SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Ponencia del Magistrado Dr. JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO

 

En el juicio que por cobro de indemnizaciones laborales derivadas de enfermedad ocupacional sigue el ciudadano ROBERT JOSÉ MARÍN SÁNCHEZ representada judicialmente por los abogados William Ernesto Ortega Peralta, Josefina Martínez Pereira y Eduardo Guanique, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 78.834, 135.515 y 55.101, respectivamente, contra la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., representada judicialmente por los abogados Ivan Saer, Alejandro Feo La Cruz, Salvador Feo La Cruz, Alejandro José Feo La Cruz, Manuel Betancourt, Franklin Furgiuele, Migdalia Medina y Mariyelcy Ordoñez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con los números 2.606, 7.277, 14.001, 27.325, 62.079, 30.903, 78.440 y 95.557, en ese orden; el Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, mediante sentencia publicada en fecha 10 de agosto de 2016, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la parte actora, parcialmente con lugar el recurso de apelación de la demandada, parcialmente con lugar la demanda, modificando la decisión dictada en fecha 13 de octubre de 2015 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, que declaró parcialmente con lugar la pretensión.

 

Contra la decisión de alzada, tanto la representación judicial de la parte actora, como de la demandada, anunciaron recurso de casación, siendo admitido solamente por la alzada, el recurso interpuesto por la demandada mediante auto de fecha 23 de septiembre de 2016, remitiéndose el expediente a la Sala de Casación Social de este alto Tribunal, el cual fue recibido en fecha 20 de octubre de ese mismo año.

 

La parte demandada formalizó en tiempo hábil, su respectivo recurso de casación.

La parte actora, por su parte, a pesar de no haber sido admitido su recurso, presentó escrito de formalización el 10 de octubre de 2016, el cual fue impugnado por la parte accionada.   

 

Mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2016, se dio cuenta en Sala, y se designó ponente al Magistrado Dr. Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

  

En fecha 24 de febrero de 2017, en virtud de la designación de la nueva Junta Directiva de este Alto Tribunal, en sesión de Sala Plena, se reconstituyó esta Sala de Casación Social, quedando conformada en el siguiente orden: Presidenta, Magistrada Dra. Marjorie Calderón Guerrero, Vicepresidente, Magistrado Dr. Jesús Manuel Jiménez Alfonzo, Magistrado Dr. Edgar Gavidia Rodríguez, Magistrada Dra. Mónica Gioconda Misticchio Tortorella y Magistrado Dr. Danilo Antonio Mojica Monsalvo.

 

El Juzgado de Sustanciación de esta Sala de Casación Social, en fecha seis (06) de abril de 2017, fijó el día 1° de junio de 2017, a las 12:30 pm, para que tuviera lugar la audiencia oral, pública y contradictoria. Posteriormente, mediante auto de fecha 19 de mayo de 2017, se difirió el citado acto procesal para el día 11 de julio de 2017, a las 12:30 pm, a cuyo acto comparecieron las partes, por lo que una vez finalizado dicho acto, se dictó de manera oral el dispositivo del fallo, a tenor de lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

En esta oportunidad, pasa la Sala a reproducir por escrito, la sentencia de conformidad con lo establecido en la citada disposición legal, en los siguientes términos:

 

PUNTO PREVIO

En el caso sometido al conocimiento de esta Sala, se observa que ambas partes recurrieron en casación contra la sentencia del juez de alzada, sin embargo, el juez de la recurrida al emitir pronunciamiento mediante auto de fecha 23 de septiembre de 2016, solamente hizo referencia al recurso de casación anunciado por la parte demandada, de la siguiente manera:

Visto el Recurso de Casación anunciado, en fecha 19 de Septiembre (sic) del 2016, por la Abg. MARIYELCY ORDOÑEZ SALAZAR, inscrita en el IPSA bajo el N° 95.557, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada la Entidad (sic) de Trabajo (sic) FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., contra la sentencia publicada por este Juzgado Superior en fecha 10 de Agosto (sic) del año 2016; este Juzgado Superior lo admite de conformidad con lo establecido en el artículo 169 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. (f. 277, 3ra pieza) (Subrayado de esta Sala).

Lo anterior evidencia, que el juez de alzada omitió hacer pronunciamiento sobre la admisión o no, del recurso de casación anunciado por la parte actora, a pesar de la competencia que éste tiene atribuida, conforme al artículo 169 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, remitiendo el expediente a esta Sala de Casación Social en fecha 23 de septiembre de 2016.  

En ese sentido, la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, mediante sentencia N° 801 del 27 de julio de 2010 (caso: Eliécer de Jesús Silva Navas), se pronunció al respecto, señalando que: “existe para los operadores de justicia el deber de pronunciarse bien sea afirmativa o negativamente, respecto a las peticiones que le sean dirigidas, más aun cuando se trata de recursos a través de los cuales las partes ejercen su derecho a la defensa”; asimismo, sostuvo que, en aquellos casos en que el juez omita pronunciarse sobre la admisión del recurso de casación, no puede atribuirse a la parte recurrente la carga de formalizarlo ante esta Sala, como alternativa en el ejercicio de su derecho a la defensa. (Subrayado de esta Sala).

Conteste con el criterio de la Sala Constitucional, cuando el juzgador ad quem omita pronunciarse expresamente sobre la admisión o rechazo del recurso de casación anunciado, la falta de formalización oportuna no podrá imputársele al recurrente, porque será secuela de la incertidumbre respecto de la suerte del recurso; por lo tanto, a fin de garantizar el derecho a la defensa de la parte impugnante, será necesaria, en principio, la reposición de la causa al estado en que el juez de alzada lo admita o no, y -en el primer supuesto- comience el lapso de formalización; salvo que en el caso concreto ello resulte inútil, por haber sido consignado tempestivamente el escrito correspondiente.

Determinado lo anterior, se observa que en el caso sub iudice, ambas partes recurrieron en casación contra la sentencia de alzada; no obstante, el juzgador ad quem sólo se pronunció respecto al recurso de casación anunciado por la parte demandada, admitiendo el mismo sin que hubiere pronunciamiento de forma expresa acerca de la admisión o no, del recurso ejercido por la actora. Por ello, esta Sala debe examinar si la reposición de la causa es necesaria o inútil.

En este sentido, se observa que el lapso para la formalización del recurso de casación en el caso de autos, debía comenzar a correr en fecha 23 de septiembre de 2016 (inclusive), fecha en la cual el tribunal de alzada, dictó auto ordenando la remisión de la totalidad del presente expediente a esta Sala de Casación Social, pues según cómputo realizado por dicho tribunal, el último de los días para el anuncio del recurso fue el 22 de septiembre de 2016. En consecuencia el referido lapso de formalización feneció el día 14 de octubre de 2016 (incluido el término de la distancia: 2 días). Al respecto se observa, que tanto el recurso anunciado por la demandada, como por la parte actora, fueron formalizados tempestivamente en fecha 10 de octubre de 2016, todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 171 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y sólo la parte demandada realizó la respectiva contestación a la formalización de la actora en tiempo hábil, conforme a lo estatuido en el artículo 172 eiusdem.

Visto lo anterior, esta Sala considera inútil decretar la reposición de la causa, al estado en que el juez superior admita de forma expresa, el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte actora, pues a pesar de tal omisión, no se produjo la incertidumbre a la que se hace mención en el criterio precedentemente expuesto y ambas partes pudieron ejercer su derecho a la defensa, por lo tanto, una vez revisados los requisitos de admisibilidad previstos en la ley, se considera admitido el recurso de casación interpuesto por la parte actora. Así se establece.

DEL RECURSO DE CASACIÓN

Por razones metodológicas, la Sala modifica el orden en que fueron presentadas las denuncias, procediendo, por tanto, a resolver la segunda delación planteada en el escrito de formalización de la parte demandada.

 

-II-

 

A tenor de lo dispuesto en el numeral 2, del artículo 168, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la parte demandada recurrente denuncia la infracción del artículo 130, numeral 4, de Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por falsa aplicación.

 

En desarrollo de su delación argumentó el formalizante, que el juez de la recurrida se limitó a dar por cierta la conclusión contenida en el informe de investigación, para establecer la responsabilidad subjetiva del patrono y declarar la procedencia de la indemnización contenida en el artículo 130, numeral 4, de Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, sin determinar cuál fue el incumplimiento por parte del empleador, estableciendo que la empresa demandada no cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. De la misma manera señaló, que la sentencia de alzada, no estableció el nexo causal entre el supuesto incumplimiento del patrono y el daño causado, lo cual -según el recurrente-, constituye una violación del mencionado artículo por falsa aplicación.

Para decidir, la Sala observa:

 

Ha establecido esta Sala reiteradamente, que la falsa aplicación de ley constituye un error sobre la relación que tiene lugar entre el caso particular concreto y la norma jurídica, por lo tanto, se materializa en todos aquellos casos en los que el juez yerra al establecer la relación de semejanza o de diferencia que existe entre el caso particular concreto jurídicamente cualificado y el hecho específico hipotetizado por la norma. En consecuencia, para que pueda establecerse una situación de falsa aplicación de ley, debe necesariamente haberse aplicado una norma jurídica, sólo que la situación de hecho en concreto establecida, no encuadra en el supuesto de hecho regulado por dicho precepto.

