Ponencia del Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

 

El 30 de agosto de 2021, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal dio entrada al expediente remitido por el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, signado con el alfanumérico 20-J-761-15 (de su nomenclatura), contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA de la ciudadana MILENA PORTILLO MANOSALVA, venezolana, titular de la cédula de identidad número 4.634.026, iniciado por el referido Juzgado con ocasión a la orden de aprehensión que, en su oportunidad, dictó en su contra por la presunta comisión del delito de estafa continuada, previsto y sancionado en el artículo 464, concatenado con el artículo 99, ambos del Código Penal venezolano.

Con esa misma data, se dio cuenta en Sala de haberse recibido el expediente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente al Magistrado Doctor JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos los trámites procedimentales del caso y siendo la oportunidad legal pasa esta Sala de Casación Penal a decidir sobre la procedencia de la solicitud de extradición activa de la ciudadana Milena Portillo Manosalva y, a tal efecto, observa:

I

ANTECEDENTES DEL CASO 

Consta en las actas que conforman el presente procedimiento que, el 22 de junio de 2015, el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, decretó orden de aprehensión contra los ciudadanos Milena Portillo Manosalva y José Carlos de Dios Malleiro, con base en las consideraciones siguientes:

“(…) vista la incomparecencia de los acusados MILENA PORTILLO MANOSALVA (…), y por cuanto se observa que los referidos acusados no acudieron a este Tribunal al acto de apertura de Juicio Oral y Público, así como también se observa que los mismos no se encuentran registrados en el sistema de presentación de imputados, lo cual evidencia el incumplimiento de la medida cautelar sustitutiva de presentaciones que le fueran impuestas a los referidos acusados, es por lo que se acuerda revocarles la medida cautelar sustitutiva de conformidad con lo establecido en el artículo 248 numerales 2° y 3 del Código Orgánico Procesal Penal y librar orden de aprehensión en contra de los referidos acusados (…)” [sic] [Mayúscula y negrilla de la decisión].

En esa misma oportunidad, el referido Tribunal Vigésimo de Juicio libró el oficio remitiendo la orden de aprehensión, entre otros, contra la ciudadana Milena Portillo Manosalva, al Jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

El 7 de junio de 2021, el Fiscal Provisorio Cuadragésimo Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, solicitó al citado Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el inicio del procedimiento de extradición activa contra la ciudadana Milena Portillo Manosalva, en razón de haber tenido conocimiento mediante comunicación  N° IP-PA-04-837-2021-CAM, del 28 de abril de 2021, emanada de la OCN-INTERPOL, Panamá, que la prenombrada ciudadana Milena Portillo Manosalva había sido detenida en la República de Panamá, en virtud de la notificación roja Nº A-3969/5-2016, dejando reflejado en dicha solicitud los hechos siguientes:

“(…) A finales del mes de Junio de 2013, el ciudadano JOSÉ CARLOS DE DIOS, se acercó al ciudadano: EMIDIO MARIO DI NATALE AFRICANO, con la finalidad de ofertarle un negocio de compra de materiales ferrosos como aluminio y hierro, en virtud de que él tenía una persona con la que había hecho este tipo de negocios, tratándose de la ciudadana MILENA PORTILLO MANOSALVA y de su hijo SIMÓN VALERO PORTILLO, quienes le manifestaron que tenían un cupo para la compra de material ferroso en la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G), MILENA PORTILLO MANOSALVA le mostró cartas y credenciales que la acreditaban como trabajadora de esa corporación. Luego el ciudadano EMIDIO MARIO DI NATALE AFRICANO,  recibe instrucciones del señor  JOSÉ CARLOS DE DIOS para depositar dinero, lo cual se hizo en la siguiente forma: dos depósitos bancarios efectuados en el Banco Mercantil a nombre de la empresa Graboseñal Publicidad C.A., está propiedad de JOSÉ CARLOS DE DIOS; el primer deposito en efectivo por la cantidad quinientos cuarenta y dos mil (542.000,00) Bolívares, efectuado mediante cheque de gerencia número 00004911 del Banco Venezuela, el segundo depósito en efectivo por la cantidad de doscientos cincuenta mil (250.000,00) Bolivares; un tercer deposito por la cantidad de ciento cuarenta y cuatro mil (144.000,00) Bolívares, realizado en la cuenta personal de JOSÉ CARLOS DE DIOS, en el Banco Mercantil; un cuarto deposito por la cantidad de cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos (442.500,00) Bolívares; y un quinto depósito por la cantidad de quinientos noventa mil (590.00,00)Bolívares, efectuados estos dos últimos en la cuenta del Banco Banesco N° 0134-0225-6122-5307-3805, perteneciente a MILENA PORTILLO MANOSALVA, titular de la cédula de identidad N° V-4.634.026. Ninguna de estas personas le han querido responder al ciudadano EMIDIO MARIO DI NATALE AFRICANO, ni por el dinero ni por el material, aunado a ello, la prenombrada imputada portaba un carnet falso de identificación de la C.V.G, el cual empleaba también como medio para sorprender la buena de de sus víctimas, decía que pertenecía a la C.V.G y que tenía la facilidad para conseguir todos esos materiales, además que tenía el cupo para su comercialización, así fue captando a otros ciudadanos como lo son ALFREDO ENRIQUE FIGUEROS ALAM, PEDRO CATAPANO CHAMAS Y CAETANO MOREIRA JOSE ANTONIO, quienes fueron estafados en grandes sumas de dinero las cuales depositaron en la cuenta personal de la imputada de autos (…).

