICAMENTE FRENTE DE LA CASA NUMERO 1-31, DE COLOR BLANCO, MUNICIPIO ALBERTO ADRIANI DEL ESTADO MÉRIDA, ya que se dirigía a llevarle el almuerzo a su compañera sentimental ciudadana VIGNAURA ALEXANDRA MALDONADO RIVAS, titular de la cedula de identidad V- 14.762.983, a su lugar de trabajo; es cuando siendo aproximadamente la 1:00 hora de la tarde, el vehículo MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, PLACAS LAD51K, COLOR ROJO, de repente se colocó a su lado, comenzó a descender el vidrio de la puerta trasera y realizaron un disparo, el agraviado mira para el vehículo y sale corriendo gritando ‘FUE ÑOCO’, quien posteriormente fue identificado como CESAR ANTONIO COLMENARES DURAN, venezolano, Titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 15.890.059; y a mitad de cuadra cae al piso herido. Simultáneamente, su hermana YUCLEIDYS ALEJANDRA FERNANDEZ GARCIA, portadora de la cedula de identidad V-19.900,539, quien se encontraba cerca del lugar del hecho manifiesta que el vehículo antes descrito, tenía desde horas de la mañana rondando por dicho sector a baja velocidad, lo cual le causó sospecha y tomo nota de sus características, señalando que observó cuando el hoy imputado APODADO ÑOCO, abordó el vehículo en la parte posterior. Que en horas de la tarde, estaba por el sector, ya que custodian un terreno invadido, y que encontrándose de frente a su hermano, como aproximadamente 50 metros, observó cuando mientras él caminaba de lo más tranquilo, de la parte posterior del vehículo antes descrito realizaron un disparo hiriendo a su hermano, que ella sale corriendo en su dirección a auxiliarlo y que el vehículo pasa por su lado y ella mira para la ventana de dónde provino el disparo y reconoce que quien iba sentado allí era el hoy imputado APODADO ÑOCO quien posteriormente fue identificado como CESAR ANTONIO COLMENARES DURAN”.

 

En fecha 17 de enero de 2012, comparecieron los acusados de autos RÓNALD JOSÉ PACHECO, JACKSON PACHECO ARIAS y CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, previo traslado desde el Centro Penitenciario de la Región Andina y se dieron por notificados de la Sentencia Condenatoria dictada en su contra. (Folio 2672, pieza 10).

 

En fecha 30 de enero de 2012, los abogados José del Carmen Rodríguez y Omar Alfredo Sulbarán, en su condición de defensores judiciales de los ciudadanos JACKSON PACHECO ARIAS y RÓNALD JOSÉ PACHECO, interpusieron Recurso de Apelación, contra la sentencia condenatoria dictada en su contra.

 

En fecha 30 de enero de 2012, el abogado José Luis Guillén, defensor judicial del ciudadano CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, interpuso Recurso de Apelación.

 

En fecha 9 de febrero de 2012, el abogado Nelson Granados, en su carácter de Fiscal Séptimo Provisorio del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida y la abogada Soely Bencomo, en su carácter de Fiscal Sexta Provisoria del Ministerio Público de la misma Circunscripción Judicial, dieron contestación a los Recursos de Apelación presentados.

 

En fecha 19 de mayo de 2014, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, a cargo de los jueces Adonay Solis Mejías (Ponente), Ana Teresa Fermín, y Heriberto Antonio Peña, DECLARÓ SIN LUGAR los Recursos de Apelación interpuestos.

 

En fecha 19 de mayo de 2015, el abogado Omar Alfredo Sulbarán Ramírez, defensor judicial de los ciudadanos JACKSON PACHECO ARIAS y RÓNALD JOSÉ PACHECO, interpuso Recurso de Casación.

 

En fecha 28 de mayo de 2015, el ciudadano abogado José Luis Guillén, defensor judicial del ciudadano CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, interpuso Recurso de Casación.

 

El Ministerio Público no dio contestación a los Recursos de Casación y la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, remitió las actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

 

En fecha 13 de julio de 2015, fue recibido ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal el presente expediente, dándosele entrada en esa misma fecha.

 

En fecha 14 de julio de 2015, se dio cuenta del recibo del expediente a los Magistrados y Magistradas integrantes de la Sala de Casación Penal, y previa distribución, correspondió el conocimiento de la misma a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GOMÉZ MORENO.

 

En fecha 4 de agosto de 2015, la Sala, sin entrar a conocer los recursos de casación interpuestos, dictó la sentencia N° 554, en la que emitió los siguientes pronunciamientos:

 

PRIMERO: ANULA DE OFICIO las actuaciones posteriores realizadas a partir del 19 de mayo de 2015 (sic), por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, dejando incólume el fallo dictado en esa misma fecha por ese Órgano Jurisdiccional, mediante el cual se declararon sin lugar los recursos de apelación presentados por los ciudadanos abogados Omar Alfredo Sulbarán, Defensor Privado de los ciudadanos RÓNALD JOSÉ PACHECO, JACKSON PACHECO ARIAS; y José Luis Guillén, Defensor Privado del ciudadano CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN.

 

SEGUNDO: ORDENA reponer la causa, al estado en que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, proceda con la premura del caso, solicitar el traslado de los ciudadanos RÓNALD JOSÉ PACHECO, JACKSON PACHECO ARIAS y CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, o a comisionar a otro Tribunal para que este efectué dicho acto, garantizando la notificación efectiva, a los efectos que los ciudadanos antes mencionados debidamente asistidos por sus defensores manifiesten su voluntad de interponer o renunciar al Recurso de Casación.”.

 

El 11 de agosto de 2015, la Sala ordenó la remisión del expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, a los fines de dar cumplimiento a lo ordenado en la decisión antes referida. (Folio 1142 Pieza V).

 

El 9 de septiembre de 2015, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida reingresó la causa. En la misma fecha se libró oficio LG01OFO2015001783 a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, mediante el cual le exhorta a realizar la imposición de la decisión que declaró sin lugar la apelación a los acusados RÓNALD JOSÉ PACHECO, JACKSON PACHECO ARIAS y CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN. (Folio 1143, pieza V).

 

En fecha 9 de diciembre de 2015, el abogado Omar Alfredo Sulbarán Ramírez, defensor judicial de los acusados JACKSON PACHECO ARIAS y RÓNALD PACHECO, interpuso nuevo recurso de casación. (Folio 1158 Pieza V).

 

En fecha 10 de diciembre de 2015, el abogado José Luis Guillén, en su carácter de defensor privado del acusado CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, interpuso nuevo Recurso de Casación. (Folio 1177 pieza V).

 

El 2 de noviembre de 2015, el procesado CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, quien fue trasladado a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, se dio por notificado de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del estado Mérida en fecha 19 de mayo de 2014 y manifestó su voluntad de interponer el recurso de casación. (Folio 1193 Pieza V).

 

El 2 de noviembre de 2015, el acusado RÓNALD JOSÉ PACHECO, se dio por notificado ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, de la sentencia dictada en fecha 19 de mayo de 2014 por la Corte de Apelaciones del estado Mérida, y manifestó su voluntad de interponer el recurso de casación. (Folio 1195 Pieza V).

 

Consta en el expediente que el acusado RÓNALD JOSÉ PACHECO, manifestó en fecha 11 de noviembre de 2016 su voluntad de renunciar a los recursos interpuestos, tal como se verifica en escrito que cursa al folio 1358 (Pieza VI) ratificado en fecha 4 de enero de 2017 al folio 1362 (Pieza VI), solicitando que su causa sea enviada a un tribunal de ejecución.

 

Luego de múltiples diferimientos del acto de imposición debido a la imposibilidad del traslado del acusado JACKSON PACHECO ARIAS por negarse a asistir a dicho acto, el 10 de enero de 2017 fue realizado el traslado del mencionado acusado a la sede de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, quien se dio por notificado de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del estado Mérida de fecha 19 de mayo de 2014. (Folio 1439 Pieza VI).

 

El 25 de enero de 2017, el acusado JACKSON PACHECO ARIAS, comparece previo traslado a la sede de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Trujillo, a los fines de revocar la defensa privada (José del Carmen Rodríguez y Omar Alfredo Sulbarán Ramírez) y nombrar como nueva defensora privada a la abogada Levis Mariu Aguilar Martínez, inscrita en el Inpreabogado N° 269668, quien en dicho acto aceptó el cargo y prestó el juramento de ley correspondiente. (Folio 1445 Pieza VI). En la misma fecha, el acusado JACKSON PACHECO ARIAS se dio nuevamente por notificado de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del estado Mérida. (Folio 1446. Pieza VI).

 

El 6 de abril de 2017, la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del estado Mérida recibió correspondencia procedente de la Dirección del Internado Judicial Penal de Trujillo, firmada por el acusado RÓNALD JOSÉ PACHECO, mediante la cual revoca a los defensores privados (José del Carmen Rodríguez Omar Alfredo Sulbarán Ramírez) y nombra como nueva defensa privada a la abogada Rosa Elena Briceño Silva y al abogado Nathan Alí Barillas Ramírez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 124.230 y 112.322, respectivamente. (Folio 1452 Pieza VI).

 

El 28 de abril de 2017, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, realizó acta donde consta la aceptación y juramentación del abogado Nathan Alí Barillas Ramírez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 112.322, como defensor privado del acusado RÓNALD JOSÉ PACHECO. (Folio 1454 Pieza VI).

 

Remitidas las actuaciones por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, en fecha 7 de agosto de 2017, se recibió ante la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de los Recursos de Casación interpuestos, y en la misma fecha, se le asignó la ponencia a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

 

DE LA COMPETENCIA

 

Previo a cualquier pronunciamiento, le corresponde a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia determinar su competencia para conocer de los presentes Recursos de Casación y, en tal sentido, observa:

 

A primo tempore, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como instrumento jurídico de normas supremas, en su Título V “De la Organización del Poder Público Nacional”, Capítulo III “Del Poder Judicial y del Sistema de Justicia”, Sección Segunda “Del Tribunal Supremo de Justicia”, dispone en su artículo 266, numeral 8, lo siguiente:

 

Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia:

8. Conocer del Recurso de Casación. …”.

 

Igualmente, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referido a las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal, de manera concreta, respecto a la Sala de Casación Penal, en su Título II “De las Competencias y Atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia”, Capítulo I “De las competencias de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia”, artículo 29, numeral 2, establece:

 

Competencias de la Sala Penal.

