Ponencia de la Magistrada Doctora MIRIAM MORANDY MIJARES.

 

El Ministerio Público inició una investigación dada las múltiples denuncias interpuestas por un grupo de personas que resultaron estafadas con ocasión de la pre-venta de unidades de vivienda que serían construidas en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo por la sociedad mercantil MERCAINMUEBLES C.A.  La mencionada empresa, era presidida por el ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA, quien se comprometió a entregar las viviendas a cambio de dinero, pero la entrega jamás se verificó. El Ministerio Público consideró que existían suficientes elementos de convicción para considerar que los hechos denunciados revestían carácter penal y podían subsumirse dentro del supuesto contenido en el artículo 464 del Código Penal anterior, en relación con el artículo 99 “eiusdem”, que tipifica el delito de ESTAFA CONTINUADA, resultando implicado en el hecho el ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA.

 

Consta en el expediente que el ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA no ha podido ser impuesto de los cargos por los cuales se le investiga porque no se ha presentado pese a las notificaciones que en tal sentido ha librado el Ministerio Publico.  También consta que el Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo ordenó la aprehensión del mencionado ciudadano, sin que hasta este momento se haya hecho efectiva su captura.

 

El Tribunal Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, el 30 de noviembre de 2005 decidió suspender la audiencia especial para resolver las excepciones opuestas por el ciudadano abogado ÁNGEL GOLFREDO CONTRERAS (Defensor del ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA) y por el ciudadano ROMER BENJAMÍN MOSQUERA SÁNCHEZ (quien solicitó hacerse parte en el presente proceso por vía de tercería incidental oponiéndose a la medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar decretada sobre dos (2) lotes de terreno, propiedad de la empresa INVERSIONES CANADÁ C.A., a la cual representa como Administrador)  porque el ciudadano imputado RICARDO VERGARA ICAZA  “… no se ha puesto a derecho y (…) no se ha hecho efectiva la captura del mismo …”.  Así mismo, dicho órgano jurisdiccional decidió no fijar una nueva oportunidad hasta que tanto el ciudadano imputado no se ponga a derecho.

 

El ciudadano abogado ÁNGEL GOLFREDO CONTRERAS MOLINA, Defensor del ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA, según lo establecido en el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuso recurso de apelación, alegando que la suspensión de la audiencia “… congela el procedimiento y hace imposible su continuación …”, “… hace permanente la medida de aprehensión como medida privativa de libertad …”, “… causa un gravamen irreparable contra mi defendido y sus bienes, en cuanto a las medidas cautelares acordadas por el Tribunal …” y por último “… rechaza o deniega la extinción del delito por prescripción y caducidad …”.

 

También hizo lo propio el ciudadano ROMER BENJAMÍN MOSQUERA SÁNCHEZ como Administrador de la empresa mercantil INVERSIONES CANADÁ C.A., de acuerdo con el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Se emplazó al Fiscal Vigésimo Cuarto con Competencia Nacional del Ministerio Público para que promoviera pruebas en el lapso de tres días, tal como lo prevé el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

El ciudadano abogado TEODORO EDUARDO CABALLERO ACHOY, Fiscal Auxiliar Adscrito a la Fiscalía Vigésima Octava del Ministerio Público a nivel Nacional con competencia Plena, comisionado para encargarse de la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público, contestó los recursos de apelación interpuestos por el ciudadano abogado ÁNGEL GOLFREDO MOLINA, defensor del ciudadano imputado RICARDO VERGARA ICAZA y; por el ciudadano ROMER BENJAMÍN MOSQUERA SÁNCHEZ, administrador de la sociedad mercantil INVERSIONES CANADA C.A.

 

La Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a cargo de los ciudadanos  jueces abogados MARÍA ARELLANO BELANDRIA, ATTAWAY MARCANO RUÍZ y OCTAVIO ULISES LEAL BARRIOS, el 21 de abril de 2006 decidió lo siguiente:

 

1) Declaró INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano abogado ÁNGEL GOLFREDO MOLINA, defensor del ciudadano imputado, al considerar que “… no tenía legitimación para impugnar actos procesales de carácter personalísimo, como es el asunto sometido a la jurisdicción de esta Alzada, en donde se suspende la audiencia para resolver excepciones opuestas por su defensa hasta tanto no compareciera el imputado a la misma, precisamente en resguardo del derecho a ser impuesto de los cargos que se le imputan y el derecho a ser oído (…) que igualmente repercuten en un debido proceso al impedir maniobras tendientes a burlar la administración de justicia por parte del imputado contumaz  tomando en cuenta el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia respecto a los defensores del imputado contumaz …”.

 

            2) ADMITIÓ el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ROMER BENJAMÍN MOSQUERA SÁNCHEZ, Administrador de la empresa mercantil Inversiones CANADÁ C.A. y asistido por el ciudadano abogado TOMÁS H. PÁEZ GARCÍA.

