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Ponencia de la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO
El 20 de agosto de 2021, la Secretaría de esta Sala de Casación Penal dio entrada al expediente proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano NATALINO D´AMATO, extranjero, titular de la cédula de identidad N° E-81.327.623, en virtud de la Notificación Roja distinguida con el número de control A-1702/2-2021, emitida el 26 de febrero de 2021 a requerimiento de la OCN Interpol del Gobierno de los Estados Unidos de América, por los delitos de “Asociación ilícita destinada al Blanqueo de Capitales, Blanqueo de Instrumento Monetario a Escala Internacional, Blanqueo de Capitales, realización de transacciones con haberes procedentes de actividades delictivas”, previstos y sancionados en el artículo 1956(h) del título 18 del Código de Estados Unidos, artículos 1956(a)(2)(A) y 2 del Título 18 del Código de Estados Unidos, artículos 1956(a)(1)(A) y 2 del Título 18 del Código de Estados Unidos y artículos 1957 y 2 del Título 18 del Código de Estados Unidos.
En este mismo día, se dio cuenta en esta Sala de Casación Penal de haberse recibido el expediente y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se designó ponente a la Magistrada Doctora ELSA JANETH GÓMEZ MORENO, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
DE LA COMPETENCIA
Esta Sala de Casación Penal debe determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de extradición pasiva y, al efecto, observa:
El artículo 29, numeral 1, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone lo siguiente:
“…Son competencias de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 1. Declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición en los casos que preceptúan los tratados o convenios internacionales o la ley…”.
De la transcripción del artículo anterior, se observa que el conocimiento de las solicitudes de extradición corresponde a esta Sala de Casación Penal, en consecuencia, se declara su competencia para conocer del presente asunto. Así se decide.
DE LOS HECHOS
Los hechos que se desprenden de la solicitud realizada por la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL WASHINGTON, del Gobierno de los Estados Unidos de América, mediante la Notificación Roja distinguida con el número de control A-1702/2-2021, el 26 de febrero de 2021 son los siguientes:
“… Entre cerca de enero de 2013 y diciembre de 2017 Natalino D´AMATO participó en una operación destinada al banqueo de los beneficios obtenidos a partir de contratos fraudulentos conseguidos mediante el pago de sobornos a funcionarios de la compañía de energía controlada por el Estado y propiedad de este, denominada Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Esta compañía había formado una empresa conjunta con otras petroleras de otros países en la faja petrolífera del Orinoco, sita en Venezuela, para aprovechar los conocimientos especializados de aquellas. El grupo empresarial pasó a denominarse filiales de PDVSA y estaba controlado por esta última que era la propietaria mayoritaria del mismo. D´AMATO se asoció ilícitamente con otras personas, entre ellas encargados de contrataciones que trabajaban para las filiales de PDVSA, con miras a proceder al blanqueo de los beneficios obtenidos a partir de una operación ilícita de soborno, utilizando para ello cuentas bancarias radicadas en el distrito de Florida. …”.
ANTECEDENTES DEL CASO
Consta en el expediente Notificación Roja distinguida con el número de control A-1702/2-2021, emitido el 26 de febrero de 2021, por la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL WASHINGTON, del Gobierno de los Estados Unidos de América, contra el ciudadano NATALINO D´AMATO, de nacionalidad extranjera, en la cual se deja constancia de lo siguiente:
“…Natalio D´AMATO
N° de control: A-1702/2-2021
País solicitante: Estados Unidos
Número de expediente: 2021/13053
Fecha de Publicación: 26 de febrero de 2021
Última actualización: 26 de febrero de 2021
PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL
(…)
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
(…)
Apellidos: D AMATO
Nombre: Natalino
Sexo: Masculino
Fecha y lugar de nacimiento: 23 de diciembre de 1958 – Italia
Nacionalidad: Italia (comprobada).
