Ponencia de la Magistrada Doctora CARMEN MARISELA CASTRO GILLY

En fecha 5 de septiembre de 2023, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal le dio entrada al expediente signado con el alfanumérico 2°CT-S-039-23, procedente del Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA seguido a la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, iniciado por el referido Tribunal con ocasión a la orden de aprehensión dictada en su contra por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En esa misma fecha (5 de septiembre de 2023), se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal de haberse recibido el expediente, asignándosele el alfanumérico N° AA30-P-2023-000332, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le fue asignada la ponencia a la Magistrada Doctora CARMEN MARISELA CASTRO GILLY, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Cumplidos los trámites procedimentales del caso y siendo la oportunidad legal pasa esta Sala de Casación Penal a decidir sobre la procedencia de la solicitud de extradición activa de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO y, a tal efecto, observa:

COMPETENCIA DE LA SALA

Previo a cualquier pronunciamiento, esta Sala de Casación Penal debe de determinar su competencia para conocer del presente procedimiento de extradición activa, y, en tal sentido, observa:

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece las facultades y atribuciones de cada una de las Salas que integran este Máximo Tribunal. De manera específica, respecto a esta Sala de Casación Penal, el artículo 29, numeral 1, de la referida ley especial, señala:

“(…) Son competencias de la Sala [de Casación] Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley (…)”.

Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 383, dispone expresamente que:

“(…) Artículo 383. Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de extradición activa.

A tales fines se dirigirá al Tribunal Supremo de Justicia, el cual, dentro del lapso de treinta días contados a partir del recibo de la documentación pertinente y previa opinión del Ministerio Público, declarará si es procedente o no solicitar la extradición, y en caso afirmativo, remitirá copia de lo actuado al Ejecutivo Nacional (…)”.

De la transcripción de los artículos anteriores, se observa que corresponde a esta Sala de Casación Penal conocer y decidir sobre la procedencia de la extradición activa. En el presente caso, se requiere la extradición de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, quien, tal como consta en las actas del presente procedimiento, se encuentra en los Estados Unidos de América, por lo que se trata de un procedimiento de extradición activa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, esta Sala de Casación Penal declara su competencia para conocer de dicho procedimiento. Así se decide.

DE LOS HECHOS

El abogado Farik Karin Mora Salcedo, en su carácter de Fiscal Titular Sexagésimo Séptimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, fundamentó la solicitud de Extradición Activa, en razón de los hechos siguientes:

“… En fecha 05 de enero de 2023, a través de contenido difundido por diferentes medios de comunicación y redes sociales, específicamente en una transmisión en vivo efectuada por la plataforma YouTube a través del Link https://www.youtube.com/watchigRggnlQg correspondiente al canal perteneciente al ciudadano JUAN GUAIDO, se pudo conocer que para esa fecha se estaba efectuando de manera ilegal la designación de una fallida Junta Directiva de la Asamblea Nacional, siendo que los ciudadanos que participaron en la misma son ex diputados de la Asamblea Nacional, correspondientes al periodo 2016-2021, los cuales ya cesaron en sus funciones desde hace aproximadamente un (01) ano, siendo que el objeto de la mencionada transmisión era simular una sesión parlamentaria donde diferentes dirigentes políticos (QUE SE HACEN LLAMAR DIPUTADOS), liderados por el ciudadano JUAN GUAIDO, postularon a varios ciudadanos, a fin usurpar funciones de la Asamblea Nacional legitima, siendo que estos ciudadanos de manera concertada procedieron asociarse, esto con el fin de hacer un llamado al desconocimiento del Gobierno constitucional Venezolano.

En consecuencia, se logro evidenciar a través de las diferentes plataformas de comunicación, múltiples noticias y videos difundidos, que guardan relación con los hechos antes mencionados, donde se puede apreciar como el ciudadano JUAN GUAIDO conjuntamente con otros ciudadanos designan de manera ilegal a las ciudadanas DINORAH JALIXDA FIGUERA titular de la cédula de identidad Nro. V.-5.567.817, MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO titular de la cédula de identidad Nro. V.-5.169.738, AURISTELA DEL VALLE VASQUES DE CASTILLO titular de la cédula de identidad Nro. V.-5.220.434, como Presidente, Vicepresidente y Segunda Vicepresidente, respectivamente de una Asamblea Nacional inexistente y por ende ilegitima esto con la finalidad de usurpar funciones propias de la Asamblea Nacional legitima, la cual fue debidamente electa en fecha 06 de diciembre de 2020, mediante el sufragio popular de las Venezolanas y Venezolanos.-

Asimismo, por medio de la mencionada transmisión se pudo observar que las ciudadanas mencionadas hacen múltiples llamados al desconocimiento del gobierno y sus instituciones legalmente constituidas, llamados que son realizados bajo la figura de una falsa Sesión Parlamentaria donde designan a las mencionadas ciudadanas para conformar una supuesta Junta Directiva que operaría en el período comprendido desde el año 2023 al 2024, hechos estos que pueden acreditarse a través del dictamen pericial informático identificado en el Nro. DASTI-016-2023 de fecha 06 de enero de 2023, debidamente suscrito por el ingeniero Carlos Bermúdez Osorio, en su condición de Experto en Peritaje Informático V.

