Caracas, 17 de octubre de 2006

196° y 147°

 

 

 

 

El 4 de agosto de 2006, se presentó ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, una solicitud de avocamiento propuesta por los ciudadanos abogados Jorge Luis Luces Rivas y Hadiée Ronald Valero Camargo, debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 37.235 y 57.934 respectivamente, actuando como defensores del ciudadano Teniente Coronel (Ej.) Pedro José Maggino Belicchi, venezolano, con cédula de identidad N° 5.784.387, actualmente sometido a una medida de privación judicial preventiva de libertad, con motivo de la causa C-11-6495-05, que cursa ante el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, extensión Carora, por la presunta comisión del delito de Transporte Ilícito Agravado de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, tipificado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en concordancia con el numeral 4 del artículo 46 eiusdem.    

 

La defensa, entre otras consideraciones planteó como fundamento de su solicitud lo siguiente:

 

 

“…en fecha 21 de enero de 2006 fue presentada por (sic) ante el Tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, extensión Carora y por parte de la Fiscal Séptima Nacional con Competencia Plena y el Fiscal Vigésimo Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, petición de medida judicial de privación preventiva de libertad en contra de nuestro defendido, señalando que en su criterio se cumplían  los presupuestos para la procedencia de tal medida, no obstante lo dispuesto en el primer aparte del artículo 250 eiusdem, que señala ‘…Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el juez de control resolverá respecto al pedimento realizado...’, es decir, que impone la obligación del Juez de Control de pronunciarse dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud fiscal, éste tardó 32 días para pronunciarse sobre la misma (…) En fecha 21 de febrero de 2006, aparece publicado en el Diario El Nacional y en el Diario Últimas Noticias que el Tribunal Décimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, extensión Carora, había dictado Orden de Aprehensión en contra del Tcnel (sic) PEDRO JOSÉ MAGGINO BELICCHI y fue en fecha 22 de febrero de 2006 que el citado Tribunal se pronuncia, acordando la procedencia de la solicitud realizada por el Ministerio Público expidiendo ese mismo día la respectiva orden de aprehensión. Siendo ejecutada por el ciudadano General de Brigada Director del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional en fecha 26 de febrero de 2006, es decir, que desde ese día nuestro defendido se encuentra detenido. La audiencia de presentación se realizó el día 2 de marzo de 2006, fecha oportuna para que el Juez de Control revisara si se mantenía la medida dictada en los términos del segundo aparte del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, sin embargo, ese juzgador decide inmotivadamente mantener la medida privativa dictada. Contra esta decisión fue ejercido en fecha 7 de marzo de 2006 el recurso de apelación para que fuese conocido por el tribunal de alzada en este caso la Corte de Apelaciones del Estado Lara. La cual no estaba en funcionamiento hasta mediados de Junio y Julio del presente año, hecho que es público y notorio. Sobre el recurso de apelación no ha sido decidido hasta la presente fecha por el mencionado tribunal de alzada (…) En fecha 13 de abril de 2006, siendo este último día de los 15 de prórroga que le acordó el Tribunal de Control, el Ministerio Público presentó formal acusación en contra de nuestro representado (…) La audiencia preliminar fue fijada, en primer lugar, para el día 10 de mayo de 2006. La defensa solicitó formalmente al Ministerio Público que consignara el acervo probatorio con la finalidad de tener tiempo de producir una real y efectiva defensa, en vista de que desde el día 13 de abril hasta el 5 de mayo de 2006 no se había consignado en el expediente de manera formal el acervo probatorio. La defensa presentó ese mismo día y en tiempo hábil el escrito contentivo de recurso de nulidad absoluta en contra del acto conclusivo presentado por los Fiscales del Ministerio Público (…) La audiencia preliminar fijada para el día 10 de mayo de 2006, no se realizó por cuanto la citada juez, se encontraba enferma y de reposo. Uno de los defensores de otro de los imputados recusó a la citada Juez Sileima Angulo Gómez, y a raíz de esta recusación es que la defensa se entera que supuestamente el Ministerio Público con fecha 20 de abril de 2006, se presentó el acervo probatorio señalado por la Fiscalía en su escrito de Imputación. Este conocimiento de la existencia de dichas pruebas sucedió el 16 de mayo de 2006 a casi un mes de la supuesta consignación hecha por el Ministerio Público. La citada juez no dio explicación alguna, en vista de la recusación  (…) el expediente quedó desde el día 12 de mayo de 2006 totalmente acéfalo, en vista del retardo en la distribución del expediente, por lo que la defensa viendo la grave situación trató de recurrir a la Corte de Apelaciones del Estado Lara, la cual no estaba en funcionamiento, por cuanto sus miembros no estaban completos para constituirse. Por lo que se recurrió el día 17 de mayo de 2006 al Juez Coordinador (…) para dejar constancia del grave hecho y  que en vista del no funcionamiento de la Corte de Apelaciones dictará (sic) lo procedente (…) en ningún momento se pronunció y tampoco notificó a los defensores de que así lo hubiere hecho, violando el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…) La defensa (…) se encuentra esperando desde el 10 de mayo de 2006, la celebración de la audiencia preliminar, siendo que actualmente, respecto a los tribunales de control, no existe un juez natural que pueda conocer de la causa en la jurisdicción de los Tribunales de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, extensión Carora, por existir tres Tribunales de Control en esa jurisdicción, estando dos de ellos denunciados en la Comisión Disciplinaria de este (sic) Tribunal Supremo de Justicia y el otro en proceso de jubilación, sin despacho por razones de reposo de la Juez. Y no se ha notificado a los defensores que esta situación sobre la Juez, haya cambiado hasta la presente fecha (…) En cuanto a la  Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, relacionado con el recurso de apelación ejercido en contra de la decisión tomada por el tribunal de control en fecha 2 de marzo de 2006, esta estuvo acéfala hasta mediados del mes de Junio y Julio, lamentablemente, hasta la fecha no se ha tomado una decisión en este sentido, decidiendo el tribunal otros asuntos que fueron sometidos a su consideración con posterioridad, como fueron las recusaciones presentadas (…) No hay un juez que celebre la audiencia preliminar, no hay un juez que decida sobre el escrito de excepciones opuesto por la defensa, no hay un juez que decida sobre la denuncia que se realizó sobre la impertinencia, lo innecesario y la ilicitud de las pruebas ofrecidas por al (sic) fiscalía, no hay un juez que decida sobre las denuncias planteadas en el escrito de nulidad presentado por la defensa del ciudadano Pedro Maggino Belicchi. No hay un juez que decida sobre el ocultamiento a la defensa del acervo probatorio supuestamente presentado por el Ministerio Público en fecha 20 de abril de 2006. Así como que decida que las mismas fueron legalmente admitidas o no a los fines de que los defensores podamos atacar o servirnos de ellas según sean procedentes (…) Ciudadanos Magistrados solicitamos  ustedes que se avoquen al conocimiento de la causa (…) con la finalidad de corregir las violaciones continuas al debido proceso y a los derechos del hoy imputado Tcnel (sic) PEDRO JOSÉ MAGGINO BELICCHI…”.

