Caracas,   19     de   octubre    de 2011

201° y 152°

 

 

 

Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León.

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 465 y 466 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, pronunciarse sobre la desestimación o no del Recurso de Casación interpuesto en fecha 8 de abril de 2011, por la Defensora Pública Penal Sexagésima Octava del Área Metropolitana de Caracas, Abogada Rosaria Sarita De Lucas, actuando con el carácter de defensora del ciudadano JAVIER AUGUSTO LÓPEZ USECHE, venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad número 13.382.919, contra la sentencia de fecha 2 de marzo de 2011, dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, integrada por el abogado César Sánchez Pimentel (Juez Presidente-Ponente), María Antonieta Croce Romero (Juez) y Jacqueline Tarazona Velásquez, que DECLARÓ SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Penal Sexagésima Octava del Área Metropolitana de Caracas, a favor del imputado y CONFIRMÓ la sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que en fecha 12 de noviembre de 2010, CONDENÓ al prenombrado ciudadano a cumplir la pena de ONCE (11) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de ASALTO A TRANSPORTE PÚBLICO y USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previstos en los artículos 357 último aparte y 281 ambos del Código Penal.    

 

El Tribunal Vigésimo de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el Capítulo denominado “Hechos Acreditados en el Juicio Oral”, dejó establecido lo siguiente:

“…En efecto, con la declaración de la víctima JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ GIL, así como con la declaración de los funcionarios aprehensores JOSÉ GREGORIO ESCALONA MARTÍNEZ y MISMAGGER AUGUSTO ROJAS  y de los Expertos HÉCTOR PASCUAL VIVAS SEQUERA, AISHA INDIRA SILVA RODRÍGUEZ, JUNIOR JESÚS GUANIPA FERNÁNDEZ, IBRAHÍN GONZALO SANGUINO PÉREZ y YENNIFER YORAHSY SANOJA,  quedó plenamente demostrado que el día 27 de febrero de 2010, aproximadamente a las ocho horas de la noche (08:00 p.m), se encontraba la víctima JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ GIL laborando como taxista con un vehículo Marca Renault, Modelo Scenic, Color Blanco, Placa OAN-930, específicamente por la avenida San Martín y estando a la altura del Centro Comercial San Martín, en sentido Centro, una persona le solicitó el servicio de taxi para que los trasladara hasta la zona de Quinta Crespo, a la altura de Radio Caracas, subiéndose esa persona en el asiento del copiloto, e inmediatamente que cerró la puerta la víctima sintió un ruido de metal, y se percató que el sujeto lo estaba apuntando en la cabeza con una arma de fuego, ordenándole además que no lo mirara y que subiera los vidrios y condujera, lo cual hizo la víctima por la Avenida San Martín y de seguidas lo apuntó en un costado y le solicitó el dinero y éste se lo entregó y le dijo que no tenía más porque estaba comenzando a trabajar, despojándolo además de su teléfono celular, obligándolo a conducir por varias calles de San Martín, por la parte de atrás de la Maternidad Concepción Palacios, para posteriormente salir a la altura del Hospital Militar, que es cuando la víctima José Domínguez Gil observó a unos funcionarios militares en la entrada de dicho Centro Hospitalario y de inmediato tripuló su vehículo hacia la entrada del Hospital Militar donde se encontraban los mismos llamando su atención, detuvo el vehículo en dicho lugar y salió del mismo manifestándole a los funcionarios militares a viva voz que lo estaban robando; y de inmediato los funcionarios militares le dieron la voz de alto al sujeto que venía de copiloto en el vehículo y lo conminaron para que saliera del mismo, lo cual hizo dicho sujeto portando un arma de fuego en la mano derecha, por lo que fue neutralizado y puesto en el piso, y se le incautó el arma de fuego que portaba, para posteriormente  ser entregado en calidad de detenido con las evidencias incautadas a una Comisión de la Policía del Municipio Libertador (Policía de Caracas) que fue llamada para que actuara en el Procedimiento Policial…”.

 

 

Vencido el lapso establecido en el artículo 464 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que las partes dieran contestación al recurso interpuesto, la Corte de Apelaciones remitió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia.