Con los elementos de convicción recabados durante la etapa de la investigación, el Ministerio Público pudo establecer que la ciudadana MILENA PORTILLO MANOSALVA, se hacía conocer como empleada de la Corporación Venezolana de Guayana y en complicidad con los ciudadanos JOSE CARLOS DE DIOS y SIMON VALERA PORTILLO, de manera organizada solicitaban sumas de dinero para la supuesta adjudicación de materiales ferrosos (…)” [sic] [Mayúsculas y negrillas de la solicitud].

El 10 de junio de 2021, dicho Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio, vista la solicitud realizada por el representante del Ministerio Público, dictó decisión en la cual:

“(…) DECLARA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE INICIO DE LA EXTRADICIÓN ACTIVA de la ciudadana MILENA PORTILLO MANOSALVA, identificada con la cédula de identidad V-4.634.026, quien se encuentra detenida en la República de Panamá, en virtud de la notificación roja NºA-3969/5-2016 (….) todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal vigente (…)” [Mayúsculas y negrillas de la decisión].

El 30 de agosto de 2021, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal una vez recibidas las actuaciones, acordó librar los oficios números: a) 264, dirigido al Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, informándole sobre el proceso de extradición activa de la ciudadana Milena Portillo Manosalva, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal, y, de así estimarlo pertinente, emitiese opinión al respecto; b) 265, al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitándole información sobre los movimientos migratorios del serial de la cédula de identidad número V-4.634.026; y, c)266, al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitándole información sobre los datos filiatorios, huellas decadactilares, trazas y registros fotográficos del serial de la cédula de identidad número V-4.634.026.

De igual modo, acordó agregar a los autos el escrito contentivo de la opinión emitida por el ciudadano Tarek Willians Saab, en su condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual expresamente señaló:

“(…) Lo que se deriva de los siguientes elementos de convicción que han sido obtenidos en la investigación y presentados en el escrito acusatorio, a saber:

1.- Acta de denuncia de fecha 03 de junio de 2014, rendida ante la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por el ciudadano: Emidio Mario Di Nata le Africano. En la cual señala las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se efectuaron las negociaciones con la ciudadana Milena Portillo.

2.- Acta de Entrevista de fecha 18 de julio de 2014, rendida por el ciudadano: Emidio Mario Di Natale Africano, ya que de la misma se desprende como se realizaba la negociación y se hace notable la participación de la ciudadana: MILENA PORTILLO MANOSALVA

3.- Acta de denuncia de fecha 03 de julio de 2014, ante la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, por el ciudadano. Alfredo Enrique Figueroa Alam.

4.- Acta de Entrevista de fecha 18 de julio de 2014, rendida por el ciudadano Alfredo Enrique Figueroa Alam, en la cual señala como se efectúo la negociación con la ciudadana Milena Portillo.

5 .- Acta de Entrevista de fecha 03 de julio de 2014, rendida ante la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas, por el ciudadano: José Caetano, en la cual señala el conocimiento que tiene sobre los hechos y la participación de la ciudadana Milena Portillo.