Otros nombres
Tipo Apellido(s) Nombre(s)
Alias DAMATO Natalino
Alias D´AMATO Natalino
Apellido(s) y nombre del padre: DAMATO Cesare
Apellidos de soltera y nombre de la madre: LEOPARDI Lina
Ocupación: Contratista
Idiomas que habla: italiano, español
Regiones/países a donde pudiera desplazarse: Venezuela (ANZOATEGUI), Italia
Documentos de identidad
Nacionalidad Tipo Número Fecha de expiración
Italia Pasaporte YA6921141 11 de noviembre de 2021
Italia Pasaporte 563306U
Descripción física
Talla (cm): 173 Peso (kg): 99 Cabello: Castaño
Ojos: Castaños Complexión: Robusta
2. CASO
Exposición de los hechos
Entre cerca de enero de 2013 y diciembre de 2017 Natalino D´AMATO participó en una operación destinada al banqueo de los beneficios obtenidos a partir de contratos fraudulentos conseguidos mediante el pago de sobornos a funcionarios de la compañía de energía controlada por el Estado y propiedad de este, denominada Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Esta compañía había formado una empresa conjunta con otras petroleras de otros países en la faja petrolífera del Orinoco, sita en Venezuela, para aprovechar los conocimientos especializados de aquellas. El grupo empresarial pasó a denominarse filiales de PDVSA y estaba controlado por esta última que era la propietaria mayoritaria del mismo. D´AMATO se asoció ilícitamente con otras personas, entre ellas encargados de contrataciones que trabajaban para las filiales de PDVSA, con miras a proceder al blanqueo de los beneficios obtenidos a partir de una operación ilícita de soborno, utilizando para ello cuentas bancarias radicadas en el distrito de Florida.
PRÓFUGO BUSCADO PARA UN PROCESO PENAL
ORDEN DE DETENCIÓN O RESOLUSIÓN JUDICIAL 1/1
Calificación del delito:
1) asociación ilícita destinada al blanqueo de capitales;
2) blanqueo de instrumentos monetarios a escala internacional (4 cargos);
3) blanqueo de capitales (3 cargos);
4) realización de transacciones con haberes procedentes de actividades delictivas (3 cargos).
Referencias de las disposiciones de la legislación penal que reprimen el delito:
1) artículo 1956(h) del título 18 del Código de Estados Unidos.
2) artículos 1956(a)(2)(A) y 2 del Título 18 del Código de Estado Unidos;
3) artículos 1956(a)(1)(A) y 2 del Título 18 del Código de Estado Unidos;
4) artículos 1957 y 2 del Título 18 del Código de Estado Unidos;
Pena máxima aplicable: Años: 20
Detalles: 1) 20 años de privación de libertad
2) 20 años de privación de libertad por cargo
3) 20 años de privación de libertad por cargo
4) 10 años de privación de libertad por cargo
Orden de detención o resolución judicial equivalente
Número Fecha de expedición Expedida o dictada por País
20-20241-CR-WILLIAMS/MCALILEY 24 de noviembre de 2020 Autoridades judiciales del distrito sur de Florida Estados Unidos ……………………………………………………… ………
Firmante (nombre y apellidos): Janier Arellano
¿Dispone la Secretaría General una copia de la orden de detención en el idioma del país solicitante? No
3. MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR EN CASO DE LOCALIZAR A ESTA PERSONA
LOCALIZAR Y DETENER CON MIRAS A SU EXTRADICIÓN:
Se dan garantías de que se solicitará la extradición al ser detenida la persona, de conformidad con la legislación nacional aplicable y los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes
DETENCIÓN PREVENTIVA:
Esta solicitud debe ser tratada como una solicitud oficial de detención preventiva. Rogamos procedan a la detención preventiva, de conformidad con la legislación nacional aplicable y con los tratados bilaterales y multilaterales pertinentes.
Avísese inmediatamente a la OCN WASHINGTON Estados Unidos de América (referencia de la OCN 20201234221 del 23 de febrero de 2021) y a la Secretaría General de la OIPC-INTERPOL en caso de localizar a esta persona….”