 

El 5 de mayo de 2011, se dio cuenta en Sala, asignándose la ponencia a la Magistrada quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

 

RECURSO DE CASACIÓN

 

PRIMERA DENUNCIA

La recurrente denuncia “…la violación de la ley por falta de aplicación del artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, con fundamento en el primer motivo del artículo 460 ejusdem…”.

 

Señala la recurrente que: “…De la misma manera como el fallo de Primera Instancia inobservó las reglas procesales referidas a la motivación de la Sentencia, paradójicamente incurrió la Recurrida en la resolución de la infracción denunciada. Ello resalta cuando la Impugnada contraría los argumentos recursivos con afirmaciones que se oponen entre sí, y sustituye el razonamiento lógico y pertinente con una explicación que no da respuesta a la denuncia apoyada específicamente, en la falta de apreciación del Juzgador de la experticia practicada a un teléfono marca ‘Alcatel’, y la declaración del experto que la practicó…”.

Posteriormente transcribe la recurrente parte del fallo emitido por la Corte de Apelaciones y continua expresando que: “…por una parte la Recurrida refiere que el Juzgador apreció los medios de pruebas incorporados al debate oral y público, y por la otra, contrariamente señala que la omisión en la apreciación de la experticia y el testimonio del experto que la practicó, de un teléfono Alcatel, en nada incide en el dispositivo del fallo, conclusión que llega adoptando la función que le corresponde al Juez de Juicio, que presencie un Juicio Oral y público bajo los principios de Inmediación, Oralidad y Publicidad, y con ello legitima una violación relativa a la valoración total de las pruebas incorporadas en el debate, justificándose fuera de los principios del debido proceso. Es de imperativa observancia, por constituir una garantía procesal, que el Juzgador aprecie la totalidad de pruebas cuya incorporación en el debate oral y público presenció, bien para asignarle fuerza probatoria de culpabilidad o de eximente de responsabilidad penal, bien para desecharla ante la carencia de utilidad, necesidad o pertinencia de la misma, para la formación de su convicción y emitir su fallo, aún más, cuando las enumeró y transcribió en el capítulo referente a los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia condenatoria…”.            

 

Transcribe la recurrente parte de lo que denuncia por ante la Corte de Apelaciones y luego expresa que “…Contrario a lo que manifiesta la Recurrida, la omisión en la apreciación de la mencionada experticia sí influye en el dispositivo del fallo, por cuanto con tal valoración, habría establecido el Juez de Juicio de manera incuestionada (sic), que el objeto sometido a pericia, trátase de un teléfono celular marca ALCATEL, y al compararla con el testimonio del ciudadano JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ GIL, quien manifestó que el teléfono del cual fue despojado era marca HUWAI y no ALCATEL, habría necesariamente desechado la declaración de la víctima acerca de la comisión del hecho punible, y por consiguiente la sentencia dictada habría sido de no culpabilidad”.  

           

SEGUNDA DENUNCIA

Denuncia la recurrente la violación de la ley, por falta de aplicación del artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, con fundamento en el primer motivo del artículo 460 eiusdem.

Alega que la recurrida “silencia” el pronunciamiento en relación con la omisión del sentenciador de aspectos invocados en el recurso de apelación, los cuales son los siguientes:

‘…Identificar e individualizar el teléfono celular, presuntamente despojado por mi representado al referido ciudadano, quien se desempeñaba como taxista el día 27 de Febrero de 2010, limitándose a señalar que el ciudadano JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ GIL, fue despojado además de un dinero, de un ‘teléfono celular’.

…La anterior omisión, impidió el establecimiento de la propiedad del teléfono, incautado en poder de mi representado al momento de efectuarse su registro personal, por funcionarios adscritos a la policía militar, conforme al texto de la Recurrida. La acción prevista en el artículo 357 del Código Penal, reclama que el agente delictivo despoje a tripulantes o pasajeros de sus pertenencias o posesiones, lo cual significa que uno de los presupuestos objetivos exigidos para la configuración del delito de ASALTO A TAXI, y sobre el cual debe pronunciarse de manera imperativa el Juzgador, es la propiedad de las cosas supuestamente sustraídas, no obstante, silenció la Recurrida este aspecto, limitándose a una referencia al medio de comisión.          