Artículo 29. Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia:

2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal…”.

 

De acuerdo con el contenido de las normas jurídicas parcialmente transcritas, se determina que corresponde a la Sala de Casación Penal el conocimiento de los recursos de casación que en materia penal se ejerzan contra las decisiones de los tribunales penales de segunda instancia; en consecuencia, la Sala determina su competencia para conocer del presente asunto.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

El Recurso de Casación es un medio de impugnación de carácter extraordinario, regido por disposiciones legales establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, que exigen para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos de obligatoria observancia y cumplimiento.

 

De tal forma, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título I “Disposiciones Generales”, del Código Orgánico Procesal Penal, consagra en sus artículos 423 y 424, el marco general normativo que efectivamente regula la interposición de todo recurso.

 

Con este propósito, el artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que las decisiones judiciales sólo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos.

 

Por su parte, el artículo 424, eiusdem, señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la Ley les reconozca taxativamente ese derecho subjetivo.

 

Ahora bien, específicamente en cuanto al recurso extraordinario de casación, el Libro Cuarto “De los Recursos”, Título IV “DEL RECURSO DE CASACIÓN”, del aludido Texto Adjetivo Penal, instituye en los artículos 451, 452 y 454, cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento que ha de seguirse para su interposición, de la siguiente forma:

 

Artículo 451. El Recurso de Casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior.

 

Artículo 452. El Recurso de Casación podrá fundarse en violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.

Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de las producidas después de la clausura del debate.”.

 

“Artículo 454. El Recurso de Casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones, dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual este plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación, o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, con indicación de los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.”.

 

En este contexto, se concluye que el Recurso de Casación sólo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la Ley. Así mismo, sólo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos ut supra, tanto en tiempo como en forma, previa verificación de cada una de las exigencias anteriormente señaladas.

 

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

Visto lo anterior, la Sala pasa a verificar los requisitos de admisibilidad de los presentes recursos, los cuales deben ser concurrentes, pues la ausencia de alguno de ellos conllevaría a declararlo inadmisible.

 

En atención a la legitimidad, verificó la Sala, que el abogado Omar Alfredo Sulbarán Ramírez, defensor judicial de los ciudadanos JACKSON PACHECO ARIAS y RÓNALD JOSÉ PACHECO y el abogado José Luis Guillén, defensor judicial del ciudadano CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, fueron nombrados por los mencionados procesados, aceptaron y juraron cumplir con el cargo para el cual fueron asignados, lo cual consta a los folios 440 Pieza 2, 596 Pieza 3 y 2495 Pieza 10 del expediente.

 

Asimismo, se verificó que el abogado Omar Alfredo Sulbarán Ramírez interpuso Recurso de Casación antes de ser revocado por sus representados Jackson Pacheco Arias y Ronald José Pacheco.

 

Por otra parte, se constata que los acusados de autos se dieron por notificados efectivamente de la sentencia dictada el 19 de mayo de 2014 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto, y observa la Sala que sólo uno de ellos, RÓNALD JOSÉ PACHECO, manifestó en fecha 11 de noviembre de 2016 su voluntad de renunciar a los recursos interpuestos, tal como se verifica en escrito que cursa al folio 1358 (Pieza VI) ratificado en fecha 4 de enero de 2017 al folio 1362 (Pieza VI), solicitando que su causa sea enviada a un tribunal de ejecución.

 

En virtud de lo anterior, la Sala constató que se cumple con el requisito de legitimidad para recurrir en casación en el presente asunto, conforme a lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, pues los recursos fueron interpuestos por las partes a quienes la ley les reconoce ese derecho, en este caso al abogado Omar Alfredo Sulbarán Ramírez en representación del acusado JACKSON PACHECO ARIAS y al abogado José Luis Guillén, en representación del acusado CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, haciendo la observación que el acusado RÓNALD JOSÉ PACHECO renunció expresamente a la impugnación de la sentencia, posteriormente a la interposición del recurso de casación, por lo tanto, la Sala entrará a conocer, previa la verificación de los demás requisitos de admisibilidad, de los recursos interpuestos a favor de los acusados JACKSON PACHECO ARIAS y CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, quienes no renunciaron expresamente al recurso de casación, atendiendo a lo establecido en el referido artículo 424 de la ley adjetiva penal que expresa: “Por el imputado o imputada podrá recurrir el defensor o defensora, pero en ningún caso en contra de su voluntad expresa.

 

En relación con la tempestividad, cursante al folio 1967 de la pieza V de la Apelación, la Sala verifica el cómputo suscrito por la abogada Mireya Quintero García, Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, donde consta lo siguiente:

 

“…CERTIFICACIÓN

 

Quien suscribe, ABG. MIREYA QUINTERO GARCÍA, Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida.

 

CERTIFICA:

 

Que en la presente causa a partir del 06-03-2017 (exclusive), fecha en que se recibió Comisión procedente de la Corte de Apelaciones del estado Trujillo, contentiva de la última imposición del encausado: consignó la boleta de notificación dirigida a la víctima por extensión ciudadano Silverio Pernía tal como consta al folio (212), del contenido de la decisión recurrida en casación, hasta quince días de audiencia después, transcurrieron las siguientes audiencias:

 

07-03-2017; 08-03-2017; 09-03-2017; 10-03-2017; 13-03-2017; 14-03-2017; 15-03-2017; 16-03-2017; 17-03-2017; 20-03-2016; 21-03-2017; 22-03-2017; 23-03-2017, 28-03-2017 y 29-03-2017

 

Para un total de QUINCE (15) AUDIENCIAS TRANSCURRIDAS. ...”.

 

De la revisión del expediente constató la Sala lo siguiente: a) que la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida fue publicada el 19 de mayo de 2014; b) que esta Sala en sentencia N° 554 de fecha 4 de agosto de 2015, anuló las actuaciones de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, posteriores a la decisión dictada por dicha Corte en fecha 19 de mayo de 2014 que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por los defensores de autos, y ordenó que se realizaran nuevamente las notificaciones correspondientes, c) que los abogados de la defensa interpusieron en fechas 9 y 10 de diciembre de 2015, escritos contentivos de recursos de casación en defensa de sus correspondientes representados. (Folios 1158 y 1177, pieza V). d) Una vez realizadas todas las notificaciones, la secretaria de la Corte de Apelaciones del estado Mérida efectuó el cómputo de audiencias correspondientes al lapso para interponer el recurso de casación el cual, según se indica, comenzó a transcurrir el día 7 de marzo de 2017 y finalizó el día 29 de marzo de 2017.

 

De lo anterior constató la Sala, que los recursos de casación fueron propuestos antes de la notificación de la última de las partes y por lo tanto antes de que comenzara formalmente el lapso para la interposición del recurso, no obstante, se considera tempestiva pues su presentación se produjo después de ser notificados de la sentencia de apelación y antes de que finalizara el lapso para su presentación, configurándose así la denominada impugnación “ilico modo”.

 

El criterio sobre la impugnación anticipada o “Ilico modo” fue expuesto en sentencia de la Sala Constitucional N° 1199 del 26 de noviembre de 2010 y ratificado por esta Sala en sentencia N° 291 del 25 de julio de 2016 caso “Juan Pablo Belo”, donde se estableció lo siguiente:

 

“...las partes tienen las más amplias posibilidades de ejercer su derecho a impugnar la decisión que les resultó adversa, no estando condicionadas a esperar la última notificación para presentar su escrito recursivo, tal como lo estableció la Sala Constitucional en la referida sentencia N° 1199, del 26 de noviembre de 2010, caso Isaías Blanco y Degni Mejías, por lo cual es aceptado el recurso o impugnación  ilico modo o presentada por anticipado, siempre que se haya notificado y leído el contenido de la sentencia, sino que también se desprende, en atención a la libertad de recurrir, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio pro actione, que el lapso que corre a partir de la última notificación de las partes forma parte íntegra del lapso total para ejercer la impugnación, en favor de cualquiera de las partes notificadas siendo que lapso que corre después de la última notificación de las partes es el límite legal para considerar la tempestividad del recurso interpuesto.

Por lo tanto, el recurso de apelación solo deberá ser considerado extemporáneo, por dilatado, rezagado o posterior al décimo día de la última notificación de la sentencia, tal como quedó establecido en la sentencia mencionada de la Sala Constitucional, cuando afirmó que : “... salvo regulación legal expresa, no debe existir ningún impedimento para que las partes puedan acceder a los órganos jurisdiccionales e interponer los recursos que a bien consideren pertinentes, siempre y cuando ello no suceda en forma tardía, esto es, una vez que todas las partes estén notificadas (cuando así se ordene) y al efecto transcurra fatalmente el lapso para intentar la apelación…”. (Resaltado de la Sala).

... el criterio vinculante establecido en la sentencia N° 1199, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 26 de noviembre de 2010, caso Isaías Blanco y Degni Mejías, por cuanto específicamente dicha decisión estableció que: “...en los casos en que se ordene la notificación de las partes en el proceso penal, nada obsta a que el acusado pueda interponer el recurso de apelación –debidamente fundamentado- contra la sentencia definitiva, sin tener que esperar a que se haga efectiva la notificación de la víctima o del Ministerio Público…”, de lo cual no se desprende que la Sala Constitucional hubiere limitado al acusado, o cualquiera de las partes, a presentar el recurso dentro de los 10 días de su notificación particular, ello se deduce de la expresión utilizada por dicha Sala cuando explica: “nada obsta a que el acusado pueda interponer el recurso de apelación ... sin tener que esperar a que se haga efectiva la notificación de la víctima o del Ministerio Público”, lo cual debe interpretarse de acuerdo con el principio pro actione, como la demostración del interés a defender su derecho oportunamente ejercido antes de la notificación de las partes que faltan, y siempre antes de que se venza el lapso de diez (10) días a partir de la última notificación, lo cual ha establecido la Sala Constitucional de forma clara y precisa cuando afirmó: “...siempre y cuando ello no suceda en forma tardía...”.