6.- Acta de Entrevista de fecha 03 de julio de 2014, rendida ante la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas, por el ciudadano: Catapano Chamas Pedro, en la cual señala el conocimiento que tiene sobre los hechos y la participación de la ciudadana Milena

Portillo.

7.- Acta de Investigación Penal de fecha 03 de julio de 2014, suscrita por la Funcionaria Inspector Agregado: Nireisy Blanco, adscrita a la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

8-. Comunicación emanada de Banesco Banco Universal C.A., de fecha 21 de Julio del 2014, suscrita por el ciudadano: Franco Camardella, adscrito a Vp. Control de Perdidas en la cual remite datos del suscriptor de la Cuenta Corriente No 0134-0225-61-2253073805, así como los Movimientos de la referida Cuenta del mes de Junio y Julio del año 2013.

9.- Experticia de Reconocimiento Técnico y Vaciado de Contenido No 9700-227-1360-14 de fecha 04 de Julio de 2014, practicada por la Detective Emili Salas; adscrita a la División de Experticias Informática del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, practicada a dos dispositivos Móvil perteneciente a la Imputada Milena Portillo, en la cual se deja constancia de la relación de llamadas entrantes y salientes y de los mensajes de texto contenidos, observándose comunicación con las víctimas.

10.- Experticia Documentológica de Autenticidad o Falsedad No 9700-030-2584 de fecha 11 de Agosto de 2014, practicada por los Expertos Glennys Matos y Teilor Corrales: adscrito a la División de Experticias Documentológicas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, practicada a una (01) chequera del Banco Banesco, cuenta número 01340225612253073805, a nombre de Portillo Manosalva Milena, contentiva de tres (03) cheques 3 disponibles y una (01) solicitud de chequera: una tarjeta del Banco Banesco con el numero 6012886158521141, a nombre de Milena Portillo, un (01) Carnet de identificación donde se lee entre otras "CVG CORPORACIÓN VEZOLANA DE GUAYANA—CVG ALUMINIO DEL CARONI, S.A.-PRESIDENCIA-.873-A3ISTENTE    REL.    INSTITUCIONAL-MILENA    PORTILLO    M.-4634026-1/09/2011mm; Un (01) talón con el número 168483, emitido por el Ministerio de puridad Publica de la República de Panamá Servicio de Migración, a nombre de Milena Portillo Manosalva; de fecha 22-04-2.014.

11.- Experticia Contable Financiera de fecha 02 de julio de 2014, practicada por los expertos Contables Detective Ramses Tovar y Experto Técnico I Kendoly Gómez. adscritos a la División de Experticias Financieras y Contables del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, recibida en este Despacho Fiscal y practicada a la Cuenta Bancaria de la ciudadana: Milena Portillo Manosalva.

12.- Acta de investigación Penal, de fecha 23 de Julio de 2014, suscrita por la inspectora: Nireisy Blanco, adscrita a la División Contra la Delincuencia Organizada del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, donde deja constancia siguiente diligencia   (...) Recibí de parte del Funcionario Hugo Barrios, oficio ro ASL-013/2014, emanada de CVG Aluminio del Caroní, S.A, la cual deja constancia que la ciudadana: Milena Portillo Manosalva, portadora de la cédula de identidad numero V-4.634.C26 (Investigada en la presente causa) no tiene registros de haber laborado en la empresa CVG ALUMINIO DEL CARONI,S.A. Anexo al dorso respuesta emanada de la empresa en cuestión.

13.- Comunicación No ASL-013/2014 emanada de CVG ALUMINIO DEL CARONI, S. A de fecha de julio del 2014, suscrita por el ciudadano: Abg. Emerson J. Puerta G, en su condición de Jefe de la División de Asuntos laborales en la cual remiten información relacionada con la Imputada: Milena Portillo (…)

En razón de las consideraciones anteriormente expuestas, el Ministerio Público estima que se cumplen plenamente los extremos legales para la viabilidad de la Solicitud de Extradición Activa formulada respecto a la ciudadana Milena Portillo Manosalva (sic) [Negritas y mayúsculas de la opinión fiscal].

 

II

COMPETENCIA DE LA SALA

Previo a cualquier pronunciamiento, esta Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer del presente procedimiento de extradición activa, y, en tal sentido, observa:

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a esta Sala de Casación Penal, el artículo 29, numeral 1, de la referida ley especial, señala:

(…) Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley (…)”.