Quedando en evidencia que efectivamente, se encuentra conformada una ESTRUCTURA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA quienes bajo la figura de cargos parlamentarios, usurpan funciones haciéndose llamar Diputados y miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, quienes además tienen como principal objetivo TOMAR CONTROL DE ACTIVOS DEL ESTADO VENEZOLANO EXISTENTES EN EL EXTERIOR, asumiendo indebidamente una función pública, buscando así financiar actos conspirativos en contra del Estado y sus Instituciones, funciones estas que son totalmente indebidas visto que no le han sido conferidas de manera legal, generando un riesgo dentro los intereses políticos y económicos de la República Bolivariana de Venezuela…” (sic)

ANTECEDENTES DEL CASO

Consta en las actas que conforman el presente expediente, las actuaciones siguientes:

Que, el 7 de enero de 2023, los abogados Farik Karin Mora Salcedo, en su carácter de Fiscal Titular Sexagésimo Séptimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, y el abogado Renny Amundarain, en su carácter de Fiscal Titular Nonagésimo Cuarto del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal, solicitaron al Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, librara orden de aprehensión en contra de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

De igual modo, indicaron como elementos de convicción y sustento de la solicitud, los que a continuación se señalan:

I. Ciberpatrullaje o Patrullaje Cibernético: a través de técnicas OSirt, y con la utilización de un computador forense, provisto de navegadores especializados, se procedió a explorar la web, obteniendo los siguientes resultados:

l.l. Primer resultado: se trata de una (01) página web correspondiente a la plataforma digital de YouTube, en la cual se observó un (01) archivo de video, publicado por el usuario Juan Guaidó Márquez, de título: Sesión Asamblea Nacional 05.01.2023, con una duración de 01:18:07 (hh/mm/ss).

I.ll. Segundo resultado: se obtuvo un (01) perfil en la red social Twitter, de nombre: Asamblea Nacional (@AsambleaVE), el cual posee un enlace web que direcciona a una página web cuya estructura es: asambleanacionalvenezuela.org., siendo esta una plataforma correspondiente a una organización por su dominio .ORG. En este mismo perfil, se logró observar publicaciones de fecha 05 de enero de 2023, las cuales son concordantes con lo solicitado por la Representación Fiscal. Además se obtuvieron los perfiles en la red social Twitter asociados a los usuarios que figuran como presidente, vicepresidente y 2do vicepresidente, según una (01) publicación realizada por Asamblea Nacional (@AsambleaVE), de fecha 05 de enero de 2023

l.Ill. Tercer resultado: se obtuvo una (01) página web cuya estructura es: asambleanacionalvenezuela.org, siendo esta una plataforma correspondiente a una organización por su dominio .ORG., la cual poseía un (01) reportaje digital de fecha 06 de enero de 2023, y de título: Dinorah Figuera: Una migrante que es hoy presidenta de la legítima Asamblea Nacional.

(…)

III. Extracción de contenido: A través de técnicas de Web Scraping, se logró extraer o adquirir un (01) archivo de video proveniente de una (01) publicación realizada por el usuario Juan Guaido Márquez de fecha 05 de enero de 2023, y un (01) archivo de imagen proveniente de una (01) publicación realizada por el usuario de red social Twitter identificado como Asamblea Nacional @AsambleaVE.

Preservación de los archivos extraídos: con la finalidad de establecer la preservación del contenido extraído, se generó el código de autenticación HASH, seleccionando para este caso el nivel de cifrado de datos HASH tipo SHA con una estructura de 256.

IV. Transcripción de audio: se transcribió el contenido auditivo de un (01) archivo de video proveniente de una (01) publicación realizada por el usuario Juan Guaido Márquez, de fecha 05 de enero de 2023, dicho audio se expresa en idioma Castellano, y tiene la intervención de seis (06) voces femeninas y cuatro (04) masculinas (sic).

En esa misma fecha (7 de enero de 2023), el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, dictó decisión mediante la cual acordó librar orden de aprehensión en contra de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En atención a ello, el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en esa misma fecha (7 de enero de 2023), publicó el auto fundado de la orden de aprehensión, emitida en contra de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, por la presunta comisión de los delitos anteriormente señalados. A su vez, dejó constancia tanto de los hechos, como de cada uno de los elementos de convicción que la sustentan, y el cumplimiento de los requisitos de ley para la procedencia de la misma, para finalmente decidir en los términos siguientes:

“(…) Declara CON LUGAR el requerimiento presentado por los abogados FARIK KARIN SALCEDO, Fiscal 67° Nacional con Competencia Plena y el ABG. RENNY AMUNDARAIN, en su carácter de Fiscal Titular Nonagésimo Cuarto del Ministerio Público, en virtud de encontrase llenos los extremos exigidos en los artículos 326 ordinales 1, 2 y 3; 237 ordinales 1, 2 y 3, y artículo 238 numeral 2, del Código Orgánico Procesal Penal; en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9, 229, 230 y 233 ejusdem, en relación con el artículo 44 ordinal 1° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en consecuencia con fundamento a lo dispuesto en el último parte del mencionado en el artículo 236 del texto adjetivo penal, se ORDENA LA APREHENSIÓN , de las ciudadanas MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO (…) por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (…) [sic] [Mayúsculas, negrillas y resaltados de la cita].

