Caracas, 26 de  octubre de 2006

196º y 147º

 

Magistrado Ponente Doctor ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, integrada por los ciudadanos jueces Dulce Mar Montero Vivas, Nora Zumaya y          Amado Carrillo Rivero (ponente), el 27 de octubre de 2005, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano abogado Pedro José Troconis Da Silva, defensor del ciudadano Dalmiro Enrique Durán Jiménez, con cédula de identidad Nº 11.426.100, en contra de la decisión dictada el 12 de julio de 2004 por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del mismo Circuito Judicial Penal, que lo condenó a cumplir la pena de  trece (13) años y cuatro (4) meses de presidio, mas las accesorias de ley, por la comisión de los delitos de Robo Agravado y Detentación Ilícita de Arma de Fuego, tipificados en los artículos 460 y 278, respectivamente, del Código Penal.

 

Contra el fallo de la Corte de Apelaciones, fue interpuesto recurso de casación, por el defensor del ciudadano Dalmiro Enrique Durán Jiménez.

 

Transcurrido el lapso previsto para la contestación del recurso, sin que se realizara lo propio, se remitió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia. El 19 de septiembre de 2006, se dio cuenta en la Sala de Casación Penal, correspondiéndole la ponencia al Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

                     

Los hechos acreditados por el Juzgado Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, fueron los siguientes:

 

“… Entre las 08:00 y 09:00 p.m. del día 14 de junio de 2003, en la Panadería ALEMARI, ubicada en el Barrio Pueblo Nuevo, entre las calles 20 con Av. Los Horcones de esta ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, lo cual fue corroborado por las víctimas Nailin del Carmen Garrido Meléndez y Alexander Jesús Dávila Infante, quienes pese manifestar no recordar con exactitud el día, dejaron claro a esta instancia haber visto a varias personas, introducirse al establecimiento comercial y amenazaron con un arma de fuego a la primera para que le entregara el dinero y productos (…) los funcionarios policiales Carlos Alberto Torrelles Salcedo y Juan Leonide Gómez, observaron el momento en el cual salía uno de los atracadores de la panadería antes mencionada con el botín del robo y abordó la parte trasera de una moto (…) el ciudadano Dalmiro Enrique Durán Jiménez, fue la persona que en compañía de otros sujetos, se introdujo portando un arma de fuego a la panadería y bajo amenaza de muerte despojó a la cajera y empleados de productos destinados a la venta (…) y de dinero en efectivo (…) el propietario del establecimiento comercial (…) lo reconoció luego de haber sido aprehendido por los funcionarios policiales y manifestó en la audiencia al verlo que tiene características similares, por lo que no puede asegurar  por el tiempo que ha pasado que la persona que está en la audiencia sea el mismo del atraco a su negocio…”.

 

 

La Sala siendo la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad o desestimación del recurso propuesto, pasa a decidir:

 

 

 

 

 

 

RECURSO DE CASACIÓN

 

El recurrente fundamentó su recurso de casación, en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal y alegó en su única denuncia lo siguiente:

 

“… Denuncio que la decisión emanada de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial (sic) del Estado Lara, incurre en violación de la ley por falta de aplicación de la norma contenida en el segundo aparte del artículo 456 en concordancia con el artículo 173, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, ‘que obliga a los jueces que conocen de las apelaciones a decidir motivadamente’.

(…) el Tribunal de Alzada, realiza una serie de consideraciones subjetivas, sobre el punto denunciado en el recurso de apelación, con relación a las horas en que se cometió el hecho que se le imputa a mi defendido, toda vez, que la denuncia trata de demostrar a los miembros de la Corte de Apelaciones, las contradicciones existentes en la sentencia del Tribunal de Juicio, con relación a la hora en que se cometió el hecho (…) los testigos valorados por el juzgado     a-quo, existen serias contradicciones (…) al igual que el razonamiento explanado por el sentenciador de juicio (…) el sentenciador de primera instancia, inventa o tiene confusión con la hora en que sucede el hecho imputado. Ahora bien, ante esta situación que forma parte de la denuncia formulada en el recurso de apelación, los jueces de alzada no analizan en profundidad el punto, sino (…) posición que no le es permitida a los miembro de la alzada, toda vez, que ellos deben limitarse al objeto de la denuncia en contraposición con el texto de la recurrida y no ir mas allá, pues no le es dado en derecho (…) el no analizar a fondo el punto de la denuncia constituye un imcumplimineto a la labor de resolver motivadamente los puntos sometidos al conocimiento de las Cortes de Apelaciones (…) Resulta evidente en la recurrida, que los juzgadores de alzada, no dan una respuesta concreta con relación a la contradicción existente en la motivación de la sentencia del tribunal de juicio, en cuanto a la disparidad de horas en que sucedió el hecho imputado a mi representado…”.