Por su parte, el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone expresamente que:

Artículo 383. Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de extradición activa.

A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional (…)”.

De la transcripción de las disposiciones normativas precedentes, se observa que corresponde a esta Sala de Casación Penal conocer y decidir sobre la procedencia de la extradición. En el presente caso, se requiere la extradición de la ciudadana Milena Portillo Manosalvaquien, tal como consta en las actas del presente procedimiento, fue detenida en el territorio de la República de Panamá, en virtud de que contra la misma pesa una orden de aprehensión vigente, dictada por el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por lo que evidentemente se trata de un procedimiento de extradición activa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, esta Sala de Casación Penal declara su competencia para conocer de dicho procedimiento. Así se declara.

III

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR

Esta Sala de Casación Penal de conformidad con lo establecido en los artículos 266, numeral 9, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y, 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pasa a decidir sobre la procedencia de la solicitud de extradición activa de la ciudadana Milena Portillo Manosalvay, para ello, observa lo siguiente:

Consta en los autos que conforman el presente procedimiento que, el 10 de junio de 2021, el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó el inicio del procedimiento de extradición activa de la prenombrada ciudadanaen virtud de haber sido detenida en la República de Panamá, por existir en su contra una orden de aprehensión por la presunta comisión del delito de estafa continuada, previsto y sancionado en el artículo 464, concatenado con el artículo 99, ambos del Código Penal venezolano.

Siendo ello así, esta Sala de Casación Penal estima preciso señalar lo siguiente:

El artículo 3 del Código Penal venezolano establece que:

“(…) Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana (…)”.

La disposición normativa en comento consagra el principio de la territorialidad de la ley penal, conforme al cual el Estado venezolano tiene la facultad para juzgar los delitos cometidos dentro de su espacio geográfico.

Por su parte, el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal establece que:

“(…) La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título (…)”.

Y, el artículo 383 del citado texto adjetivo penal, señala:

“(…) Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de la extradición activa.

A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional (…)”.

Bajo estos supuestos, esta Sala de Casación Penal conforme con lo dispuesto en la legislación que rige la materia, observa que entre la República de Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, no existe tratado bilateral de extradición; sin embargo, ambos países, con motivo de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Extradición, celebrada en la ciudad de Caracas, del 16 al 25 de febrero de 1981, suscribieron la Convención Interamericana sobre Extradición, siendo decretada como Ley Aprobatoria en la República Bolivariana de Venezuela, mediante Gaceta Oficial N° 2.955, Extraordinario, publicada el 11 de mayo de 1982.

Dicha Convención sobre la materia en particular, dispone lo siguiente:

Artículo 1

Obligación de Extraditar

Los Estados Partes se obligan, en los términos de la presente Convención, a entregar a otros Estados Partes que lo soliciten, a las personas requeridas judicialmente para procesarlas, así como a las procesadas, las declaradas culpables o las condenadas a cumplir una pena de privación de libertad.

Artículo 2

Jurisdicción

1. Para que proceda la extradición, se requiere que el delito que la motiva, haya sido cometido en el territorio del Estado requirente.

2. Cuando el delito por el cual se solicita la extradición ha sido cometido fuera del territorio del Estado requirente se concederá la extradición siempre que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer del delito que motiva la solicitud de extradición, y dictar el fallo consiguiente.

3. El Estado requerido podrá denegar la extradición cuando sea competente, según su propia legislación, para juzgar a la persona cuya extradición se solicitó por el delito en que se funda el requerimiento. Si por este motivo la extradición es denegada por el Estado requerido, éste someterá el caso a sus autoridades competentes y comunicará la decisión al Estado requirente.

Artículo 3

Delitos que dan lugar a la Extradición

1. Para determinar la procedencia de la extradición es necesario que el delito que motivó la solicitud por sus hechos constitutivos, prescindiendo de circunstancias modificativas y de la denominación del delito; esté sancionado en el momento de la infracción, con la pena de privación de libertad por dos años como mínimo, tanto en la legislación del Estado requirente como en la del Estado requerido, salvo el principio de la retroactividad favorable de la ley penal.