 

De manera tal que, el vicio de falsa aplicación se ha entendido como: “(…) una violación que consiste en una incorrecta elección de la norma jurídica aplicable, lo cual se traduce normalmente en una preterición y omisión de la norma jurídica que debió ser aplicada” (Vid. Sentencia SCS N° 1.338/13-12-16).

 

Ahora bien, la norma legal que a juicio de la parte impugnante fue falsamente aplicada por el juez de la recurrida, expresamente, prevé:

 

Artículo 130. En caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora, éste estará obligado al pago de una indemnización al trabajador, trabajadora o derechohabientes, de acuerdo a la gravedad de la falta y de la lesión equivalentes a:

 

(…Omissis…)

 

4. El salario correspondiente a no menos de dos (2) años ni mas de cinco (5) años, contados por días continuos, en caso de discapacidad parcial permanente de hasta el veinticinco por ciento (25%) de su capacidad física o intelectual para la profesión u oficio habitual

 

De acuerdo con lo transcrito, en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador, éste estará obligado al pago de una indemnización al trabajador, trabajadora, o derechohabientes, cuya estimación se realizará a través de un sistema tarifario en atención a la gravedad de la falta y a la lesión sufrida por el trabajador.

 

Siendo ello así, resulta imperativo traer a colación lo establecido por la recurrida, quien dispuso:

 

Ante lo establecido y en vista al contenido de la certificación de INPSASEL es un hecho demostrado la existencia de una enfermedad de origen ocupacional, no obstante; en cuanto a la procedencia de la indemnización por responsabilidad subjetiva pretendida por el demandante, debe precisarse que en el escrito libelar que encabeza el presente expediente se afirmó que el padecimiento laboral padecido (sic) por el actor, se produjo a razón del incumplimiento de la empresa accionada, de las condiciones de higiene, salud y seguridad en el trabajo, (…), de allí la importancia de que la demandada hubiese dado cumplimiento a la notificación de riesgos y al art 60 de la LOPCYMAT referente a el (sic) estudio ergonómico conforme a las sugerencias del INPSASEL, ya que dicho estudio es fundamental para determinar las causas de una enfermedad ocupacional dependiendo de la educación entre la actividad realizada por el trabajador y su capacidad física, siendo obligatorio para las empresas identificar si existen riesgos ergonómicos en un determinado puesto de trabajo, de manera que en el caso de autos, quedó demostrado que la parte demandada solo al inicio de la relación laboral si dio cumplimiento a la notificación de riesgos; así como a la presentación de un programa de prevención de riesgos, pero no hubo seguimiento a lo largo de la relación laboral por parte de la demandada de tales notificaciones de riesgos, al no cumplir la demandada con la ley (artículos 56, 57, Lopcymat) (…), por lo que es de concluir que el empleador no procuró conforme a la Ley políticas o la implementación de planes de seguridad e higiene industrial, con lo que se evidencia una actitud negligente en materia de higiene y seguridad en el trabajo, la cual, conforme al criterio jurisprudencial supra invocado, constituye un hecho ilícito  por la inobservancia de las disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (falta), que trae como consecuencia (relación de causalidad), la enfermedad ocupacional (daño), constatándose con ello, ese nexo causal entre la prestación del servicio y el acaecimiento del infortunio laboral, lo que a criterio de quien decide, hace procedente la indemnización derivada de la responsabilidad subjetiva patronal en conformidad a lo previsto en el art. 130 numeral 4 de la LOPCYMAT (sic). (Subrayado y cursivas propias del texto original).

De la sentencia parcialmente transcrita, evidencia esta Sala, que la recurrida da por demostrado el incumplimiento por parte del patrono de la normativa legal en materia de salud y seguridad laboral, según el valor probatorio que le otorga únicamente al informe de investigación de enfermedad realizado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de fecha 13 de marzo de 2008 (ver folio 8 al 95, pieza N° 1), y como consecuencia de ello, estableció el nexo causal entre dicho incumplimiento y el daño que padece el actor según certificación de enfermedad ocupacional expedida por el mencionado organismo.

Respecto de la procedencia de las indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, esta Sala en sentencia N°56 de fecha 3 de febrero de 2014 (caso: José Gregorio Mosquera Arguelles contra Centro de Asesoría Integral Empresarial Zamora [CAIEMZ] y otra), dejó sentado lo siguiente:

 

(….) cabe reiterar que el régimen de estas indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, a diferencia de lo anterior, está signado por el sistema de la responsabilidad subjetiva del empleador. Esto significa que el empleador responde por haber actuado en forma culposa; correspondiendo al demandante la carga de acreditar la responsabilidad patronal subjetiva, demostrando el incumplimiento o inobservancia por parte del empleador de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

 

Asimismo, a los fines de condenarse las indemnizaciones previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, es necesario que el actor demuestre el hecho ilícito del patrono (negligencia, imprudencia, impericia o inobservancia de las normas) y que tal circunstancia -hecho ilícito- haya sido determinante en la ocurrencia del accidente o enfermedad.

 

Del criterio transcrito supra, se desprende que cuando el demandante reclama indemnizaciones por daños provenientes de la responsabilidad subjetiva del empleador, específicamente la indemnización prevista en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, corresponde a éste probar el hecho ilícito, esto es, que el hecho, en este caso la enfermedad ocupacional, no sólo es consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, sino que además, el infortunio que tiene incidencia directa en el daño, haya sido producto de la conducta infractora del patrono, por negligencia, impericia o dolo.

En ese sentido, esta Sala constata del informe de investigación de enfermedad realizado por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el incumplimiento por parte del patrono de alguna de las obligaciones que le impone la ley en materia de salud y seguridad laboral, como por ejemplo, el de facilitar el derecho a los trabajadores de recibir formación teórica y práctica, suficiente y adecuada y en forma periódica, para la ejecución de su actividad; así como de participar en la vigilancia, mejoramiento y control de las condiciones y el ambiente de trabajo y a no ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres; la obligación de abstenerse de realizar actos o incurrir en conductas que puedan perjudicar el buen funcionamiento del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo; y la obligación de diseñar una política y elaborar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo, específico y adecuado a sus procesos.

Ahora bien, no obstante lo anterior, resulta evidente para esta Sala, que al haber dictaminado el juez de alzada la procedencia de la indemnización contenida en el numeral 4, del artículo 130, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por responsabilidad subjetiva del patrono, tomando en consideración solamente el incumplimiento del patrono de alguna de las obligaciones a las cuales hace referencia el referido informe de investigación, aplicó falsamente la norma denunciada como violada, pues, afirmar que los padecimientos físicos que afectan al trabajador demandante (daño), hayan sido como consecuencia de tales incumplimientos (nexo causal), constituye un error de juzgamiento que incide indefectiblemente en el dispositivo del fallo, porque a juicio de esta Sala, es sumamente difícil poder determinar tan sólo con estos elementos (incumplimientos), en qué proporción fue determinante o no esa circunstancia.

Como consecuencia de lo anterior, concluye esta Sala, que la recurrida incurrió en la infracción denunciada por el formalizante y en virtud de ello, se declara procedente la presente delación. Así se declara.

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al haberse declarado procedente la denuncia planteada por el formalizante, se hace inoficioso conocer de las restantes denuncias. Por consiguiente se anula la decisión recurrida, y como quiera que el Juzgado Superior se pronunció sobre el fondo del asunto, considera la Sala pertinente decidir el fondo de la controversia.

 

DECISIÓN SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA

En el escrito libelar, la representación judicial del accionante expuso los siguientes hechos:

• Que el ciudadano ROBERT JOSÉ MARÍN, anteriormente identificado, comenzó a prestar servicios como Operario de Producción, en el área de Línea Final Pasajeros en la empresa FORD MOTOR DE VENEZUELA S.A.

• Que el trabajador ingresó en fecha 20/03/2000, y su fecha de egreso fue el 11/12/2010, cumpliendo un horario de trabajo de 7 a.m. a 4:30 p.m.

• Que el demandante devengó un salario de Bs. 152,41 diarios para conformar un salario integral de acuerdo a la alícuota de utilidades la cual es de 120 días (cláusula 17, contrato colectivo), se calcula de las siguiente manera: 120 días por 152,41, diarios y este resultado se divide entre 360 días, dando como resultado Bs. 50,80, diarios, más la alícuota del bono vacacional (cláusula 14, contrato colectivo) que son 83 días más 15 días por la Ley Orgánica del Trabajo que es = 98 que multiplicado por Bs. 152,41, que es salario diario y éste resultado se divide entre 360 y nos da como resultado Bs. 41,48, diarios; sí sumamos el salario diario normal más la alícuota de utilidades, más el bono vacacional tendremos Bs. 152,41 + 50,80 +41,48= Bs. 243,42 que es el salario integral diario para los diferentes cálculos (ver recibo de pago, marcado “B”, concatenado con las cláusulas 14 y 17 del Contrato Colectivo Vigente 2010-2013).

• Que tal operación la realizaba en dos turnos; con promedio aproximado de 90 carros por turnos es decir “el trabajador para llevar a cabo esta actividad debía soportar y trasladar una carga aproximada de 56 kilogramos, a una distancia aproximada de 1,50 metros, en un aproximado de 90 veces de manera diaria, con flexión y extensión de brazos, flexión de tronco y flexión de rodillas, mantenerse en bipedestación prolongada durante toda la jornada de trabajo.