Según consta en las actas que conforman el presente expediente se puede verificar que en fecha 15 de julio de 2021, el ciudadano NATALINO D´AMATO se acercó a la comisaría policial ubicada en la Av. Principal de Lechería y le solicitó a los funcionarios policiales que lo verificaran manifestando que el mismo no tiene ningún tipo de problema legal con el Estado venezolano y que aparentemente recae sobre él una solicitud internacional con código rojo emanada por los Estados Unidos de América, razón por la cual los funcionarios procedieron a verificarlo y dejando constancia en el acta policial de lo siguiente:
“…pudimos comunicarnos con el COMISARIO (LCDO) GUSTAVO HERNANDEZ JEFE REGIONAL INTERPOL OFICINA BARCELONA, quien nos manifestó que el ciudadano D” AMATO NATALINO E-81.327.623 PRESENTA CODIGO ROJO. CON SOLICITUD POR ANTE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS, SEHUN PUNTUACION 0040 NO ESPECIFICA DELITO, y quien manifestó que dicho ciudadano debería ser presentado en la CEDE PRINCIPAL INTERPOL ubicada en Caracas Distrito Capital en las próximas horas. Seguidamente se le hizo lectura de sus derechos basándose en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, Luego y bajo previo conocimiento de nuestros jefes naturales fue trasladado el ciudadano aprehendido hacia la sede de nuestro despacho Avenida Pedro María Freite, municipio Simón Bolívar, Parroquia San Cristóbal, Barcelona Estado Anzoátegui en la Sede de la Dirección Nacional de Investigación Penal, en otro orden de ideas se realizo llamada telefónica al sistema integral de información policial (SIIPOL) siendo atendidos por el operador de guardia O/A Valecillos Luis donde nos indica que no hay sistema para el momento una vez en el lugar se le realizo un enlace telefónico al fiscal de guardia, FISCAL DE GUARDIA ENCARGADO DE LA SALA DE FLAGRANCIA Dr. POITO PABLO a quien se le hizo conocer la aprehensión del ciudadano antes mencionado, el cual se dio por notificado manifestando a su vez que se le realizaran las diligencias pertinentes y fuera puesto a la orden ante la oficina competente, por tal motivo se dan inicios a las actas procesales signadas con el número de expediente CPNB-SP-016-GD-21214-2021, posteriormente fue trasladado hacia el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC)… Una vez realizadas todas estas diligencias el ciudadano aprehendido será presentado en las próximas horas, en la Dirección Nacional de la Organización Internacional de la Policía Criminal, ubicada en el Parque Carabobo Caracas. “(SIC)
En razón de ello, 16 de julio de 2021, ante la Dirección de Policía Internacional, División de Investigaciones Interpol, fueron presentadas las actuaciones con el número de oficio CPNB-DIP-ANZ-2021, relacionadas con la aprehensión del ciudadano NATALINO D´AMATO, motivo por el cual se suscribió acta de investigación penal en donde se señala lo siguiente:
“…se procedió a revisar la documentación en referencia percatándonos que el procedimiento debió ser notificado a los órganos judiciales del estado Anzoátegui, motivo por el cual se procedió a informar al Jefe de Investigaciones de este Despacho comisario Gonzalo INOJOSA, quien informó a los superiores inmediatos de esta Dirección, de lo antes descrito, acordándose que notificaran a la Coordinadora de asuntos internacionales, por cuanto el detenido en referencia no ha sido presentado ante organismo judicial alguno, acto seguido procedió a realizar llamada (…) quien luego de ser impuesta del motivo de la llamada, la misma manifestó del mal proceder, efectuado por los funcionarios integrantes y aprehensores de la presente comisión, afirmando que se le hará un llamado de atención por el mal actual policial, no obstante que evaluáramos prestar la colaboración recibiendo el procedimiento al igual que el detenido en mención fuese presentado el día de mañana ante los tribunales de flagrancia de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas...” (SIC)
El 17 de julio de 2021, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, se llevó a cabo la audiencia para oír al imputado el ciudadano NATALINO D´AMATO, ut supra identificado, quien aparece registrado en la Notificación Roja distinguida con el número de control A-1702/2-2021, emitida el 26-2-2021, por Oficina Central Nacional (OCN) WASHINGTON INTERPOL, del Gobierno de los Estados Unidos de América, por encontrarse solicitado por “Asociación ilícita destinada al Blanqueo de Capitales, Blanqueo de Instrumento Monetario a Escala Internacional, Blanqueo de Capitales, realización de transacciones con haberes procedentes de actividades delictivas”, acto en el cual el referido Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control “…DICTA LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: con relación a la solicitud Ministerio Público en lo que respecta a que se inicie el PROCEDIMIENTO DE EXTRADICION PASIVA, este tribunal ACUERDA la presente solicitud de conformidad con el artículo 386 y 387 del código orgánico procesal penal. SEGUNDO: con relación a la solicitud Ministerio Público en lo que respecta las actuaciones sean remitidas a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, este tribunal ACUERDA la presente solicitud de conformidad con el articulo 386 y 387 del código orgánico procesal penal.. TERCERO: Vista la exposición tanto de la Fiscalía del Ministerio Publico, así como la Defensa, así como revisadas las actuaciones, este Juzgado NIEGA La Medida Privativa De Libertad Solicitado Por La Fiscal Del Ministerio Publico y ACUERDA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTDAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 242 ordinal 1 y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber: ARRESTO DOMICILIARIO CON APOSTAMIENTO, como la prohibición de salir sin autorización del país, la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el Tribunal...”. (Sic).
