MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ 

 

En fecha 19 de diciembre de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio Mixto del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, DECLARÓ: INOCENTE POR UNANIMIDAD y ABSOLVIÓ al acusado JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad número V-9.125.133, de la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 405 en concordancia con el artículo 406 numeral 3, ambos del Código Penal, concatenado con el artículo 65 parágrafo único de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la víctima Adriana Paola Bracamonte Barrera.

 

Los hechos acreditados por el referido Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio Mixto del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, son los siguientes:

 

“…Indica el Ministerio Público que en fecha 27 de febrero del año 2010, siendo aproximadamente las 10:30 horas de la noche, el Funcionario Sub Inspector José Patino, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub Delegación la Fría del Estado Táchira, se trasladó en compañía de los funcionarios José Salas, hacía la Finca la Marqueseña, ubicada en la vía Orope kilómetro 99, Municipio García de Hevia, estado Táchira, para constatar uno de los delitos contra las personas.

Una vez en la referida dirección lograron observar sobre el suelo de cemento el cuerpo sin vida una persona adulta de sexo femenino, posteriormente sostuvieron entrevista con el ciudadano GARCÍA SÁNCHEZ JOSÉ TEODOSIO, Venezolano, titular de la Cédula de entidad número 9.125.133, de 47 años de edad, Estado Civil Divorciado, profesión u oficio comerciante, residenciado en kilómetro 99 de la vía Orope, Finca la Marqueseña, Municipio García de Hevia del Estado Táchira, quien manifestó ser concubino de la exánime; manifestando que se encontraba llegando a dicha finca, también lo hacía la Ciudadana ADRIANA PAOLA BRACAMONTE en estado de ebriedad, donde la misma manifestó que se iba a matar, en ese momento quiso dialogar con ella pero la Ciudadana se alteró, razón por la cual optó por abrazarla para evitar que ella cometiera un acto contra su vida, seguidamente la misma se le soltó subiendo al tercer piso de la residencia lanzándose al vacío causándose la muerte. (…)

Establecidas las pruebas, y valoradas las mismas según las reglas de la sana crítica, conforme a las normas de nuestra ley adjetiva penal, observando las reglas de la lógica expresamente consagrada en el artículo 22 ejusdem, este Tribunal, concluye que el hecho descrito por el representante del Ministerio Público, no puede ser endilgado al ciudadano acusado JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ, pues se no (sic) ha demostrado la existencia de un nexo causal entre su conducta y los hechos, es decir la intencionalidad del sujeto activo de causar la muerte de manera ilegítima a la Ciudadana (sic) ADRIANA PAOLA BRACAMONTE BARRERA. En concreto un acto de significación intencional cuya consumación debe ser demostrada mediante el estudio del acervo probatorio, el cual fue considerado insuficiente para acreditar el hecho, y se ejecuta en actos que dan fin con la vida mediante actos materiales de comisión u omisión; los cuales no han sido demostrados en juicio, toda vez que el acervo probatorio recibido no prueba de cargo con los que determinar responsabilidad penal del Ciudadano (sic) JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ.

Ante tales circunstancias este tribunal no puede subsumir los hechos que fueron considerados en Juicio en los términos del tipo penal conocido como HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 405 que indica "el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, será penado con pena de presidio de doce años a dieciocho años" en concordancia con el artículo 406 numeral 3 ambos del Código Pena (sic), que reza "en los casos que se enumeran a continuación se aplicaran las siguientes penas 3. de veintiocho a treinta años de prisión para lo (sic) que lo perpetren: a. en la persona de su ascendiente o descendiente, o en la persona de su cónyuge", concatenado con el artículo 65 parágrafo único de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de Violencia (…).