• Que posteriormente fue cambiado a instalación de tableros en Área de Camiones. Que la actividad consiste en tomar con una grúa e introducir en el vehículo el tablero para su instalación y acople a la carrocería, el cual (..) se encuentra a 2 metros, del vehículo, luego que está sostenido por la grúa, el trabajador empuja la misma de forma manual, hasta introducir el tablero en el vehículo y posesionarlo, para luego colocar los tornillos de sujeción del mismo, adoptando la siguiente postura de pie con las rodillas flexionadas y piernas separadas, con el tronco totalmente inclinado hacia atrás para colocar los tornillos de la parte baja, en esta posición el trabajador dura 3 minutos por cada vehículo, luego procede a colocar los tornillos de la parte superior adoptando la siguiente postura: de pie con las rodillas flexionadas y las piernas separadas, con el tronco flexionado, con los brazos bajo el nivel de los hombros, en el cual el trabajador dura 3 minutos por cada vehículo. Que en una jornada de trabajo pasan por la grúa, 90 vehículos aproximadamente. Que para que el trabajador coloque cada tornillo debe aplicar una pequeña dorsiflexión del tronco, mientras se encuentra adoptando las posturas antes mencionadas. Que la colocación de los tornillos varía de acuerdo el modelo ya que unos llevan 3 tornillos y otros llevan 6 tornillos, los cuales se ajustan con una pistola neumática. Hay que destacar que con grúa el tablero sujetado pesa aproximadamente 80 kgs., el cual debe ser manipulado por el trabajador para introducir el tablero en cada vehículo en forma manual, debido a que la grúa se desliza a través de unos rieles o correderas. Esta operación la realizaba con promedio aproximado de 90 carros por cada jornada de trabajo que implicaban empujar cargas con la grúa con el tablero sujetado pesa aproxima 80 kgs, el cual debe ser manipulado … , las tareas son de tipo repetitivo, donde existen factores de riesgo para lesiones músculo esqueléticas, con posturas forzadas tales como: a) de pie con las rodillas flexionadas y piernas separadas, con el tronco flexionado, con los brazos bajo el nivel de los hombros; b) de pie con las rodillas flexionadas y piernas separadas, con el tronco totalmente inclinado hacia atrás, con los brazos por encima del nivel de los hombres; y c) las tareas se llevan cabo en bipedestación prolongada (ver folio 47 del informe de investigación marcado “E”, en información reproducida el 15/07/08, del trabajador Héctor Sosa, en sus folios 14/143, 17/143 y 18/143, en lo referente a la instalación de tableros en el Área de Camiones anexo “C” del folio 31 al 33).

• Que igualmente laboró en el Área de instalaciones de silvines: Los cuales son focos de la unidad anteriormente señalada para realizar su instalación, donde debía tomar el BIT el cual consta de 2 gomas, pistola, con la que procedía a colocar los 2 emblemas que identifican a la unidad, luego coloca el silvin el cual tiene un peso aproximado de 3 kgs., el trabajador procedía a colocarse de cuclillas para hacer la colocación de los tornillos correspondientes usando una pistola neumática, luego conectaba el cable correspondiente al silvin para efectos de la luz, el trabajador se desplaza soportaba el BIT a una distancia aproximada de 1,05 metros, siendo que por la línea pasaban diariamente 140 unidades, así mismo el trabajador se mantenía de pie durante el desarrollo de las actividades laborales y alternadamente debía realizar flexión y extensión de brazos, colocarse de cuclillas soportar peso de aproximadamente 3 kilos, desplazándose a una distancia aproximada de 1,05 metros, aproximadamente 140 veces, realizar actividades bajo el nivel de los hombros mientras realizaba el uso de la pistola neumática, flexión del tronco.

• Que también debía ajustar el Motor Wipper de la F-150; y F-800, Actualmente el trabajador debe realizar el ajuste de la unidad 350, el trabajador debe tomar los accesorios, soportando un peso aproximado de 500 gramos, debiendo desplazarse con ellos a una distancia aproximada de 2 metros 95 veces por día, asimismo para llevar a cabo esta actividad el trabajador debía permanecer de pie durante toda la jornada de trabajo con las piernas separadas mientras aprieta los tornillos con la pistola, realizar flexión de tronco, doblar las rodillas realizaba actividades por debajo del nivel de los hombros, con un total aproximadamente de 95 veces por día.

• Que también trabajó en el área de Ensamblaje de Tableros de Camiones y Pasajeros, en condición de operario, dicha actividad la realizan 2 trabajadores que debían tomar el tablero para colocarlo en una mesa, con un peso aproximado entre 40 y 50 Kilogramos, y los tableros de las unidades 350 con un peso aproximadamente de 35 Kilogramos, para lo cual se colocaban 10 tableros en fila, cada tablero colocado en la mesa, era trabajado por un trabajador, luego de esto, 2 trabajadores debían soportar su peso y desplazarlo a una distancia aproximada de 8 metros, siendo colocado nuevamente en la respectiva mesa para luego proceder a realizar todo el ensamblaje, todo el sistema, un tiempo aproximado de 15 minutos para los camiones 350, para las camionetas modelo Explorer un tiempo aproximadamente de 10 minutos, modelo Laser un tiempo aproximado de 7 minutos, modelo Fiesta Power con un tiempo aproximado de 35 minutos, a cada trabajador le correspondía una producción de 160 unidades. Acotándose que a partir del año 2003 las mesas poseen monorriel para facilitar las operaciones.

• Que en el área de Instalación de Asiento, área de Camiones, se tenía que hacer un esfuerzo físico considerable, ya que el asiento debían de cargar y trasladarlo de manera manual, para desplazarlo se lo colocaba en el hombro, a una distancia aproximada de 14 metros, y la producción diaria era de 120 unidades aproximadamente, el peso correspondiente a los asientos es de 23,87 Kilogramos. Para llevar a cabo esta actividad debía realizar flexión y extensión de brazos, levantar, mantenerse en bipedestación prolongada durante toda la jornada de trabajo, para un total de 120 veces de manera diaria, tomando en cuenta que esta actividad la realizaba durante toda su jornada de trabajo sin descanso alguno, sin ayuda técnica, sin implementos de seguridad, que implicaba un esfuerzo adicional, comprometiendo la salud como forzar la columna vertebral, en hacer movimientos de rotación y extensión y otros movimientos bruscos que le producían en las mayorías de las veces dolores a nivel de la espalda, por lo que el trabajador por la constante actividad antes descrita fue presentando molestias en la espalda las cuales en más seguidas y los dolores más fuertes, por eso se fue a consultar con el médico de la empresa.

• Que por el constante esfuerzo realizado, con el levantamiento de forma insegura y por falta de prevención, seguridad e higiene que sin ayuda técnica y mecánica, que por el motivo del trabajo realizado en la empresa demandada, se fue deteriorando progresivamente su salud como consecuencia del ambiente insalubre e inseguro, que le ha producido una Discapacidad Parcial y Permanente para el trabajo que implique actividades de alta exigencia física tales como: levantar, halar, empujar cargas pesadas a repetición e inadecuadamente ni por encima de los hombros, posturas forzadas, continuas, movimientos de extensión y lateralización del tronco manera repetitiva, así como trabajar sobre superficies que vibren (ver informe médico anexo F1). Además, le realizaron una evaluación de Invalidez en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, donde le otorgan un porcentaje de pérdida de capacidad para el trabajo de sesenta y siete por ciento (67%), tal como consta en el informe de incapacidad residual marcado con la letra “F”.

• Que debido al continuo dolor molesto que presentaba en la espalda, acudió al servicio médico de la empresa varias veces por presentar lumbalgia, en donde le indican que amerita una Resonancia Magnética Lumbo Sacra, le fue certificada una discapacidad.

• Que los síntomas presentados por el actor referidos a las dolencias diagnosticadas en forma científica por los estudios realizados por médicos especialistas, puede estar en estado deplorable y avanzada por la negligencia de la empresa, por lo que debe cambiar el estilo de trabajo, en caso de que se pudiera realizar, por uno que no le implique el esfuerzo que le produjo la enfermedad, ya que estas dolencias le impiden caminar totalmente erguido y lo ha limitado en las actividades normales como caminar, correr, agacharse, practicas actividades físicas, deportes, entre otras cosas.

• Que el actor realizó su trabajo en la empresa, fue empleado para trabajar a su ingreso en el cargo Operario de Producción en el Área de línea final Pasajeros, posteriormente pasó al área de Instalación de Tableros de Camiones, luego fue cambiado al Área de Instalación de Silvines e igualmente lo pasaron al Área de Instalación de Vidrio de Puerta, después pasó a laborar al Área de Toldo, luego lo trasladaron al área de Motores Wipper, luego pasó a trabajar al área de Producción en la Operación Sub. Ensamble de Tableros de Camiones y Pasajeros, de igual manera pasó a laborar Área de Instalación de Asiento, Área de Camiones. Que todos estos puestos están en la Planta de Producción.

