MAGISTRADA PONENTE DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, integrada por los Jueces Gabriel Ernesto España Guillén (Juez Presidente-Ponente), María Mercedes Ochoa y Francisco Coggiola Medina, en fecha 19 de junio de 2017, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Maritza Linney Zambrano Zambrano, Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, contra la sentencia dictada el 1° de marzo de 2017 y publicado el texto íntegro en fecha 15 del mismo mes y año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual se absolvió a los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V- 22.599.262 y V- 17.329.747, respectivamente, según consta en el expediente, de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1 y 286, del Código Penal, respectivamente, en perjuicio del ciudadano Alí Oswaldo Silva Aguilar (occiso).

 

Contra la sentencia que antecede propuso recurso de casación el abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 14 de julio de 2017.

 

Transcurrido el lapso legal para la contestación del recurso, sin que se llevara a cabo la realización de tal acto, en fecha 31 de julio de 2017, se remitieron las actuaciones a este Tribunal Supremo de Justicia. Recibido el expediente el 9 de agosto de 2017, el 10 del mismo mes y año se dio cuenta en Sala de Casación Penal y se asignó la ponencia a la MAGISTRADA DOCTORA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

Cumplidos los trámites procedimentales del caso, la Sala pasa a pronunciarse acerca de la admisibilidad o desestimación del recurso, lo cual hace en los términos siguientes:

I

ANTECEDENTES DEL CASO

 

En fecha 11 de febrero de 2015, se inicia el procedimiento en contra de los ciudadanos FÉLIX YORDANO CASTRO SILVA, JORGE LUIS AGUILAR NADALES, PEDRO ALEJANDRO AGUILAR NADALES, DUMAR GERBASIO RAMÓN MORALES, YOEL DANIEL CASTRO SILVA, JOSÉ GREGORIO MONTESINOS AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÁEZ, identificados con las cédulas de identidad Nros. V- 20.486.087, V- 20.951.769, V- 16.774.832, V- 19.925.839, V- 22.599.262, V- 17.329.747 y 24.794.060, respectivamente, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1 y 286, del Código Penal, respectivamente, en perjuicio del ciudadano Alí Oswaldo Silva Aguilar (Occiso), mediante escrito presentado por la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, solicitando la orden de aprehensión contra los referidos ciudadanos ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del referido Estado.

 

En fecha 23 de abril de 2015, el mencionado Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes decretó Orden de Aprehensión en contra del ciudadano FÉLIX YORDANO CASTRO SILVA, vista la solicitud planteada por el abogado Luis Felipe Caballero Navarro, Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Cojedes. (Folios 105 al 107, pieza 1 del expediente).

 

En fecha 11 de junio de 2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes decretó Orden de Aprehensión en contra de los ciudadanos JORGE LUIS AGUILAR NADALES, PEDRO ALEJANDRO AGUILAR NADALES, DUMAR GERBASIO RAMÓN MORALES, YOEL DANIEL CASTRO SILVA, JOSÉ GREGORIO MONTESINOS AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÁEZ. (Folios 110 al 112, pieza 1 del expediente).

 

En fecha 16 de junio de 2015, funcionarios adscritos a la Delegación Estadal Cojedes, División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Tinaquillo, practicaron la detención de los ciudadanos JORGE LUIS AGUILAR NADALES, DUMAR GERBASIO RAMÓN MORALES, YOEL ANTONIO CASTRO SILVA, JOSÉ GREGORIO MONTESINOS AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÁEZ.

 

En fecha 18 de junio de 2015, se celebró la audiencia de presentación de los aprehendidos, ciudadanos JORGE LUIS AGUILAR NADALES, DUMAR GERBASIO RAMÓN MORALES, YOEL ANTONIO CASTRO SILVA, JOSÉ GREGORIO MONTESINOS AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÁEZ, como Coautores en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1 y 286, del Código Penal, respectivamente, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, calificándose el procedimiento a seguir por la vía ordinaria y se impuso a los imputados de autos, de la medida de privación judicial privativa de libertad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal. (Folios 130 al 136, pieza 1 del expediente).