2. Si se ejercita entre Estados cuyas legislaciones establecen penas mínimas y máximas, será necesario que el delito materia del proceso, de acuerdo con la legislación del Estado requirente y del Estado requerido, sea posible de una pena intermedia mínima de dos años de pena privativa de libertad. Se considera pena intermedia la semisuma de los extremos de cada una de las penas privativas de la libertad (…)

Artículo 4

Improcedencia de la extradición

La extradición no es procedente:

1. Cuando el reclamado haya cumplido la pena correspondiente o haya sido amnistiado, indultado o beneficiado con la gracia por el delito que motivo la solicitud de extradición, o cuando haya sido absuelto o se haya sobreseído definitivamente a su favor por el mismo delito;

2. Cuando esté prescrita la acción penal o la pena, sea de conformidad con la legislación del Estado requirente o con la del Estado requerido, con anterioridad a la presentación de la solicitud de extradición;

3. Cuando el reclamado haya sido juzgado o condenado o vaya a ser juzgado ante un tribunal de excepción o ad hoc en el Estado requirente;

4. Cuando con arreglo a la calificación del Estado requerido se trate de delitos políticos, o de delitos conexos o de delitos comunes perseguidos con una finalidad política. El Estado requerido puede decidir que la circunstancia que la víctima del hecho punible de que se trata ejerciera funciones políticas no justifica por sí sola que dicho delito será calificado como político;

5. Cuando de las circunstancias del caso pueda inferirse que media propósito persecutorio por consideraciones de raza, religión o nacionalidad, o que la situación de la persona corra el riesgo de verse agravada por alguno de tales motivos;

6. Con respecto a los delitos que en el Estado requerido no puedan perseguirse de oficio, a no ser que hubiese querella, denuncia o acusación de parte legítima (…)

Artículo 9

Penas Excluidas

Los Estados Partes no deberán conceder la extradición cuando se trate de un delito sancionado en el Estado requirente con la pena de muerte, con la privación de libertad por vida o con penas infamantes, a menos que el Estado requerido obtuviera previamente del Estado requirente, las seguridades suficientes, dadas por la vía diplomática, que no impondrá ninguna de las citadas penas a la persona reclamada o que si son impuestas, dichas penas no serán ejecutadas.

Artículo 10

Transmisión de la Solicitud

La solicitud de extradición será formulada por el agente diplomático del Estado requirente, o en defecto de éste, por su agente consular, o en su caso por el agente diplomático de un tercer Estado al que este confiada, con el consentimiento del gobierno del Estado requerido, la presentación y protección de los intereses del Estado requirente. Esa solicitud podrá también ser formulada directamente de gobierno a gobierno, según el procedimiento que uno y otro convengan.

Artículo 11

Documento de prueba

1.- Con la solicitud de extradición deberán presentarse los documentos que se expresan a continuación, debidamente autenticados en la forma prescrita por las leyes del Estado requirente:

a.- Copia certificada del auto de prisión, de la orden de detención u otro documento de igual naturaleza, emanado de autoridad judicial competente o del Ministerio Público, así como de los elementos de prueba que según la legislación del Estado requerido sean suficientes para aprehender y enjuiciar al reclamado. Este último requisito no será exigible en el caso de que no esté previsto en las leyes del Estado requirente y del Estado requerido. Cuando el reclamado haya sido juzgado y condenado por los tribunales del Estado requirente, bastará acompañar certificación literal de la sentencia ejecutoriada;

b.- Texto de las disposiciones legales que tipifican y sancionan el delito imputado, así como de las referentes a la prescripción de la acción penal y de la pena.

2.- Con la solicitud de extradición deberán presentarse además, la traducción al idioma del Estado requerido, en su caso, de los documentos que se expresan en el párrafo anterior, así como los datos personales que permitan la identificación del reclamado, indicación sobre su nacionalidad e incluso, cuando sea posible, su ubicación dentro del territorio del Estado requerido, fotografías, impresiones digitales o cualquier otro medio satisfactorio de identificación (…)”.

Ahora bien, al mantenerse vigente la orden de aprehensión decretada contra la ciudadana Milena Portillo Manosalva, y esta encontrarse detenida en la República de Panamá, tal como lo informara la “OCN-INTERPOL PANAMÁ”, el 28 de abril de 2021, mediante comunicación IP-PA-04-837-2021-CAM, ello es la razón por la cual, se ha dado inicio al procedimiento de extradición activa para requerir a la mencionada ciudadana a dicho Estado.