En caso de que la Sala Constitucional hubiere establecido una limitación particular para cada una de las partes, pudo haber utilizado frases como: “solo deberá interponer el recurso dentro de los 10 días después de su notificación”; sin embargo, utilizó la frase “nada obsta”, de lo cual se infiere la “posibilidad” de poder interponer el recurso antes de que sean notificadas las demás partes, siendo el límite de tiempo general los diez días después de la última notificación.

De allí que el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional no determinó una limitación personal a la parte ya notificada de interponer el recurso dentro del lapso de 10 días a partir de su notificación, por ello, las partes pueden interponer el recurso correspondiente después de su notificación, aunque no hayan sido notificadas las demás partes en el proceso, y también dentro de los 10 días después de la última notificación, que es límite requerido por la ley.”.

 

Atendiendo a dicho criterio, los recursos de casación en este caso fueron presentados antes de la notificación de la última de las partes, por lo tanto se consideran tempestivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal y la jurisprudencia antes referida.

 

Finalmente, en lo relativo al carácter recurrible del fallo, se observa que los Recursos de Casación fueron ejercidos contra la decisión publicada el 19 de mayo de 2014, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, mediante la cual declaró Sin Lugar los recursos de apelación planteados contra la sentencia condenatoria dictada el 21 de diciembre de 2011, por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, de lo cual se evidencia, que los presentes Recursos de Casación fueron interpuestos contra una sentencia dictada por una Corte de Apelaciones; que los delitos por los cuales el Ministerio Público acusó tienen pena privativa de libertad que en su límite máximo excede los cuatro (4) años; y dicha decisión se pronuncia sobre la apelación sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral y público, por lo cual puso fin al proceso e impide su continuación, siendo ello conforme con lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

 

Comprobados como han sido los requisitos de admisibilidad relativos a la legitimación, tempestividad y recurribilidad en los Recursos de Casación presentados, la Sala pasa a revisar su fundamentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 457 y 458, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO JACKSON PACHECO ARIAS

 

El recurrente expuso un punto previo, relativo a los criterios de revisión de la motivación de la sentencia y la infraestructura racional del análisis probatorio citando sentencias de esta Sala y seguidamente, planteó en su escrito una denuncia, que titula “FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 26 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS ADJETIVAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 157 Y 432 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL”, en los términos siguientes:

 

“...Ciudadanos Magistrados, en la oportunidad de ejercer el Recurso de Apelación de conformidad con los artículos 451 y 453 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Defensa Privada denunció de conformidad con el artículo 452.2 ejusdem, hoy día artículo ordinal 2, la Falta de Motivación de la sentencia al condenar a los ciudadanos JACKSON PACHECO ARIAS Y RÓNALD JOSÉ PACHECO como el autor del delito de Homicidio Intencional Calificado con premeditación y alevosía por motivos fútiles e innobles y ocultamiento de arma de fuego, por cuanto consideramos que la ciudadana Juez de Juicio 03 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida extensión El Vigía, no demostró a las partes tener la suficiente motivación probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asiste a mis defendidos ciudadanos JACKSON PACHECO ARIAS Y RÓNALD JOSÉ PACHECO, quien fue (sic) señalado (sic) por la Fiscalía del Ministerio Público como el Autor del Homicidio Intencional Calificado con premeditación y alevosía por motivos fútiles e innobles, Ocultamiento De Arma de fuego,  pues durante el debate ni en el texto de la sentencia definitiva existió el acervo probatorio suficiente que se refiriera a las circunstancias intrínsecas de dicho tipo penal, entre mi defendido y el presunto autor material, esa relación de subordinación entre ambos, la ciudadana Juez de Juicio se valió en su decisión definitiva de un acervo probatorio tan extenso que da una falsa ilusión de suficiencia probatoria, vemos entonces que los elementos utilizados para fundamentar la decisión definitiva que condena al ciudadano RÓNALD JOSÉ PACHECO, son muy vagos, solo se basan en  rumores y tendencias subjetivas de los declarantes, comenzando con un móvil dictado así por el Tribunal de Juicio, sobre el cual durante el debate solo se obtuvieron informaciones sobre él vagas e imprecisas, en fin aun cuando fue un litigio extenso no se logró desvirtuar la presunción de inocencia  de mi defendido y por ende lo ajustado a derecho no era otra cosa que aplicar el principio universal del in dubio pro reo, la duda debió favorecer al acusado frente a un debate lleno de rumores, suposiciones y falsos supuestos.

Ante esta denuncia la Corte de Apelaciones del estado Mérida emite su decisión de conformidad con el artículo 449 del Código Adjetivo Penal...“.

 

Cita un extracto de la decisión de la Corte de Apelaciones del estado Mérida y prosigue:

 

“Ciudadanos magistrados, pueden ustedes notar que esta parte recurrente transcribió la fundamentación que la Corte de Apelaciones del estado Mérida emitió con oportunidad de la ‘PRIMERA Y SEGUNDA DENUNCIA’ que esta defensa técnica privada realizó en el escrito de apelación de sentencia definitiva, El (sic) Tribunal de Alzada declaró SIN LUGAR la denuncia in comento, sin siquiera dar un argumento que se refiriera directamente a lo que esta parte quejosa explano (sic) de manera pormenorizada a lo largo del escrito de apelación, dejando entrever que el Tribunal de alzada optó en responder de manera genérica lo que le fue planteado por ésta Defensa Técnica Privada, sin darse [a] la tarea de revisar, analizar y siquiera considerar los argumentos por los cuales consideramos que la ciudadana Juez de Juicio no tuvo la suficiente motivación para condenar a los ciudadanos JACKSON PACHECO ARIAS y RÓNALD JOSÉ PACHECO, de revisar si en la sentencia definitiva existió la suficiente evidencia probatoria que determinará el iter criminis del hecho ilícito debatido, vale decir, las circunstancias que rodearon el camino del delito entre ellas, cual fue el móvil del delito, planearon y ejecutaron el homicidio haciendo énfasis en la participación individual de los ciudadanos JACKSON PACHECO ARIAS Y RÓNALD JOSÉ PACHECO.

Ésta Sala de Casación Penal, en fecha cinco (05) de abril del año dos mil trece (2013) en sentencia

Sentencia № 095, sentó el siguiente criterio:

...existirá inmotivación en los fallos pronunciados por las Cortes de Apelaciones, cuando recibidas las alegaciones que aporten los recurrentes, no se cumpliera con la obligación de revisar el fallo impugnado con sujeción a todos los elementos probatorios, decidiendo con prescindencia de éstos o apreciándolos sesgadamente De igual forma, las Cortes de Apelaciones están obligadas a conceder la respectiva respuesta a cada una de las denuncias formuladas, as/ parezcan obvias o irrelevantes, pues constituye una labor edificante, orientadora, propia de un tribunal que conoce y aplica el derecho. Este proceso no es automático para las Cortes de Apelaciones, es por el contrario un proceso metódico, profundo, compenetrado con los esquemas comparativos de la argumentación jurídica, en correspondencia con la motivación judicial efectuada por el juez o jueza de primera instancia, labor que ha de ser plasmada con ayuda de los operadores de justicia bajo un sentido riguroso y sobre la base de las actas procesales. Tan importante es la motivación de los fallos que su inexistencia acarrea una grave pérdida para el sistema de administración de justicia, originando un daño incalculable, por cuanto en la actividad jurisdiccional las partes tienen el derecho de conocer las razones sustanciales por las cuales la representación judicial expide una opinión jurídica...’.

Tal aseveración emitida por este Tribunal Supremo de Justicia, en su sala especializada, se aplica de manera perfecta a la decisión emitida por la Corte de Apelaciones del estado Mérida, hoy día impugnada, por cuanto en la misma es notorio que dicho tribunal no cumplió con ‘...la obligación de revisar el fallo impugnado con sujeción a todos los elementos   probatorios,   decidiendo   con   prescindencia   de   éstos   o apreciándolos sesgadamente...’ a sabiendas de esta parte quejosa que no le es dado a la Corte de Apelaciones la revisión y valoración de las pruebas evacuadas en juicio, pero si la observación de que las mismas hayan sido correctamente apreciadas por la Juez de Juicio, con la debida imparcialidad en ausencia de la arbitrariedad, así mismo examinar si hubo por parte del Juez decidor la debida concatenación de los medios probatorios y si ésta fue hecha bajo las reglas de una lógica sensata adaptada a la inmediación de lo que fue visto y oído durante el debate, lo cual va en serio ataque al DERECHO A LA DEFENSA Y AL DEBIDO PROCESO REGLAMENTADO EN EL ARTÍCULO 49 DE NUESTRA CARTA MAGNA