 

En fecha 23 de julio de 2015, el referido Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, mediante auto razonado ratifica la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los ciudadanos JORGE LUIS AGUILAR NADALES, DUMAR GERBASIO RAMÓN MORALES, YOEL ANTONIO CASTRO SILVA, JOSÉ GREGORIO MONTESINOS AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÁEZ, por concurrir los supuestos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y artículos 237 y 238 eiusdem. (Folios 201 al 210, pieza 1 del expediente).

 

En fecha 29 de julio de 2015, el Ministerio Público, presentó su acto conclusivo acusando a los ciudadanos JORGE LUIS AGUILAR NADALES, DUMAR GERBASIO RAMÓN MORALES, YOEL ANTONIO CASTRO SILVA, JOSÉ GREGORIO MONTESINOS AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÁEZ, como Coautores en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1 y 286, del Código Penal, respectivamente, en perjuicio del ciudadano Alí Oswaldo Silva Aguilar (Occiso).  (Folios 215 al 224, pieza 1 del expediente).

 

En fecha 10 de agosto de 2015, funcionarios adscritos a la Coordinación Nacional de Bloques de Búsquedas y Aprehensiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, con sede en Tinaquillo, practicaron la detención del ciudadano PEDRO ALEJANDRO AGUILAR NADALES.

 

En fecha 11 de agosto de 2015, se celebró la audiencia de presentación del aprehendido, ciudadano PEDRO ALEJANDRO AGUILAR NADALES, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, calificándose el procedimiento a seguir por la vía ordinaria y se impuso al imputado de autos, de la medida de privación judicial privativa de libertad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. (Folios 240 al 242, pieza 1 del expediente).

 

En fecha 26 de agosto de 2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, califica el procedimiento a seguir por la vía ordinaria y ratifica la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano PEDRO ALEJANDRO AGUILAR NADALES, por concurrir los supuestos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. (Folios 2 al 12, pieza 2 del expediente).

 

En fecha 31 de agosto de 2015, el Ministerio Público, presentó su acto conclusivo acusando al ciudadano PEDRO ALEJANDRO AGUILAR NADALES, como Coautor en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1 y 286, del Código Penal, respectivamente, en perjuicio del ciudadano Alí Oswaldo Silva Aguilar (occiso). (Folios 57 al 66, pieza 2 del expediente).

 

En fecha 29 de octubre de 2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes celebró la audiencia preliminar y acordó la apertura del juicio oral y público, en contra de los ciudadanos PEDRO ALEJANDRO AGUILAR NADALES, JORGE LUIS AGUILAR NADALES, DUMAR GERBASIO RAMÓN MORALES, YOEL ANTONIO CASTRO SILVA, JOSÉ GREGORIO MONTESINOS AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÁEZ, por los delitos antes señalados, admitiendo totalmente la acusación. (Folios 104 al 109, pieza 2 del expediente).

 

En fecha 7 de noviembre de 2015, funcionarios adscritos al Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro N° 32, de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en Tinaquillo, Estado Cojedes, practicaron la detención del ciudadano FÉLIX YORDANO CASTRO SILVA.

 

En fecha 8 de noviembre de 2015, se celebró la audiencia de presentación del aprehendido, ciudadano FÉLIX YORDANO CASTRO SILVA, ante el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, el cual en el mismo acto declinó la competencia al Juzgado Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del referido Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud que el ciudadano aprehendido se encuentra solicitado por dicho Tribunal Segundo en Función de Control, y acordó remitir las actuaciones al mismo. (Folios 121 al 124, pieza 2 del expediente).

 

En fecha 10 de noviembre de 2015, se celebró la audiencia de presentación del aprehendido, ciudadano FÉLIX YORDANO CASTRO SILVA, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, calificándose el procedimiento a seguir por la vía ordinaria y se impuso al imputado de autos, de la medida de privación judicial privativa de libertad, de acuerdo a lo previsto en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. (Folios 138 al 142, pieza 2 del expediente).

 

En fecha 16 de diciembre de 2015, el Ministerio Público, presentó su acto conclusivo acusando al ciudadano FÉLIX YORDANO CASTRO SILVA, como Coautor en la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1 y 286, del Código Penal, respectivamente, en perjuicio del ciudadano Alí Oswaldo Silva Aguilar (Occiso). (Folios 147 al 157, pieza 2 del expediente).