En misma fecha 17 de julio de 2021, el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó dispositiva señalando: “...Acuerda la inmediata remisión de las presentes actuaciones a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN PASIVA del ciudadano D´AMATO NATALINO...”. (Sic).
El 20 de agosto de 2021, la Secretaría de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, recibió proveniente del Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal en Función de Control del Área Metropolitana de Caracas, el expediente relacionado con el procedimiento de EXTRADICIÓN PASIVA, seguido al ciudadano NATALIO D´AMATO.
Recibido el expediente en esta Sala de Casación Penal, en fecha 20 de agosto de 2021, se acordó librar los oficios números:
a) 146, al ciudadano Fiscal General de la República, informándole sobre el proceso de extradición pasiva del ciudadano NATALIO D´AMATO, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 111, numeral 16, del Código Orgánico Procesal Penal, y de así estimarlo pertinente, emitiese opinión al respecto;
b) 147, al Director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, solicitándole información respecto de si contra el prenombrado ciudadano cursaba investigación fiscal;
c) 148, al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitándole información sobre los movimientos migratorios del serial de la cédula de identidad V- 6.498.386;
d) 149, al Director General del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, solicitándole información sobre los datos filiatorios, las huellas decadactilares, las trazas y registros fotográficos del serial de la cédula de identidad V- 6.498.386;
e) 150, al Jefe de la División de Información Policial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, requiriéndole información si contra el aludido ciudadano existe algún registro policial.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Determinada la competencia, pasa esta Sala de Casación Penal a decidir la procedencia de la extradición pasiva y, en tal sentido, observa:
a) Prescripciones de Derecho Internacional:
En este sentido, cabe observar que entre los Gobiernos de Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela, rige un Tratado de Extradición, firmado en Caracas el 19 de enero de 1922, con aprobación legislativa del 12 de junio de 1922, ratificación Ejecutiva del 15 de febrero de 1923 y canje de ratificaciones efectuado en Caracas, el 14 de abril de 1923; conforme al cual las partes contratantes, respecto al procedimiento de extradición, convinieron lo siguiente:
“(…) Artículo I.- El Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela [hoy República Bolivariana de Venezuela] y el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América convienen en entregar a la justicia, mediante petición hecha con arreglo a lo que en este Convenio se dispone, a todos los individuos acusados o convictos de cualquiera de los delitos cometidos dentro de la jurisdicción de una de las Altas Partes Contratantes y especificados en el artículo 2° de este Convenio, siempre que dichos individuos estuvieren dentro de la jurisdicción a tiempo de cometer el delito y que busquen asilo o sean encontrados en el territorio de la otra. Dicha entrega tendrá lugar únicamente en virtud de las pruebas de culpabilidad que según la legislación del país en que el refugiado o acusado se encuentre, justificarían su detención y enjuiciamiento si el crimen o delito se hubiese cometido allí (…)
Artículo XI.- Las estipulaciones de este Convenio serán aplicables a todos los territorios, donde quiera que estén situados, pertenecientes a cualquiera de las Partes contratantes o sometidos a su jurisdicción o control.
