^{Caracas,
11 de octubre de 2011}

^{201°
y 152°}

^{Ponencia
de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.}

^{De
conformidad con lo dispuesto en los artículos 462 y 465 del Código Orgánico
Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Penal, pronunciarse sobre la desestimación o no del Recurso de
Casación interpuesto el 1° de mayo de 2011, por el abogado Alberto González
Suárez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número
46.481, en su condición de Defensor Privado del ciudadano DANIEL JOSÉ AMAYA,
de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, titular de la cédula de
identidad número 14.135.997, de profesión Programador Técnico en Computación,
contra la sentencia dictada el 1° de febrero de 2011, por la Sala N° 2 de la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, constituida
por los jueces Juan José Barrios León, Nola Gómez Ramírez y Rafael Rojas
Rosillo (ponente), la cual DECLARÓ SIN LUGAR el Recurso de Apelación
interpuesto por la Defensa contra el fallo de fecha 7 de octubre de 2010,
dictado por el Tribunal Mixto Décimo de Primera Instancia en Funciones de
Juicio del referido Circuito Judicial, por el cual CONDENÓ al mencionado
ciudadano a sufrir la pena de NUEVE (9) AÑOS DE PRISIÓN, más las
accesorias de ley, establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por la
comisión del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y
PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y sancionado en el
encabezado del artículo 31 de la Ley Orgánica sobre el Tráfico Ilícito y el
Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con el
ordinal 5° del artículo 46 eiusdem, en perjuicio del Estado venezolano.}

^{El
Recurso de Casación fue interpuesto en tiempo hábil y no contestado por la
parte Fiscal.}

^{Se
dio cuenta en la Sala del presente expediente, en fecha 1° de abril de 2011 y
asignada la ponencia a la Magistrada quien con tal carácter suscribe la
presente decisión.}

^{LOS HECHOS}

^{El
Tribunal Mixto Décimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito
Judicial Penal del estado Zulia, estableció lo siguiente:}

^{“…quedó
acreditado que el hecho que dio origen al presente proceso penal, fue un
procedimiento realizado en fecha 20/01/09, siendo aproximadamente entre las
07:00 y 08:00 de la noche, cuando los funcionarios NESTOR BARROSO, LUIS CURIEL
y WILMER HINESTROSA, encontrándose en labores de investigación recibieron un
llamado por la central de comunicaciones, donde se les indicaban que cualquier
unidad que estuviera por la zona del sector los Robles, se apersonara al sitio,
por cuanto había presuntamente una persona en actitud sospechosa
específicamente por las adyacencias de la estación de servicios Texaco,
vendiendo marihuana. Por lo que se dirigen al sitio y vieron a un ciudadano con
las características de la vestimenta que le fueron indicadas, quien resultó ser
el acusado DANIEL AMAYA, quien al verlos emprendió huida, por el lo que, los
funcionarios NESTOR BARROSO y WILMER HINESTROZA (sic) quienes son seguidos por
su compañero DANIEL CURIEL en la unidad siendo esta una camioneta explore de
color gris, comienzan una persecución a pie que terminó en la vivienda, y éste
procede a lanzar el bolso que cargaba hacia la sala cayendo debajo de la mesa del
comedor.}

^{Posteriormente
el funcionario LUIS CURIEL, busca un testigo que se encontraba en el frente de
la vivienda, y proceden delante de él, abrir el bolso, y en su interior se
encontraban dos (02) panelas con cinta adhesiva, la cual resultó ser de la
especie botánica cannabis sativa linne comúnmente conocida como marihuana con
un peso de 1 kilo 800 gramos.}

^{De igual manera
que comprobado en el debate oral y público, que en la vivienda se encontraba la
mamá del acusado DANIEL AMAYA al momento de su aprehensión, y que los
funcionarios actuantes andaban en una camioneta explorer de color gris vestidos
de civiles con sus credenciales; y que posteriormente de la aprehensión del
acusado DANIEL AMAYA, lo trasladan conjuntamente con la sustancia incautada, al
testigo y al procedimiento, (sic) hasta la sede de Polisur ubicada en Sierra
Maestra.}