Los motivos por los cuales fue declarada improcedente la denuncia signada como PRIMERO en el escrito de apelación por este Tribunal Colegiado son desconocidas para esta parte recurrente, pues no consta que las razones esgrimidas sean propias, vale decir, que la fundamentación que presentó para descartar tal motivo provenga de un convencimiento original de los Jueces que componen la terna Judicial  asignada para el estudio y revisión de la sentencia de primera instancia impugnada, es notable que la fundamentación que esta Defensa Técnica Privada esgrimió como argumento jurídico no fue analizada PUES NO EXISTE NINGÚN ARGUMENTO POR PARTE DE LA CORTE DE APELACIONES QUE REFUTE CON ALEGATOS JURÍDICOS  ALGUNOS LOS HECHOS QUE ESTA  DEFENSA TÉCNICA PRIVADA ESGRIMIÓ A FAVOR DE MIS REPRESENTADOS simplemente el Tribunal consultado se limito (sic) a enunciar que ‘el Juez de Juicio № 03, Extensión El Vigía del Estado Mérida, al momento de realizar el análisis de la sentencia, realizó previamente un proceso de decantación de cada uno de los medios probatorios promovidos y evacuados en juicio y luego de esto, procedió a realizar un análisis en conjunto de los mismos estimando lo que consideraba había quedado probado o no, respetando el método de la sana critica que implica observar las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencias, fundamentación que en nuestro criterio resulta insuficiente para desvirtuar lo alegado por mí, ya que resulta extremadamente GENÉRICA TAL ARGUMENTACIÓN pues puede ser aplicada a cualquier otra causa en la cual se alegue la falta de fundamentación, ha debido la Corte de Apelaciones expresar con una motivación propia, por qué considera que el fallo en estudio no adolece del vicio de inmotivación, actuación que va en contra de la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA contenida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuanto a que es la obligación de los administradores de justicia de regirse de manera obligatoria por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en todos los órdenes y el sometimiento a la ley tanto de los individuos como de los órganos que ejercen el poder público, ALEGATO QUE HAGO EN EL SENTIDO QUE LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO MÉRIDA NO APLICO (sic) LO ORDENADO EN LOS ARTÍCULO 157 Y 432 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL EN CUANTO A LA OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA DE EMITIR CADA SENTENCIA DEBIDAMENTE FUNDADA, EN LA RESOLUCIÓN EXCLUSIVA DE LOS PUNTOS DE LA DECISIÓN QUE HAN SIDO IMPUGNADOS POR LA PARTE QUEJOSA BAJO PENA DE NULIDAD y en éste argumento jurídico basamos la esencia de la presente denuncia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal denunciamos a la recurrida por violación de la ley por Indebida aplicación, del artículo 26 y 49 ordinal 1 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los hechos en que fundamos este motivo consisten en que la Alzada estima conforme a derecho, que la Juez a quo haya reconocido como apegado a Derecho la Violación de Garantías Constitucional y legales, en lo que respecta a la resolución de la denuncia del Recurso de Apelación. Es por ello que a fin de ahondar en esa violación de la recurrida y en franco cumplimiento a la jurisprudencia número 486 que señalamos a continuación, procederemos hacer una concatenación de las normas Constitucionales y legales que al respecto sufrieron la violación...”

 

Cita un extracto de la sentencia 486 del 1 de octubre de 2009, así como los artículos 26 y 49 de la Carta magna y continúa:

 

“Como hemos visto ambas normas la Constitucional (sic) sostiene la OBLIGACIÓN de asistencia desde los actos iniciales de la investigación. Pues bien, tenemos que advertir a la Sala de Casación Penal que mi defendido fue víctima de una sentencia cuya fundamentación uso (sic) un presunto elemento indiciario, propio de la etapa intermedia, que NO TIENE el valor de PRUEBA DE CERTEZA como lo requiere la etapa del juicio oral y Público, y la recurrida NO subsano (sic).

Lo transcrito de la recurrida, es prueba fiel de la Violación de la Garantía Constitucional , cuando en su decisión establece como cierto que al folio 2596, según motivación contradictoria, los ciudadanos hoy occiso (sic) JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ Y LUIS ANTONIO VASQUEZ CALDERÓN, le dieron muerte los funcionarios JIMM CANCHICA Y JHON ERNESTO LOPEZ, porque los jueces de la sentencia adversada indican,

Al respecto se logró establecer que tres conchas, las cuales dos proyectiles (sic), fueron percutidas y disparadas por las armas suministradas. Estas conchas incriminadas fueron colectadas como elementos incriminados en los locales ‘Repuestos Rozo y Mora Motos’, donde perdieron la vida los dos occisos, por los funcionarios JIMM CANCHICA Y JHON ERNESTO LOPEZ’,   y la Corte de Apelaciones del Estado Mérida, que tal redacción al respecto resulta enrevesada (sic), y que lo [que] quiso indicar fue otra cosa que solo lo entiende es la Corte de Apelaciones, en donde puede haber la concatenación para una sentencia condenatoria con tales contradicciones e incongruencias (Sic).

 

En suma, el fallo recurrido violó lo dispuesto por los  artículo 26 y 49, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con adminicularían  (sic) del artículo 16 en esa violación a las normas legales del Código Orgánico Procesal Penal, lo que la hace procedente de casación en virtud del artículo 452 del citado Código: esto es, violación de ley por Indebida aplicación. Y con el establecimiento preciso de los hechos que resultaron probados, damos por cumplida nuestra fundamentación para que la Sala determine como lo sostiene la jurisprudencia entre esos hechos y las disposiciones sustantivas aplicadas.

... La recurrida violó el principio de inmediación previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, al hacer una apreciación de los hechos diferente a lo evacuado en juicio, procediendo con ello a violar el artículo 49 ordinal 5to de nuestra Constitución Nacional  y de las normas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal. ... Una vez que hemos transcrito la norma constitucional y legal violadas, es oportuno indicar como (sic) la recurrida violo (sic) las mismas, y dicha anomalía la hizo omitiendo de manera flagrante lo ocurrido en juicio y emitiendo una OPINION (sic) totalmente diferente, con evidente alteración de los hechos, afectando la inmediación que tuvo el juez de juicio. (Sic)

 

Ahora bien, del testimonio transcrito con anterioridad se desprenden dos aspectos importantes en primer lugar que está probado que la recurrida violo (sic) los preceptos constitucionales y legales señalados (49 ordinal 5to y art.16 ejusdem) además de violar el principio de inmediación al no ajustarse al contenido de las actas juicio, sino establecer hechos diferentes. Y en segundo lugar; Como puede entenderse qué? (sic) La Corte de Apelaciones de Mérida  considere    "...que las circunstancias recogida (sic) en dichas actas es considerada como una actuación investigativa lícita,.." si la misma se hizo sin la garantía constitucional de que la defensa y la asistencia jurídica es un derecho INVIOLABLE, que no puede ser relajado por los funcionarios de investigación alegando un declaración voluntaria, que de paso no consta sino en sus dichos y no en la de la persona que se le atribuye. Quien a su vez niega la misma y el mismo tribunal a quo la desestima para su valoración sin embargo para la sentencia condenatoria las incluye como plena prueba.

 

En suma, el fallo recurrido violó lo dispuesto por el artículo 49, ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con adminiculación en esa violación a las normas legales el Código Orgánico Procesal Penal, ART 16 (sic), lo que la hace procedente de casación  en virtud del artículo 452 del citado Código, esto es, violación de ley por Indebida aplicación. Y con el establecimiento preciso de los hechos que resultaron probados, damos por cumplida nuestra fundamentación para que la sala determine como lo sostiene la jurisprudencia la correspondencia entre esos hechos y las disposiciones sustantivas aplicadas.

SENTENCIA n° 086 DE SALA DE CASACIÓN PENAL, EXPEDIENTE N° C13-26 DE FECHA 05/04/2013

'Cuando se alega error por falta o indebida aplicación de una norma jurídica de naturaleza sustantiva, no basta con señalar que se incurrió en dicho vicio. Por el contrario, para una cabal fundamentación de tal alegato, se requiere es el establecimiento preciso de los hechos que resultaron probados en el debate oral y público, ya que la función de la Sala no es establecer hechos, sino determinar la perfecta correspondencia entre esos hechos y las disposiciones sustantivas aplicadas o dejadas de aplicar.

SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE

Ciudadanos Magistrados,  por las razones de hecho y de derecho antes planteadas solicitamos lo siguiente. PRIMERO: Que esa Sala de Casación Penal de conformidad con el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente declare CON LUGAR LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN por la causal prevista en el Artículo 452, esto es, VIOLACIÓN DE LA LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN de los artículos 26 y 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y 16, 157 y 432 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO Que producto de la anterior decisión ordene la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL Y PÚBLICA, con especial atención en ordenar el traslado de mi defendido JHON DAVID LIMA ALVARADO (sic), quien desea le sea concedido el derecho de palabra en la misma, ello de conformidad con el cuarto aparte del referido artículo 458 ejusdem.

PETITORIO

De conformidad con todos los argumentos de HECHO y de DERECHO expuestos y, sobre la base de los fundamentales expuestos, solicito respetuosamente, que el presente recurso sea ADMITIDO y sustanciado conforme a derecho, procediendo a fijar la audiencia oral prevista en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal. Para ello se proceda a lo siguiente:

PRIMERO: Declare CON LUGAR los MOTIVOS contentivos de las respectivas denuncias de vicios contenidos en la recurrida, específicamente, mediante lo solicitado en punto previo en cuanto a la APLICACIÓN DE LA REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA RACIONAL DE LA SENTENCIA, así mismo en cuanto a la denuncia por VIOLACIÓN DE LA LEY POR INDEBIDA APLICACIÓN y en razón de la denuncia por VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN EFECTUADA EN LA SENTENCIA RECURRIDA, todo ello con fundamento en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal y las demás normas Constitucionales, legales y criterios jurisprudenciales invocados en la denuncia expuesta.

SEGUNDO: Solicito que de conformidad con lo previsto en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal, UNA VEZ QUE SE DECLARE CON LUGAR EL RECURSO, se proceda a ANULAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y SE ORDENE CELEBRAR ANTE UN TRIBUNAL DISTINTO AL QUE DICTO (sic)  LA DECISIÓN UN NUEVO JUICIO ORAL Y PÚBLICO. Así mismo, una vez dictada la misma se proceda según lo dispuesto en el artículo 461 ejusdem, es decir, decretar la inmediata libertad de Jhon David Lima Alvarado (sic), mediante una medida sustitutiva de libertad en aras de garantizar la afirmación de libertad y no hacer sufrir en los débiles jurídicos los errores del estado Venezolano en la administración de justicia...”.