Las solicitudes para la entrega de los fugados serán practicadas por los respectivos agentes diplomáticos de las Partes contratantes. En el caso de ausencia de dichos agentes del país o de la residencia del Gobierno o cuando se pide la extradición de territorios incluidos en el párrafo precedente que no sean los Estados Unidos la solicitud podrá hacerse por los funcionarios consulares superiores.
Dichos representantes diplomáticos o funcionarios consulares superiores serán competentes para pedir y obtener el arresto preventivo de la persona cuya entrega se solicita ante el Gobierno respectivo. Los funcionarios judiciales decretarán esta medida de acuerdo con las formalidades legales del país a quien se pide la extradición.
Si el delincuente fugitivo hubiere sido condenado por el delito por el que se pide su entrega, se presentará copia debidamente autorizada de la sentencia del tribunal ante el cual fue condenado. Sin embargo, si el fugitivo se hallase únicamente acusado de un delito, se presentará una copia debidamente autorizada del mandamiento de prisión o auto de detención en el país donde se cometió y de las declaraciones en virtud de las cuales se dictó dicho mandamiento, con la suficiente evidencia o prueba que se juzgue adecuada para el caso.
Artículo XII. Cuando una persona acusada haya sido detenida en virtud del mandamiento y orden preventiva de arresto dictados por la autoridad competente, según se dispone en el artículo XI de este Convenio, y llevada ante el juez o magistrado con el objeto de examinar las pruebas de su culpabilidad en la forma dispuesta en dicho artículo, y resulte que el mandamiento u orden preventiva de arresto han sido dictados por virtud de requerimiento o declaración del Gobierno que pide la extradición, recibidos por telégrafo, podrá mantenerse la detención del acusado por un período que no exceda de dos meses para que dicho Gobierno pueda presentar ante el juez o magistrado la prueba legal de la culpabilidad del acusado; si al expirar el período de dos meses no se hubiese presentado ante el juez o magistrado dicha prueba legal, la persona detenida será puesta en libertad (…)”.
b) De las normas internas aplicables:
En nuestro país, la extradición pasiva encuentra su fundamento legal en los artículos 386, 387, y 388, del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales en su letra establecen lo siguiente:
“Artículo 386:
Si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal Supremo de Justicia con la documentación recibida.
Artículo 387:
Si la solicitud de extradición formulada por un gobierno extranjero se presenta sin la documentación judicial necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla después, y con la petición de que mientras se produce se aprehenda al imputado o imputada, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público podrá ordenar, según la gravedad, urgencia y naturaleza del caso, la aprehensión de aquél o aquélla.
Una vez aprehendido o aprehendida deberá ser presentado o presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes ante el Juez o Jueza que ordenó su aprehensión, a los fines de ser informado o informada acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten.
El tribunal de control remitirá lo actuado al Tribunal Supremo de Justicia, que señalará el término perentorio para la presentación de la documentación, que no será mayor de sesenta días continuos.
El término perentorio de sesenta días se computará desde que conste en el respectivo expediente, la notificación hecha por el Ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores, de la detención, al gobierno del país requirente.
Artículo 388:
Vencido el lapso al que se refiere el artículo anterior, el Tribunal Supremo de Justicia ordenará la libertad del aprehendido o aprehendida si no se produjo la documentación ofrecida, sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad si posteriormente recibe dicha documentación (…)”.