En vista de que la conducta esgrimida por el acusado JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ no satisface la hipótesis del tipo penal antes mencionado; considera el Tribunal Mixto que no existen elementos que le atribuyan responsabilidad penal al acusado JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ que se desprenden de haberse acreditado del deceso de la Ciudadana (sic) ADRIANA PAOLA BRACAMONTE BARRERA; lo cual fue demostrado en Juicio Oral mediante protocolo de autopsia INFORME MEDICO FORENSE ANATOMOPATOLÓGICO № 9700-134-LTC-164-1088, el cual describe la causa de la muerte como SHOCK NEUROGÉNICO FRACTURA MÚLTIPLE DE CRÁNEO CAÍDA DE GRAN ALTURA, informe este suscrito por el experto profesional JOSÉ EDUARDO BONILLA BARRIENTOS, quién, en juicio, ratificó el contenido de la misma indicando al respecto que el cadáver de la occisa "presentaba tres excoriaciones pequeñas en mentón, equimosis semiovalada, en región cervical derecha e izquierda y cervical anterior", "equimosis en cara posterior de ambos hombros y antebrazo, uñas con bordes erosionados y fracturados, excoriaciones en ambas rodillas, hematoma en la cara anterior de las piernas” estableciendo en su dictamen la causa de la muerte ya descrita, la cual coincidió con la declaración de la Ciudadana (sic) TANIA JOSEFINA COLMENARES COLMENARES, Médico Patólogo adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien realiza exhumación del cadáver y refleja su proceder en ACTA DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER № 9700-164-533 de fecha 06-01-2011, precisando la causa de la muerte como "traumatismo craneoencefálico, fractura de la columna vertebral y fracturas costales"; hecho este ocurrido el día 27 de febrero de 2010 en la Finca la Marqueseña, ubicada en la vía Orope, kilómetro 99 en el Municipio García de Hevia del Estado Táchira, tal y como se describe mediante ACTA DE INSPECCIÓN № 302 de fecha 04/03/2010, que establece la posición la (sic) cual fue encontrado el cadáver, sus características así como los demás elementos de Interés criminalístico encontrados en el sitio del suceso; instrumento probatorio que fuere suscrito por los funcionarios JOSÉ SALAS, RENSO CONTRERAS y JOSÉ PATINO (…)

Además de ellos debe considerar este Juzgador, en la determinación del hecho acreditado que la afirmación de los funcionarios que realizaron la investigación en el sitio, momentos después de la ocurrencia de los eventos debatidos en juicio en nada contribuye a la determinación de la hipótesis fiscal; ello por cuanto lo referido por el funcionario adscrito al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, JOSÉ RAMÓN PATIÑO, expresa que al llegar al lugar "se encontraba el cuerpo de una persona de genero (sic) femenino" el cual "se encontraba en posición decúbito neutral" (sic) indicando también que realizó la búsqueda de elementos de interés criminalístico "no encontrándose nada", y ratificando la versión del acusado de autos JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ al indicar le (sic) fue referido "que al momento de llegar la occisa decía que hoy si se mataba y que la agarro pero que cuando no pudo contenerla subió la escalera 2 (sic) nivel" lo que concuerda además con la declaración de JOSÉ SALAS quien refiere "Me traslade con Patino y Contreras y los funcionarios nos indicaron el lugar donde estaba la hoy occisa, que se encontraba en posición decúbito ventra" (sic) así como también con las declaraciones de RENSO CONTRERAS, el cual participa en el levantamiento del cadáver e indica que "se busco evidencia de interés criminalística, concluyendo "No encontré evidencia de interés criminalístico" y RAFAEL BARRIENTOS ORTIZ (sic), que asegura le fue indicado "que la señora había tenido un problema y que se había lanzado del tercer piso de una pequeña edificación que había allí", que al "llegar observamos el cadáver de la señora en el suelo" aclarando no había más testigos" puntualizando "habían tenido una discusión pero que la señora se había dirigido a la orilla de la escalera y se había lanzado" puntualizando además que (sic) "Se inició como investigación muerta porque para el momento no estaba claro el hecho" lo que también fue ratificado por PEDRO MOLINA ROJAS. A todo ello se añade que se denota la ausencia de testigos necesarios, mas (sic) que los referenciales que fueron desechados en razón de la carencia de credibilidad, vicios en la declaración y referencias no vinculadas a los hechos y la practica (sic) de Experticia Psiquiatrita № 0192 por la experta BETTY LORENA NOVOA DELGADO, con evidentes rasgos de inverosimilitud que afianzan la versión suicida, por cuanto el Tribunal mixto concluye en que en efecto la caída se explica a partir del Suicidio de la occisa al no existir hechos indicantes que permitan la confirmación de la hipótesis del acusador”.

 

En fecha 8 de febrero de 2013, la abogada Marja Lorena Sanabria Becerra, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión.

 

En fecha 26 de julio de 2013, los abogados Helmisan Beiruti Rosales y Yaneth Del Carmen Acosta Cegarra, en su carácter de defensores privados del ciudadano  JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ, dieron contestación al presente recurso.