En razón de la anterior orden de aprehensión, el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, ofició al Jefe del Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, remitiendo anexa orden de aprehensión N° 002-23 para que, una vez lograda la detención de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, fuese puesta inmediatamente a la orden de dicho Juzgado.

Igualmente consta en actas que en fecha 31 de julio de 2023, el Fiscal Sexagésimo Séptimo (67°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia Plena, solicitó el inicio del procedimiento de extradición activa de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional.

En fecha 3 de agosto de 2023, el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en virtud de la solicitud realizada por el mencionado representante del Ministerio Público, dictó decisión en la cual:

“… ÚNICO: Se Acuerda INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN ACTIVA y la Inmediata Remisión de las presentes actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, por su esencia, para el conocimiento directo, en única instancia, de la Extradición Activa de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal…” (sic) [Mayúsculas y negrillas de la decisión].

En fecha 14 de agosto de 2023, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, mediante oficio “N° 579-23”, remitió las actuaciones correspondientes al procedimiento de extradición activa de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

El 5 de septiembre de 2023, en la Secretaría de esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, se recibió el expediente, procedente del Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN ACTIVA seguido en contra de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO.

En esa misma fecha (5 de septiembre de 2023), la Sala de Casación Penal, libró los oficios siguientes:

-Oficio TSJ/SCPS/OFIC/1236-2023, dirigido al Doctor Tarek Williams Saab Halabi, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, donde se le informa de la presente solicitud de extradición activa, de conformidad con lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal.

-Oficio TSJ/SCPS/OFIC/1237-2023, dirigido al ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, Director General (E) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitando información sobre los movimientos migratorios de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738.

-Oficio TSJ/SCPS/OFIC/1238-2023 dirigido al ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno, Director General (E) del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitándole información sobre los datos filiatorios, las huellas decadactilares, las trazas y registro fotográfico del serial de la cédula de identidad V-5.169.738.

DE LAOPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En fecha 22 de septiembre de 2023, se recibió oficio signado con el alfanumérico DFGR-VF-DGAJ-DAI-4195-2023-43229, emanado del despacho del Fiscal General de la República, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 285, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 25, numeral 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público; artículo 3 del Código Penal y, artículos 111 numeral 16, 382 y 383, todos del Código Orgánico Procesal Penal, en el que emite opinión fiscal, el cual es del tenor siguiente:

“…solicita respetuosamente ante esa Sala de Casación Penal, declare PROCEDENTE la solicitud de Extradición Activa incoada contra de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, encuentra en el, a fin de que sea trasladada desde los Estados Unidos de América al territorio nacional, para ser procesada por los ´presuntos hechos cometidos en nuestro país…”. (sic).

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Esta Sala de Casación Penal, pasa a decidir la procedencia de la extradición activa y, en tal sentido observa:

a) De las normas internas aplicables

El artículo 3 del Código Penal venezolano establece que:

“(…) Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana (…)”.

La disposición normativa in comento consagra el principio de la territorialidad de la ley penal, conforme al cual el Estado venezolano tiene la facultad para juzgar los delitos cometidos dentro de su espacio geográfico.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal, el procedimiento de extradición “... se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título…”.

Por su parte, el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 383, dispone expresamente que:

“… Artículo 383. Cuando el Ministerio Público tuviere noticias de que un imputado o imputada al cual le ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en país extranjero, solicitará al Juez o Jueza de Control inicie el procedimiento de extradición activa

En caso de fuga del acusado sometido o la acusada sometida a juicio oral y público, el trámite ante el Tribunal Supremo de Justicia le corresponderá al Juez o Jueza de Juicio. Si el fugado o fugada fuere quien esté o está cumpliendo condena el trámite le corresponderá al Juez o Jueza de Ejecución…”.

b) De las normas del Derecho Internacional aplicable

Conforme con lo dispuesto en la legislación que rige la materia, esta Sala de Casación Penal observa que entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela), suscrito en Caracas, el 19 de enero de 1922, con aprobación legislativa de fecha 12 de junio de 1922, ratificado por el Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1923, y Canje de Ratificaciones en Caracas, el 14 de abril de 1923, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, celebrada en Palermo, República de Italia, el 15 de diciembre de 2000 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.357, del 4 de enero de 2002, que se encuentran desarrollados en los mencionados instrumentos jurídicos, dispone, entre otras cosas, lo siguiente:

“…Artículo I.- El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela [hoy República Bolivariana de Venezuela] y el Gobierno de los Estados Unidos de América convienen en entregar a la justicia, mediante petición hecha con arreglo a lo que en este Convenio se dispone, a todos los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos cometidos dentro de la jurisdicción de una de las Altas Partes Contratantes y especificados en el artículo 2° de este Convenio, siempre que dichos individuos estuvieren dentro de la jurisdicción a tiempo de someter el delito y que busquen asilo o sean encontrados en el territorio de la otra. Dicha entrega tendrá lugar únicamente en virtud de las pruebas de culpabilidad que según la legislación del país en que el refugiado o acusado se encuentre, justificarían su detención y enjuiciamiento si el crimen o delito se hubiese cometido allí…”. [Agregado de la Sala].