^{Suscitándose los
hechos antes narrados de las distintas audiencias suscitadas en el presente
asunto penal, donde se determinó la responsabilidad penal derivada de parte del
ciudadano acusado DANIEL JOSÉ AMAYA SUÁREZ, en el delito de TRÁFICO ILÍCTO DE SUSTANCIAS
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO, previsto y
sancionado en el encabezado del artículo 31 de la Ley Orgánica Sobre el Tráfico
Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas con la
agravante PREVISTA EN EL ORDINAL 05 DEL ARTÍCULO 46 EJUSDEM, en perjuicio del
ESTADO VENEZOLANO; ya que se comprobó la existencia de una concordancia plena
de causa y efecto con el cual se obtuvo un resultado, de acuerdo a la
participación desplegada por el referido acusado en los hechos debatidos
derivándose de parte de él, la realización de dicho acto delictivo.”}

^{RECURSO
DE CASACIÓN}

^{PRIMERA
DENUNCIA:}

^{En
la presente denuncia, la Defensa denunció la falta de motivación de la
recurrida y en tal sentido señaló:}

^{“1.-
El testimonio de los funcionarios NESTOR BARROSO, LUIS CURIEL y WILMER
HIMESTROZA, no se concatenan y no hay contesticidad entre ello; a tal efecto,
quien aquí recurre, denunció ante la Sala que los funcionarios LUIS CURIEL y
NESTOR BARROSO no suscribieron el acta policial, lo que hace ilegal valorar
dicha prueba, para confirmar la sentencia recurrida.}

^{2.-
De igual manera, quien funge como testigo del procedimiento, ciudadano DENINSÓN
OSWALDO AMAYA CRIOLLO, plenamente identificado en actas, tampoco y en ni
ninguno (sic) momento suscribió el acta policial, lo que hace que su
declaración sea NULA E ILEGAL.}

^{3.-
De igual manera, el Tribunal de Juicio, al momento de valorar la declaración de
este testigo, la valora a medias, para condenar a mi Defendido, basados
conforme a los principios rectores del sistema acusatorio penal y de acuerdo al
principio de inmediación, se pudo denotar que dicho ciudadano se encontraba
coaccionado, lo que hace NULA tal apreciación por parte de la recurrida, por
cuanto un testigo cuando acude a rendir su declaración ante los estrados
judiciales, debe hacerlo sin coacción alguna, libremente y fuera de toda
injerencia. Es decir, no entiende esta Defensa como puede manifestar que un
testigo se encuentra en un estado judicial coaccionado; y lo más grave aún lo
constituye el hecho de que se valora solamente parte de su declaración, o sea
la parte que sirve para confirmar la decisión del Tribunal de Juicio en contra
de mi Defendido. Siguiendo este orden de ideas, por cuanto el ciudadano
DENINSÓN OSWALDO AMAYA CRIOLLO, no firmó dicha acta policial, esta Defensa
IMPUGNÓ EL ACTA POLICIAL EN EL TRIBUNAL DE JUICIO, la cual fue escuchado por el
Tribunal de Juicio, reservándose para la sentencia definitiva la motivación de
la misma; y de un análisis exhaustivo del cuerpo de la sentencia, se puede
evidenciar que en ningún momento fue motivada la impugnación presentada por
quien aquí recurre; situación ésta que la Sala 2 de la Corte de Apelaciones no
tomó en consideración al momento de dictar su fallo. (Subrayado de la
Sala).}

^{De
lo anteriormente se concluye que la Sala incurrió en el vicio denunciado.”.}

^{La
Sala para decidir observa:}

^{De
la lectura de la presente denuncia, se observa que el recurrente alegó el vicio
de falta de motivación en la sentencia recurrida y por cuanto la presente
denuncia se encuentra debidamente fundamentada la Sala la declara admisible, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal
Penal.}

^{SEGUNDA
DENUNCIA:}

^{Con
fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente
expresó que:}

^{“1-
Existe una violación de la cadena de custodia, ya que se quebrantaron
totalmente todos los lapsos establecidos en la ley. Ya que los mismos fueron
fechados e incluso con treinta (30) días posteriores a la fecha en la cual
ocurrieron los hechos y de esta forma no podemos decir que éstos se encuentren
amparados bajo el Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto, en relación al
registro de cadena de custodia, el acta y todos los elementos que sirvan para
fundamentar la misma, deben estar fechados en el momento en que ocurrieron los
hechos; así mismo, hubo pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, tales como
fijaciones fotográficas y el testimonio del Funcionario IRWIN ARISMENDI que el
Ministerio Público ofreció en su oportunidad legal, y fueron admitidas en la
audiencia preliminar para ser escuchadas en juicio, lo cual al no ser
escuchadas y desechadas por el Tribunal de Juicio, le causan un estado de
indefensión a mi Defendido por cuanto de haber tenido el control y la
valoración de esas pruebas en el juicio oral y público, hubiese quedado de
manifiesto que hubo una violación de dicha cadena de custodia al violentar
todos los lapsos establecidos en la ley; situación ésta que fue confirmada por
la Sala de Apelaciones.}