 

En fecha 27 de enero de 2016, el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, mediante auto razonado ratifica la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano PEDRO ALEJANDRO AGUILAR NADALES, por concurrir los supuestos establecidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y artículos 237 y 238 eiusdem. (Folios 158 al 169, pieza 2 del expediente).

 

En fecha 15 de febrero de 2016, el Tribunal Segundo de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes emitió auto de apertura a juicio oral y público, en contra de los ciudadanos PEDRO ALEJANDRO AGUILAR NADALES, JORGE LUIS AGUILAR NADALES, DUMAR GERBASIO RAMÓN MORALES, YOEL ANTONIO CASTRO SILVA, JOSÉ GREGORIO MONTESINOS AGUILAR y MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÁEZ. (Folios 196 al 212, pieza 2 del expediente).

 

            En fecha 1° de marzo de 2017, culminó la celebración del juicio oral y público, en donde el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes absolvió a los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1 y 286, del Código Penal, respectivamente, en perjuicio del ciudadano Alí Oswaldo Silva Aguilar (Occiso). (Folios 148 al 154, pieza 4 del expediente).

 

            En fecha 15 de marzo de 2017, el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, publicó el texto íntegro de la sentencia absolutoria de los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR. (Folios 155 al 211, pieza 4 del expediente).

 

            En fecha 27 de marzo de 2017, la abogada Maritza Linney Zambrano Zambrano, Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, interpuso recurso de apelación de la sentencia dictada en fecha 1° de marzo de 2017 y publicado el texto íntegro en fecha 15 del mismo mes y año, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes. (Folios 15 al 22, pieza 5 del expediente).

 

En fecha 5 de junio de 2017, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, admite el Recurso de Apelación. (Folios 42 al 43, pieza 5 del expediente).

 

            En fecha 19 de junio de 2017, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, declaró Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Maritza Linney Zambrano Zambrano, Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del referido Estado. (Folios 65 al 123, pieza 5 del expediente).

 

            En esa misma fecha 19 de junio de 2017, se libran boletas de libertad a favor de los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR. (Folio 125, pieza 5 del expediente).

 

En fecha 14 de julio de 2017, ejerció recurso de casación el abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, contra el fallo dictado en fecha 19 de junio de 2017, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del referido Estado. (Folios 133 al 140, pieza 5 del expediente).

 

II

DE LOS HECHOS

 

Los hechos establecidos por los cuales tuvo inicio la investigación del presente caso, son los siguientes:

 