• Que en virtud de las actividades realizadas por el trabajador de cada uno del puesto de trabajo donde laboró, descritas en forma detalla anteriormente, a través del tiempo en la empresa, le afectó la salud, ya que al realizar todas las actividades antes mencionadas, el trabajador tenía que hacer un esfuerzo adicional, como el esfuerzo de la columna vertebral, debido a que se requería que éste realizara constantemente movimientos de rotación y extensión y otros movimientos bruscos que le producían en las mayorías de las veces dolores a nivel de la espalda, así como también flexión y extensión de brazos, flexión y extensión del tronco, doblar las rodillas, estar de pie con las piernas separadas mientras realiza el montaje e instalaciones, levantar, soportar y desplazar peso a cierta y determinada distancia, permanecer con los brazos alzados para sostener herramientas y equipos, mantenerse en bipedestación prolongada durante toda la jornada de trabajo, que por el constante trabajo realizado y otros movimientos bruscos que le producían dolores en la espalda, por lo que fue presentado molestias, seguida de dolores fuertes, en consecuencia por el motivo del trabajo realizado en la empresa se fue deteriorando progresivamente su salud como consecuencia del ambiente insalubre e inseguro, por eso se fue a consultar con el médico de la empresa.

• Que el trabajador en ningún momento fue instruido, para las actividades que realizaba en la empresa, ni provisto de lo establecido en las normas de seguridad industrial, ni advertido de los riesgos de tales actividades, así mismo, como de no contar con la prevención y seguridad industrial en el medio ambiente de trabajo, y la labor misma que implicaba continuo esfuerzo físico levantando peso repetidamente, siendo que la empresa no capacitó al trabajador de los cargos que ejerció, ni lo previno, ni lo advirtió de los riesgos a los que estaba expuesto, ya que el patrono no suministró información relativa, al puesto de trabajo en especifico. 

• Que consta en autos que los trabajadores han realizado denuncias y actualmente hay más de 70 casos de enfermedades ocupacionales y el resultado de la investigación, en su mayoría, obedecen a la existencia de factores de riesgos por “lesiones músculos esqueléticas”, en los cuales se dieron apertura a los respectivos procedimientos de investigación.

• Que en este caso, la presente acción se fundamenta en la actitud culposa, negligente e irresponsable por parte del patrono, tal como lo indica el informe de investigación en el puesto de trabajo del actor, realizada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, de Guacara del estado Carabobo, en el análisis de dicho puesto de trabajo establece que para la ejecución de las tareas predominan posturas forzadas, halar, y empujar cargas pesadas flexión repetitiva del tronco y movimientos por encima de los hombros, factores condicionantes para ocasionar trastornos músculos-esqueléticos.

• Que en el informe de investigación del puesto de trabajo del actor, se constata en el punto de Horas Extraordinarias. Para un Total de Horas Extras laboradas de 1.079,01, desde los años 2003, 2004, 2005, 2006- Sin incluir las Horas Extras laboradas de los demás años posteriores de su despido desde 2007 hasta 2010 (ver hoja cálculo, marcado “E1”) violando así el artículo 207 de la Ley Orgánica del Trabajo, por exceso de horas extras laboradas.

• Que en el punto de Criterio Higiénico. Epidemiológico (ver folio 59 del informe de investigación marcado “E”, en verificación y análisis de las condiciones y actividades de trabajo del trabajador Carlos Armando González Preciado. Encuesta Corporal Masculino del Departamento Operación de Frenos). Como antes indique mi representado sufrió las enfermedades ocupacionales, por inobservancia de las normas de higiene y seguridad industrial, y todo esto es debido a la imprudencia y negligencia por parte del patrono, con lo cual lo ha llevado a cometer un hecho ilícito, que trajo como consecuencia a mi representado un daño moral y psicológico y soportando dolor como es forzar la Columna vertebral, que le causó las enfermedad a mi mandante, donde se puede observar, que el patrono debe realizar un estudio sobre enfermedades ocupacionales o accidentes ocurridas en la empresa y tomar medidas correctivas del caso.

• Que esta enfermedad ocupacional, no solo le produjo una lesión física, también una Discapacidad Parcial y Permanente para el trabajo, que le ha ocasionado daños morales, por tanto su capacidad de trabajo ya no es igual a la que poseía antes de ocurrirle las enfermedades ocupacionales, por la lesión sufrida en la columna vertebral, por no darle los implementos de protección de seguridad personal, notificación de riesgo, inducción y adiestramiento, ello le ha afectado profundamente, sufriendo un menoscabo en su persona en su capacidad de trabajo y la imposibilidad de conseguir empleo en otras empresas como Operario de Producción.

• Que del punto que antecede, se deduce que el patrono tenía conocimiento del incumplimiento de las leyes vigentes que regulan la materia en cuanto a prevención, higiene y seguridad industrial, siendo que la enfermedad ocupacional se produjo, por imprudencia y negligencia del patrono que lo ha llevado a cometer un hecho ilícito, el cual le ocasionó un daños psicológicos, tanto por la enfermedad ocupacional como por el acoso laboral a que fue sometido el trabajador.

• Que el empleador incurrió en la violación de las normas de seguridad previstas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en sus artículos: 40 numeral 16; 53 numerales 2, 4, y 10; 56 numerales 3, 4, 7, 11, 14 y 15; 57, 58 y 59 numerales 1, 3, 6 y 7; 60, 61 y 62 numeral 3.

• Que del informe médico emanado del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (ANEXO “F”) se ha de notar que el demandante de autos ha quedado limitado para ejercer el oficio que desempeñaba en la empresa y para otros relacionados, en el cual sufrió una lesión en la columna vertebral, situación ésta que es relevante dado que la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo establece que la Discapacidad Parcial y Permanente mayor del 25% para el trabajo habitual, el patrono deberá pagar al trabajador una indemnización equivalente a cinco (5) años de salario integral contados por días continuos según lo establecido en el artículo 130, numeral 4 eiusdem, todo esto debido a la enfermedad ocupacional, esto le redujo su capacidad productiva, y que dicha enfermedad ocupacional fue producida como consecuencia de la labor o actividad desarrollada por el trabajador en la empresa la cual es imputable básicamente a la acción de condiciones disergonómicas a las que fue expuesta el mismo, siendo calificada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales  y a la que el empleador hizo caso omiso.

En ese sentido, el actor reclama:

La cantidad de Bolívares Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Uno con cincuenta céntimos (Bs. 444.241,50); (resultado de multiplicar el salario diario de Bs. 243,42 por cinco años por 365 días continuos según lo establecido en el artículo 130, numeral 4, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

La cantidad de Bolívares Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Uno con cincuenta céntimos (Bs. 444.241,50); (resultado de multiplicar el salario diario de Bs. 243,42 por cinco años por 365 días continuos según lo establecido en el artículo 130 Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su tercer aparte.

El pago de una indemnización por DAÑO MORAL, de Bolívares Ciento Cincuenta Mil exactos (Bs. 150.000,00).

Una indemnización por DAÑO MATERIAL (LUCRO CESANTE): Que además de la pérdida de oportunidad que significa el hecho de que para el momento de la introducción de la demanda (24/03/2011), el trabajador contaba con 37 años y 5 días, tomando como base lo establecido en la sentencia de la Sala Social N° 2.263, de fecha 13/08/2007.

Que en lo que respeta a los daños materiales (lucro cesante), sea declarada la procedencia de este concepto, el quantum de esta indemnización, debe ser calculada conforme a la doctrina establecida en sentencia N° 1.724 de fecha 02/08/2007. Que el actor tiene 37 años y 5 días, al momento de introducir la demanda, este debe ser indemnizado con 26 años, 11 meses y 25 días de remuneración y/o salario, ya que el actor se encuentra incapacitado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con un 67% de pérdida de capacidad para el trabajo en fecha 01-08-2008 e igualmente se encuentra discapacitado parcial y permanente por la Consulta de Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en fecha 29-09-2008. Que estima el monto por concepto de Lucro Cesante, que resulta de 26 años, 11 meses y 25 días de remuneración (que dejara de percibir el trabajador) que es igual a 9.850 días de salarios, y este a su vez multiplicado por Bs. 243,42, como salario integral diario, resulta la cantidad de Bs. 2.397.444,00, que deberá pagarle a título de indemnización de conformidad con los artículos 1.196 y 1.273 del Código Civil Venezolano vigente, y así solicita sea acordado por el Tribunal.

De la contestación de la demanda (folio 233 al 264).

En la oportunidad fijada para dar contestación a la demanda, la representación judicial de la demandada, admitió los siguientes hechos:

La existencia de la relación de trabajo; la fecha de inicio (20-03-2000); el cargo desempeñado (Operario de Producción); la jornada laboral y el horario (lunes a viernes de 7:00 am hasta las 4:00 pm, con 2 días de descanso semanal: sábado y domingo); el último salario (Bs. 152,41 diarios). Estos hechos quedan fuera del debate probatorio.

Hechos negados:

• No es cierto que al actor no se le haya dado inducción, entrenamiento, ni notificaciones de riesgos, ni se le haya provisto de las normas de seguridad para el momento de su ingreso, ya que mi representada sí lo notificó de los riesgos y le dio la debida inducción, lo cual se evidencia de documentales presentadas marcada “D”.