Asimismo, ambos países, los Gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela, el 15 de noviembre de 2000, suscribieron la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en cuyo texto, concretamente el artículo 16, referido a la extradición, establece lo siguiente:

“(…) Artículo 2. Definiciones Para los fines de la presente Convención: a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material;

b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave (…)

(…) Artículo 16. Extradición

1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos en la presente Convención (…) y la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentra en el territorio del Estado Parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide le extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.

(…)

10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no le extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el sólo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento…”.

A la par, el mencionado cuerpo normativo respecto de los delitos por los cuales se puede aplicar el procedimiento de extradición, establece, entre otras disposiciones, lo siguiente:

“…Artículo 5. Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado.

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado;

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente en:

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación de un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán porque su derecho interno comprenda todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella…”.

“…Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito.

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente: a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son producto del delito; b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que son producto del delito; ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su comisión. 2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo: a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes; 9 b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos organizados; c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se hubiese cometido allí; d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta; e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito determinante; f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas…”.

Siendo aplicables las disposiciones precedentemente expuestas; por ello esta Sala resolverá lo conducente según lo estipulado.

Ahora bien, del legajo de actuaciones que conforman el expediente, se evidencia que la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, está siendo solicitada por las autoridades venezolanas, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, USURPACIÓN DE FUNCIONES y ASOCIACIÓN, señalando expresamente el Ministerio Público en la solicitud del inicio de extradición, que la prenombrada ciudadana se encuentra en los Estados Unidos de América, encontrándose vigente la orden de aprehensión de fecha 7 de enero de 2023, identificada con el “N° 002-23”, emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional.

Seguidamente, se pasa a verificar los requisitos necesarios para sustentar la solicitud de extradición, y al respecto se observa lo siguiente:

DE LOS DOCUMENTOS PARA SOLICITAR LA EXTRADICIÓN ACTIVA

En atención a lo anterior, corresponde a la Sala verificar la existencia de los documentos que deben acompañar la solicitud de extradición activa presentada en contra de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, de acuerdo a las previsiones establecidas en el artículo XI del Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela), suscrito en Caracas, el 19 de enero de 1922, con aprobación legislativa de fecha 12 de junio de 1922, ratificado por el Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1923, y Canje de Ratificaciones en Caracas, el 14 de abril de 1923, que señala lo siguiente:

“…Art. XI.- Las estipulaciones de este Convenio serán aplicables a todos los territorios, donde quiera que estén situados, pertenecientes a cualquiera de las Partes contratantes o sometidos a su jurisdicción o control. Las solicitudes para la entrega de los fugados serán practicadas por los respectivos agentes diplomáticos de las Partes contratantes. En el caso de ausencia de dichos agentes del país o de la residencia del Gobierno o cuando se pide la extradición de territorios incluidos en el párrafo precedente que no sean los Estados Unidos la solicitud podrá hacerse por los funcionarios consulares superiores. Dichos representantes diplomáticos o funcionarios consulares superiores serán competentes para pedir y obtener el arresto preventivo de la persona cuya entrega se solicita ante el Gobierno respectivo. Los funcionarios judiciales decretarán esta medida de acuerdo con las formalidades legales del país a quien se pide la extradición. Si el delincuente fugitivo hubiere sido condenado por el delito por el que se pide su entrega, se presentará copia debidamente autorizada de la 6 sentencia del tribunal ante el cual fue condenado. Sin embargo, si el fugitivo se hallase únicamente acusado de un delito, se presentará una copia debidamente autorizada del mandamiento…”.

Al respecto, la Sala constató la existencia de una orden de aprehensión dictada en contra de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, por el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Así mismo, se constató la solicitud de inicio del procedimiento de extradición activa, interpuesta ante el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, en fecha 31 de julio de 2023, por el Fiscal Sexagésimo Séptimo (67°) a Nivel Nacional con Competencia Plena del Ministerio Público, en razón de haber tenido conocimiento que dicha ciudadana se encontraba actualmente dentro del Territorio de los Estados Unidos de América.

Visto lo anterior, la Sala concluye que quedó verificada así, la existencia del documento que acredita el inicio del procedimiento de extradición activa seguido a la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, y que es requerida por las autoridades venezolanas.

Corresponde ahora verificar los principios que rigen la extradición, los cuales establecen las condiciones de procedencia para solicitar la entrega de la ciudadana solicitada y su enjuiciamiento en nuestro país.