 

Vista la referida solicitud de avocamiento, la Sala de Casación Penal de conformidad con el numeral 48 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, admite la presente solicitud y acuerda solicitar, con la urgencia del caso, al Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, extensión Carora, el expediente original y todos los recaudos relacionados con la referida causa y ordena paralizar el proceso de acuerdo con el aparte 12 del artículo 18 eiusdem.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

                       ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

Ponente

El Magistrado Vicepresidente,

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

 

Las Magistradas,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

 

La Secretaria

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

EAA/jn

Exp. AA30-P-2006-000370

 

 

 

VOTO SALVADO

 

Yo, Blanca Rosa Mármol de León, Magistrada de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, salvo mi voto en el auto de admisión que antecede, con fundamento en lo siguiente:

 

La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala en el artículo 18, apartes undécimo y duodécimo, lo siguiente:

 

“Artículo 18 (…) Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal de instancia, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa, para resolver si se avoca, y directamente asume el conocimiento del asunto, o, en su defecto lo asigna a otro tribunal.

Esta atribución deberá ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido(…)”. Resaltado de la Sala.

 

 

Siendo la institución del avocamiento una vía excepcional para la resolución de las situaciones señaladas, se requiere que los interesados hayan agotado las vías ordinarias y extraordinarias idóneas para su restablecimiento o solución, a los fines de que la Sala proceda a requerir  el expediente.

 

En el presente caso no consta que el solicitante haya agotado el recurso extraordinario de amparo,  por ello no cumple con los requisitos señalados en el referido artículo y por lo tanto es inadmisible.

 

No obstante, la situación alegada por el solicitante ha sido tomada en consideración por la Sala Plena de este alto Tribunal en Resolución N° 00065 de fecha 4 de octubre del presente año, mediante la cual fueron nombrados veinte jueces itinerantes a los fines de que se constituyeran los tribunales en la Jurisdicción del Estado Lara, dada la situación de retardos en el proceso en dicha entidad.

 

            Queda en estos términos planteado mi voto salvado en el auto que antecede. Fecha ut-supra.

 

 

El Magistrado Presidente,

 

Eladio Aponte Aponte

 

El Magistrado Vicepresidente,                               La Magistrada Disidente, 

 

Héctor Coronado Flores                             Blanca Rosa Mármol de León

 

La Magistrada,                                                         La Magistrada,

 

Deyanira Nieves Bastidas                                 Miriam Morandy

                                     

La Secretaria,

 

Gladys Hernández González

 

BRMdeL/hnq.

VS. Exp. N° 06-0370 (EAA)