• No es cierto que el actor egresó de la empresa estando en tratamiento psiquiátrico, más cuando, la documental que consigna el actor es de fecha 22 de febrero de 2011, fecha posterior a la fecha en la que se produjo la terminación de la relación de trabajo. Que respecto al mismo punto y alegatos del actor, es importante acotar, que éste indica “…no se observa en el expediente laboral del trabajador y tampoco se realizó por parte de los representantes de la empresa consignación de la capacitación respecto a la salud y la seguridad de prevención de accidentes y enfermedades…”, lo cual rechazan, por ser ello falso, y, sin que sus dichos convaliden lo mencionado en dicho informe, dicha documental, específicamente en la página 3, la cual consta al folio 40 del presente expediente indica “…del ciudadano Marín Robert…se presenta una información correspondiente a los cursos en materia de seguridad y salud en el trabajo recibidos por el trabajador…”, por lo que, son falsos los alegatos del actor.

• Niega y rechaza lo señalado por el actor, respecto a que su representada no tiene constituido el Comité de Salud y Seguridad Laboral, lo cual se puede evidenciar de la documental marcada F, (constancia de renovación de certificado de Registro de Comité de Salud y Seguridad Laboral).

• Niega y rechaza que su representada no cumpla con informar a sus trabajadores los principios de la prevención de condiciones inseguras, los riesgos a los que están expuestos los trabajadores o que no genere controles respecto a la ergonomía. 

• Niega y rechaza por ser falso, que el actor haya efectuado levantamientos en forma insegura, o que su representada presente un ambiente insalubre e inseguro, que haya deteriorado la salud del accionante.

• Niega que el actor, haya efectuado levantamientos sin ayuda técnica o mecánica.

• Niega que la patología músculo-esquelética que presenta el ciudadano Robert Marín sea con ocasión o por ocasión de la prestación de servicios para su representada.

• Niega por ser falso, que el demandante padezca una enfermedad ocupacional y que haya estado obligado a trabajar en condiciones disergonómicas.

• Reconoce que existe una Certificación signada con el número 01096, de fecha 29 de septiembre del año 2008, emitida por la Dra. Olga Elizabeth Sierralta Fernández, Médico Especialista en Salud Ocupacional, actuando en su condición de Médico Ocupacional adscrita a la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Carabobo (DIRESAT), en la cual certificó enfermedad ocupacional. No obstante, ello no implica que reconocemos como cierto el contenido de la misma, por ello, negamos y rechazamos, por ser falso, y pese a la certificación otorgada al demandante, que la patología músculo-esquelética sea de origen ocupacional, menos aún, que le produjo al actor una discapacidad parcial y permanente, para realizar actividades de alta exigencia física, tales como: levantar, halar, empujar cargas pesadas a repetición e inadecuadamente, ni por encima de los hombros, posturas forzadas, continuas, movimientos de extensión y lateralización del tronco de manera repetitiva, así como trabajar sobre superficies que vibren.

• Niega y rechaza por ser incierto, que FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., adeude y esté obligada a pagarle al actor una indemnización de acuerdo a la gravedad de la supuesta discapacidad, equivalente al salario correspondiente a no menos de dos (2) años ni más de cinco (5) años, contados en días continuos, en caso de discapacidad parcial o permanente, mayor del veinticinco (25%) por ciento de su capacidad física, o intelectual para la profesión u oficio habitual. 

• Que no es cierto, que el último salario diario integral devengado fue de Doscientos Cuarenta y Tres Bolívares con cuarenta y dos céntimos (Bs. 243,42), ya que su último salario diario integral fue de Doscientos Cuarenta y Dos Bolívares con cuatro céntimos (Bs. 242,04), tal como lo indica la planilla de pago por terminación de la relación de trabajo (finiquito por terminación de la relación de trabajo), consignada a los autos marcada “A”, la cual se encuentra suscrita por el accionante.

• Que no es cierto, que el salario de Bs. 243,42 deba servir de base para los cálculos de las indemnizaciones que sirven de fundamento para esta demanda, según lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. En todo caso, negamos, por ser incierto, que nuestra representada adeuda al actor y deba ser condenada a pagarle cantidad de dinero alguna por concepto de las indemnizaciones establecidas en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

• Que es absolutamente incierto que su representada haya incumplido alguna disposición de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio de Trabajo del 2005 o de la reforma de la misma, ya que, como fue señalado, del resumen de historia médica consignada a los autos marcada “H”, se evidencia que el actor presentó patologías que inciden directamente sobre la salud ósea de las personas, tales como: sobrepeso, hábito de fumador e inclusive diabetes, por lo que, el mismo servicio de salud de la empresa ordenó restricción laboral.

• Niega que FORD MOTOR DE VENEZUELA S.A., mantuvo al demandante realizando actividades que implicaban levantar, empujar, halar cargas, movimientos de dorsiflexión del tronco de forma repetitiva y/o mantenerse en bipedestación prolongada, menos aún, que el representante del patrono haya hecho caso omiso a la patología y reposos de Robert Marín, indicándole que debía trabajar.

• Niega que la supuesta enfermedad del actor, se debe a la inobservancia de nuestra representada de las Normas de Higiene y Seguridad Industrial, contempladas en la Ley Orgánica de Prevención, Condición y Medio Ambiente del Trabajo; que así mismo, negamos y rechazamos, por ser incierto, que FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., haya incumplido e incumpla el contenido del artículo 56 de los Deberes de los Empleadores de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo en sus numerales del 1, 3, 4, 5, 11, 13 y 15.

• Niega que el trabajo realizado en la empresa por el actor, consistía en estar sometido a riesgos físicos, por efectuar esfuerzo físico, levantar peso, realizar movimientos de flexión y rotación de columna vertebral, en condiciones inseguras, sin la adecuada protección de seguridad industrial y falta de implementación de métodos seguros de trabajo, por lo que el actor indica como causa de su patología, las actividades laborales ejecutadas, la supuesta inobservancia de su representado de normas de seguridad laborales, la ausencia de métodos seguros de trabajo, aún y cuando hay constancia de autos, respecto a las instrucciones, adiestramiento, capacitación efectuada al trabajador, así como la notificación de los métodos de prevención y forma de prevenir accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales.

• Que es totalmente falso que su representada, se ha caracterizado por el hecho de no contar con prevención ni seguridad en el ambiente de trabajo y menos aún lo mencionado por el actor respecto a labores que implican continuo esfuerzo físico con levantamiento y empuje de peso inadecuado y exagerado, todo ello es total y completamente falso, ya que mi representada dota a sus trabajadores del equipo o herramientas requeridos por estos para cumplir con las labores que les sean encomendadas, así mismo, existe un Comité de Higiene y Seguridad Industrial en la empresa que se encuentra permanentemente fiscalizando que los procedimientos productivos que allí se desarrollan, cuentan con todas las medidas de seguridad industrial, incluyendo lo que a capacitación de personal se refiere.

• Niega y rechaza, lo alegado por el trabajador en el escrito libelar, al mencionar padecer Hernia Discal, inclusive así lo menciona la certificación del DIRESAT Carabobo, por cuanto, lo cierto es que los propios médicos señalan: “…Artrosis lumbar degenerativa y escoliosis de columna discopatía protegida de predominio L5-S1”, por lo que, se permiten destacar que, es ampliamente conocido que la definición de Protrusión, Radiculopatía, artrosis, escoliosis o discopatía en ningún caso se corresponde a una hernia discal, es una patología músculo-esquelética, más no es Hernia Discal.

• Que con respecto a lo afirmado por el actor en el libelo de demanda, relacionado al departamento de salud de la empresa, es necesario aclarar que sí existe un Departamento de Salud en las instalaciones de su representada, el cual se encarga de atender a los trabajadores respecto a los primeros auxilios requeridos por los trabajadores, por supuesto, si existieran casos que requirieran intervenciones quirúrgicas o atención especializada, el mencionado departamento de salud remite a los trabajadores a centros hospitalarios privados para que se les preste la debida atención, pero, todos los trabajadores reciben buen servicio médico en la empresa, ya que inclusive, en el presente caso, fue el servicio médico de la empresa el que ordenó la restricción de sus labores y posteriormente lo remitió al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, para su evaluación por parte de dicha Institución. 

• Niega por ser falso, que el salario que deba servir de base para los cálculos de las indemnizaciones que sirven de fundamento para esta demanda, según lo establecido en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, sea de Bs. Bs. 243,42. En todo caso, niega que su representada adeude al actor y deba ser condenada a pagarle cantidad de dinero alguna por concepto de las indemnizaciones establecidas en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.

• Niega que haya existido una violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de su representada.

• Niega que el demandante, haya estado obligado a trabajar en condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes biológicos, factores psicosociales y emocionales.

• Niega que su mandante, le haya vulnerado al actor la facultad humana, le haya producido una pérdida de la capacidad de ganancias, y le haya alterado la integridad emocional y psíquica.

• Niega que su representada, haya cometido hecho ilícito alguno, en tal sentido, rechaza que su mandante esté obligada a reparar daño material y/o moral alguno.

• Niega y rechaza que su representada, le adeude o deba ser condenada a pagarle al demandante cantidad alguna de dinero, correspondiente a los conceptos demandados, ya que los mismos son improcedentes e infundados, en consecuencia niega por ser incierto, que su representada le adeude o deba ser condenada a pagarle al demandante, la cantidad de Bs. 3.435.927,00.

 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA Y LÍMITES DE LA CONTROVERSIA.