"El día 14/12/2013, aproximadamente a las 11:00 horas de la noche, el ciudadano ALÍ OSWALDO SILVA AGUILAR, se encontraba en compañía de WILDER (TESTIGO 01) en un Club en Caño de Indio, donde querían jugar bolas pero no tenían plata, entonces Alí le estuvo quitando plata prestada a un primo de ellos que le dicen Pelón y no quiso prestarle, después Alí le quitó a otro chamo y empezaron a jugar bolas en contra de Pelón, El Chino y Julio que son primos de ellos, en el juego se ganaron 6 mil bolívares, Alí agarró 4 mil y le dio 2 mil al chamo que jugó con ellos, y le dio 2 mil a WILDER y los guardó en un bolsito; a eso de las 12:00 de la noche ya del 15-12-14, Alí y WILDER decidieron irse a dormir para Juan Ignacio a la casa de Alí, el chamo que jugó con ellos le pide la cola a Alí y se vinieron los tres en la moto, dejaron al muchacho en Caja de Agua en los Kioscos; cuando lo dejaron, cerca de estos estaban parados en unas motos El Chino, Pelón, Cubito, Julio, Lorito y Chatarrero, allí WILDER le dijo a ALÍ ´mira niño aquellos como que están planeando algo allá´, entonces se fueron para el Fogón de la Abuela y duraron un rato ahí, como hasta la 01:30 de la madrugada, cuando salieron en la moto que van llegando al puente antes de los Bomberos, en la curvita, se les atravesaron El Chino, Pelón, Cubito, Julio, Lorito y Chatarrero en varias motos, y dijeron ´Dame los reales y la moto´, se bajaron de la moto y Alí se puso a discutir con ellos, luego estos empezaron a golpear a ALÍ con unos tubos y cabillas, a WILDER le dieron una patada en la costilla y cayó al suelo, le quitaron la plata a Alí y éste no quería entregar la moto, en eso El Chatarrero llamó por teléfono y enseguida llegaron en otras motos El Gocho, Mickey y Pedro, ellos empezaron a golpear a WILDER, y como vieron que ALÍ estaba muy mal, le dijeron a WILDER que si le preguntaban en el hospital que había pasado que no dijera nada porque lo matarían a él y a su familia también, de ahí se fueron estos sujetos, y WILDER empezó a buscar a Alí porque no lo veía y escuchó que lo estaban llamando y vio que ALÍ estaba debajo del puente y bajó a sacarlo, corno no podía porque pesaba mucho salió a pedir ayuda, donde venía pasando Miguel Silva otro primo de ellos, el fue a los bomberos y en eso llegaron y los ayudaron y se lo llevaron al Hospital; WILDER se quedó en el sitio y llegó su primo Neo y llamo a su papá y le dijo que Alí y WILDER habían tenido un accidente y la moto estaba ahí, su papá le preguntó qué había pasado, le echo el cuento y se asusto también y le dijo que no dijera nada, que dijera que eso fue un accidente, de ahí se fueron al hospital y los revisaron, donde también dijeron que ALÍ había fallecido.”

 

III

COMPETENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

 

La competencia para que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal conozca de los recursos de casación que se ejerzan contra las decisiones de las Cortes de Apelaciones o Cortes Superiores, se encuentra establecida en el numeral 8 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone:

 

“Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia (…) 8. Conocer del recurso de casación”.

 

Adicionalmente, el artículo 29, numeral 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, señala:

 

“Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia (…) 2. Conocer los recursos de casación y cualesquiera otros cuya competencia le atribuyan las leyes en materia penal”.

 

En consecuencia, esta Sala de Casación Penal declara su competencia para pronunciarse sobre el recurso de casación interpuesto por el abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Así se declara.

 

IV

DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

 

Visto lo anterior, la Sala pasa a verificar los requisitos de admisibilidad del presente recurso, los cuales deben ser concurrentes, pues la ausencia de uno de ellos conllevaría a declarar inadmisible el recurso interpuesto. Al respecto se observa:

 

En cuanto a la legitimidad, dispone el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal, que podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales, las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho. Así mismo, el artículo 427 eiusdem, consagra, que “…las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables...”.

 

En aplicación del citado artículo, se encuentra el representante del Ministerio Público legitimado para recurrir de las decisiones que le sean desfavorables en uso de las atribuciones que le confieren el artículo 285, numeral 2, de la Constitución de la República, numeral 14, del artículo 111, del Código Orgánico Procesal Penal y de conformidad con lo establecido en el artículo 37, numeral 16, de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

 

Por lo anterior, la Sala considera cumplido el requisito de la legitimación de las partes para recurrir en el presente caso.

 

Respecto al lapso procesal para el ejercicio del recurso de casación, el artículo 454 del Orgánico Procesal Penal, establece:

 

“…Que será interpuesto dentro del plazo de quince días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado se encontrare privado de su libertad, caso en el cual dicho plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado…”.

 

En el caso concreto, a los fines de verificar la tempestividad en la presentación del recurso a la que hace referencia la norma antes transcrita, se hace necesario la revisión de las actas del expediente, en tal sentido la Sala pasa a transcribir las actuaciones que a continuación se señalan:

 

-         En fecha 19 de junio de 2017, las partes se dan por notificadas de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes en esa misma fecha.

-          En fecha 14 de julio de 2017, el abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, interpone recurso de Casación. (Folio 132, pieza 5 del expediente).

 

Constatado lo anterior, para verificar la tempestividad del recurso de casación presentado, se hace preciso citar el cómputo remitido a este Máximo Tribunal por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, el cual señala:

 

“Fecha de la decisión dictada por la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal: Diecinueve (19) de Junio de 2017.