…Finalmente referente a este aspecto, no debe pasar inadvertido, que la mención a la individualización del teléfono material, y su incongruencia con las características del que reclama la víctima, no puede ser tratado como un mero error material, por cuanto fue bastante claro y específico el ciudadano JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ GIL, en su declaración rendida durante el debate Oral y Público en fecha 25-08-10, y que ha servido de apoyo a la Recurrida, en señalar, no sólo que el teléfono de su propiedad era marca Jaguar, Huawei, sino que el mismo siguió en su poder durante todo el proceso, por cuanto los funcionarios de la Policía de Caracas, le manifestaron que lo podía conservar, tal como se dejó asentado en la Recurrida al indicar el contenido del testimonio del referido ciudadano de la manera siguiente: ‘…Que su celular era marca Jaguar, Huawei…que le entregó el teléfono a los Policías de Caracas…’. Así se colige entonces, que el teléfono sometido a la Experticia de Avalúo real, no es el que presuntamente le despojaron, ni el mismo que los funcionarios policiales, incautaron y conservaron bajo la cadena de custodia. Por el contrario, se le atribuye a mi representado la responsabilidad penal, de despojar al taxista de un teléfono celular marca ALCATEL, objeto de la pericia, el cual pertenece a mi representado, tal como lo manifestó en el debate oral y público…’.  

También señala la recurrente que “…existe un total silencio de parte de la Alzada que conoció el recurso de apelación en este aspecto, violando de esta manera el imperativo del artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal, como es el deber de dar respuesta a cada uno de los puntos que se eleva a su conocimiento con el recurso de apelación. Si la Corte de Apelaciones se hubiese pronunciado respecto a estas circunstancias habría concluido forzosamente en la necesidad de que se celebre nuevamente el Juicio Oral y Público, ya que las circunstancias que omitió el Sentenciador analizar recaen sobre los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo penal cuya responsabilidad se le atribuyó a mi representado, y por lo tanto habría influido en el dispositivo del fallo…”.

Por último expresa la recurrente que “…nada menciona la Alzada, acerca de la denuncia planteada sobre la generalidad con la que el Juzgador pretendió dar respuesta a todos los aspectos en la oportunidad de las conclusiones, incluso menciona que es un solo delito el demostrado, cuando en la dispositiva de la sentencia, se condena por dos hechos punibles. Se indicó en el recurso de apelación que el acusado y esta Defensa no podemos quedar satisfechos con esas líneas sin contenido jurídico. Se invocó en dicho medio de impugnación sobre el silencio para dar respuesta a la circunstancia de que el hecho descrito por el Ministerio Público y que sirvió como objeto del presente proceso, contenido en el libelo acusatorio y que inclusive transcribe el Juzgador en el capítulo referente a la ‘ENUNCIACIÓN Y CIRCUNSTANCIA DE LOS HECHOS OBJETO DEL JUICIO’, se contrae a que presuntamente mi representado durante la ejecución de la acción criminal, colocó un arma de fuego en el costado del taxista y que forcejearon, lo cual es contrario al testimonio del ciudadano JOSÉ MANUEL DOMÍNGUEZ GIL, rendido en el debate Oral y Público, quien manifestó que fue en la cabeza y que siempre así lo manifestó durante la investigación, lo cual es falso, si se revisa los fundamentos de la acusación, el cual debe ser congruente con la sentencia condenatoria…”.      

Esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo ordenado en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal, DECLARA ADMISIBLE dicho recurso y en consecuencia, CONVOCA a una audiencia pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) días ni mayor de treinta (30) días.

Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.         

 

La Magistrada Presidenta,

 

 

Ninoska Beatriz Queipo Briceño

 

La Magistrada Vicepresidenta,                                                                                                                                                                                      La Magistrada Ponente,

 

 

Deyanira Nieves Bastidas                                                                                                                                                                                              Blanca Rosa Mármol de León

 

El Magistrado,                                                                                                                                                                                                                  El Magistrado,

 

 

Eladio Aponte Aponte                                                                                                                                                                                                    Héctor Coronado Flores           

 

 

La Secretaria,

 

 

Gladys Hernández González

 

 

BRMdeL/hnq.

RC. Exp. N° 11-0154