A tal efecto, de acuerdo con el principio de territorialidad, se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente; de acuerdo con el principio de doble incriminación, el delito por el cual se solicita la extradición, deberá estar previsto en el estado requirente, lo cual deberá ser revisado por el Estado requerido; que la pena aplicada no sea mayor a treinta años, pena perpetua o pena de muerte, conforme con el principio de limitación de las penas; asimismo, que la acción penal y la pena no se encuentren prescritas, conforme con el principio de no prescripción; que el delito no sea político ni conexo, de acuerdo con el principio de no entrega por delitos políticos; la no procedencia por faltas o penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados Parte, conforme al principio de la mínima gravedad del hecho; así como que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, sean por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición y no por otro, de acuerdo al principio de especialidad del delito. Asimismo, se debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, a los fines de cumplir con el principio de no entrega del nacional. El Estado requerido debe verificar la nacionalidad del ciudadano solicitado, para comprobar si es su nacional por nacimiento o por naturalización, y que ésta no haya sido adquirida con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado, y a falta de estos, se regirá por el Principio de Reciprocidad internacional, que consiste en el deber que tienen los países de prestarse ayuda mutua para la represión del crimen.

En tal sentido, de las actas del expediente se advierte lo siguiente:

En relación al principio de territorialidad, al respecto, determina que se debe comprobar la comisión del delito dentro del territorio del Estado requirente, conforme lo establece el artículo 3 del Código Penal venezolano que prevé lo siguiente: “Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana”. Así como en el artículo 1 del Tratado de Extradición, suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela), suscrito en Caracas, el 19 de enero de 1922, con aprobación legislativa de fecha 12 de junio de 1922, ratificado por el Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1923, y Canje de Ratificaciones en Caracas, el 14 de abril de 1923.

Respecto al principio de territorialidad, constató la Sala, que los delitos por los cuales se solicita la extradición activa de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, se realizaron fuera del territorio nacional, hecho este que resulta notorio y comunicacional, por cuanto la requerida en extradición, se encuentra en una situación de asilo en el extranjero, no obstante, las acciones presuntamente desplegadas, se encuentran destinadas a socavar la estabilidad social y económica del país, motivo por el cual, con base al principio de ubicuidad y extraterritorialidad de la ley penal establecido en el artículo 58 del Código Orgánico Procesal Penal, en las causas por “delito o delitos imperfectos cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado”.

En síntesis, se establece que dicha ciudadana se encuentra en territorio extranjero con el fin de cometer delitos en el territorio nacional, debiendo destacar que, el Código Penal venezolano en su artículo 4 numeral 1, establece que están sujetos a enjuiciamiento en la República Bolivariana de Venezuela, aquel ciudadano venezolano que en territorio extranjero, cometa el delito de TRAICIÓN A LA PATRIA, tal y como se describe a continuación:

“…LIBRO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS DELITOS Y LAS FALTAS, LAS PERSONAS RESPONSABLES Y LAS PENAS.

TÍTULO I.

De la Aplicación de la Ley Penal.

(…)

Artículo 4. Están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigarán de conformidad con la ley penal venezolana:

1. Los venezolanos que, en país extranjero se hagan reos de traición contra la República y los que, unos contra otros, cometan hechos punibles según sus leyes…”.

Aunado a ello, el Código Orgánico Procesal Penal venezolano, establece lo siguiente:

“…TÍTULO III

DE LA JURISDICCIÓN

Capítulo I

Disposiciones Generales (…)

Competencia Territorial

Artículo 58. La competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o falta se haya consumado. En caso de delito imperfecto será competente el del lugar en el que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito. En las causas por delito continuado o permanente el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido del delito. En las causas por delito o delito imperfecto cometidos en parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado (…).

En atención a lo precedentemente expuesto, se denota que se cumple con la exigencia que impone el principio de territorialidad, sobre la comisión de los delitos dentro del Estado requirente.

En síntesis, se establece que dicha ciudadana se refugia en territorio extranjero con el fin de cometer delitos en el territorio nacional, debiendo destacar que, entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela rige el Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela), suscrito en Caracas, el 19 de enero de 1922, con aprobación legislativa de fecha 12 de junio de 1922, ratificado por el Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1923, y Canje de Ratificaciones en Caracas, el 14 de abril de 1923, el cual señala:

En atención a lo precedentemente expuesto, se denota que se cumple con la exigencia que impone el principio de territorialidad, sobre la comisión de los delitos dentro del Estado requirente.

En cuanto al principio de la doble incriminación del delito, se deja constancia que el Estado venezolano requiere a la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y Asociación, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Ahora bien, el delito de TRAICIÓN A LA PATRIA, contenido en el artículo 128 del Código Penal, (publicado en la Gaceta Oficinal N° 5.768 de fecha 13 de abril de 2005), establece que:

(…) Artículo 128. Cualquiera que, de acuerdo con país o República extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio de la patria o contra sus instituciones republicanas, o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con la pena de presidio de veinte a treinta años (…)”.