Fecha de la celebración de la audiencia oral y pública: Diecinueve (19) de Junio de 2017.

Fecha de la notificación de la Abogada Maritza Linney Zambrano Zambrano Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público: Diecinueve (19) de Junio de 2017.

Fecha de la notificación de los Abogados Héctor Ojeda, Carmen Adames y Zenobio Ojeda Defensores Privados de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR Y YOEL ANTONIO CASTRO SILVA: Diecinueve (19) de Junio de 2017.

Fecha de Notificación de la víctima indirecta de auto ALÍ SILVA: Diecinueve (19) de Junio de 2017.

Fecha del Acto de Imposición de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR Y YOEL ANTONIO CASTRO SILVA: Diecinueve (19) de Junio de 2017.

Fecha de interposición del Recurso de Casación por parte del Abogado Wilfredo Alfonso López Medina Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público: Catorce (14) de Julio de 2017.

Los Abogados Héctor Ojeda, Carmen Adames y Zenobio Ojeda Defensores Privados de los ciudadanos JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR Y YOEL ANTONIO CASTRO SILVA, no dieron contestación al Recurso de Casación interpuesto por el Abogado Wilfredo Alfonso López Medina Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público.

Las audiencias transcurridas a partir de la decisión dictada en fecha Diecinueve (19) de Junio de 2017 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes son:

Los días 19, 21, 26, 27, 28, 29 y 30 de Junio de 2017: HUBO DESPACHO.

Los días 03, 04, 06, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 31 de Julio de 2017: HUBO DESPACHO.

Los días 20, 22 y 23 de Junio de 2017: NO HUBO DESPACHO.

El día 07 de Julio de 2017: NO HUBO DESPACHO.

 

La suscrita Secretaria de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, CERTIFICA: Que lo anteriormente trascrito es traslado fiel y exacto del Libro Diario llevado por esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes En San Carlos, a los Treinta y Un (31) días del mes de Julio de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.”. (Folio 143 y vto, pieza 5 del expediente).

 

Se desprende de la transcripción anterior, el señalamiento de los días hábiles transcurridos por ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes.

 

Igualmente se constata, que el fallo contra el cual se recurre fue dictado y publicado el 19 de junio de 2017, y las partes se dieron por notificadas en esa misma fecha.

 

Así mismo, quedó explanado que el 14 de julio de 2017, fue presentado recurso de casación.

 

Así, a los fines de verificar la tempestividad del recurso bajo estudio, se constata de las actas respectivas, que desde la fecha de dictada y publicada la sentencia de la Corte de Apelaciones, es decir el 19 de junio de 2017, hasta la fecha de interposición del recurso de casación, a saber, el 14 de julio de 2017, transcurrieron catorce (14) días de despacho, según el cómputo transcrito, es decir, que el mismo fue interpuesto dentro del lapso de quince días que prevé el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo tanto, el mismo resulta tempestivo. Así se declara.

 

Analizado lo concerniente a los requisitos previamente expuestos, a continuación la Sala se pronuncia sobre la recurribilidad del fallo objeto del presente recurso.

 

Se observa al respecto, que el recurso de casación fue propuesto contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la abogada Maritza Linney Zambrano Zambrano, Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, contra la sentencia dictada el 1° de marzo de 2017 y publicado el texto íntegro en fecha 15 del mismo mes y año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual se absolvió a los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad números V- 22.599.262 y V- 17.329.747, respectivamente, según consta en el expediente, de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1 y 286, del Código Penal, respectivamente, en perjuicio del ciudadano Alí Oswaldo Silva Aguilar (Occiso).

 

En consecuencia, habiendo resuelto la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, mediante sentencia definitiva el recurso de apelación interpuesto, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, y el Ministerio Público formuló acusación contra los imputados, por delitos cuya pena excede en su límite máximo de cuatro años, se concluye, que el fallo impugnado es una de aquellas decisiones recurribles en casación según lo establecido en el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Así, verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, esta Sala procede a examinar la debida fundamentación del recurso presentado, en los términos que a continuación se presentan:

 

V

DEL RECURSO DE CASACIÓN

 

En el presente caso, se evidencia que el abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, planteó una única denuncia, la cual la Sala de Casación Penal pasa de seguida a examinar, a fin de determinar si la misma cumple, con las exigencias establecidas en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual, dicho recurso se interpondrá mediante escrito fundado indicándose, en forma concisa y clara, los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión, indicándose los motivos que lo hacen procedente, fundándolos separadamente si son varios, y, que fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo.