 

En fecha 12 de agosto de 2015, se recibe por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio Mixto del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, oficio N° 9700-078-SF-4856, suscrito por el licenciado Luis Delgado Urdaneta, Comisario Jefe de la Sub-Delegación La Fria “B”, boleta de notificación de la decisión, dirigida a la victima Inocencia Barrera Cardoso, siendo consignada la misma de manera positiva, dándosele entrada en la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en fecha 16 de junio de 2016.

 

En fecha 27 de junio de 2016, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, integrada por las Juezas, Ledy Yorley Pérez Ramírez (Ponente), Nelida Iris Mora Cuevas y Ladysabel Pérez Ron, declaró ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marja Lorena Sanabria Becerra, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

 

En fecha 2 de septiembre de 2016, encontrándose todas las partes presentes, se celebró la audiencia oral, de conformidad con el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

En fecha 16 de diciembre de 2016, la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la abogada Marja Lorena Sanabria Becerra, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

 

En fecha 22 de marzo de 2017, la abogada Marja Lorena Sanabria Becerra, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ejerció recurso de casación contra el fallo dictado por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Constatándose de las actuaciones cursantes en el expediente, que las partes no dieron contestación al presente recurso.

 

Seguidamente la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, remitió el expediente a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 16 de junio de 2017.

 

En fecha 7 de julio de 2017 se dio cuenta en Sala de Casación Penal y en esa misma fecha se designó ponente a la Magistrada YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

DE LA COMPETENCIA DE LA SALA

 

La Sala de Casación Penal, previo a cualquier pronunciamiento, debe determinar su competencia para conocer del presente recurso de casación, y al efecto observa:

 

El artículo 266, numeral 8, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que:

 

“(…) Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 8. Conocer del recurso de casación (…)”.

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, delimita las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran el Máximo Tribunal.

 

De manera específica, respecto a la Sala de Casación Penal, el artículo 29, numeral 2, de la referida ley, establece:

 

(…) Son competencias de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal (…)”.

 

De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que corresponde a la Sala de Casación Penal, el conocimiento de los recursos de casación en materia penal. En el presente caso, la abogada Marja Lorena Sanabria Becerra, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, interpuso recurso de casación en el proceso penal seguido al ciudadano JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ, por el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 405  en concordancia con el artículo 406 numeral 3, ambos del Código Penal, concatenado con el artículo 65 parágrafo único de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la víctima Adriana Paola Bracamonte Barrera y en consecuencia, la Sala declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.

 

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PROPUESTO

 

Ante el recurso de casación propuesto por el Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, la Sala pasa a resolver sobre la admisibilidad o desestimación del mismo, en los términos siguientes:

 

En relación con el presupuesto de admisibilidad referido a la legitimación y a la representación, conforme con lo establecido en el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. En tal sentido, en el presente caso, el recurso de casación objeto de análisis, fue interpuesto por la abogada Marja Lorena Sanabria Becerra, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, siendo una de las partes a la que la ley reconoce expresamente ese derecho, razón por la cual está legitimada para recurrir en casación, conforme a lo establecido en la referida disposición legal y en los artículos 111 numeral 14 del Código Orgánico procesal Penal y 34 numeral 14, de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

 

En cuanto al lapso procesal para el ejercicio del recurso de casación, el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que será interpuesto dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad, caso en el cual dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado.

 

En el caso de la tempestividad verifica la Sala que la abogada Rosa Yuliana Cegarra Hernández, Secretaria de la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, realizó el auto de certificación de días de despacho, el cual dejó constancia de lo siguiente:

 

“…En la fecha antes indicada se libraron boletas de citación a la ciudadana Inocencia Barrera Cardozo, en su condición de víctima, al ciudadano José Teodosio García Sánchez, en su condición de imputado, a la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público, constando en la presente causa las resultas de la Fiscalía Trigésima del Ministerio Público, la cual es efectiva, consignándose en el expediente en fecha 21 de febrero de 2017, la cual riela a los folios 146 al 147, de los ciudadanos Inocencia Barrera Cardozo, en su condición de víctima la cual fue efectiva y del ciudadano José Teodosio García Sánchez, en su condición de imputado, la cual es negativa y consignándose en el expediente en fecha 17 de Abril de 2017, las cuales rielan en los folios 170 al 173, en vista que hasta la presente fecha no se ha hecho efectiva la boleta de notificación librada al ciudadano José Teodosio García Sánchez, en su condición de imputado, por cuanto el mismo no se ubica, es por lo que esta Alzada acuerda librar la respectiva boleta de notificación en cartelera de conformidad con el artículo 165 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual consta en los folios 174-175 y consignándose resulta en la causa en fecha 28 de abril del 2017, la cual riela en los folios 175 al 177, ambos inclusive del cuaderno separado signado con el numero 1-As-SP21-R-2013-000029…”. (Folio 178 y 179).