En tal sentido, de las actas del expediente se advierte lo siguiente:

a) En cuanto a la identificación de la solicitada en extradición, se evidencia de las actas que conforman el presente expediente, que la ciudadana Milena Portillo Manosalva, es de nacionalidad venezolana, identificada con la cédula de identidad número 4.634.026.

b) Que el delito por el cual se solicita la extradición de la prenombrada ciudadana fue cometido en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente, en la ciudad de Caracas, tal como lo señaló la representante del Ministerio Público, cuando solicitó el inicio del procedimiento de extradición, por tal razón queda demostrado el principio de territorialidad previamente indicado.

c) Del mismo modo, el delito de estafa continuada se encuentra previsto y sancionado en el artículo 464, concatenado con el artículo 99, ambos del Código Penal venezolano, de la siguiente manera:

Artículo 464.- El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para si o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años

Artículo 99.- Se consideraran como un solo hecho punible las varias violaciones de la misma disposición legal, aunque haya sido cometidas en diferentes fechas, siempre que se hayan realizado con actos ejecutivos de la misma resolución; pero se aumentara la pena de una sexta parte a la mitad”.

Por su parte, en la República de Panamá, el Código Penal, del 18 de mayo de 2007, en su artículo 220, prevé y sanciona un delito similar al de estafa, y en el artículo 85, se prevé la figura del delito continuado, de la manera siguiente:

Artículo 220. Quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otro será sancionado con prisión de uno a cuatro años.

 

Artículo 85. Se considera un solo delito la infracción repetida de una misma disposición penal cuando revele ser ejecución del mismo propósito criminal. En este caso la pena se aumentará de un tercio a la mitad.

Como se aprecia de las disposiciones legales citadas, el delito de estafa continuada se encuentra establecido tanto en la legislación venezolana en el citados artículos 464, concatenado con el artículo 99, ambos del Código Penal venezolano, como en la legislación de la República de Panamá, en el señalado artículo 220, concatenado con el artículo 85, del Código Penal de Panamá.

d) Además, se observa que el aludido delito no es político ni conexo con este, toda vez que el hecho por el cual la solicitada en extradición está sujeta a juzgamiento fue calificado por el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, como estafa continuada, esto es, uno de los delitos contra la propiedad, todo lo cual hace procedente la extradición conforme con lo establecido en el artículo 4, numeral 4, de la Convención Interamericana sobre Extradición.

De igual forma, cabe agregar que el inicio del procedimiento de extradición activa de la ciudadana Milena Portillo Manosalva, fue acordado en virtud de la orden de aprehensión dictada en su contra, dicha circunstancia hace también procedente la extradición por tratarse de un procesado, tal como lo ha reiterado esta Sala de Casación Penal, entre otras, en sentencia Nº 36, del 31 de enero de 2008, en la cual señaló:

“(…) En ese punto resulta oportuno acotar, que de acuerdo a otros tratados internacionales suscritos por nuestro país y en consecuencia son ley vigente en la República Bolivariana de Venezuela, la extradición activa procede en caso de procesados, requiriéndose solamente la orden de aprehensión (…)”.

e) También consta en el expediente que en la República Bolivariana de Venezuela, el máximo de la pena aplicable al delito por el cual se solicita la extradición de la ciudadana Milena Portillo Manosalva, es de cinco (5) años, razón por la cual es evidente que la pena excede de dos (2) años, siendo por ello procedente la extradición conforme con lo establecido en el artículo 3, numeral 2, de la Convención Interamericana sobre Extradición.

f) Asimismo, la pena que pudiera llegar a imponerse en la República Bolivariana de Venezuela, a la ciudadana Milena Portillo Manosalva, no es de muerte, ni privativa de libertad a perpetuidad, ni infamante, ni mayor de treinta (30) años, ya que el delito por el cual se solicitó la aprehensión de la prenombrada ciudadana, es el de estafa continuada, el cual se encuentra sancionado con una pena cuyo límite máximo es de cinco (5) años de prisión, aumentada de un tercio a la mitad.