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN

Con base en lo dispuesto en el artículo 452, del Código Orgánico Procesal Penal, considera esta representación fiscal que debo proceder, como en efecto lo hago, a CASAR la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en fecha 19 de junio de 2017, mediante la cual acordó: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por esta representación fiscal en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, pronunciada su parte dispositiva en fecha 01 de marzo de 2017 y publicado su texto íntegro en fecha 15 de marzo de 2017, mediante el cual acordó: ABSOLVER a los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286, ejusdem. Por considerar que las razones esgrimidas por el precitado Tribunal para tal resolución, no son acordes con los lineamientos normativos establecidos por nuestro legislador patrio.

Precisado lo anterior, esta representación del Ministerio Público considera necesario realizar las siguientes observaciones en cuanto al razonamiento esgrimido por el Juzgado recurrido, y en consecuencia se denuncia lo siguiente:

ÚNICA DENUNCIA: VIOLACIÓN DE LA LEY POR FALTA DE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 157 Y 346, NUMERAL 4. DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

En cuanto a la denuncia delatada, considera esta representación fiscal con el debido respeto, que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes con los fundamentos de la decisión recurrida violó la ley por la falta de aplicación de los artículos 157 y 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal.

Siendo así, el artículo 157, del Código Orgánico Procesal Penal refiere lo siguiente

 

"...Las decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad salvo los autos de mera sustanciación.

Se dictarán sentencia para absolver, condenar o sobreseer.

Se dictarán autos para resolver sobre cualquier incidente...". (Negritas

Propias).

Por otra parte, el contenido del artículo 346, numeral 4, del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

 

".. .La sentencia contendrá:

Omissis.

Omissis.

Omissis.

      La exposición concisa de sus fundamentos de hecho y de derecho.

Omissis.

Omissis...". (Negritas Propias).

 

Al analizar el fallo impugnado, se observa que el mismo infringe la disposición adjetiva contenida en el artículo 157, del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 346, numeral 4 ejusdem, y consecuencialmente las disposiciones previstas en los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevén los derechos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, toda vez que en el mismo no se expresó de una manera lógica y coherente los fundamentos de hecho y de derecho, que el Tribunal de Alzada tomó para arribar a tal decisión.

Como es bien sabido, toda decisión proferida por un órgano jurisdiccional, ya sea una sentencia o auto, debe ser motivado, es decir, debe expresar de forma clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se adoptó tal resolución.

…(omissis)…

Tal como se desprende de las consideraciones precedentes, las Cortes de Apelaciones, en virtud de ser Tribunales Penales, de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo 108, del Código Orgánico Procesal Penal, no se encuentran exentas de motivar las decisiones proferidas por estas; lo cual, como se explanará de seguidas, no se verificó en la sentencia recurrida.

…(omissis)…

Una vez visto el anterior contenido parcial de la decisión de nuestro máximo Tribunal, considera esta representación fiscal que la resolución judicial que declaró sin lugar el recurso de apelación de sentencia definitiva ejercido por esta representación fiscal en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, pronunciada su parte dispositiva en fecha 01 de marzo de 2017 y publicado su texto íntegro en fecha 15 de marzo de 2017, mediante el cual acordó: ABSOLVER a los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286, ejusdem, se encuentra viciada de inmotivación, pues, la Corte de Apelaciones solo se limitó a traer a colación un sinnúmero de Doctrina y Jurisprudencia sobre el vicio de inmotivación y de la figura del testigo referencial, para luego transcribir de manera íntegra la decisión del Tribunal de Instancia y finalizar indicando que la Juzgadora de Juicio no había incurrido en el vicio de inmotivación, por cuanto sí había valorado el acervo probatorio, obviando el Tribunal Colegiado, revisar la estructura racional empleada por la juzgadora en el análisis y depuración de las pruebas evacuadas en juicio.