 

Siendo así, se verifica que la notificación librada al acusado JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ, de conformidad con el artículo 165 del Código Orgánico Procesal Pena, fue consignada en fecha 17 de abril de 2017, sin embargo de las actuaciones se extrae que el representante del Ministerio Público, presentó el recurso de casación antes de comenzar a correr el lapso establecido en el artículo 454 de nuestra Ley Adjetiva Penal, es decir, en fecha 22 de marzo de 2017. No obstante, conforme algunos de los criterio reiterados en decisiones emanadas por este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1842 de fecha 3 de octubre de 2001, de Sala Constitucional, en decisión identificada con el alfanumérico RC 00785, dictada por la Sala de Casación Civil, el 16 de diciembre de 2009 y en sentencia N° 158 de fecha 2 de mayo de 2017, dictada por la Sala de Casación Penal, bajo la ponencia del Magistrado Dr. Maikel José Moreno Pérez, se considera que el recurso de casación fue presentado de forma tempestiva.

 

En cuanto a la recurribilidad de la sentencia impugnada, tenemos que el artículo 451, eiusdem, establece:

 

“(…) El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior (…)”.

 

En lo atinente al carácter recurrible de la decisión impugnada se advierte que, en el presente caso, el recurso de casación fue ejercido contra la sentencia dictada, en fecha 16 de diciembre de 2016, por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la sentencia publicada, el 19 de diciembre de 2012, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio Mixto del mismo Circuito Judicial Penal, que DECLARÓ: INOCENTE POR UNANIMIDAD y ABSOLVIÓ al acusado JOSÉ TEODOSIO GARCÍA SÁNCHEZ, titular de la cédula de identidad número V-9.125.133, de la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 405  en concordancia con el artículo 406 numeral 3, ambos del Código Penal, concatenado con el artículo 65 parágrafo único de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de la víctima Adriana Paola Bracamonte Barrera, en razón de lo cual, al haber sido interpuesto contra una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones que resolvió sobre una apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio, y el delito objeto de la acusación del Ministerio Público tiene asignada una pena privativa de libertad de quince (15) a veinte (20) años de prisión, se da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

DEL RECURSO CASACIÓN

 

Finalmente, respecto a la fundamentación, se evidencia que los recurrentes plantearon una única denuncia, en los términos siguientes:

 

“…ÚNICO: VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 157 y 346 ORDINAL 4TO DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 26 y 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (FALTA MANIFIESTA DE MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA).

Al analizar el fallo impugnado, se observa que el mismo infringe las disposiciones adjetivas contenidas en los artículo 157 y el numeral 4to del artículo 346 del Código Orgánico Procesal, y consecuencialmente las disposiciones previstas en los artículo 26 y 49 (numeral 1o) de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que prevén los derechos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, toda vez que en el mismo no se expresaron los fundamentos de hecho y derecho, que los juzgadores que integran la Corte de Apelaciones, tomaron en cuenta para arribar a su sentencia, la cual es objeto de la presente impugnación.

Como es bien sabido, toda decisión proferida por un órgano jurisdiccional, ya sea una sentencia o auto, deber ser motivado, es decir, debe expresar de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adoptó la resolución. (…)

En el marco de las observaciones anteriores, se verifica que los fallos proferidos por las Cortes de Apelaciones, no se encuentran eximidos del cumplimiento de estos parámetros normativos, por lo que las sentencias que dichos juzgados dicten en el marco de sus funciones, deben ser plenamente motivadas, circunstancia que se aprecia del contenido del artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual exige a los jueces que conocen de los recursos de apelación interpuestos por las partes, decidirlos motivadamente.

Siendo así, se observa que esta Representación Fiscal, en el Recurso de Apelación de Sentencia, delato (sic) dos denuncias, a los fines de que las mismas fuesen resueltas por el mencionado juzgado colegiado, a tenor de lo establecido en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal.