 

 

 

La Sala para decidir observa:

 

El recurrente presentó escrito contentivo del Recurso de Casación, indicando en su Capítulo I: “MOTIVO ÚNICA DENUNCIA”, en la cual inició alegando la FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 26 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS ADJETIVAS CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 157 Y 432 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida.

 

Para fundamentar su denuncia expresó la defensa, que: “...los jueces de la sentencia adversada indican, ‘Al respecto se logró establecer que tres conchas, las cuales dos proyectiles (sic), fueron percutidas y disparadas por las armas suministradas. Estas conchas incriminadas fueron colectadas como elementos incriminados en los locales ‘Repuestos Rozo y Mora Motos’, donde perdieron la vida los dos occisos, por los funcionarios JIMM CANCHICA Y JHON ERNESTO LOPEZ’, y la Corte de Apelaciones del Estado Mérida, que tal redacción al respecto resulta enrevesada (sic), y que lo [que] quiso indicar fue otra cosa que solo lo entiende es la Corte de Apelaciones, en donde puede haber la concatenación para una sentencia condenatoria con tales contradicciones e incongruencias.” (Sic).

 

Al respecto, verifica la Sala, que el recurrente afirma al inicio del recurso, que el vicio cometido por la Alzada es la falta de aplicación de los artículos 26 y 49 de la Carta Magna en relación con los artículos 157 y 432 de la ley adjetiva penal, relacionados con la motivación de la sentencia, pero su argumentación se sostiene en que la Alzada dio una respuesta cuya “redacción al respecto resulta enrevesada” y que “quiso indicar otra cosa que sólo entiende esa Corte”.

 

De tal manera que la argumentación utilizada por el recurrente no explica una falta de aplicación de las normas denunciadas por falta de motivación, sino que afirma que la recurrida dio una respuesta, pero que la defensa no entendió, cuando señala “quiso indicar otra cosa que sólo entiende esa Corte”, por lo tanto dichos alegatos no se corresponden con la ausencia o falta de aplicación de las normas invocadas, sino que la fundamentación utilizada por la defensa constituye su desacuerdo con las razones que tuvo el a quem para resolver la apelación, pues al afirmar que no entendió o que sólo la Corte entiende lo que indicó, no sustenta el vicio de falta de motivación por parte de la Corte de Apelaciones.

 

De ello se evidencia que el recurrente reconoce que la Alzada dio respuesta a la denuncia de la apelación, pero reitera su inconformidad o desacuerdo con la decisión del tribunal de primera instancia,  sin explicar la fundamentación del vicio alegado por falta de motivación contra la decisión de la Corte de Apelaciones.

 

Respecto a la inconformidad como elemento subjetivo insuficiente contra el fallo recurrido, la Sala en Sentencia 604 del 11 de noviembre de 2008, estableció lo siguiente:

 

“...Cuando se denuncia un vicio no basta expresar el descontento (elemento subjetivo) sino que debe expresarse la razón de derecho (elemento objetivo) que demuestre que el fallo presentó el vicio cuya relevancia amerita la nulidad...”.

 

Asimismo, los argumentos utilizados por el recurrente constituyen una contradicción de la fundamentación planteada, pues afirma que existe falta de motivación, y por otro lado expresa que la Alzada dio respuesta a la denuncia de la apelación pero que la respuesta sólo la entiende la Corte de Apelaciones.

 

Sobre las exigencias para la fundamentación del Recurso de Casación por falta de motivación la Sala en sentencia 516 del 20 de diciembre de 2013, determinó lo siguiente:

 

“...En este orden de ideas, las exigencias para la argumentación de las denuncias casacionales, se deben principalmente porque esta Sala ha dicho que la carencia de motivación en las sentencias emanadas por las Cortes de Apelaciones, se presenta cuando existe una omisión sobre los argumentos explanados en el recurso de apelación, y no cuando sí existen los fundamentos de la resolución de la denuncia, pero estos no son suficientes para el impugnante. Razón por la cual se exige con rigurosidad, que los recurrentes argumenten con precisión sus denuncias casacionales conforme a las disposiciones de los artículos 452 y 454, para superar el juicio de la admisibilidad.

Aunado a lo anterior, considera esta Sala necesario reafirmar que, cuando se alega el vicio de inmotivación, debe el recurrente especificar en qué consistió el mismo, pues la sola mención del vicio no es suficiente para que esta Sala de Casación Penal admita y conozca sobre el asunto. (Sentencia N° 65, del 13/11/2011), en derivación, no puede denunciarse en Casación Penal el vicio de inmotivación en forma genérica, por lo tanto, la identificada carencia sobre la estructura de la pretensión casacional no puede suplirla la Sala, so pena de comprometer la imparcialidad para decidir el presente y futuros casos similares...”. (Negrillas de la Sala).

 

En el mismo sentido, la Sala estableció en la sentencia N°  28  del  1° de febrero de 2016 lo siguiente:

 

“Al respecto, la Sala de Casación Penal advierte que no se puede fundamentar el vicio de inmotivación de sentencia con el simple desacuerdo de las partes con en el fallo; ya que sólo existe inmotivación de sentencia cuando las Cortes de Apelaciones no señalan en su fallo los fundamentos (de hecho y Derecho) por los cuales adoptan el fallo o cuando se omite cualquier circunstancia expuesta por el apelante en el recurso de apelación.”

 

Por otra parte la defensa, en la misma fundamentación del único motivo aducido, también señala, la violación por indebida aplicación, de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 16, 157 y 432, todos del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual ratifica al final del recurso en la solución que se pretende cuando solicita que sea admitido el recurso por violación de la ley por indebida aplicación, siendo el caso que la indebida aplicación constituye un motivo distinto a la falta de aplicación mencionada en la fundamentación de la única denuncia propuesta, la cual debió ser fundamentada de forma separada, tal como lo establece el artículo 454 de la Ley Adjetiva Penal al señalar que el recurso de casación  “se interpondrá mediante escrito fundado ...con indicación de los motivos que lo hacen procedente fundándolos separadamente si son varios”.

 

Finalmente observa la Sala, que de los argumentos explanados en el escrito recursivo, mal puede sustentarse alguna relevancia o influencia, a los fines de precisar el alcance y efectos que pueda tener la resolución que emita esta Sala, puesto que la defensa incurrió en imprecisión en el fundamento de la denuncia, así como el error de mencionar dos vicios en la misma, sin la explicación adecuada de cada una de ellas de forma separada.

 

Sobre la influencia o relevancia de la denuncia planteada por falta de motivación y la exigencia de su explicación de forma clara y específica, la Sala en Sentencia N° 108 del 1° de abril de 2014, afirmó lo siguiente:

 

“...En cuanto a la violación de la Ley, por falta de aplicación de los artículos 157 y 346, numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal y la consecuente inmotivación del fallo de alzada, en virtud de que los juzgadores (según lo expone quien recurre) omitieron resolver algunos de los puntos planteados en la apelación (falta de establecimiento del nexo existente entre las pruebas y la conclusión; omisión del análisis individual de las pruebas e insuficiencia probatoria para determinar la culpabilidad del acusado), la Sala observa que los recurrentes omitieron por completo indicar la relevancia que esa supuesta falta de resolución (denunciada) tiene en el resultado del proceso, atendiendo al criterio de utilidad del Recurso de Casación, de acuerdo al cual, la revisión casacional sólo procede en caso de infracciones que sean capaces de modificar o alterar ese resultado, no pudiendo esta Sala suplir la actuación propia de quien recurre en casación y está obligado no sólo a exponer de manera clara y específica cuál es su pretensión, sino además indicar el fin que persigue con su alegato y la influencia de la infracción en la dispositiva de la sentencia recurrida, que debe ser suficiente y capaz de modificarla...”.

 

En resumen, al afirmar el recurrente, que la Alzada si dio respuesta a las denuncias de la apelación, así como su inconformidad con lo establecido por la primera instancia, no indicar de manera precisa y clara el fundamento de la denuncia, amén de plantear en conjunto dos vicios, así como no indicar la influencia o relevancia para determinar la modificación del fallo, concluye la Sala que la denuncia se torna oscura, contradictoria e imprecisa, lo que impide determinar el ámbito a decidir, pues a esta le está vedado completar las falencias de la denuncia, en atención al deber de las partes de cumplir con los requisitos exigidos para la interposición del recurso, así como a la imparcialidad que debe regir las decisiones emitidas por este órgano judicial.

 

Cabe agregar que la defensa hizo mención en el recurso de casación (Folios 1174 y 1175 Pieza de Apelación V), a una solicitud de libertad de un ciudadano de nombre “JHON DAVID LIMA ALVARADO”, persona que no aparece como su representado en la presente causa, mención que hace mayormente confuso e impreciso su escrito recursivo, por lo cual se le sugiere evitar incurrir en mención de personas que no aparecen en la causa.

 

Por todos los razonamientos expuestos, la Sala DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el Recurso de Casación interpuesto por la defensa del ciudadano JACKSON PACHECO ARIAS, por no cumplir con la debida fundamentación exigida a tenor de lo dispuesto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal y de conformidad con lo establecido en el artículo 457 ibídem. Así se decide.

 

Seguidamente la Sala pasa a revisar la fundamentación del recurso de casación interpuesto por el abogado José Luis Guillén.

 

DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN

 

CAPITULO III

EXPRESIÓN DEL MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN(sic) EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN CON SUS FUNDAMENTOS

 

En este sentido ciudadanos magistrados, en la oportunidad de ejercer el recurso de apelación de conformidad con el articulo 451 y 453 del Código Orgánico Procesal Penal esta defensa técnica privada denunció de conformidad con el articulo 452.2 ejusdem, Hoy (sic) día articulo 444 ordinal 2,... falta, contradicción o ilojicidad (sic)  manifiesta en la motivación de la sentencia del ciudadano CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN (sic) como autor del delito y homicidio intencional calificado con premeditación y alevosía por motivos fútiles e innobles.