Sobre la carga de la prueba y su distribución en el proceso laboral, se ha pronunciado en diversas oportunidades esta Sala de Casación Social, reiterando su posición. Al respecto, resulta muy útil la sentencia N°. 419 de fecha 11 de mayo de 2004 (caso: Juan Rafael Cabral Da Silva contra Distribuidora La Perla Escondida, C.A.), en la cual se llegó inclusive a enumerar, los diversos supuestos de distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral. Asimismo, esta circunstancia se encuentra establecida en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; no obstante, en asuntos como el de autos, en los cuales se reclaman indemnizaciones derivadas de infortunios de trabajo, esta Sala ha establecido un criterio especial, dada la naturaleza de este tipo de causas, disponiendo entre otras decisiones, en la sentencia N°. 9 de fecha 21 de enero de 2011, caso Francisco Bautista Villahermosa contra B&P Ingeniería, C.A. lo que a continuación parcialmente se transcribe: “Conteste con el criterio sostenido por esta Sala Social, la carga de la prueba de la enfermedad de origen ocupacional padecida así como la relación que existe entre la enfermedad y el trabajo desempeñado le corresponde al actor.”.

Ahora bien, aplicando la doctrina de esta Sala al presente caso, puede apreciarse que la representación judicial de la parte demandada en la oportunidad procesal de contestar la demanda, negó que la enfermedad padecida por el actor y certificada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, en fecha 29 de septiembre de 2008, se deba a la inobservancia de su representada de las Normas de Higiene y Seguridad Industrial, contempladas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en particular el artículo 56; asimismo negó que al trabajador le sea aplicable lo establecido en el numeral 4, del artículo 130, de la referida ley especial, por cuanto esa indemnización le corresponde a los trabajadores que a causa de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del patrono, hayan sufrido un accidente de trabajo o padecido alguna enfermedad ocupacional.

 De igual modo negó, que su representada deba al trabajador cantidad alguna por indemnización de daño moral o material (lucro cesante), así como por responsabilidad subjetiva patronal conforme a las previsiones de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

 

         Siendo ello así, en el presente asunto se tienen como hechos controvertidos, la procedencia o no, de las indemnizaciones reclamadas en el libelo de demanda (daño moral y artículo 130, numeral 4 y tercer aparte de Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo). En ese sentido se establece, que para la procedencia del daño moral, deberá el actor demostrar el padecimiento de la enfermedad ocupacional que alega en su libelo; asimismo en lo que respecta a la indemnización por responsabilidad subjetiva prevista en el numeral 4 del artículo 130 eiusdem, deberá demostrar aparte del daño mismo invocado en su libelo (enfermedad ocupacional), el incumplimiento de normas y obligaciones legales por parte del patrono en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como la relación causal entre dichos incumplimientos patronales y la ocurrencia del infortunio laboral; mientras que al patrono se le exige la demostración del cumplimiento de todas las obligaciones que le impone la ley especial en materia de salud y seguridad laborales o el hecho excepcionante de su responsabilidad. Asimismo, para la procedencia de la indemnización prevista en el tercer aparte del mencionado artículo 130, deberá el actor demostrar que el daño invocado en su libelo, le vulneró su facultad humana mas allá de la simple pérdida de su capacidad de ganancias. Así se establece.

 

DE LOS MEDIOS PROBATORIOS:

 

Parte actora:

Documentales producidas conjuntamente con el libelo:

a) Copia fotostática de recibo de pago marcado “B”, cursante al folio 30 de la pieza N° 1, a la cual se le otorga valor probatorio de conformidad a lo previsto en los artículos 78 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que no fue impugnada por la parte contraria. De la misma se evidencia la identificación del actor, fecha de ingreso a la empresa, cargo desempeñado, salario diario devengado y demás beneficios. 

b) Copia fotostática de Evaluaciones de Puesto de Trabajo de otros trabajadores en las instalaciones de la empresa demandada, marcadas con las letras “C” y “D”; cursantes a los folios 31 al 37 de la pieza N° 1, a cuyas documentales no se les otorgan valor probatorio, por cuanto las mismas no guardan relación con el accionante, ciudadano Roberth José Marín Sánchez, razón por la cual son desechadas del material probatorio.

c) Copia fotostática de informe de investigación de origen de enfermedad realizado por la Diresat-Carabobo en relación al ciudadano Roberth José Marín Sánchez, marcado “E”, cursante desde el folio 38 al 64 de la primera pieza. Se observa que esta documental fue consignada igualmente en copia certificada por la actora conjuntamente con el escrito de promoción de pruebas (ver folio 182 al 221 de la pieza N° 1). Se le otorga valor probatorio por tratarse de un documento público conforme a lo previsto en el artículo 76 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el cual no fue objeto de tacha en el presente juicio.

d) Original de informe médico marcado “F”, cursante al folio 65 de la primera pieza, expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo, Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual Sub Comisión del estado Carabobo, donde se diagnosticó al ciudadano Robert José Marín Sánchez: “VERTEBRA EN CUÑA L2-L3. ARTROSIS LUMBAR SEVERA, ESCOLIOSIS LUMBAR- DEGENERACIÓN DE DISCOS L2.L3, L5.S1”; con una pérdida de capacidad para el trabajo de 67%. A esta documental se le otorga valor probatorio por tratarse de un documento público administrativo que goza de presunción legalidad, cuya autenticidad no fue desvirtuada por otras pruebas.

e) Original de Certificación de Discapacidad de fecha 29 de septiembre de 2008, marcada “F1”, emitida por la Diresat-Carabobo, cursante a los folios 66 y 67 de la pieza N° 1, a cuya documental se le otorga valor probatorio por tratarse de un documento público administrativo que goza de presunción de legalidad, cuya autenticidad no fue desvirtuada por otras pruebas. De la misma se evidencia que la referida institución, certificó que el ciudadano Robert José Marín Sánchez, padece una enfermedad ocupacional consistente en discopatía lumbar L1-L2, L3-L4 y L4-L5, y Hernia Discal L2-L3 y L5-S1 (COD. CIE10-M511), que le ocasiona una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual.

f) Copia fotostática marcada “G”, cursante al folio 68 de la primera pieza, consistente en Estudio de Resonancia Magnética de Columna Lumbo-Sacra, realizado al accionante en el Centro Clínico (La Viña), Valencia estado Carabobo, suscrita por la Dra. Alexandra Silva, en su condición de Médico Radiólogo del referido centro asistencial. A esta documental no se le otorga valor probatorio y en consecuencia se desecha, por cuanto los hechos contenidos en la misma, no fueron incorporados al proceso de conformidad a lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

g) Original marcada “H”, cursante al folio 69 de la primera pieza, consistente en “Hoja de Referencia de Consulta del Servicio de Medicina Ocupacional”, Diresat-Carabobo, cuya documental se desecha por no aportar nada a la resolución de la controversia.

h) Original de comunicaciones enviadas por la Diresat-Carabobo a la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A., marcadas “I” y “J”, cursantes a los folios 70 y 71 de la pieza N° 1, fechadas 27 de junio de 2005 y 05 de octubre de 2006 respectivamente, a las cuales se les otorgan valor probatorio por tratarse de documentos públicos administrativos que gozan de presunción de legalidad, cuya autenticidad no fue desvirtuada en juicio con otras pruebas. De las mismas se evidencia la participación que le hace la Diresat-Carabobo a la empresa demandada, que el accionante de acuerdo a la evaluación que se le realizó, debía ser cambiado de puesto de trabajo por cuanto no debía realizar tareas de alta exigencia física y que debía cumplir sus actividades de acuerdo a las normas de higiene postural y de seguridad.

i) Original de Hoja de Referencia de Consulta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, marcada “K”, cursante al folio 72 de la primera piza, fecha 18/10/06, la cual se desecha del material probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia.

j) Copia fotostática marcada “K1”, cursante al folio 73 de la primera pieza, consistente en el informe médico de fecha 23/03/07, expedido por la Policlínica Los Guayos, C.A., suscrito por el Dr. Carlos A. Silva A., en su condición de traumatólogo del referido centro asistencial. A esta documental no se le otorga valor probatorio y en consecuencia se desecha, por cuanto los hechos contenidos en la misma, no fueron incorporados al proceso de conformidad a lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

k) Copia fotostática de comunicaciones dirigidas a la Diresat-Carabobo INPSASEL, por parte de un grupo de trabajadores de la empresa demandada fechadas 22/01/07, 07/02/07 y 21/05/07 respectivamente, cursantes desde el folio 74 al 89 de la primera pieza, marcadas en forma correlativa desde la letra “L” hasta la “N”, las cuales son desechadas del material probatorio por no guardar relación con el accionante.

l) Marcadas “Ñ” y “O”, cursantes desde el folio 90 al 95 de la primera pieza, consistente en correspondencias dirigidas por un grupo de trabajadores de la empresa demandada Ford Motors de Venezuela, S.A., al Colegio de Médicos del estado Carabobo, fechadas 21/05/07 y 31/07/07, las cuales son desechadas del material probatorio por no guardar relación con el accionante.

m) Copia fotostática marcada “P”, cursante al folio 96 de la primera pieza, consistente en comunicación dirigida por el sindicato SINTRAFORD a la empresa demandada de fecha 4 de julio de 2007, la cual es desechada del material probatorio al haber sido impugnada por la demandada en la audiencia de juicio.

n) Copia fotostática marcada “Q”, cursante al folio 97 y 98 de la primera pieza, consistente en comunicación enviada al ciudadano Marlon Arias, funcionario encargado de los casos de automotriz de Inpsasel del estado Carabobo, de fecha 31/07/07, por un grupo de trabajadores de la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A. Esta documental es desechada del material probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia.

