SALA DE CASACIÓN SOCIAL

 

Ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ.

 

La Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, remitió a esta Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social de este Alto Tribunal, por declinatoria de competencia, el recurso de interpretación propuesto por la abogada Mónica Oviedo, actuando en su condición de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), del “Decreto dictado por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 16 de junio de 1925 y publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 15.660 de fecha 11 de agosto de 1925 (…) del Decreto Presidencial N° 1124 de fecha 18 de octubre de 1963 publicado en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 27.274 de esa misma fecha.” (sic).

 

En fecha 5 de junio de 2008, se dio cuenta en Sala y se asignó la ponencia al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.

 

Siendo la oportunidad para ello, se pasa a decidir el presente recurso bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las consideraciones siguientes:

 

DEL RECURSO DE INTERPRETACIÓN

 

Con la interposición del presente recurso se procura, entre otras consideraciones, la exégesis del Decreto dictado por el extinto Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 16 de junio de 1925 y del Decreto Presidencial N° 1124 de fecha 18 de octubre de 1963; solicitud ésta que se efectúa conforme al siguiente criterio:

 

Bajo la vigencia de la Constitución Nacional dictada el día 24 de junio de 1922 por el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela, en fecha 16 de junio de 1925 (…) aprobaron conjuntamente (…) la adjudicación gratuita de terrenos baldíos situados en el Municipio Veroes del Distrito San Felipe del Estado Yaracuy (…).

 

(…) el Ministro de Fomento de los Estados Unidos de Venezuela, Antonio Alamo, luego de haber refrendado la adjudicación antes mencionada, y visto que los beneficiarios cumplieron con todas las formalidades prescritas por la Ley de Tierras de Baldías (sic) y Ejidos de 27 de junio de 1925, confirió a favor de los ciudadanos antes mencionados (…) título de propiedad sobre las referidas veinte mil cuatrocientas hectáreas (…) (…).

 

(…) siendo dicha adjudicación sobre un lote de terreno ubicado en la Comunidad Agua Negra jurisdicción Veroes del Estado Yaracuy (…).

 

Continúa explicando la solicitante, que el Decreto N° 1124 proferido por el Ejecutivo Nacional transfiere gratuitamente al Instituto Agrario Nacional, terrenos ubicados en el Municipio Boca de Aroa, del Estado Falcón y en el Municipio Veroes del Estado Yaracuy; y luego asevera:

 

Es de advertir que la transferencia de terrenos baldíos (…) en virtud del Decreto N° 1124 (…) abarcó tierras que fueron adjudicadas gratuitamente a particulares en virtud de la Ley aprobada por el Congreso Nacional de los Estados Unidos de Venezuela en fecha 25 de junio de 1925 (…) todo lo cual ha creado incertidumbre sobre la titularidad de las tierras del sector del Municipio Veroes del Estado Yaracuy.

 

Por lo antes expuesto, en fecha 15 de julio de 1998, los Abogados Dulce Arduo González y Balmore Rodríguez Noguera, en su carácter de Apoderados judiciales de los ciudadanos Andrés Rodríguez, Ricardo Barboza y otros, incoaron por ante el Juzgado Superior Tercero Agrario demanda de dotación de tierras en contra del Instituto Agrario Nacional (…).

 

Asimismo, en fecha 20 de marzo de 1997 los abogados Arvis Segundo Canelón y Luisa González Bollet, actuando con el carácter de apoderados judiciales de Agrícola La Coromoto S.A. (…) interpusieron demanda de (sic) por Tercería, siendo la misma declarada sin lugar la Tercería por improcedente (sic).

 

Luego indica que la demanda de dotación de tierras, después de haber sido conocida por las Salas de Casación Civil y Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia a través de distintos recurso de casación, fue declarada con lugar por el Juzgado Superior Tercero Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara ordenando la adjudicación de tierras conforme al artículo 62 y siguientes del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

 

Posteriormente, a efectos de fundamentar su solicitud, la abogada Mónica Oviedo indica que muchos comuneros de la zona de Veroes del Estado Yaracuy, fueron efectuando diversas ventas de los derechos y acciones que le correspondían en la comunidad de Agua Negra, sin especificar superficie o ubicación.

 

Por lo que, a raíz de esta situación se hace necesario interpretar los Decretos ya señalados anteriormente, “para determinar así la condición que tiene los actuales ocupantes de esa tierra y de esta forma el Instituto Nacional de Tierras (INTI) pueda acometer dentro del marco normativo al cual está sometido las funciones que le han sido asignadas” (…).

 

El petitorio de la solicitante consiste en determinar el alcance y efectos: 1°) del Decreto dictado por el extinto Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 16 de junio de 1925, 2°) los requisitos para cumplir con el referido decreto, 3°) como determinar “la legalidad o ilegalidad de las enajenaciones hechas por las personas que integraban la comunidad de propietarios a quienes originalmente se les adjudicó las tierras referidas” (sic); 4°) el alcance y efectos del Decreto Presidencial N° 1124 de fecha 18 de octubre de 1963, 5°) la posible colisión de ambos Decretos y 6°) de la condición actual de los ocupantes de las tierras comuneras de Agua Negra y Palmarejo, ubicadas en el Estado Yaracuy. (sic).

 

DE LA COMPETENCIA

 

El artículo 266, en su numeral 6, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone como facultad del Tribunal Supremo de Justicia "Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la Ley".