Ciudadanos magistrados, las contradicciones (sic) manifiesta de la sentencia condenatoria es en relación a las pruebas en su motivación, no demuestra la culpabilidad de mi defendido y de los otros jóvenes, tampoco la autoría o la coautoría en el homicidio de los ciudadanos: JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ Y LUIS ANTONIO VÁSQUEZ CALDERÓN... (sic) La jueza del tribunal de juicio abogada SOILA ROSA NOGUERA indico (sic) en el folio 2569, línea 53 hasta la 60, se lee... (sic) Conjeturas estas que le permitió establecer al tribunal mixto una relación entre los acusados ciudadanos JACKSON PACHECO ARIAS, CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN Y RÓNALD JOSÉ PACHECO, y el ya fallecido LUIS MANUEL CANTILLO VÁRELA (a quien se decretó el sobre seguimiento (sic)  por la muerte) que partiendo la máxima experiencia común, que concatenada entre sí, se prueba que fueron aprehendidos cerca del lugar donde se cometieron los hechos, con las armas que le causaron la muerte a los hoy occiso (sic) JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ Y LUIS ANTONIO VÁSQUEZ CALDERÓN... (sic).

Honorables magistrados de la sala de casación penal (sic), las conjeturas hechas por la jueza del tribunal de juicio abogada Zoila (sic)  Rosa Noguera, con suposiciones a no ser demostrado en el debate oral y público la autoría (sic), si revisa que el folio 2615, señalo (sic) en la motivación de la sentencia condenatoria, lo siguiente: ... no se pudo identificar con exactitud la conducta desplegada del autor del delito pero si la coautoría y la cooperación de CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN (sic) ya que hubieron varios elementos indiciarios que lo relacione (sic) directamente con el hecho y que unidos todos dan como resultado la culpabilidad en grado de cooperación...  (sic).

Esta motivación es contradictoria para determinar la culpabilidad de un sujeto, y por ende dictar sentencia condenatoria, en los hechos juzgados, pues de la recepción de pruebas en el juicio, la jurisdicente confianza (sic) haber efectuado la misma sobre la base de conjetura, si tomamos en cuenta su conceptualización, sito (sic): Concepto de conjetura se refiere a una afirmación que se supone cierta, pero no ha sido probada ni refutada hasta la fecha. Una vez se demuestra la veracidad de una conjetura, esta pasa a ser considerada un teorema de pleno derecho y puede utilizarse como tal para dictar una sentencia condenatoria... (sic) es evidente, que la sentencia condenatoria es incongruente en su motivación por cuanto, nadie es culpable si no se demuestra lo contrario, pues debe prevalecer la presunción de inocencia, ante la duda razonable de la imposibilidad de determinar el autor de los disparos, pues se observa en el folio 2596, que según la motivación contradictoria, los ciudadanos hoy occisos JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ Y LUIS ANTONIO VÁZQUEZ   CALDERÓN, le dieron muerte los funcionarios JIM CANCHITA Y JOHN ERNESTO LÓPEZ GONZÁLEZ, cito extracto al respecto sobre las contrariedades de la sentencia condenatoria:

... al respecto, se logró establecer que tres (03) conchas, las cuales dos (02) proyectiles, fueron percutidos y disparadas por las armas suministradas. Estas conchas incriminadas fueron colectadas como elementos incriminados en los locales "REPUESTOS ACCESORIOS ROZO" y "MORA MOTO" donde perdieron la vida los dos occisos por los funcionarios JIM CANCHITA Y JOHN ERNESTO LÓPEZ GONZÁLEZ.

En este mismo orden el único testigo OSMAN JOSUÉ HERNÁNDEZ MORALES, reconoce al ciudadano LUIS MANUEL CANTILLO VÁRELA, como la persona que estuvo en el negocio, mas no indica la presencia de mi defendido CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN y los otros con causas, sito (sic) el folio 2570 línea 3 hasta la 14 y 22 a la 24:

... testimonial esta al entrelazarse de manera afirmada por el testigo ciudadano OSMAN JOSUÉ HERNÁNDEZ MORALES, quien se encontraba en el taller "MORA MOTO", en el sitio donde perdió la vida LUIS ANTONIO VÁZQUEZ CALDERÓN, en la declaración que efectuó en la prueba anticipada corresponde a la (sic) acta de reconocimiento en rueda de individuos, de fecha 15 de junio de 2008, realizada ante la jueza de control número 4 de este circuito judicial penal extensión El Vigia (sic), donde el ciudadano OSMAN JOSUÉ HERNÁNDEZ MORALES, reconoce al ciudadano LUIS MANUEL CANTILLO VÁRELA, quien se encontraba con el numero 03... como la persona que estuvo minutos antes en el negocio “MORA MOTO”, habló con él, quería arreglar una moto, pero él estaba ocupado y le dijo que no podía, que hablara con mosquito, es decir, LUIS ANTONIO y hablo con él, estoy impresionado porque es mucha casualidad que estuvo allá en el negocio y este (sic) hoy aquí... formando la convicción a este tribunal mixto sobre la culpabilidad de los acusados y por consiguiente la cooperación entre ellos para la ejecución de dar muertes a los hoy occisos JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ Y LUIS ANTONIO VÁZQUEZ CALDERÓN...

En cuanto al reconocimiento técnico de balística, su experto JULIO CÉSAR CONTRERAS PINTO, en sus conclusiones colocaron en duda al indicar la pistola sisaguer pudo haber sido accionada tres veces es decir, que no existe certeza ¿Qué pudo haber sido accionada? Tal como deja establecido la sentencia condenatoria en el folio 2575, se lee: declaración del funcionario JULIO CÉSAR CONTRERAS PINTO... respecto al reconocimiento técnico de balística...dos pistolas marca sisaguer alemana, la otra pistola marca care de balística criminal está conformada por dos (02) partes, la identificativa y comparativa... si hay conchas y proyectiles que tienen correspondencia con puntos característicos: en conclusión la pistola sisaguer pudo haber sido accionada tres veces, tenemos 3 conchas y 2 proyectiles, 3 conchas no eran de esa arma.

En cuanto al video de seguridad de declaración de JULIÁN ENRIQUE SANTIAGO VILLAMIZAR, es trasmitido dejando constancia la presidenta del tribunal mixto, describiendo vestimentas del sujeto camisa de cuadros, gorra, quien efectúa disparos a otro joven, no deja constancia de las características fisonómicas del joven responsable de la muerte de LUIS ANTONIO VÁZQUEZ CALDERÓN, siendo contradictorio que la sentencia condenatoria, en el folio 2612 allá indicado, que las características físicas más resaltantes observadas en el video, coinciden concretamente con el acusado RÓNALD JOSÉ PACHECO, ya que no señalo (sic) la jueza presidenta ¿Cuáles son las características físicas que coinciden con el acusado RÓNALD JOSÉ PACHECO? Menos aún a mi defendido CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN, siendo inquisidora esta forma de decir, al respecto sito, los folios 2581 2612:

... el ingeniero experto informático JULIÁN ENRIQUE SANTIAGO VILLAMIZAR, explico... (sic) se evidencio (sic) del mencionado video que el agresor vestía para el momento un pantalón blue jean color oscuro, una camisa manga corta a cuadros donde resaltaban los colores claros, como el blanco o beige, así mismo, los colores marrón y naranja, además usaba una gorra. ...folio 2581, declaración de JULIÁN ENRIQUE SANTIAGO VILLAMIZAR con relación al video...   se observa el ingreso de una persona efectuando disparos, la velocidad del video ya está predeterminada, se realizan fotografías de cada  secuencia y son las que están plasmadas allí, hice la revisión de ese disco duro... (sic) en relación al video trasmitido se deja constancia siguiendo instrucciones de la ciudadana jueza presidente que se aprecian dos jóvenes, en el local comercial, uno de ellos arreglando una moto, vestido de franela blanca y pantalón blue jean, y entra un sujeto de camisa de cuadros y gorra y efectúa disparos en la humanidad del joven que se encontraba arreglando la moto... (sic).

 Tales las contrariedades de la sentencia condenatoria, que en el folio 2587 2588 (sic), en la declaración del testigo OSMAN JOSUÉ HERNÁNDEZ MORALES... indica que los sujetos tenían cubierto el rostro, la jueza, no dejo (sic) constancia al observar el video que esto ocurriera así, solo señalo (sic) la ropa de vestir, del testigo OSMAN JOSUÉ HERNÁNDEZ MORALES, menciono (sic) ‘... escuche (sic) unos disparos, a unos sujetos que tenían cubierta la cara, yo trabajo en la Av. 15 en MOTOS MORA...’ Otra contradicción en la sentencia condenatoria, se observa en relación a la motivación de la experticia del macerado de las manos, que determina la presencia de iones de nitrato, y por otra parte la negatividad en la ropa de vestir de iones de nitrato, siendo contradictorio que se dicte una sentencia condenatoria, pues toda duda razonable, obliga a todo buen administrador de justicia dictar sentencia absolutoria, pues no demostrándose en el juicio oral y público, las suposiciones de la jueza abogada SOILA ROSA NOGUERA, en su sentencia condenatoria respecto a las causas por las cuales dio el resultado negativo del análisis de la ropa para la presencia de iones de nitrato, prevalece la presunción de inocencia de mi representado CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN, y los otros condenados, este vicio de la sentencia condenatoria, deja en evidencia que estamos en presencia de un sembrado de evidencia, para la culpabilidad de estos ciudadanos, que ejercen el respectivo recurso extraordinario de casación de la sentencia condenatoria, sito (sic) los folios 2596, 2597: en relación a la experticia a las prendas de vestir incautadas en el presente proceso dan negativo, para la presencia de iones de nitrato. Una reacción negativa, sin embargo, no permite eliminar la posibilidad de que un arma de fuego allá (sic) sido disparada, toda vez que las armas de mecanismo cerrado, así como también muchos revólveres, y pistolas no dejan residuos de descarga... (sic) Ciudadanos magistrados se evidencia que no hubo pruebas que demostrara (sic) el acaecimiento de las causas por las que puede obtenerse un resultado negativo, en las prendas de vestir de mi defendido CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN, mal podría en forma contradictoria dar por demostrado que ello ocurrió, pues existe una duda razonable, que obliga a la jueza a dictar sentencia absoluta (sic), no está permitido al tribunal mixto, un razonamiento a su merced (cuyo sinónimo son subvención, ayuda, colaboración) atar conjeturas, puesto que son suposiciones de la jueza presidenta del tribunal mixto, que conlleva a una sentencia condenatoria injusta, contradice los principios rectores del proceso penal, viciando la motivación contradictoria, a las pruebas realmente evacuadas , en el debate oral y público, con relación a la sentencia condenatoria dictada (sic) a manera de ilustrar y fundamentar la  verdad, es suficiente revisar el folio 2609, cito textualmente de las líneas 5,6,7 y 8 motivación contradictoria del tribunal mixto:

...en las pruebas evacuadas a merced del razonamiento de los tres juzgadores se llegó a la plana convicción, por medio de atar circunstancias y conjeturas que que reunidas todas formaron una estructura que probó la comisión de un hecho punible, como se describió en lo dicho por cada testigo, lo cual fue motivado y concatenado a la vez ut supra ya trascrito... (sic).