En cuanto al delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, contenido en el artículo 128 del Código Penal, (publicado en la Gaceta Oficinal N° 5.768 de fecha 13 de abril de 2005), establece que:

(…) Artículo 213. Cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas civiles o militares, será castigado con prisión de dos a seis meses, y en la misma pena incurrirá todo funcionario público que siga ejerciéndolas después de haber sido legalmente reemplazado o de haberse eliminado el cargo.
Podrá disponerse que, a costa del condenado, se publique la sentencia en extracto, en algún periódico del lugar que indicará el juez (…)

Los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN, se encuentran tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012), como se describe a continuación:

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo:

“…Legitimación de Capitales

Artículo 35. Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o propietaria, poseedor o poseedora de capitales, bienes, fondos, haberes o beneficios, a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, será penado o penada con prisión de diez a quince años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido.

(…)

Asociación

Artículo 37. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años…”.

Ahora bien, en lo concerniente a los delitos que dieron origen a la presente solicitud de extradición, en atención al artículo 382 del Código Orgánico Procesal Penal establece que “… La extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República y las normas de este título. …”, resulta oportuno traer a colación el siguiente convenio, a saber, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrito por ambos países:

En el segundo cuerpo normativo mencionado, se establece lo siguiente:

“Artículo 5. Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos de los que entrañen el intento o la consumación de la actividad delictiva:

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado;

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes descrita;

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.

“…Artículo 6. Penalización del blanqueo del producto del delito.

Por lo que en el presente caso se cumple el requisito de procedencia que impone el principio de doble incriminación, el cual si bien debe ser verificado por el Estado requerido, se deja constancia de la revisión de la tipificación de los delitos anteriormente señalados, se encuentran tipificados en la legislación penal venezolana.

En relación con el principio de no entrega por delitos políticos, la Sala verificó que los delitos por los cuales es solicitada la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, atentan contra la seguridad pública y el orden público, considerados como graves en nuestra legislación, de manera que se descarta que el presente procedimiento de extradición activa se corresponda con delitos políticos.

Por otra parte, conforme al principio de no prescripción, nos encontramos que la mencionada ciudadana es solicitada por la presunta comisión de los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, USURPACIÓN DE FUNCIONES, y ASOCIACIÓN.

En tal sentido, el Código Penal venezolano establece las reglas de la prescripción de la acción penal, en los artículos mencionados a continuación:

“(…) De la Extinción de la Acción Penal y de la Pena

“(…) Artículo 108.

Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, la acción penal prescribe así:

1. Por quince años, si el delito mereciere pena de prisión que exceda de diez años.

2. Por diez años, si el delito mereciere pena de prisión mayor de siete años sin exceder de diez.

3. Por siete años, si el delito mereciere pena de prisión de siete años o menos.

4. Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión de más de tres años.

5. Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión de tres años o menos, arresto de más de seis meses, relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República. (…)”

Artículo 109.

Comenzará la prescripción: para los hechos punibles consumados, desde el día de la perpetración; para las infracciones, intentadas o fracasadas, desde el día en que se realizó el último acto de la ejecución; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que ceso la continuación o permanencia del hecho.

Artículo 110.

Se interrumpirá el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia, siendo condenatoria, o por la requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare.

Interrumpirán también la prescripción, la citación que como imputado practique el Ministerio Público, o la instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca con tal carácter; y las diligencias y actuaciones procesales que le sigan; pero si el juicio, sin culpa del imputado, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo, se declarará prescrita la acción penal.

Si establece la ley un término de prescripción menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento; pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción no se dictare la sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.

La prescripción interrumpida comenzará a correr nuevamente desde el día de la interrupción.

La interrupción de la prescripción surte efectos para todos los que han concurrido al hecho punible, aun cuando los actos que interrumpan la prescripción no se refieren sino a uno (…)”.

Ahora bien, para el delito de TRAICIÓN A LA PATRIA, se establece una pena de veinte (20) a treinta (30) años de presidio, y en aplicación del artículo 37 del Código Penal venezolano, el término medio de la pena aplicable es de veinticinco (25) años de presidio, por lo que la acción penal prescribe a los quince (15) años, conforme con lo previsto en el numeral 1 del artículo 108 del Código Penal.

En cuanto al delito de USURPACIÓN DE FUNCIONES, se establece una pena de dos (2) a seis (6) meses de prisión, y en aplicación del artículo 37 del Código Penal venezolano, el término medio de la pena aplicable es de cuatro (4) meses de presidio, por lo que la acción penal prescribe a los tres (3) años, conforme con lo previsto en el numeral 5 del artículo 108 del Código Penal.

Ahora bien, en cuanto a los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37, ambos, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, por el cual es requerida la mencionada ciudadana, y como quiera que se encuentran contenidos en la referida ley especial, resultan ser imprescriptibles. En este sentido, siendo que el artículo 30 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, establece: “(…) No prescribe la acción penal de los delitos contra el patrimonio público, ni los relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como los delitos previstos en esta Ley (…)” [Subrayado de la Sala].