 

            3) Declaró CON LUGAR la apelación interpuesta por este último ciudadano porque el derecho de propiedad sobre los terrenos pertenecientes a la empresa mercantil Inversiones CANADÁ C.A.  “… está siendo limitado en su ejercicio, por efecto de una decisión judicial que ordena fijar la audiencia para resolver la reclamación del tercero (…) condicionándola a la eventual comparecencia del imputado, quien se encuentra en estado de contumacia …”, REVOCÓ el auto impugnado y ORDENÓ realizar la incidencia relativa a la reclamación de terceros, respecto de las medidas precautelativas decretadas por el tribunal de control, siguiendo lo establecido en el artículo 601 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 551 del Código Orgánico Procesal Penal.  Resolvió que la incidencia se sustancie en cuaderno separado con la presencia del solicitante y del Ministerio Público y sin tocar la materia de fondo de la investigación penal.

 

            El ciudadano abogado ÁNGEL GOLFREDO CONTRERAS MOLINA, Defensor del ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA interpuso recurso de casación.

 

            El ciudadano AGNEDYS MARTÍNEZ BARCELÓ, Fiscal Auxiliar Vigésimo Cuarto del Ministerio Público a nivel Nacional contestó el recurso de casación interpuesto por la defensa del ciudadano imputado RICARDO VERGARA ICAZA y según lo dispuesto en el artículo 464 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

El 28 de julio de 2006 se remitió compulsa del expediente a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia y se recibió el 6 de julio de 2006.  El 11 de julio  de 2006 se designó ponente a la Magistrada Doctora MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

Se cumplieron los trámites procedimentales del caso y la Sala pasa a decidir en los términos siguientes:

 

RECURSO DE CASACIÓN

 

Con fundamento en el artículo 460 del Código Orgánico Procesal Penal, el recurrente denunció la violación de varios artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por las razones siguientes:

 

            1) Violación de último aparte del artículo 24 constitucional, porque las dudas “… no se decidieron a favor de mi defendido, entre ellas el derecho a la defensa por su defensor y sostenedor de sus derechos  …”.

 

2) Violación por falta de aplicación de los diversos numerales del artículo 49 constitucional “… el No. 1) ya que no se le permite la defensa de sus derechos (…) ni se le oye apelación.  El No. 2) ya que no se le presume inocente y se le dicta orden de aprehensión ilegal (…) El No. 3) Por no haber sido oído con las debidas garantías y dentro de los plazos establecidos por la Ley.  El No. 4) Ya que la medida de prohibición de enajenar y gravar no fue dictada por su Juez Natural que es el Juez Civil.  El No. 5) Porque la persecución y terrorismo judicial, se le limitan sus derechos, para presuntamente, obligarlo a disponer de sus bienes a favor de terceras personas, en una averiguación prescrita y caduca.  El no. 6) ya que quieren sancionar a mi representado por actividades económicas lícitas que no constituyen delito y donde no existió intención de causar daño a nadie.  El No. 8) En consideración a que no se le restablece la situación jurídica lesionada …”.

 

3) Violación del artículo 50 constitucional porque “… al ciudadano imputado no se le reconoce el derecho a transitar libremente por el territorio nacional, así como ausentarse de la república, tomando en cuenta que contra él no existe ninguna medida preventiva que le limite este derecho …”. 

 

            4) Violación del artículo 51 constitucional porque “… habiendo hecho peticiones ante la fiscalía y los tribunales (…) no ha recibido respuesta inmediata …”.

 

            5) Indebida aplicación del artículo 271 constitucional, porque “… sólo permite medidas cautelares en delitos de deslegitimación de capitales drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y los derechos humanos. Quiero destacar que para la reparación del daño y la indemnización de perjuicios es necesario la existencia de una sentencia condenatoria y proceder conforme a los artículos 422 y siguientes del COPP, por lo tanto no proceden medidas preventivas contra los bienes del imputado en la etapa de averiguación …”.

 

            También denunció la violación de disposiciones de carácter penal sustantivo y adjetivo, por las razones que se especifican a continuación:

 

            1) Falta de aplicación del artículo 61 del Código Penal, porque el ciudadano imputado no tuvo intención de cometer un hecho punible.

 

            2) Falta de aplicación del ordinal 5° del artículo 108 “eiusdem”,  porque la prescripción de la acción penal operó hace tres años y no fue declarado de oficio por el juez. En relación con lo anterior señaló la violación del artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal, que obliga a los jueces a pronunciarse sobre las excepciones opuestas.

 

3) Falta de aplicación del primer aparte del artículo 110 “ibídem”, porque la acción penal está prescrita y el juicio se ha prolongado por culpa de la fiscalía.

 

4) Falta de aplicación del artículo 247 del Código Orgánico Procesal Penal, porque las disposiciones que restringen la libertad deben ser interpretadas restrictivamente y en el presente caso se dictó orden de aprehensión del imputado a pesar de que el delito merece una pena menor a tres años.