En el folio 2610: ... las circunstancias de hecho de procedimiento narrada por los funcionarios que entrelazadas entre sí, dieron como probado que los acusados fueron aprehendidos ene (sic) le (sic) vehículo que la persona había indicado y en el que encontraron las dos (02) armas, pistola (sic) incriminadas en el hecho punible; conjeturas estas que nos permite establecer al tribunal mixto una relación entre los acusados JACKSON PACHECO ARIAS, CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN Y RÓNALD JOSÉ PACHECO, y el ya fallecido LUIS MANUEL CANTILLO VÁRELA.

Honorables magistrados la jueza abogada SOILA ROSA NOGUERA, en su sentencia condenatoria, en el folio 2615 estableció que:

... no se pudo identificar con exactitud la conducta desplegada del autor del delito pero si la coautoría y cooperación de CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN, ya que hubieron varios elementos indicatorios (sic) que lo relacionan directamente con el hecho y que unidos todos dan como resultado la culpabilidad en grado de cooperador...

Es decir, que no se puede identificar el autor del hecho punible que dan(sic) muerte a los hoy occisos JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ Y LUIS ANTONIO VÁZQUEZ CALDERÓN, y no existe una hilvanación de los elementos, pues incluso la jueza abogada SOILA ROSA NOGUERA, en su sentencia condenatoria el folio 2596, que según la motivación contradictoria, los ciudadanos hoy occisos JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ Y LUIS ANTONIO VÁZQUEZ CALDERÓN le dieron muerte los funcionarios JIM CANCHITA Y JOHN ERNESTO LÓPEZ GONZÁLEZ, al respecto se ha inobservado la sentencia № 122 de sala de casación penal, expediente № C 07-0493 de fecha 05/03/2008, cito: ... las cortes de apelaciones como tribunales de derecho, al examinar los fundamentos de sentencia, deben percatarse de la correcta hilvanación de los elementos ya establecidos por el sentenciador de juicio, de los cuales se desprende la razón de este para adoptar la consecuencia judicial, descantando (sic) así la falta, contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia.

 De lo anteriormente razonado, se evidencia las conjeturas e hipótesis, que provocaron indefensión al no ordenarse pruebas complementarias que demostraran sin duda razonable la culpabilidad o la inocencia de mi defendido, que trajo como consecuencia una sentencia condenatoria excesiva no merecida pues es inocente, argumento que esta defensa esgrime cumpliendo con la ponencia del magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, sala de casación penal, en sentencia 114, de fecha (26) días del mes de abril del (2005), exp. 04-010: defensa omitió señalar en su escrito en que consistieron tales ‘... conjeturas e hipótesis...’ y de qué manera provocaron la indefensión del ciudadano... la defensa tampoco destaco la influencia que el señalado vicio tuvo en la parte dispositiva del fallo recurrido...

En el otro caso, signado con el № LP 11-P-2010_0002873, en que es condenado mi defendido, la sentencia condenatoria se fundamenta en el dicho del hoy occiso FILIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, igualmente la jueza hace uso de sus conjeturas y no del juicio sensato de la valoración de las pruebas constituyéndose un acto arbitrario, indica la VIGNAURA ALEXANDRA MALDONADO, cito:

 ... hubo una situación quince días antes nos encontrábamos en la casa de la mama (sic) de mi esposo... me contó que estando allí llego un muchacho en una moto y le dijo a mi esposo que ñoco antes de 15 días lo mataba a él y a mi hermano...

Es evidente la arbitrariedad de la jueza en su motivación contrariada con la deposición del experto ALEJANDRO PEREIRA, al indicar este tribunal mixto, en su motivación, sito (sic) el folio 2641:

... es decir según la explicación puede darse el caso que a los 30 segundos se vaya perdiendo la razón pero depende de la capacidad de respuesta de cada individuo como lo dijo en principio el experto a escasos 3 a 5 minutos pudo haber estado consciente el occiso FILIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA... no tiene duda este tribunal mixto de que el ciudadano occiso si le manifestó a las personas que le prestaron los primeros auxilios quien le había provocado sus heridas manifestando que era el ñoco.

Si los honorables jueces de sala de casación penal (sic) revisan la sentencia condenatoria, puede observarse que la jueza abogada SOILA ROSA NOGUERA, coloco (sic) la motivación en forma contraria, a lo expuesto por el experto ALEJANDRO PEREIRA, en el folio 2641... se observa, hagan ustedes la simple comparación visualmente, no es lo mismo señalar que desangramiento se efectúa en escasos 3 a 5 minutos por escape de la sangre, sobreviviendo la muerte, durante unos 30 segundos, que concatenado con la declaración de la ciudadana LAURA CAROLINA GARCÍA, expuso de viva voz, ‘nosotras estábamos a 20 metros donde cayó mi primo’ ¿ cómo estableció el tribunal mixto, que FILIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, gesticulo palabra para indicar que su asesino fue mi defendido CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN? ¿Cuál prueba científica demostró que FILIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, gesticulo palabra? Solo existe el testimonio de su hermana YUCLEIDIS ALEJANDRA FERNÁNDEZ GARCÍA, que pierde credibilidad por el conocimiento científico del médico patólogo experto ALEJANDRO PEREIRA, que fue muy asertivo afirmando  ‘... si duró vivo unos 30 segundos es mucho...’ tomando en cuenta que no existe una prueba cinemática, para establecer que en 30 segundos el desplazamiento que una ciudadana YUCLEIDYS ALEJANDRA FERNÁNDEZ GARCÍA, desde los 20 metros de distancia hasta el sitio donde se encontraba su hermano FlLIBERTO FERNÁNDEZ GARCÍA, se observa que la jueza con su juicio de conjeturas, dicta sentencia condenatoria a mi defendido CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN no tonado (sic) en cuenta que no existe pruebas (sic) que comprometa la responsabilidad de mi defendido.

No se observa un juicio sensato, por parte de la jueza abogada SOILA ROSA NOGUERA, dar por demostrado que la ciudadana YUCLEIDYS ALEJANDRA FERNÁNDEZ GARCÍA, escucho (sic) a su hermano pronunciar el nombre de defendido CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN, pues no existe la prueba cinemática, recepcionada en el juicio de un experto en física, es decir, que la sentencia condenatoria, es contradictoria con el conocimiento científico del médico patólogo experto ALEJANDRO PEREIRA, estableciendo una duda razonable, que mantiene incólume la presunción de inocencia de mi defendido CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN, de tal manera, que muy respetuosamente pido a los honorables magistrados de la sala de casación aplicar el criterio sostenido en la sentencia № 078 de la sala de casación penal, expediente № C 09-430 de fecha  10/03/2010, cito: por ello es deber de la alzada, tal y como ocurrió en el presente caso, verificar que los jueces al apreciar los elementos de prueba incorporados al proceso, hayan observado las reglas de la lógica y la experiencia corroborando que de su razonamientos no se evidencie arbitrariedad ni violación a las máximas de experiencia, toda vez que si bien es cierto los jueces no están sujetos a normas legales que determinen el valor de las pruebas, no es menos cierto que la valoración y selección de las pruebas que han de fundar su convencimiento debe respetar los límites del juicio sensato, de manera tal que pueda comprobarse que la solución dada al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento que escapa de lo arbitrario...

De acuerdo al artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, falta de aplicación de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con alas (sic) normas adjetivas contenidas en los artículos 157 y 432 del Código Orgánico Procesal Penal.

Ciudadanos magistrados, en la oportunidad de ejercer este recurso de apelación de conformidad con los artículos 451 y 453 del Código Orgánico Procesal Penal esta defensa técnica privada denuncio (sic) de conformidad con el articulo 452.2 ejusdem hoy día 444 ordinal 2 ‘la falta de motivación de una sentencia al condenar al ciudadano CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN como el autor de los delitos de homicidio intencional y otros, por cuanto considero que la Ciudadana Juez de juicio N° 3 del circuito judicial penal del Estado Mérida extensión el Vigía, no demostró a las partes tener los suficientes motivos probatorios paras desvirtuar la presunción de inocencia que de conformidad con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le asiste a mi defendido CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN quien fue señalado por la fiscalía del ministerio público como el autor del homicidio intencional, por ende lo ajustado a derecho no era otra cosa que aplicar el principio universal del in dubio pro reo la duda debió favorecer al acusado, frente a un debate lleno de rumores, acusaciones y falsos supuestos.