Por lo que en lo atinente a los delitos de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES y ASOCIACIÓN, previstos y sancionados en los artículos 35 y 37, ambos, de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, son delitos imprescriptibles, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De acuerdo con lo antes señalado, se constató que en el presente caso se encuentra satisfecho el Principio de no Prescripción de la Acción Penal.

Cabe advertir, que el proceso seguido contra la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, se encuentra paralizado debido a que, contra la misma fue dictada orden de aprehensión, a solicitud del Ministerio Público, encontrándose en la fase preparatoria, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Será en la oportunidad en que la referida ciudadana sea presentada e impuesta de los hechos, los fundamentos y los elementos de convicción que motivan su proceso, lo que junto con los demás actos procesales determinará su enjuiciamiento, por lo que resulta necesaria la comparecencia de la solicitada en extradición para que sea sometida a la jurisdicción de los tribunales ordinarios venezolanos, que son sus jueces naturales.

Al respecto, la Sala de Casación Penal ratifica el criterio relativo a la prohibición de que el juicio se desarrolle en ausencia del imputado, como garantía establecida a su favor, en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal, cuya finalidad es evitar que se juzgue a un ciudadano sin su presencia ante sus jueces naturales y sin haber sido previamente escuchado.

Aunado a lo anterior, se verifica en autos, que la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, se encuentra evadida de la investigación iniciada en su contra, lo que motivó la Orden de Aprehensión antes mencionada, por lo que resulta, en principio procedente su extradición, siempre que se satisfagan los demás requisitos.

Igualmente se determina en los procesos de extradición, la no procedencia por faltas o delitos con penas menores a las establecidas en los Tratados y Acuerdos suscritos entre los Estados parte, conforme al principio de la mínima gravedad del hecho. Considerando que las penas máximas previstas para cada uno de los delitos tantas veces mencionados superan los dos años, evidenciándose que el presente procedimiento, se sigue por delitos graves y no por faltas, que conllevan pena mayor de seis meses.

Conforme con el principio de limitación de las penas, se determina que la pena aplicada no sea pena perpetua o pena de muerte, ni mayor a los treinta años, de acuerdo al artículo IV, del Tratado mencionado ut supra, que establece: “…En vista de La abolición de la pena capital y de la prisión perpetua por disposiciones constitucionales de Venezuela, las Partes contratantes se reservan el derecho de negar la extradición por crímenes punibles con la pena de muerte o la prisión perpetua. Sin embargo el Ejecutivo de cada una de las Partes contratantes tendrá la facultad de otorgar la extradición por tales crímenes, mediante el recibo de seguridades satisfactorias de que en el caso de condenación ni la pena de muerte ni una pena perpetua serán aplicadas…”, así como en los artículos 43 y 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 94 del Código Penal venezolano, que establecen respectivamente lo siguiente:

Artículo 43, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. ...”.

Artículo 44, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

3.- La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años. ...”.

Artículo 94, del Código Penal venezolano:

“En ningún caso excederá del límite máximo de treinta años la pena restrictiva de libertad que se imponga conforme a la ley”.

Sobre este aspecto, se constató que la pena aplicable no es mayor de treinta años, ni es aplicable en nuestro país la pena de muerte ni la pena perpetua, lo cual es conforme con lo previsto en los artículos transcritos ut supra.

De la misma forma, se establece que la entrega, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, deben ser por el delito expresamente señalado en la solicitud de extradición, cometido antes del procedimiento y no por otro delito, de acuerdo con el principio de especialidad del delito, el juzgamiento o el cumplimiento de la pena, deberán ser por los delitos expresamente señalados en la solicitud de extradición, y no por otro, siempre que se hayan cometido antes del procedimiento, por lo tanto en el presente caso, la extradición será para el enjuiciamiento por los delitos TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, los cuales fueron cometidos con anterioridad a este procedimiento, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo antes referido.

Con fundamento en lo anterior, el Estado venezolano solicita a los Estados Unidos de América, la entrega de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, toda vez que, se verificó el cumplimiento de los requisitos que imponen los principios generales sobre la extradición, y atendiendo a las consideraciones expuestas, observa la Sala de Casación Penal, que la solicitud de extradición activa de la mencionada ciudadana, se fundamenta en la legislación nacional e internacional antes citada.

Y finalmente, conforme con el principio de no entrega del nacional, el Estado requerido debe verificar la nacionalidad de la ciudadana solicitada, para comprobar si es su nacional por nacimiento o por naturalización, y que ésta no haya sido adquirida con el fin fraudulento de evadir el procedimiento penal o la condena impuesta por otro Estado.

Por otra parte, el artículo VIII del Tratado de Extradición suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela), que establece:

“Ninguna de las Partes contratantes estará obligada a entregar en virtud de estipulaciones de este convenio a sus propios ciudadanos. …”.