^{2.-
Ahora bien, quien aquí recurre no comparte el criterio de la Sala N° 2 de la
Corte de Apelaciones, cuando manifiesta que dichas pruebas mal podría (sic) el
juez de juicio valorar unas pruebas que no están admitidas, ni mucho menos
contenidas en el auto de apertura a juicio, pero que las mismas están admitidas
en la audiencia preliminar y es aquí donde se la causa el estado de indefensión
a mi Defendido.}

^{De
lo anterior se concluye que la Sala incurrió en el vicio denunciado.”}

^{La
Sala para decidir observa:}

^{Del
escrito presentado se evidencia, que el recurrente por una parte denunció que
en la presente causa hubo “…violación de la cadena de custodia, ya que se
quebrantaron totalmente todos los lapsos establecidos en la ley. Ya que los
mismos fueron fechados e incluso con treinta (30) días posteriores a la fecha
en la cual ocurrieron los hechos…”.}

^{Por
otra parte indicó que “…hubo pruebas ofrecidas por el Ministerio Público,
tales como fijaciones fotográficas y el testimonio del Funcionario IRWIN
ARISMENDI que el Ministerio Público ofreció en su oportunidad legal, y fueron
admitidas en la audiencia preliminar para ser escuchadas en juicio, lo cual al
no ser escuchadas y desechadas por el Tribunal de Juicio, le causan un estado
de indefensión a mi Defendido…”.}

^{Luego
concluyó señalando que no comparte el criterio acogido por la Corte de
Apelaciones, respecto a que “…dichas pruebas mal podría (sic) el juez de
juicio valorar unas pruebas que no están admitidas, ni mucho menos contenidas
en el auto de apertura a juicio, pero que las mismas están admitidas en la
audiencia preliminar y es aquí donde se la causa el estado de indefensión a mi
Defendido.”.}

^{De
lo antes expuesto, se observa que el recurrente no precisa lo que pretende en
esta denuncia, toda vez que plantea diversas infracciones relacionadas con
elementos de pruebas, lo que a juicio de esta Sala, resulta una fundamentación
imprecisa y confusa, razón por la cual la presente denuncia debe ser
DESESTIMADA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, de conformidad con el artículo 465
del Código Orgánico Procesal Penal, como en efecto se declara.}

^{TERCERA
DENUNCIA:}

^{Con
fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente
denunció violación de la ley por falta de aplicación del artículo 22 eiusdem.}

^{En
tal sentido señaló:}

^{“…la
Recurrida no dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma in
cometo, (sic) ya que:}

^{…del
contenido de la sentencia impugnada, en la misma no se realizó el debido
análisis de la totalidad de los medios de prueba aportados en el proceso, sin
analizar, concatenar y valorar el dicho de su defendido, las conclusiones de la
Defensa y las pruebas que obraron a su favor, limitándose únicamente a la sola
expresión y consideración de los elementos de prueba ofrecidos por el
Ministerio Público, los cuales fueron contradictorios en el debate,
entendiéndose que, toda valoración de prueba necesita como condición sine qua
non, que se exterioricen las razones fácticas y jurídicas de su razonamiento
lógico, se comparen entre sí y se enlacen lógicamente para llevar una verdadera
conclusión, la cual representará una garantía de la justicia material y formal,
constriñendo al juzgador a expresar los argumentos que lo indujeron a admitir o
asumirlos bajo determinadas normas jurídicas, exigiendo en esa valoración
acertada de las pruebas para el juzgador, conforme lo ordena el Artículo 22 del
Código Orgánico Procesal Penal.}