De igual modo, esta Sala de Casación Penal, en cuanto al procedimiento de extradición pasiva, en sentencia N° 113, de fecha 13 de abril de 2012, dejó establecido lo siguiente:
“(…) De acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente en nuestro país, la extradición (en su modalidad pasiva) puede ser tramitada por un gobierno extranjero ante la República Bolivariana de Venezuela, básicamente, por dos vías; en primer lugar, solicitando, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona requerida, con el compromiso de producir posteriormente, la solicitud formal de extradición, y en segundo término, presentando directamente la solicitud formal de extradición con la documentación judicial necesaria (…)
En el primer supuesto, de solicitud de detención preventiva con fines de extradición, el gobierno extranjero, con fundamento en una orden de detención (proveniente de una medida cautelar o de una sentencia condenatoria) librada por los órganos judiciales de su país, puede solicitar a cualquier país (de manera genérica, normalmente a través de Alertas o Notificaciones Rojas Internacionales, llevadas por los organismos policiales internacionales) o a un país determinado (si se tiene conocimiento que la persona requerida pudiera encontrarse en su territorio), que se ubique y se practique la detención de la persona requerida, comprometiéndose a consignar posteriormente (en el supuesto de que la persona requerida sea ubicada) la solicitud formal de extradición, con la documentación judicial necesaria, de acuerdo a lo dispuesto en los tratados, convenios, acuerdos internacionales, prescripciones del Derecho Internacional o principio de reciprocidad, dependiendo del caso.
En este supuesto, los órganos policiales de nuestro país, una vez ubicada y aprehendida la persona solicitada, deben notificar inmediatamente al representante del Ministerio Público, quien presentará a la persona requerida ante el Juzgado de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal donde se practicó la detención (al que corresponda conocer previo proceso de distribución), dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención (…)
El Juzgado en Función de Control designado, celebrará una Audiencia (básicamente con la presencia del Fiscal del Ministerio Público asignado, la persona aprehendida y su Defensor), únicamente a los fines de informar a la persona aprehendida de los motivos de su detención, imponerla de los derechos que le asisten y ordenar la remisión de todas las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Penal, que es el órgano jurisdiccional competente para decidir en el procedimiento de extradición (…) Una vez celebrada la audiencia, el referido Juzgado de Control deberá ejecutar la orden de remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, en un lapso no mayor de veinticuatro horas después de dictada.
Recibidas las actuaciones, la Sala de Casación Penal, inmediatamente, deberá notificar la detención de la persona solicitada al país requirente (a través de los canales diplomáticos correspondientes) y fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria, a cuyos fines deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Dicho término perentorio, deberá computarse a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días continuos (…) por ende, el referido lapso no admite prórroga de oficio.
En el supuesto de que el término perentorio fijado al país requirente (para consignar la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria) se cumpla en su totalidad y el país requirente no produzca la solicitud formal de extradición con la documentación necesaria ofrecida, la Sala de Casación Penal, deberá ordenar la libertad (sin restricciones) del aprehendido, así como, el archivo del expediente contentivo de la solicitud de detención preventiva con fines de extradición; sin perjuicio de acordar nuevamente la privación de libertad, si posteriormente se recibe dicha documentación (…)
La Sala, únicamente, podrá emitir pronunciamiento sobre la procedencia de una extradición, cuando el país requirente consigne la solicitud formal (…)” [Resaltado de este fallo].
Del análisis de las disposiciones legales precedentemente señaladas y de la jurisprudencia sentada por esta Sala de Casación Penal, se observa que el trámite del procedimiento de extradición de una persona requerida por otro Estado, exige que una vez que los órganos policiales ubiquen y aprehendan a la persona solicitada en extradición, deberán notificar inmediatamente al Ministerio Público, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a dicha aprehensión, presente a la persona requerida ante un Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal, al cual le corresponda conocer por el lugar donde se practicó la detención. Posteriormente, el Juzgado de Control celebrará la audiencia y ordenará la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.
Recibidas las actuaciones en esta Sala de Casación Penal, se deberá notificar a la representación diplomática del país requirente, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, sobre la detención de la persona solicitada y se fijará un término perentorio para la presentación de la solicitud formal de extradición y de la documentación judicial necesaria. Dicho término perentorio, a los efectos de las normas internas de la República Bolivariana de Venezuela, deberá computarse, de acuerdo con lo señalado en el artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal, a partir de la notificación al país requirente y no podrá ser mayor de sesenta días (60) continuos. No obstante lo contenido en la disposición legal en comento, en el presente caso, dicho término, conforme con lo dispuesto en el artículo XII del Tratado de Extradición firmado entre ambos países (Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela), es de dos (2) meses.