Así pues, se verificó el cumplimiento de los requisitos que imponen los principios generales sobre la extradición, y atendiendo a las consideraciones expuestas, observa la Sala de Casación Penal, que la solicitud de Extradición Activa de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, ES PROCEDENTE y en consecuencia, el Estado venezolano solicita a los Estados Unidos de América, la entrega de la ciudadana requerida, lo cual es conforme con el artículo 1 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela), suscrito en Caracas, el 19 de enero de 1922, con aprobación legislativa de fecha 12 de junio de 1922, ratificado por el Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1923, y Canje de Ratificaciones en Caracas, el 14 de abril de 1923, que establece la entrega recíproca o mutua, de las personas procesadas o condenadas entre los Estados parte de dicho tratado, con fundamento en el principio de reciprocidad internacional.

Sobre las consideraciones expuestas, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara PROCEDENTE solicitar a los Estados Unidos de América, la EXTRADICIÓN de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, por cuanto hay razones suficientes de hecho y de derecho para que sea juzgada en territorio venezolano, por los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, numeral 1 del artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 1 del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Venezuela (hoy República Bolivariana de Venezuela), suscrito en Caracas, el 19 de enero de 1922, con aprobación legislativa de fecha 12 de junio de 1922, ratificado por el Ejecutivo Nacional el 15 de febrero de 1923, y Canje de Ratificaciones en Caracas, el 14 de abril de 1923. Así se declara.

GARANTÍAS

En virtud de ello, el Estado venezolano, representado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, asume el firme compromiso ante los Estados Unidos de América, que la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, por cuanto hay razones suficientes de hecho y de derecho será juzgada en territorio venezolano, por los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, relativas: a) al derecho al debido proceso (artículo 49) conforme al cual la ciudadana solicitada en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; b) al principio de no discriminación (artículo 19); c) a la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45); d) al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 46, numeral 1) por lo tanto la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; e) al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación de la penada (artículo 272) en caso de que la misma resulte condenada por los señalados delitos; f) al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; g) al derecho de ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; h) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley; i) al derecho a la vida estipulado en el artículo 43 del texto constitucional, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida de la ciudadana que se solicita en extradición; j) al derecho a la salud previsto en el artículo 83 eiusdem, como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza a la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, solicitada en extradición como parte del derecho a la vida; k) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, l) la requerida no será condenada a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3), a cuyo efecto se tomará en cuenta el tiempo que pueda estar detenida en los Estados Unidos de América, con motivo del presente procedimiento de extradición. Así se declara.

DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: PROCEDENTE la solicitud de extradición activa de la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, a los Estados Unidos de América, para ser sometida a un proceso penal por su presunta participación en los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

SEGUNDO: el Estado venezolano representado por la Máxima Instancia del Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, ASUME el firme compromiso ante los Estados Unidos de América, que la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, titular de la cédula de identidad N° 5.169.738, será sometida a un proceso penal por su presunta participación en los delitos de TRAICIÓN A LA PATRIA, previsto y sancionado en el artículo 128 del Código Penal, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, USURPACIÓN DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 213 del Código Penal, y ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con las debidas seguridades y garantías constitucionales y procesales penales, relativas: a) al derecho al debido proceso (artículo 49) conforme al cual la ciudadana solicitada en extradición se le garantizará el derecho a la defensa; b) al principio de no discriminación (artículo 19); c) a la prohibición de la desaparición forzada de personas (artículo 45); d) al derecho a la integridad física, psíquica y moral y a la prohibición de que las personas sean sometidas a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 46, numeral 1) por lo tanto la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; e) al derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado (artículo 272) en caso de que la misma resulte condenada por los señalados delitos; f) al derecho a la asistencia jurídica, que en el caso de así solicitarlo se hará mediante el nombramiento de un defensor público; g) al derecho de ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; h) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, como a recurrir del fallo que le sea desfavorable, con las excepciones establecidas en la ley; i) al derecho a la vida estipulado en el artículo 43 del texto constitucional, por lo tanto el Estado venezolano protegerá la vida de la ciudadana que se solicita en extradición; j) al derecho a la salud previsto en el artículo 83 eiusdem, como derecho social fundamental que el Estado venezolano garantiza a la ciudadana MARIANELA FERNÁNDEZ ALVARADO, solicitada en extradición como parte del derecho a la vida; k) la garantía de todos los derechos civiles y sociales inherentes a la persona privada de libertad; y, l) la requerida no será condenada a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a treinta (30) años (artículo 44, numeral 3), a cuyo efecto se tomará en cuenta el tiempo que pueda estar detenida en los Estados Unidos de América, con motivo del presente procedimiento de extradición.

TERCERO: ORDENA remitir al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, copia certificada de la presente decisión y de las actuaciones que cursan en el expediente.

Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente. Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los cinco (5) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023). Años: 213° de la Independencia y 164° de la Federación.

La Magistrada Presidenta,

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO

La Magistrada Vicepresidenta, El Magistrado,

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ Ponente

La Secretaria,

ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA

Exp. AA30-P-2023-00332

CMCG