 

Visto cada una de las consideraciones anteriormente esbozadas, es por lo que este representante fiscal estima que la decisión de fecha 19 de junio de 2017, pronunciada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, mediante la cual acordó: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por esta representación fiscal en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, pronunciada su parte dispositiva en fecha 01 de marzo de 2017 y publicado su texto íntegro en fecha 15 de marzo de 2017, mediante el cual acordó: ABSOLVER a los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286, ejusdem, se encuentra viciada de INMOTIVACIÓN, por cuanto el Tribunal recurrido al momento de pronunciar el texto íntegro de la sentencia, se limitó a indicar que la decisión del Tribunal de Instancia era lógica y ajustada a derecho; obviando realizar un análisis y una revisión del argumento utilizado por el Tribunal que dictó la sentencia absolutoria a favor del imputado. Tanto así, que la recurrida indicó que sólo se había contado en juicio con testigos referenciales, a pesar de que en el debate se escuchó un testigo presencial (valorado por la Juez de Juicio en la sentencia absolutoria), el cual señaló directamente a los imputados como dos (02) de los autores de los hechos que nos ocupan, sin embargo, el Tribunal Colegiado no indicó absolutamente nada sobre dicha valoración realizada por la Jueza de Instancia. Razón por la cual, hasta los actuales momentos esta representación fiscal desconoce con exactitud y claridad cuáles fueron los motivos que dieron origen a que la recurrida hubiese declarado sin lugar el ya mencionado recurso de apelación, lo cual vulnera las disposiciones previstas en los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevén los derechos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, toda vez que en la decisión recurrida no se expresó de una manera clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho, que el Tribunal de Alzada tomó para arribar a tal decisión.

Siendo así, de haber realizado el Tribunal recurrido una revisión de la estructura racional de los argumentos utilizados por la Jueza de Instancia para dictar la sentencia absolutoria [a] favor de los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, no le queda la menor duda a esta representación fiscal que hubiese decretado con lugar el recurso de apelación impetrado por el Ministerio Público en contra de dicha resolución judicial, lo que hubiese traído como consecuencia la celebración de un nuevo juicio oral y público, sin embargo, al no realizar el Tribunal de Alzada la mencionada revisión, convalidó los vicios del Tribunal de Instancia, incurriendo así en inmotivación de la sentencia, lo cual lamentablemente coadyuva a que se genere la impunidad que tanto rechaza el Estado Venezolano.

V

PETITORIO

En consecuencia, en virtud de todos y cada uno de los razonamientos anteriormente expresados solicito muy respetuosamente a la Honorable Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se sirva ADMITIR el presente recurso extraordinario de casación por no ser contrario a derecho, se sirva ANULAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en fecha 19 de junio de 2017, mediante la cual acordó: DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación ejercido por esta representación fiscal en contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, pronunciada su parte dispositiva en fecha 01 de marzo de 2017 y publicado su texto íntegro en fecha 15 de marzo de 2017, mediante el cual acordó: ABSOLVER a los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal y AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286, ejusdem, por cuanto la misma es contraria a derecho y en consecuencia ORDENE la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un nuevo Tribunal.” (Resaltado y subrayado del texto original).

 

El recurrente, con fundamento en el artículos 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunció la violación a la ley por falta de aplicación de los artículos 157 y 346, numeral 4, eiusdem, al considerar, que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, adolece del vicio de inmotivación, por cuanto la misma “… solo se limitó a traer a colación un sinnúmero de Doctrina y Jurisprudencia sobre el vicio de inmotivación y de la figura del testigo referencial, para luego transcribir de manera íntegra la decisión del Tribunal de Instancia y finalizar indicando que la Juzgadora de Juicio no había incurrido en el vicio de inmotivación, por cuanto sí había valorado el acervo probatorio, obviando el Tribunal Colegiado, revisar la estructura racional empleada por la juzgadora en el análisis y depuración de las pruebas evacuadas en juicio.”