 

5) Falta de aplicación del artículo 253 “eiusdem”, porque no procedía decretar la medida privativa de libertad contra mi defendido en virtud de que el delito que se le imputó tiene una pena menor de tres años y “… por lo demás está prescrito y caduco …”.

 

6) Indebida aplicación del artículo 433 “ibídem” que “… faculta al defensor para recurrir, salvo contra la voluntad expresa del imputado y aquí no ha existido voluntad contraria …”.

 

            7) Indebida aplicación del artículo 461 del código penal adjetivo, porque se hizo valer a favor de la fiscalía la garantía establecida a favor del acusado.

 

            La Sala, para decidir, observa:

 

            El artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal indica los fallos que pueden ser impugnados mediante el recurso de casación. Al respecto dispone lo siguiente:

 

Artículo 459. Decisiones recurribles. El recurso de casación sólo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de las cortes de apelaciones que resuelven sobre la apelación, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación particular propia o en su acusación privada, la aplicación de una pena privativa de libertad que en su límite máximo exceda de cuatro años; o la sentencia condene a penas superiores a esos límites, cuando el Ministerio Público o el acusador particular o acusador privado hayan pedido la aplicación de pena inferiores a las señaladas.

Asimismo serán impugnables las decisiones de las cortes de apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aún cuando sean dictadas en la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior”.

 

En el presente caso, el recurso de casación ha sido interpuesto contra la sentencia de la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Estado Carabobo declaró INADMISIBLE la apelación del ciudadano abogado ÁNGEL GOLFREDO CONTRERAS MOLINA, defensor del ciudadano imputado RICARDO VERGARA ICAZA, contra el auto del tribunal de control de fecha 30 de noviembre de 2005 que difirió la audiencia especial para resolver las excepciones opuestas por él y acordó no fijar nueva oportunidad para la celebración de la misma, hasta tanto su defendido -contra el cual existe orden de aprehensión- se pusiera a derecho.

 

            La otra parte del dispositivo de la sentencia recurrida consiste en la declaratoria con lugar del recurso de apelación interpuesto por el ciudadano ROMER BENJAMÍN MOSQUERA SÁNCHEZ, Administrador de la empresa mercantil Inversiones CANADÁ C.A. y la orden de realizar la incidencia prevista en el artículo 601 y siguientes del Código de Procedimiento Civil para la reclamación de terceros, que se ventilará en cuaderno separado y sin tocar la materia de fondo de la investigación penal adelantada contra el ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA.

 

De lo anterior se evidencia que el fallo recurrido no es impugnable mediante el recurso extraordinario de casación pues no se trata de una decisión que ponga fin al juicio o impida su continuación, por el contrario evidencia que el mismo se encuentra en fase preparatoria y que el Ministerio Público ni siquiera ha podido imponer al ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA de los hechos que se le imputan en virtud de que éste no se ha puesto a derecho y tampoco se ha logrado la captura del mismo dada la orden de aprehensión emanada por el tribunal de control.

 

Así mismo, la apertura de una incidencia que resuelva sobre la procedencia o improcedencia de la reclamación del ciudadano ROMER BENJAMÍN MOSQUERA SÁNCHEZ, Administrador de la empresa mercantil Inversiones CANADÁ C.A., quien solicita el levantamiento de la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el tribunal de control sobre dos lotes de terreno que (según alega) son propiedad de su representada, no tocará la materia de fondo de la investigación penal adelantada contra el ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA, la cual –como ya se asentó- todavía se encuentra en fase preparatoria.

 

En consecuencia, el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado ÁNGEL GOLFREDO CONTRERAS MOLINA, Defensor del ciudadano RICARDO VERGARA ICAZA debe declararse inadmisible de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 465 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se decide.

 

No obstante la decisión anterior el Tribunal Supremo de Justicia, en orden a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución, ha revisado el expediente para saber si se vulneraron los derechos del imputado o si hubo vicios que hicieran procedente la nulidad de oficio en su provecho y en aras de la justicia y ha encontrado el fallo ajustado a Derecho y así lo hace constar.

 

DECISIÓN

 

Por las razones anteriormente expuestas el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado ÁNGEL GOLFREDO CONTRERAS MOLINA, defensor del ciudadano imputado RICARDO VERGARA ICAZA, contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2006 por la Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

 

Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en  Sala  de Casación Penal, en Caracas, a los 24 días  del mes de octubre de dos mil seis. Años 196° de la Independencia y 147º de la Federación.

 

 

Publíquese, regístrese y bájese el expediente.

 

El Magistrado Presidente,

 

ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

 

El Magistrado Vicepresidente,

 

HÉCTOR CORONADO FLORES

 

La Magistrada,

 

BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN

 

La Magistrada,

 

DEYANIRA NIEVES BASTIDAS

 

La Magistrada,

 

MIRIAM MORANDY MIJARES

Ponente

La Secretaria,

 

GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

 

Exp. 2006-374

MMM.