^{De
lo anteriormente indicado y observado lo que la Defensa (sic) de autos dejó
plasmado en su escrito recursivo, que la Juez A Quo nada dijo en cuanto a la
contradicción de las declaraciones de los funcionarios y del testigo del
procedimiento, así como tampoco nada dijo acerca de la falta de suscripción del
acta policial por parte de dicho testigo y de dos (2) de los funcionarios, se
evidencia que el Juez de Juicio en el presente caso, sólo analizó, comparó y
concatenó las pruebas ofrecidas, amén de las testimoniales de los funcionarios
NESTOR BARROSO, LUIS CURIEL y WILMER HNESTROZA, adscritos a la Policía
Municipal de San Francisco, a las cuales si les otorgó valor probatorio
correspondiente,, pero no tomó en consideración lo aquí denunciado en relación
a la contradicción de las declaraciones y a la falta de suscripción del acta
policial.}

^{Ciudadanos
Magistrados, esa circunstancia resta credibilidad al dicho de los funcionarios
actuantes y testigos, conforme lo informan las reglas de la lógica, los
conocimientos científicos y las máximas de experiencia, creando duda razonable
sobre dichos testimonios, insuficientes para dictar una sentencia condenatoria
y por no estar establecidas las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
delito para ser calificado como consumado.}

^{Incurriendo
la Sala en el vicio denunciado.”.}

^{La
Sala para decidir observa:}

^{De
la lectura de la presente denuncia se evidencia que en la misma, el recurrente
señaló la infracción del artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal,
indicando que en la sentencia impugnada “…no se realizó el debido análisis
de la totalidad de los medios de prueba aportados en el proceso, sin analizar,
concatenar y valorar el dicho de su defendido, las conclusiones de la Defensa y
las pruebas que obraron a su favor…”.}

^{Esta
Sala ha dicho en reiterada jurisprudencia, que las Cortes de Apelaciones no
analizan las pruebas, pues tal labor corresponde al Tribunal de Juicio ante el
cual se desarrolla el debate oral y se presentan las mismas, en virtud del
principio de inmediación. Asimismo, ha dicho la Sala que las pruebas que la
Corte de Apelaciones apreciará son aquéllas que, conforme al artículo 456 del
Código Orgánico Procesal penal se presenten en la audiencia realizada con
ocasión a un recurso de apelación “para acreditar un defecto de
procedimiento sobre la forma en que se realizó el acto en contraposición a lo
señalado en el acta de debate o en la sentencia”, y sólo ellas, caso no
planteado por el recurrente.}

^{Cabe
destacar que el Recurso de Casación se ejerce contra las sentencias dictadas
por las Cortes de Apelaciones y no contra los fallos de juicio, como lo hace el
recurrente en el segundo párrafo de la denuncia, pues alegó que el Tribunal de
Juicio no resolvió sobre las contradicciones en las deposiciones de los
funcionarios policiales, del testigo presencial del procedimiento, así como en
la falta de la firma del acta policial por parte del testigo de los
funcionarios actuantes en el procedimiento, no atribuyendo vicio alguno
cometido por la alzada, tal como lo dispone el artículo 462 del Código Orgánico
Procesal Penal.}

^{Por
cuanto la denuncia en estudio carece de la debida fundamentación, esta Sala la
declara DESESTIMADA POR MANIFIIESTAMENTE INFUNDADA, de conformidad con lo
previsto en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal.}

^DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos:

Primero: DECLARA MANIFIESTAMENTE INFUNDADA la segunda y tercera denuncia, interpuesta por la Defensa del ciudadano DANIEL JOSÉ AMAYA SUÁREZ.

Segundo: ADMITE en cuanto ha lugar en Derecho la primera denuncia, contenida en el Recurso de Casación interpuesto por la Defensa del acusado. En consecuencia se CONVOCA la correspondiente audiencia pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual deberá celebrarse dentro de un lapso no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.

^{La
Magistrada Presidenta,}

^{Ninoska
Beatriz Queipo Briceño}

^{La Magistrada
Vicepresidenta, La
Magistrada Ponente,}

^{Deyanira Nieves
Bastidas Blanca
Rosa Mármol de León}

^{El
Magistrado, El
Magistrado,}

^{Eladio Aponte
Aponte Héctor
Coronado Flores}

^{La
Secretaria,}

^{Gladys
Hernández González}

^BRMdL/mau

^{Exp. N° 11-0118}