A la par, debe destacarse que el artículo 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que: “(…) No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años (…)”.

g) Del mismo modo, de las actuaciones cursantes en el presente procedimiento no se evidencia que haya operado la prescripción de la acción penal en el presente caso, toda vez que se trata de un delito continuado, y la causa instaurada con ocasión a su comisión se encuentra actualmente paralizada debido a que a solicitud del Ministerio Público el 22 de junio de 2015, a la ciudadana Milena Portillo Manosalva,  le fue dictada orden de aprehensión, quedando así interrumpido el lapso para que opere la prescripción de la acción penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 del Código Penal, de acuerdo al cual:

Artículo 110. Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare.

Interrumpirán también la prescripción, la citación que como imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca con tal carácter; y las diligencias y actuaciones procesales que le sigan; pero si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.

Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción no se dictare la sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.

La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.

La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieren sino a uno.

Así mismo, en la legislación de la República de Panamá, específicamente, en el artículo 117 del Código Procesal Penal de la República de Panamá, se encuentra establecida la suspensión del lapso de prescripción en los términos siguientes:

Artículo 117. Suspensión del plazo. Se suspenderá el plazo de la prescripción de la acción penal, en los siguientes casos:

1. Mientras dure el trámite de la extradición

2. Por la rebeldía del imputado”.

De lo antes transcrito, se desprende que en la República de Panamá el lapso de prescripción de la acción penal en contra de la ciudadana Milena Portillo Manosalva, también se encuentra suspendido, toda vez que actualmente se encuentra en proceso el trámite de extradición en su contra al encontrarse la misma detenida en dicha República de Panamá, con ocasión de la notificación roja Nº A-3969/5-2016.

En síntesis, de la revisión de la documentación que consta en actas se aprecia:

a) Que existe una resolución judicial respecto a los hechos por los cuales está siendo solicitada la ciudadana Milena Portillo Manosalva;

b) Que dicha resolución indica de manera clara la naturaleza y la gravedad de dichos hechos; y,

c) Que también se establecen las disposiciones de las leyes penales que han de aplicársele.

Además, en el presente caso, se encuentran satisfechos los requisitos de ley para solicitar la extradición activa de la ciudadana Milena Portillo Manosalva, esto es:

 a) se tiene noticias de que la solicitada en extradición se encuentra detenida en un país extranjero;

b) el tribunal competente dictó la correspondiente orden de aprehensión;

c) dicha orden se encuentra vigente;

d) cursan en el expediente los elementos de convicción que, a criterio de esta Sala de Casación Penal, acreditan la existencia de los hechos investigados y la presunta responsabilidad de la ciudadana Milena Portillo Manosalva.

Por otra parte, en virtud de que el proceso penal seguido contra la prenombrada ciudadana se encuentra en fase de juicio, resulta necesaria su comparecencia para ser sometida a la jurisdicción de los tribunales ordinarios venezolanos, toda vez que en dicha oportunidad es que será impuesta de los hechos y de los elementos de convicción que sustentan su proceso, razón por la cual, esta Sala de Casación Penal reitera el criterio relativo a la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia de los imputados, como garantía establecida a su favor en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en el artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal, cuya finalidad es evitar que se juzgue a un ciudadano sin su presencia ante sus jueces naturales y sin haber sido previamente oído.

En resumen, en el presente caso, además de los requisitos de procedencia, también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en nuestro país, tales como:

a) Principio de la doble incriminación: De acuerdo con este principio, el hecho que origina la extradición debe ser constitutivo de delito tanto en la legislación del Estado requirente como en la legislación del Estado requerido, y tal como quedó establecido en el presente caso, el delito de estafa continuada, se encuentra tipificado en nuestra legislación y en la del Estado requerido.

b) Principio de la mínima gravedad del hecho: Conforme al cual la extradición procede solo por delitos y no por faltas. En el presente caso, la extradición es solicitada por la comisión del delito ya antes señalado, cuya pena en su límite máximo es de cinco (5) años de prisión;

c) Principio de la especialidad: En virtud del mismo el sujeto extraditado no puede ser juzgado por un delito distinto al que motivó la extradición, cometido con anterioridad a la solicitud, condición a la que se obliga la República Bolivariana de Venezuela en la presente decisión;

d) Principio de no entrega por delitos políticos: En atención al cual se prohíbe la entrega de sujetos perseguidos por delitos políticos y, en el presente caso, se dejó claramente establecido que los delitos que motivan la presente solicitud no son políticos ni conexos con estos;