 

Igualmente manifiesta el recurrente que la decisión proferida por la Corte de Apelaciones “… se encuentra viciada de INMOTIVACIÓN, por cuanto el Tribunal recurrido al momento de pronunciar el texto íntegro de la sentencia, se limitó a indicar que la decisión del Tribunal de Instancia era lógica y ajustada a derecho; obviando realizar un análisis y una revisión del argumento utilizado por el Tribunal que dictó la sentencia absolutoria a favor del imputado. Tanto así, que la recurrida indicó que sólo se había contado en juicio con testigos referenciales, a pesar de que en el debate se escuchó un testigo presencial (valorado por la Juez de Juicio en la sentencia absolutoria), el cual señaló directamente a los imputados como dos (02) de los autores de los hechos que nos ocupan, sin embargo, el Tribunal Colegiado no indicó absolutamente nada sobre dicha valoración realizada por la Jueza de Instancia. Razón por la cual, hasta los actuales momentos esta representación fiscal desconoce con exactitud y claridad cuáles fueron los motivos que dieron origen a que la recurrida hubiese declarado sin lugar el ya mencionado recurso de apelación, lo cual vulnera las disposiciones previstas en los artículos 26 y 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prevén los derechos a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, toda vez que en la decisión recurrida no se expresó de una manera clara y precisa los fundamentos de hecho y de derecho, que el Tribunal de Alzada tomó para arribar a tal decisión.”

 

Finalmente argumenta el recurrente “… que de haber realizado el tribunal de alzada una revisión de la estructura racional de los argumentos utilizados por la Jueza de Instancia para dictar la sentencia absolutoria favor de los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, hubiese decretado con lugar el recurso de apelación impetrado por el Ministerio Público en contra de dicha resolución judicial, lo que hubiese traído como consecuencia la celebración de un nuevo juicio oral y público, sin embargo, al no realizar el Tribunal de Alzada la mencionada revisión, convalidó los vicios del Tribunal de Instancia, incurriendo así en inmotivación de la sentencia, lo cual lamentablemente coadyuva a que se genere la impunidad que tanto rechaza el Estado Venezolano.”

 

Una vez examinados dichos argumentos, el recurrente denunció como infringidos los artículos 157 y 346, numeral 4, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, referidos al vicio de inmotivación del fallo, siendo el mismo eminentemente de orden público, y atendiendo el marco jurídico constitucional establecido en los artículos 26 y 49 de la Carta Magna, considera la Sala que se debe revisar dicho fallo, con el fin de cumplir con las exigencias requeridas por el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Por tales razones, la Sala de Casación Penal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, admite la única denuncia del recurso de casación interpuesto por el abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, por lo cual, en aplicación de lo que establece el primer párrafo del referido artículo 458, debe convocarse a una audiencia oral y pública que habrá de realizarse dentro de un plazo no menor de quince ni mayor de treinta días. Así se declara.

 

VI

DECISIÓN

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

 

PRIMERO: ADMITE la única denuncia del recurso de casación incoado por el abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, contra la sentencia dictada en fecha 19 de junio de 2017, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del referido Estado, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Maritza Linney Zambrano Zambrano, Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, contra la sentencia dictada el 1° de marzo de 2017 y publicado el texto íntegro en fecha 15 del mismo mes y año, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Función de Juicio del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual se absolvió a los ciudadanos YOEL ANTONIO CASTRO SILVA y JOSÉ GREGORIO MONTESINO AGUILAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad números V- 22.599.262 y V- 17.329.747, respectivamente, según consta en el expediente, de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO y AGAVILLAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 406, numeral 1 y 286, del Código Penal, respectivamente, en perjuicio del ciudadano Alí Oswaldo Silva Aguilar (Occiso).

 

SEGUNDO: CONVOCA a las partes a una audiencia oral y pública que deberá realizarse en un plazo no menor de quince (15) ni mayor de treinta (30) días, de conformidad con el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintitrés                                       (   23   ) días del mes de octubre  de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

 

 

 

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

 

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

La Magistrada,

 

 

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

 

El Magistrado,

 

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

 

La Magistrada ponente,

 

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

 

La Secretaria,

 

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

YBKD/

Exp. Nº 2017-250