Ahora bien, tal como se señaló, si bien en los autos consta la Notificación Roja distinguida con el número de control A-1702/2-2021, emitida 26 de febrero de 2021 por la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL WASHINGTON, del Gobierno de los Estados Unidos de América, en contra del ciudadano NATALINO D´AMATO, de nacionalidad extranjera, titular de la cédula de identidad N° E-81.327.623, por encontrarse solicitado por los delitos de “…Asociación ilícita destinada al Blanqueo de Capitales, Blanqueo de Instrumento Monetario a Escala Internacional, Blanqueo de Capitales, realización de transacciones con haberes procedentes de actividades delictivas… ”, previstos y sancionados en la legislación del Gobierno de los Estados Unidos de América en los artículos 1956 (h) del título 18 del Código de Estados Unidos, artículos 1956(a)(2)(A) y 2 del Título 18 del Código de Estado Unidos; artículos 1956(a)(1)(A) y 2 del Título 18 del Código de Estado Unidos, en razón de lo cual, la representación del Ministerio Público solicitó “…la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad con fines de Extradición, conforme al artículo 387 del Código Orgánico Procesal Penal…”, lo presentó ante el Tribunal Primero de Primera Instancia Estadal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, órgano jurisdiccional que le informó acerca de los motivos de su detención y de los derechos que le asisten, decretándole la medida de privación judicial preventiva de libertad y ordenando la remisión de las actuaciones a esta Sala de Casación Penal, para que determinara la procedencia de la extradición del referido ciudadano; sin embargo, no consta la solicitud formal de extradición por parte de las autoridades competentes del Gobierno de los Estados Unidos de América, ni la documentación judicial necesaria, requisitos estos indispensables para decidir sobre la procedencia de la extradición, toda vez que, se reitera, lo que consta es una solicitud de detención preventiva con fines de extradición, expedida por la Oficina de INTERPOL (OCN-WASHINGTON) del Gobierno de los Estados Unidos de América.
Siendo ello así, y cumplidos los actos procesales ya narrados, lo procedente en el presente caso, es la notificación al país requirente sobre la detención del ciudadano requerido, para que, en el lapso establecido, formalice la solicitud de extradición y presente la documentación judicial necesaria que soporte su petición.
Sobre este particular, esta Sala de Casación Penal observa que tal como se señaló precedentemente, el Tratado de Extradición firmado entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela, en cuanto al término perentorio que se le ofrece a la Parte requirente para la presentación de la solicitud formal de extradición, establece un lapso de dos (2) meses. Ello es la razón por la cual lo procedente es NOTIFICAR al Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del lapso perentorio antes señalado que tiene, a partir del día siguiente a la fecha en que se efectúe su notificación, para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición del ciudadano NATALINO D´AMATO , conforme con lo previsto en el artículo XII del Tratado de Extradición firmado entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela. Debiendo dejarse constancia que, en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano, de acuerdo con el referido artículo del Tratado. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, acuerda NOTIFICAR al Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, del término perentorio de dos (2) meses, que tiene, a partir del día siguiente a la oportunidad en la cual se efectúe su notificación, para presentar la solicitud formal de extradición y la documentación judicial necesaria en el procedimiento de extradición pasiva del ciudadano NATALINO D´AMATO, extranjero, titular de la cédula de identidad N° E-81.327.623, conforme con lo establecido en el Tratado de Extradición firmado entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela, con expresa constancia que, en caso de no ser presentada la documentación requerida en dicho lapso, se ordenará la libertad sin restricciones del mencionado ciudadano, según lo dispuesto en el artículo XII del citado Tratado, y en el artículo 388 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, regístrese y ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, en Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Años: 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
El Magistrado Presidente,
MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ
ELSA JANETH GÓMEZ MORENO FRANCIA COELLO GONZÁLEZ
(Ponente)
El Magistrado, La Magistrada,
JUAN LUIS IBARRA VERENZUELA YANINA BEATRIZ KARABIN DE DÍAZ
La Secretaria,
ANA YAKELINE CONCEPCIÓN DE GARCÍA
Las Magistradas, Doctoras: Yanina Beatriz Karabin De Díaz y Francia Coello González no firmaron por motivos justificados.
EJGM