e) Principio de la territorialidad: Acorde a dicho principio el Estado venezolano tiene la facultad para juzgar los delitos cometidos dentro de su espacio geográfico, potestad que quedó demostrada en virtud de que los hechos por los cuales se solicita la extradición de la ciudadana Milena Portillo Manosalva, fueron cometidos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela;

f) Principio relativo a la acción penal: En atención al mismo no se concederá la extradición si la acción penal o la pena han prescrito. En el presente caso, tal como se señaló, la acción penal no se extinguirá por prescripción, en los casos en que el imputado se encuentre evadido de la justicia, mientras sea perseguido por un delito con multiplicidad de víctimas;

g) Principio relativo a la pena: De acuerdo con el cual no se concederá la extradición por delitos que tengan asignada en la legislación del Estado requirente la pena de muerte, infamante, perpetua, ni mayor de 30 años En tal sentido, tal como se determinó en el presente caso, la ciudadana Milena Portillo Manosalva será procesada por un delito cuya pena no es de las antes señaladas.

Con base en las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala de Casación Penal, de conformidad con lo establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal declara procedente solicitar a la República de Panamá, la extradición activa de la ciudadana Milena Portillo Manosalva. Así se decide.

De igual modo, la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso ante la República de Panamá, que a la ciudadana Milena Portillo Manosalvase le seguirá juicio penal únicamente por el delito de estafa continuada, previsto y sancionado, en el artículo 464 concatenado con el artículo 99 del Código Penal, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relativas: a) al derecho al debido proceso (artículo 49) conforme al cual al ciudadano solicitado en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; b) al principio de no discriminación (artículo 19); c) a la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45); d) al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 46, numeral 1) por lo tanto la Milena Portillo Manosalva será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; e) al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272) en caso de que la misma resulte condenada por el señalado delitos; f) al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; g) al derecho de ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; h) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley; i) al derecho a la vida, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida de la ciudadana que se solicita en extradición; j) al derecho a la salud (artículo 83) como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza a la ciudadana solicitada en extradición como parte del derecho a la vida; k) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, l) la requerida no será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3), a cuyo efecto, de ser el caso, se tomará en cuenta el tiempo que estuvo detenida en la República de Panamá, con motivo del presente procedimiento de extradición. Así se declara.

IV

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de extradición activa de la ciudadana MILENA PORTILLO MANOSALVA, venezolana, titular de la cédula de identidad número 4.634.026, a la República de Panamá para ser sometida a un proceso penal por la presunta comisión del delito de estafa continuada, previsto y sancionado en el artículo 464, concatenado con el artículo 99, ambos del Código Penal venezolano.

SEGUNDO: La República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, ASUME el firme compromiso ante la República de Panamá, que a la ciudadana Milena Portillo Manosalvase le seguirá juicio penal únicamente por el delito de estafa continuada, previsto y sancionado, en el artículo 464 concatenado con el artículo 99 del Código Penal, con las debidas garantías consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relativas: a) al derecho al debido proceso (artículo 49) conforme al cual al ciudadano solicitado en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; b) al principio de no discriminación (artículo 19); c) a la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45); d) al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 46, numeral 1) por lo tanto la Milena Portillo Manosalva será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; e) al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272) en caso de que la misma resulte condenada por el señalado delitos; f) al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; g) al derecho de ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga; h) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley; i) al derecho a la vida, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida de la ciudadana que se solicita en extradición; j) al derecho a la salud (artículo 83) como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza a la ciudadana solicitada en extradición como parte del derecho a la vida; k) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, l) la requerida no será condenado a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3), a cuyo efecto, de ser el caso, se tomará en cuenta el tiempo que estuvo detenido en la República de Panamá, con motivo del presente procedimiento de extradición.

TERCERO: ORDENA remitir copia certificada de la presente decisión y de las actuaciones que cursan en el expediente al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los catorce (14) días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021). Años 211º de la Independencia y 162º de la Federación.

El Magistrado Presidente,

 

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

 

La Magistrada Vicepresidenta,

 

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

 

La Magistrada,

 

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ

 

 

El Magistrado,

 

JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA

                   Ponente

La Magistrada,

 

YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ

 

La Secretaria,

 

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

 

 

JLIV

Exp. AA30-P-2021-000094