Ante esta denuncia la corte de apelaciones del Estado Mérida emite su decisión de conformidad con el artículo 449 del código adjetivo penal, respondiendo en cuanto a esa denuncia en particular lo siguiente:

'... al respecto observa esta alzada, que ciertamente existNe los testimonio indicados por los recurrentes, pero también, la mayoría de dichos testigos señalan que la moto color blanco, andaba acompañada por un vehículo Ford Fiesta color azul, donde fueron finalmente aprehendidos por los funcionarios policiales, los acusados de autos, circunstancia esta que denota fehacientemente que la resolución criminal que se materializo (sic) con las muertes de las víctimas de autos, no podría ser exitosa y racionalmente ejecutada sin el concurso del acusado JACKSON PACHECO ARIAS... propietario del vehículo Ford Fiesta azul ...’.

Ciudadanos magistrados, pueden ustedes notar que esta parte recurrente transcribió parte de la fundamentación que la corte de apelaciones del estado Mérida emitido (sic), que esta defensa técnica privada realizo (sic) en este escrito de apelación de sentencia definitiva. El tribunal de alzada declaro (sic) sin lugar la denuncia en comento, sin siquiera dar un argumento que se refiera directamente a lo que esta parte quejosa esplano (sic) de manera pormenorizada a lo largo del escrito de apelación dejando entrever que el tribunal de alzada optó por responder de una manera genérica lo que fue planteado por esta defensa técnica sin una motivación ajustada a la realidad de los hechos probatorios.

La decisión emitida por la corte de apelaciones dl (sic) estado Mérida, hoy día impugnada, por cuanto la misma es notorio que dicho tribunal con (sic) cumplió con la obligación de revisar el fallo impugnado con sujeción a todos los elementos probatorios, decidiendo con prescindencia de estos o apreciándolos sesgadamente, a sabiendas de esta parte quejosa que no le es dado a la corte de apelaciones la revisión y valoración de las pruebas evacuadas en juicio, pero si la observación de que las mismas hayan sido correctamente apreciadas por la juez de juicio con la debida imparcialidad en ausencia de la arbitrariedad, así mismo examinar si hubo lo que fue visto y oído durante el debate, lo cual va enserio (sic) ataque al derecho a la defensa y al debido proceso reglamentado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Pues no existe ningún argumento por parte de la corte de apelaciones que refuten con alegatos jurídicos algunos de los hechos que esta defensa técnica privada esgrimo (sic) a favor de su representado CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURAN, simplemente el tribunal consultado se limitó a enunciar lo que el juez de juicio № 3 extensión el Vigía del estado Mérida al momento de realizar el análisis de la sentencia realizo (sic) previamente un proceso de decantación de cada uno de los medios probatorios promovidos y evacuados en juicio...

Así mismo alego (sic) que al (sic) corte de apelaciones del estado Mérida no aplico  (sic) lo ordenado en los artículos 157 y 432 del Código Orgánico Procesal Penal en cuanto a la obligación del tribunal de alzada de emitir cada sentencia debidamente fundamentada, en la resolución exclusiva de los puntos de la decisión que han sido impugnados por la parte quejosa bajo pena de nulidad y en este argumento jurídico basamos la esencia de la presente denuncia. De conformidad con lo establecido en el artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal denunciamos a la recurrida por la violación de la ley por indebida aplicación de artículo 26 y 49 ordinal 1 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 26: TODA PERSONA TIENE DERECHO DE ACCESO A LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA HACER VALER SUS DERECHOS E INTERESES, INCLUSO LOS COLECTIVOS O DIFUSOS; A LA TUTELA EFECTIVA DE LOS MISMOS Y OBTENER CON PRONTITUD LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE...

Artículo 49: EL DEBIDO PROCESO SE APLICARA A TODAS LAS ACTUACIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, EN CONSECUENCIA:

1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del debido proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga... Lo transcrito de la de recurrida, es prueba fiel de la valoración de la garantía constitucional, cuando en su decisión establece como cierto que al folio 2596, según motivación contradictoria, los ciudadanos hoy occisos JOSÉ ALBERTO LINARES MÁRQUEZ Y LUIS ANTONIO VÁZQUEZ CALDERÓN le dieron muerte los funcionarios JIM CANCHITA Y JOHN ERNESTO LÓPEZ GONZÁLEZ, porque los jueces de la sentencia adversada indican, ‘ AL RESPECTO SE LOGRO ESTABLECER QUE TRES CONCHAS LAS CUALES DOS PROYECTILES, FUERON PERCUTIDAS Y  PUESTOS ROSO Y MORA MOTOS’, donde perdieron la vida los dos occisos por los funcionarios JIM CANCHITA Y JOHN ERNESTO LÓPEZ GONZÁLEZ, y la corte de apelaciones del estado Mérida, que tal redacción al respecto resulta contradictoria con lo que quiso indicar que solo lo entiende la misma corte de apelaciones, en donde puede haber la concatenación para una sentencia condenatoria contales (sic) contradicciones e incongruencias.

 

CAPITULO IV SOLUCIONES

Ciudadanos magistrados, por las razones de hecho y de derecho solicito lo siguiente:  PRIMERO: que esa sala de casación penal (sic) de conformidad con el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal vigente declare con lugar de admisibilidad del presente recurso de casación por la causal prevista en el artículo 452 del código orgánico procesal penal (sic) esto es, violación de la ley por indebida aplicación de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 16, 157 y 432 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: que producto de la anterior decisión ordene la celebración de la audiencia oral y pública, ante un juez o jueza, distinto al que se pronunció en la sentencia condenatoria...”.

 

La Sala para decidir observa:

 

Una vez leído el contenido del recurso de casación presentado por el abogado José Luis Guillén, Defensor Privado del acusado CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, la Sala pudo apreciar que el recurrente en primer lugar hace referencia a los argumentos que esgrimió para interponer el recurso de apelación en su oportunidad, para seguidamente exponer: “De acuerdo al artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, falta de aplicación de los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con alas (sic) normas adjetivas contenidas en los artículos 157 y 432 del Código Orgánico Procesal Penal”, y que la Corte de Apelaciones “no aplicó” lo ordenado en los artículos 157 y 432 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Luego, señala el recurrente, que la recurrida también incurrió en “indebida aplicación” del los artículos 26 y 49 numerales 1 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 157 y 432, ambos del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Al respecto, verifica la Sala que el recurrente, en la misma denuncia, señala dos motivos distintos, esto es, la falta de aplicación de los artículos 157 y 432 del Código Orgánico Procesal Penal, y también arguye que la recurrida incurrió en la indebida aplicación de los artículos 26 y 49 numerales 1 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 157 y 432 del Código Orgánico Procesal Penal, indicando en el mismo capítulo alegatos sobre lo que considera una motivación contradictoria por parte de la Corte de Apelaciones, pero no explica en qué consiste la contradicción, lo que hace imprecisa y confusa su denuncia, aunado al hecho de invocar dos vicios de manera conjunta, lo cual debió hacer de forma separada, tal como lo establece el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Asimismo observa la Sala, que el anterior argumento del recurrente solo refleja que se encuentra inconforme con la resolución emitida por el tribunal de alzada, cuando afirma que “el tribunal de alzada optó por responder de una manera genérica lo que fue planteado  por esta defensa técnica sin una motivación ajustada a la realidad de los hechos probatorios”, lo que solo evidencia un desacuerdo ante la respuesta dada por la recurrida y ello no es sustento para la fundamentación de este recurso extraordinario, tal como lo ha reiterado esta Sala en la sentencia N° 28  del  1° de febrero de 2016, transcrita parcialmente ut supra.

 

Por ello, es forzoso concluir que el recurso no se encuentra debidamente fundamentado, pues resulta inexacta la denuncia por imprecisión en los vicios invocados de manera conjunta, lo cual debió realizar individualmente, lo cual le impide a la Sala delimitar su respuesta al planteamiento; además, la Sala no puede suplir los alegatos del recurrente, por lo que en el caso sub examine no se cumple con la técnica recursiva que exige el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En consecuencia, lo procedente y ajustado a Derecho es DESESTIMAR POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADOS los Recursos de Casación interpuestos por las respectivas representaciones judiciales de los acusados JACKSON PACHECO ARIAS y CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, de conformidad con lo previsto en los artículos 451, 454 y 457, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Así declara.

 

DECISIÓN

 

Por todo lo antes expuesto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara DESESTIMADOS POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADOS los recursos de casación presentados por el abogado Omar Alfredo Sulbarán, en su condición de defensor judicial del acusado JACKSON PACHECO ARIAS; y por el abogado José Luis Guillén, en su carácter de defensor judicial del acusado CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, contra la decisión dictada, en fecha 19 de mayo de 2014, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, mediante la cual declaró sin lugar los Recursos de Apelación interpuestos y confirmó el fallo emitido por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, extensión El Vigía, a través del cual CONDENÓ “…al ciudadano RÓNALD JOSÉ PACHECO, a cumplir una pena de veintiún (21) años de prisión , por considerarlo autor en la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de los hoy occisos José Alberto Linares Márquez y Luis Antonio Vásquez Calderón, y del delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del Orden Público; JACKSON PACHECO ARIAS, a cumplir una pena de veintiún (21) años de prisión , por considerarlo cooperador inmediato en la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio del hoy occiso José Alberto Linares Márquez, y del delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en perjuicio del Orden Público; y al ciudadano CÉSAR ANTONIO COLMENARES DURÁN, a cumplir una pena de veintiocho (28) años de prisión, por considerarlo cooperador inmediato en la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1 del Código Penal, en perjuicio de los hoy occisos José Alberto Linares Márquez y Luis Antonio Vásquez Calderón, el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83 ejusdem, en perjuicio del Orden Público y del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES O INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 406 numeral 1, del Código Penal, en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre de Filiberto Fernández García…”, de conformidad con lo establecido en los artículos 451, 454 y 457, todos del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                                                          La Magistrada,

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO                                                    FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

Ponente.                                    

 

El Magistrado,                                                                                                               La Magistrada,

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA                                      YANINA BEATRIZ KARABÍN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

EJMG

Exp. AA30-P-2017-000242.