ñ) Copia fotostática marcada “R”, cursante al folio 99 y 100 de la primera pieza, consistente en comunicación enviada a la Oficina de los Derechos Humanos del estado Carabobo (Defensoría del Pueblo), por un grupo de trabajadores de la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A, fechada 20/08/07, cuya documental se desecha del material probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia.

o) Copia fotostática de acta de instalación de la mesa técnica de prevención de fecha 05/09/07, cursante a los folios 101 al 107 de la primera pieza, marcada “S”, con motivo de llevar a cabo un dialogo entre las partes y verificar el cumplimiento de las funciones del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa demandada. Dicha acta fue suscrita por representantes de los trabajadores, de la empresa y de la Diresat-Carabobo, en la misma ambas partes acordaron la revisión de las políticas de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esta documental nada aporta a la resolución de la controversia, razón por la cual se desecha del material probatorio.

p) Copia fotostática de denuncia por acoso laboral presentada por el accionante ante la Diresat-Carabobo en fecha 26 de septiembre de 2007, cursante a los folios 108 al 109 de la primera pieza, marcada “T”. No se le otorga valor probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia, razón por la cual se desecha del material probatorio.

q) Original de Hoja de Referencia de Consulta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, marcada “T1”, cursante al folio 110 de la primera piza, fecha 15/10/07, la cual se desecha del material probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia.

r) Original de comunicación enviada por la Diresat-Carabobo a la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A., marcadas “U”, cursante al folio 111 de la pieza N° 1, fechada 18 de enero de 2008, a la cual se le otorga valor probatorio por tratarse de documento público administrativo que gozan de presunción de legalidad, cuya autenticidad no fue desvirtuada en juicio con otras pruebas. De la misma se evidencia la participación que le hace la Diresat-Carabobo a la empresa demandada, que el accionante de acuerdo a la evaluación que se le realizó, presenta lumbalgia supeditada a discopatía lumbar L2-L3 y L5-S1 y que dicho trabajador podía seguir laborando, no obstante continuar con tratamiento de traumatología y fisiatría, debiendo realizar sus actividades de acuerdo a las normas de higiene postural y de seguridad.

s) Copia fotostática de comunicación enviada por la Directora de Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Sector Privado a la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A., cursante a los folios 112 y 113 de la primera pieza marcada “U1”, con el objeto de convocarlos a la sede de dicho organismo a una reunión conciliatoria con motivo del reclamo formulado por el accionante y otros dos trabajadores de la empresa accionada. Dicha comunicación se desecha del material probatorio al no aportar nada a la resolución de la controversia.

t) Copia certificada de declaración de enfermedad ocupacional realizada por la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A., cursante a los folios 114 al 116 de la primera pieza, marcada “U2”, referido al ciudadano Robert José Marín Sánchez. A esta documental se le otorga valor probatorio, evidenciando la misma el cumplimiento por parte de la empresa de la obligación que tiene en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, referente a la declaración formal ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de la enfermedad que padece el accionante.

u) Copia fotostática de denuncia por acoso laboral presentada por el accionante ante la Diresat-Carabobo en fecha 26 de septiembre de 2008, cursante a los folios 117 al 118 de la primera pieza, marcada “V”. No se le otorga valor probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia, aunado a ser impugnada por la parte contraria por tratarse de copia fotostática, razón por la cual se desecha del material probatorio.

v) Copia fotostática de acta contentiva de denuncia por acoso laboral presentada por el accionante ante la Diresat-Carabobo en fecha 29 de septiembre de 2008, cursante a los folios 119 al 121 de la primera pieza, marcada “W”. La misma fue impugnada por la parte contraria por tratarse de una copia fotostática, y en virtud de ello se desecha del material probatorio.

w) Original marcada “X” de acta de compensación por trabajo en día de descanso semanal obligatorio, cursante al folio 122 de la primera pieza, suscrita por un representante de la empresa accionada y el accionante en fecha 24/03/10. Esta documental es desechada del material probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia.

x) Copia fotostática de Hoja de Referencia de Consulta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, marcada “Y”, cursante al folio 123 de la primera piza, fecha 09/09/10, la cual se desecha del material probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia.

y) Original marcada “Z”, cursante al folio 124 de la primera pieza, consistente en informe médico de fecha 08/09/10, que contiene evaluación efectuada al trabajador por la Comisión Evaluadora del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), mediante la cual se le otorgó una incapacidad de 67% y se indicó tratamiento y reposo médico por 21 días desde el 27/09/2010 hasta el 17-10-2010. A esta documental se le otorga valor probatorio por tratarse de un documento público administrativo que goza de presunción de legalidad.

z) Original marcada “Z1”, cursante al folio 125 de la primera pieza, consistente en Hoja de Referencia de Consulta Psiquiátrica del accionante en el IVSS de fecha 02/02/11, la cual se desecha del material probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia.

z1) Copias fotostáticas numeradas 1 y 2, cursantes a los folios 126 y 127 de la primera pieza, consistentes en récipes médicos emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en fecha 21/09/2010 y 28/10/2010 respectivamente, a cuyas documentales no se les otorgan valor probatorio y en consecuencia se desechan al no aportar nada a la resolución de la controversia.

z2) Copia fotostática de informe de investigación de origen de enfermedad del ciudadano Carlos González, realizado por la Diresat-Carabobo, marcado con la letra “X1”, cursante a los folios 128 al 134 de la primera pieza, a cuya documental no se le otorga valor probatorio al no guardar relación con el accionante y en virtud de ello se desecha del material probatorio.

z3) Copia fotostática de Certificado de Incapacidad otorgado por el Servicio de Traumatología del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cursantes desde el folio 135 al 139, numeradas del 3 al 12, mediante los cuales se les confiere reposo médico al accionante por los períodos comprendidos desde el 07-03-06 hasta el 08-03-06 y desde el 29-06-06 hasta el 15-07-06 respectivamente. Estas documentales son desechadas del material probatorio al no aportar nada a la resolución de la controversia.

z4) Original de Hoja de referencia y consulta del Servicio Médico de la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A., cursantes a los folios 140 al 145 de la primera pieza, a cuyas documentales no se les otorgan valor probatorio al no aportar nada a la resolución de la controversia.

z5) Relación de horas extraordinarias de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, correspondiente al ciudadano Roberth José Marín Sánchez, cursante al folio 146 de la primera pieza, marcada “X2”. Se observa que esta documental no se encuentra firmada por persona alguna y la misma fue impugnada por la demandada, razón por la cual no se le otorga valor probatorio por violar el principio de alteridad de la prueba.

Las anteriores documentales fueron ratificadas por la parte actora en el escrito de promoción de  pruebas.

Documentales promovidas con el escrito de pruebas:

1) Original de Hoja de referencia del Servicio de Traumatología del IVSS para el Servicio de Radiología del referido instituto de fecha 04/09/07, marcada “Z2”, cursante al folio 179 de la primera pieza, donde se indica que el accionante presenta deformidad en la columna dorsolumbar+patología comprimida LS-L5. A esta documental se le otorga valor probatorio por tratarse de un documento público administrativo que goza de presunción de legalidad, el cual no fue desvirtuado por otra prueba en el presente juicio.

2) Copia fotostática de comunicación fechada 29 de marzo de 2011, suscrita por el actor y dirigida a la Diresat-Carabobo, recibida en fecha 30 de marzo de ese mismo año, marcada “Z3”, cursante al folio 180 de la primera pieza, mediante la cual el accionante le solicita a dicha dirección, una relación certificada de las horas extraordinarias que ha entregado la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A., según los lineamientos establecidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, durante el período comprendido entre el año 2000 hasta el año 2010. Esta documental es desechada del material probatorio al no aportar nada a la resolución de la controversia por no estar en discusión el trabajo de horas extraordinarias por parte del accionante.