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el numeral 52 del artículo 5 en concordancia con su primer aparte, establece como competencia de cada una de las Salas afín con la materia debatida "Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que se le formulen acerca del alcance e inteligencia de los textos legales, en los casos previstos en la ley, siempre que dicho conocimiento no signifique una sustitución del mecanismo, medio o recurso previsto en la ley para dirimir la situación si la hubiere".

 

En consecuencia, al estar el presente asunto vinculado a la interpretación de normas relativas a la materia agraria, corresponde su conocimiento, sólo en lo relativo a la interpretación de dichas normas, a esta Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, por ser una materia afín con las competencias que tiene atribuida. Así se decide.

 

DEL RECURSO PROPUESTO

 

Una vez establecida la competencia para conocer del presente recurso de interpretación, es necesario señalar que de una revisión del petitorio inserto en la solicitud planteada por la abogada Mónica Oviedo, actuando en representación del Instituto Nacional de Tierras, se evidencia que ha hecho una acumulación indebida de acciones al haber propuesto varias pretensiones en el marco del presente recurso.

 

Lo anterior se constata en los puntos 1°, 2° y 3° del petitorio, referidos al alcance del Decreto dictado por el extinto Congreso de los Estados Unidos de Venezuela el 16 de junio de 1925, a los requisitos para cumplir con el referido decreto, y al alcance y efectos del Decreto Presidencial N° 1124 de fecha 18 de octubre de 1963, todo lo cual es propio de un recurso de interpretación; empero, se solicita también determinar en el punto N° 5° la posible colisión de ambos Decretos, constituyendo ello una acción autónoma cuya competencia corresponde a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, tal y como dicha Sala se lo ha advertido a la solicitante en el fallo de fecha 8 de mayo de 2008, al declinar la competencia del presente asunto en esta Sala.

 

De igual forma solicita en el punto 3° determinar “la legalidad o ilegalidad de las enajenaciones hechas por las personas que integraban la comunidad de propietarios a quienes originalmente se les adjudicó las tierras referidas” (sic); y 6°) de la condición actual de los ocupantes de las tierras comuneras de Agua Negra y Palmarejo, ubicadas en el Estado Yaracuy (sic), acciones que derivarían en demandas de naturaleza totalmente distinta al recurso propuesto por la abogada Mónica Oviedo. Así se establece.

 

Dilucidado lo anterior, es preciso verificar si el recurso de interpretación cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos por la Sala de Casación Social en la decisión Nº 498 de fecha 10 de mayo de 2005, donde se dispuso:

 

Siendo así, y con el fin de preservar la uniformidad de la interpretación de las leyes y la jurisprudencia, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, modifica el criterio hasta ahora sustentado en cuanto a las condiciones de admisión del recurso in commento, las cuales serán:

 

1.- Establecer la conexidad con un caso concreto, para determinar la legitimidad del recurrente y la existencia de una duda razonable sobre la inteligencia de la disposición legal.

2.- Que la interpretación solicitada verse sobre un texto legal, aun cuando el mismo no establezca expresamente la posibilidad de interpretarse.

3.- Que se precise en qué consiste el motivo de la interpretación.

4.- Que la Sala no se haya pronunciado con anterioridad sobre el punto requerido y, en tal caso, que no sea necesario modificar el criterio sostenido.

5.- Que el recurso de interpretación no persiga sustituir los recursos procesales existentes, u obtener una declaratoria con carácter de condena o constitutiva.

6.- Que no se acumule a la pretensión otro recurso o acción de naturaleza diferente, o acciones incompatibles, excluyentes o contradictorias.

7.- Que el objeto de la interpretación no sea obtener una opinión previa del órgano jurisdiccional para la solución de un caso concreto que esté siendo conocido por otro órgano jurisdiccional, bien sea entre particulares o entre estos y los órganos públicos.

 

Luego de observar el contenido del presente recurso, se aprecia que el mismo incurre en la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 6 ya transcrito, motivado a que desacertadamente se acumulan pretensiones incompatibles y contradictorias.

 

De igual forma, y aclarando que en este punto la Sala sólo se pronuncia sobre la interpretación de los decretos señalados por la solicitante, es preciso indicar, en base a lo que la misma abogada Mónica Oviedo ha aseverado en su exposición, que el presente asunto ha sido dilucidado por los tribunales de la República, incluyendo a las Salas de Casación Civil y Casación Social de este Máximo Tribunal, es decir, existe cosa juzgada sobre el presente asunto, por lo que se incumple, de forma evidente, con los requisitos distinguidos con el numeral 4 y 5, ya transcritos, a efectos de admitir el recurso propuesto.

 

Por consiguiente, al no cumplirse con varios de los requisitos de admisión del recurso de interpretación propuesto, se deberá declarar su inadmisibilidad. Así se establece.

 

DECISIÓN

 

En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de interpretación propuesto por la abogada Mónica Oviedo, en su condición de apoderada judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI).

 

Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.

 

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala Especial Agraria de la Sala Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los diez (10) días del mes de febrero de dos mil nueve. Años: 198º de la Independencia y 149º de la Federación.

 

El Presidente de la Sala,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

 

       El Vicepresidente,                                                          Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                            ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

 

       Magistrado y Ponente,                                                   Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

 

R.I. Nº AA60-S-2008-001101

Nota: Publicada en su fecha a

 El Secretario,