 

Continúa señalando el impugnante, como fundamento de su denuncia que:

 

“… igualmente se argumento en el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, que existía una contradicción en su motivación (…) existente entre los testigos con relación al número de personas que participaron en el hecho que se le imputa a mi defendido, limitándose única y exclusivamente que el hecho se demostró y que el responsable del mismo es el ciudadano Dalmiro Enrique Durán Jiménez, sin explicar motivadamente, cómo llegan a esa conclusión y por qué omiten pronunciarse sobre el punto esencial de la denuncia que es la contradicción existente en la motivación de la sentencia definitiva.

(…) igualmente, al fundamentar el recurso de apelación (…) las contradicciones existentes en su motivación (…) que se refiere a la falta de reconocimiento de mi defendido por parte de las víctimas, como uno de los autores de (sic) hecho imputado (…) por el contrario, manifestó que el autor del hecho tenía características similares, más no manifestó que mi representado sea una de las personas que participaron en la comisión del delito de robo agravado (…) la Corte de Apelaciones del Estado Lara, no consideró, ni plasmó en su decisión, la razones del por qué declarar sin lugar la denuncia presentada a través del recurso de apelación (…) evadiendo la obligación que le impone los artículos 173 y 456 del Código Orgánico procesal Penal…”.

 

Luego de haber revisado los fundamentos de la presente denuncia, la  Sala de Casación Penal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 466 del Código Orgánico Procesal Penal, declara admisible el presente recurso de casación, sólo en relación a la falta de aplicación del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto se encuentran debidamente propuesta y en consecuencia, convoca a una audiencia pública que deberá celebrarse dentro de un plazo no menor de quince (15) ni mayor de treinta (30) días. Convóquese a las partes y líbrense las correspondientes boletas.  

 

 Con respecto al planteamiento de la denuncia, en cuanto a la violación de la ley, por falta de aplicación del segundo aparte del artículo 456 eiusdem, se indica que por tal motivo no procede el recurso de casación, en razón del criterio reiterado de la Sala Penal, que señala lo siguiente:

 

“…El artículo 456 segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere: “… la Corte de Apelaciones resolverá, motivadamente, con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes…”, tal disposición legal no guardan relación y nada tienen que ver con el vicio de inmotivación alegado, ya que esta norma solo es aplicable en los casos donde se incorporen nuevas pruebas o elementos probatorios a la audiencia de la apelación, lo que no sucedió en el caso de autos. Por lo que mal puede haber violentado la ley el fallo de la alzada, por falta de aplicación de una norma, que no debía ser aplicada. (Sentencia Nº 593, del 18 de octubre de 2005, ponencia del Magistrado Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte).

 

     

Publíquese, regístrese y notifíquese.

 

El  Magistrado Presidente,

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

Ponente

 

El Magistrado Vicepresidente,

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

 

Las Magistradas,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

                                                                           

La Secretaria,

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Exp. 2006-0380.