En primer término, la vindicta pública denunció la Falta de Motivación del fallo emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, toda vez que no esgrimió los fundamentos facticos y jurídicos por los cuales resolvió absolver al encartado de autos, y a su vez, se delato que dicho fallo adolecía del vicio de "ilogicidad", por cuanto "...dio por acreditado los hechos a la víctima, tomando solo en consideración la declaración del experto RYBAK SCHMIDT GOTTFRIED ROMUALD, promovido por la defensa, quien no estuvo presente en el sitio de los hechos, no realizo la autopsia a la víctima y mucho menos en la exhumación del cadáver, solo basa su declaración por las fotos tomadas al cadáver y asegura que el mismo nunca fue movido de su posición caso contrario de lo que declararon los expertos que sí estuvieron en la autopsia y exhumación del cadáver por las lesiones encontradas al mismo, siendo este experto parcializado con el acusado de tal entidad que afecto el resultado del proceso, al no señalar de dónde deviene su convicción del carácter atenuante a favor del ciudadano Acusado (sic), lo que se traduce en una violación al derecho del Ministerio Público (sic) a obtener una decisión apegada a derecho y fundada en los hechos que se demostraron en el juicio..."

Al analizar el fallo objeto de la presente impugnación, se observa que el tribunal ad quo efectivamente resolvió la primera de las infracciones postuladas (Falta de Motivación) por la vindicta pública, sin embargo, en cuanto a la segunda (llogicidad), se observa que no hizo ninguna mención en cuanto al mismo se refiere, sino tan solo se limitó a sostener que resolvería ambos pedimentos en un mismo pronunciamiento, obviando que la naturaleza de ambas delaciones eran distintas, por lo que mal podrían resolverse conjuntamente, por lo que no expuso ninguna razón de hecho y de derecho por las cuales considero que el vicio de ilogicidad manifiesta no se presentó en el fallo de primera instancia adversado. (…)

Así, vemos como el juzgado ad quo, al emitir el fallo objetado por medio de la presente, no se pronunció en cuanto a una de las denuncias realizadas por el Ministerio Público, como lo fue el vicio de ilogicidad, toda vez que no se sirvió analizar en detalle la misma, como es su deber, sin suministrar una debida fundamentación jurídica que resolviera o verificara si dicho vicio se había consumado o no, con lo cual, causo un perjuicio al derecho a la tutela judicial efectiva que detentan las partes intervinientes en el proceso penal instaurado.

Honorables Magistrados, en dado caso que los sentenciadores que integran el juzgado colegiado ad quo, hubieran efectuado el debido análisis de dicha denuncia, la cual verso sobre la ilogicidad denotada por el tribunal de instancia al otorgarle pleno valor probatorio a la testimonial de los expertos promovidos por el Ministerio Público, funcionarios JOSÉ EDUARDO BONILLA BARRÍENTOS, BETTY LORENA NOVOA DELGADO, TANIA JOSEFINA COLMENARES COLMENARES y ANA CECILIA RINCÓN BRACHO, y a su vez, al promovido por la defensa técnica del sindicado, ciudadano RYBAK SCHMIDT GOTTFRIED ROMUALD, quienes a su vez expusieron hipótesis fácticas distintas y por lo tanto excluyentes entre sí, razón por la cual las deposiciones de cada uno de estos no podría tener pleno valor probatorio, toda vez que el admitir una como cierta excluye a la proposición opuesta.

Sin embargo, al parecer, esta violación a las reglas de la lógica, específicamente del “Principio de No Contradicción", el cual propugna que "una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo", no revistió ninguna importancia jurídica al momento de proferir el fallo, toda vez que, sobre el mismo, no emitió ningún pronunciamiento tal y como se señaló ut supra.

Ahora bien, es necesario acotar Honorables Magistrados, que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en caso de haber analizado dicha denuncia, hubiera advertido la efectiva materialización del mencionado error (ilogicidad), el cual vicia totalmente a la decisión proferida por el juzgado de primera instancia, lo cual hubiera traído como consecuencia la anulación de dicho fallo y la consecuente orden de celebrar un nuevo juicio ante un sentenciador distinto al que pronunció el mismo.

Lo anterior patentiza que la omisión realizada por el Tribunal ad quo, al no emitir pronunciamiento alguno sobre la referida denuncia, fue determinante en la conclusión jurídica a la cual arribó, ya que, en caso de haber sometido a estudio y análisis dicha delación, la decisión emitida hubiera sido en los términos descritos en el párrafo que antecede.

Vistas estas circunstancias, se observa la violación al derecho a la tutela judicial efectiva por parte de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, quien no proveyó de sustento la decisión con la cual resolvió la impugnación incoada, lo que constituye una arbitrariedad al desconocerse los presupuestos de la decisión a efectos de examinar su apego a derecho.

Como corolario de los anteriores argumentos, los cuales permiten determinar el vicio del cual  adolece la sentencia objeto del presente recurso de casación, como lo es la Falta de Motivación, es por lo que esta Representación Fiscal, en aras al principio de Tutela Judicial Efectiva (sic), consagrado en el art culo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual no solo garantiza el acceso de los justiciables a los órganos jurisdiccionales, la utilización de recursos, remediar las irregularidades acontecidas en el curso de un proceso judicial, sino también el garantizar una motivación suficiente en las decisiones pronunciadas, con razonamientos claros y precisos, fundados en derecho, que resuelvan todas las pretensiones impetradas por las partes, que exterioricen el proceso mental conducente a la parte dispositiva del fallo…”. 

 

Conforme al escrito recursivo interpuesto por la Fiscalía del Ministerio Público, esta Sala de Casación Penal para decidir observa:

 

Que quien recurre plantea su única denuncia sustentándola en los artículos 157 y 346, numeral 4, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, al considerar entre otras cosas, que el fallo recurrido incurrió en el vicio de inmotivación de la sentencia señalando lo siguiente “…Al analizar el fallo impugnado, se observa que el mismo infringe las disposiciones adjetivas contenidas en los artículo 157 y el numeral 4to del artículo 346 del Código Orgánico Procesal, y consecuencialmente las disposiciones previstas en los artículo 26 y 49 (numeral 1o) de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que prevén los derechos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, toda vez que en el mismo no se expresaron los fundamentos de hecho y derecho, que los juzgadores que integran la Corte de Apelaciones, tomaron en cuenta para arribar a su sentencia, la cual es objeto de la presente impugnación…”

 

De igual modo señaló, que la referida decisión de la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira incurrió en el vicio inmotivación. “…En primer término, la vindicta pública denunció la Falta de Motivación del fallo emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, toda vez que no esgrimió los fundamentos fácticos y jurídicos por los cuales resolvió absolver al encartado de autos, y a su vez, se delato que dicho fallo adolecía del vicio de "ilogicidad", por cuanto "...dio por acreditado los hechos a la víctima, tomando solo en consideración la declaración del experto RYBAK SCHMIDT GOTTFRIED ROMUALD, promovido por la defensa, quien no estuvo presente en el sitio de los hechos, no realizo la autopsia a la víctima y mucho menos en la exhumación del cadáver, solo basa su declaración por las fotos tomadas al cadáver y asegura que el mismo nunca fue movido de su posición caso contrario de lo que declararon los expertos que sí estuvieron en la autopsia y exhumación del cadáver por las lesiones encontradas al mismo, siendo este experto parcializado con el acusado de tal entidad que afecto el resultado del proceso, al no señalar de dónde deviene su convicción del carácter atenuante a favor del ciudadano Acusado (sic), lo que se traduce en una violación al derecho del Ministerio Público (sic) a obtener una decisión apegada a derecho y fundada en los hechos que se demostraron en el juicio…”

 

Visto lo anterior, la Sala de Casación Penal observa que el argumento relativo a la supuesta inmotivación de la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, cumple con los requisitos establecidos en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, pues el impugnante fundamenta el motivo de procedencia respectivo, es decir, la violación de la ley, por falta de aplicación del artículo 346 numeral 4, eiusdem, y expresa de forma clara y precisa en qué consiste su pretensión.

 

En consecuencia, debe admitirse la única denuncia del recurso de casación interpuesto por la abogada Marja Lorena Sanabria Becerra, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en aplicación de lo que establece el primer párrafo del artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, debe convocarse a una audiencia oral y pública que habrá de realizase dentro de un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días. Así se declara

 

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

 

PRIMERO: ADMITE la única denuncia, del recurso de casación propuesto por la abogada Marja Lorena Sanabria Becerra, en su carácter de Fiscal Auxiliar Trigésimo Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

 

SEGUNDO: Se convoca a una audiencia oral y pública, de conformidad con el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días.

 

Publíquese, regístrese, notifíquese a las partes.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintitrés                                (  23  ) días del mes de octubre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

 

 

La Magistrada,

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

 

 

El Magistrado,

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

 

 

 

La Magistrada ponente,

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

La Secretaria,

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

YBKD/

Exp. Nº 2017-210