ERAA/jmcc.-

 

 

            VOTO CONCURRENTE

 

            Yo, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, suscribo el siguiente voto concurrente en la presente decisión, con base en las siguientes razones:

 

            La sentencia aprobada por la mayoría de esta Sala, al declarar admisible el recurso de casación  propuesto por la defensa del imputado, en relación a la violación de los artículos 173 y 456 del Código Orgánico Procesal Penal,  desechó el planteamiento expuesto en cuanto a la infracción de este último artículo (456), estableciendo para ello el criterio sustentado por la Sala, según el cual, dicha norma no puede denunciarse como infringida por vicios de inmotivación, “...ya que esta norma sólo es aplicable en los casos donde se incorporen nuevas pruebas o elementos probatorios a la audiencia de la apelación... por lo que mal puede haber violentado la ley el fallo de la alzada, por falta de aplicación de una norma que no debía ser aplicada...”.

 

Disiento de lo antes expresado, por cuanto como lo he reiterado en distintas oportunidades, al respecto opino que si bien es cierto que  las Cortes de Apelaciones deberán resolver motivadamente con las pruebas y testigos que se incorporen en el momento de la celebración de la audiencia ante dichas Cortes, también es cierto que sus decisiones deberán ser motivadas, aunque no se presente el supuesto señalado expresamente en el segundo aparte del artículo 456 del Código Orgánico Procesal, de manera que la Corte de Apelaciones sí puede infringir la norma “in comento” en ambos casos. 

 

Es cierto que en el capítulo II correspondiente “De la Apelación de la Sentencia Definitiva”, no existe una norma expresa que se refiera a los requisitos que debe contener la sentencia que resuelve la apelación, sin embargo, no puede haber dudas de que dichos pronunciamientos son considerados sentencias, conforme al artículo 173 del citado Texto Procedimental, y por ello deben ser debidamente fundadas.  Por ende, es obvio considerar que las sentencias de las Cortes de Apelaciones cumplan con una serie de requisitos que se ajusten a lo que toda decisión debe contener, como por ejemplo, expresión del lugar y fecha en que se dicta la sentencia, los nombres de los jueces o magistrados de la Corte de Apelaciones, el tribunal de donde proviene, la naturaleza del juicio o causa contra la cual se haya interpuesto el medio de impugnación, entre otros..., e indudablemente los fundamentos de Derecho de la resolución que se dicte con los razonamientos que, según las Cortes de Apelaciones los hacen aplicables y una dispositiva en la que se declare como se acoge el recurso.

Por otra parte, si analizamos gramaticalmente el segundo aparte del artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dice así: “La Corte de Apelaciones resolverá, motivadamente, con la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes”, la expresión motivadamente va separada de una coma, cuya función en este caso, sirve para aclarar o ampliar lo dicho.  De modo que esa motivación no puede ser exclusiva cuando se incorpore la prueba y los testigos, sino que siempre deben motivar sus decisiones, y más aún, cuando se hayan incorporado pruebas y testigos.

 

Es por ello que, quien aquí discrepa  opina, que si bien al legislador le faltó articular expresamente los requisitos que deben contener las sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones, como bien lo hizo con respecto a las dictadas por el tribunal de juicio (artículo 364 del COPP), se entiende que las decisiones deberán ser resueltas motivadamente según lo dispone el propio artículo 456 eiusdem, siendo entonces posible su infracción por parte de las Cortes de Apelaciones. 

 

Igualmente cabe destacar, que la mayoría de esta Sala de Casación Penal incurre en contradicción respecto a lo señalado, ya que en anteriores oportunidades, e incluso bajo la ponencia de otros Magistrados, han asentado un criterio diferente al aceptar la admisión del recurso de casación cuando los recurrentes han denunciado la falta de motivación por infracción del artículo 456. (Sentencias Nros. 448 23-11-04, 308 1-9-04, 433 4-12-03, etc).

 

            En virtud de lo anterior concurro parcialmente con la decisión que antecede, por no compartir en su totalidad la argumentación acogida por la mayoría de esta Sala, y en defensa de la correcta aplicación de las leyes. Fecha ut supra.

 

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Aponte Aponte

 

El Magistrado Vicepresidente,       La Magistrada Disidente,

 

Héctor Coronado Flores               Blanca Rosa Mármol de León

 

La Magistrada,                            La Magistrada,

 

Deyanira Nieves Bastidas              Miriam Morandy

 

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

BRMdeL/hnq

VC. Exp. N° 06-0380 (EAA)