Del requerimiento de informes:       

De conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se solicitó:

Al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), lo siguiente:

a) Copia certificada de la información reproducida el 15/07/08, del trabajador Héctor Sosa (…), en lo referente a la Instalación de Tableros en Área de Camiones, anexo “C”, desde el folio 31 al 33, que se encuentra en el folio 47 del Informe de Investigación del puesto de trabajo, del Sr. Robert Marín realizado en la empresa, que se acompañó marcado “E”, orden de servicio Nº Car-08-541 de 12/06/08, realizado por la funcionaria Yamilet Otahola Tellería, Inspectora de Seguridad.

b) Copia certificada de la información reproducida el 18/06/08 del trabajador Manuel Victorio Rojas Miranda, en lo referente a la instalación de vidrios de puerta lado izquierdo en el Área de Vestidura de Camiones, anexo “D”, desde el folio 34 al folio 37, que se encuentra en el folio 47 del informe de Investigación del puesto de trabajo del Sr. Robert Marín, acompañado “E”, orden de servicio Nº Car-08-541 de fecha 12-06-08…(…). 

c) Copia certificada de la información reproducida el 01/07/08 del trabajador Carlos González, en lo referente al criterio Higiénico Epidemiológico Encuesta Corporal Masculino del Departamento Operación de Frenos, que se encuentra en el folio 59 del Informe de Investigación del puesto de trabajo del Sr. Robert Marín, acompañado “E”,…(…). 
d) Copia certificada de instrumento acompañado marcado I, que se encuentra en el folio 70, referente a la comunicación enviada al Jefe del Servicio de la empresa que le informa que el Sr. Robert Marín asistió a la consulta de Medicina Ocupacional, Nro. 00026, de fecha 27/06/05, donde evalúan su capacidad de trabajo.

e) Copia certificada de instrumentos acompañados marcado “Q, T y V”, que se encuentran identificados y ubicados: Marcado Q del folio 97 al folio 98, de la comunicación enviada a Marlon Arias funcionario Encargado de los casos automotrices de Diresat-Carabobo 31/07/07, en el cual informa de las irregularidades cometidas por el empresa… el segundo marcado T del folio 108 al 109 de la denuncia por Acoso laboral formulada por el actor, dirigida a Diresat-Carabobo, de fecha 26/09/07, a los pocos días de haberse formados el Acta de la Instalación de la Mesa Técnica de Prevención y haber llegado a ciertos compromisos laborales.- tercero, marcado “V” del folio 117 al 118 de la denuncia de Acoso Laboral formulada por el actor de fecha 26/09/08, donde denuncia al Sr. Andrés Vielma representante de la empresa.

f) Copia certificada del mismo Instituto de la fecha en que fue constituido y re-estructuración del Comité de Higiene y Seguridad industrial por primera vez estando vigente la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de fecha 18 de julio de 1986.

g) Copia certificada de instrumento acompañado marcado “S”, que se encuentra en el folio 101 al folio 107, referente del Acta de la Instalación de la Mesa Técnica de Prevención suscrita por el Ing. Marlon Arias y T.S.U., Nilda Gómez, en su condición de inspectores de Seguridad y Salud en el Trabajo II de Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales de fecha 05/08/2007.  

Se observa que las resultas de la información requerida no consta en autos, por lo cual no hay prueba que analizar.

 

De la Inspección Judicial

No consta en autos la evacuación de este medio probatorio, motivo por el cual no hay materia que analizar.

 

De los medios probatorios promovidos por la demandada:

Documentales (todas cursantes en el cuaderno de medios probatorios):

• Original de planilla de finiquito por terminación de la relación de trabajo, marcada “A”, cursante al folio 2, a cuya documental no se le otorga valor probatorio y en consecuencia se desecha, por cuanto el pago de las prestaciones sociales y demás hechos contenidos en la misma, no son objeto de controversia en el presente juicio.

• Original de planilla de Registro de Asegurado ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y participación de retiro del trabajador accionante por parte de la empresa demandada al referido instituto, marcadas “B” y “C”, cursantes a los folios 3, 4 y 5, a cuyas documentales se les otorgan valor probatorio conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; evidenciándose de las mismas, tanto la inscripción del accionante por parte de la empresa demandada Ford Motors de Venezuela, S.A., ante la mencionada institución, como la participación de retiro de la empresa. Es preciso destacar que la fecha de ingreso del accionante a la empresa fue el día 20-03-00, sin embargo, la inscripción ante el IVSS fue realizada en fecha 03-07-00, es decir, de manera tardía, mientras que la fecha de retiro que aparece en dicha documental es el día 02-12-10, teniéndose ésta como la fecha de terminación de la relación de trabajo. Así se establece.

• Original de carta de renuncia a su cargo por parte del accionante de fecha 2 de diciembre de 2010, debidamente suscrita por el actor, marcada “C1”, cursante al folio 6, a cuya documental se le otorga valor probatorio de conformidad a lo previsto en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; esta documental evidencia la forma y fecha de terminación de la relación de trabajo (renuncia en fecha 2 diciembre de 2010).

• Original marcada “D”, consistente en notificación de riesgos sobre las actividades realizadas por el accionante en las instalaciones de la empresa demandada de fecha 20 de marzo de 2000, cursante del folio 7 al 11, la cual se encuentra debidamente suscrita por el actor en señal de recibida. A esta documental se le otorga valor probatorio de conformidad a lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo al no ser desconocida por la parte actora, evidenciándose con ello el cumplimiento por parte del empleador de la norma prevista en el artículo 56, numeral 4, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

• Originales marcadas “E, cursante desde el folio 12 al 15, consistente en constancia de análisis de seguridad en el trabajo de las operaciones de planta, de fechas 08/01/2004, 13/01/2005 y 09/01/2006 respectivamente, las cuales se encuentran debidamente suscritas por el actor y contienen el análisis, notificación y forma de prevención de los riesgos de la operación ejecutada por el accionante. Se les otorga valor probatorio conforme al artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, evidenciándose de las mismas el cumplimiento por parte de la empresa accionada del artículo 56, numeral 4, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

• Original marcada “F”, cursante desde el folio 16 al 42, consistente en planilla de renovación de certificado de registro del Comité de Seguridad y Salud Laboral, la cual se encuentra suscrita por los trabajadores de la empresa, a cuya documental se le otorga valor probatorio conforme al artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, evidenciándose de la misma el cumplimiento por parte de la empresa accionada de la obligación contenida en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

• Marcada “G”, cursante al folio 43, consistente planilla de examen pre-empleo emitida por la empresa demandada, cuya documental es desechada del material probatorio por no ser oponible al actor y ser violatoria del principio de alteridad de la prueba, el cual consiste en que las partes no pueden invocar a su favor las pruebas elaboradas por si misma.

• Marcada “H”, cursante a los folios 44 y 45 consistente en resumen de Historia Médica del actor, elaborado por el servicio médico de la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A., cuya documental es desechada del material probatorio por no ser oponible al actor y ser violatoria del principio de alteridad de la prueba, el cual consiste en que las partes no pueden invocar a su favor las pruebas elaboradas por si misma.

• Cursante al folio 46, marcada “I”, consistente en planilla de solicitud de empleo, llenada y firmada por el actor, cuya documental se desecha del material probatorio por no aportar nada a la resolución de la controversia.

• Marcadas “J” y “L”, cursante a los folios 47 al 60, consistente en documental sobre el programa de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Esta documental es desechada del material probatorio por no ser oponible al accionante al no contar con la firma de éste, ni sello de la empresa.

• Cursante al folio 61, marcada con la letra “M”, consistente en copia fotostática de impresión de la página WEB del IVSS, sobre la condición o estatus del accionante ante la referida institución. A esta documental se le otorga valor probatorio conforme a los artículo 78 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 4 de la Ley Sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, en virtud de no ser impugnada por la parte actora, evidenciándose de la misma que el accionante se encuentra en condición de pensionado por invalidez por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

• Marcada con la letra “N”, cursante a los folios 62 al 94, consistente en recibos de pago de salario efectuados al accionante, a cuyas documentales se les otorgan valor probatorio al no ser atacadas por la parte actora, desprendiéndose de los mismos los diferentes salarios cancelados al accionante en forma semanal.

• Cursante desde el folio 95 al 337, marcado con la letra “O”, consistente en original y copias fotostáticas de ejemplares de Convención Colectiva de Trabajo de la empresa Ford Motors de Venezuela, S.A., correspondiente a los períodos 2001-2004; 2004-2007 y 2007-2010; al respecto es preciso destacar que las convenciones colectivas de trabajo, son derecho y no simples hechos sujetos a las reglas generales de la carga de alegación y prueba, razón por la cual no es procedente su valoración. (vid. Sentencia SCS N° 417/12-06-13).

• Marcada “P”, cursante a los folios 338 y 339, consistente en notificación al actor sobre la descripción del cargo de operario de producción, cuya documental se encuentra suscrita por el accionante y por representantes de la empresa accionada. Se le otorga valor probatorio de conformidad a lo previsto en el artículo 78 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; evidenciándose de esta documental el cumplimiento de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo.

• Cursante a los folios 340 al 343, marcada “Q”, consistente en las restricciones de actividades y puesto de trabajo efectuado por el Servicio de Salud de la empresa accionada. Esta documental no aporta nada a la resolución de la controversia, razón por la cual se desecha del material probatorio.

• Cursante a los folios 344 al 1.028, marcada “J”, consistente en documentales consignadas por la demandada referida a los aspectos contenidos en el programa y descripción del proceso productivo de la empresa, cuyas documentales carecen de firma y sello, razón la cual se desechan del material probatorio.

 

Del requerimiento de informes:      

De conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se solicitó información a las siguientes instituciones:

1) A la Caja Regional del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, lo siguiente:

a) Si la empresa se encuentra inscrita como empleador por ante IVSS

b) Si el actor fue inscrito por ante dicho Instituto, como trabajador activo desde el 20 de marzo 2000 hasta el 18 de noviembre de 2010.

Las resultas a dicha solicitud se recibieron en fecha 29 de octubre de 2012, y cursan a los folios 324 al 326, entre otros histórico del asegurado y cuenta individual, donde se informó lo siguiente:

(…), al respecto le informo que en la base de datos del … , aparece registrado como asegurado el ciudadano ROBERT J. MARÍN, titular de la cédula de identidad Nº 11.360.689, en la empresa FORD MOTOR DE VZLA S.A., con estatus de CESANTE, con una fecha de ingreso del 20/03/2000, y una fecha de egreso de 02/12/2010.

 

A dicha documental se le otorga valor probatorio por cuanto la información allí contenida, fue solicitada conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Con ello queda demostrada la fecha de terminación de la relación de trabajo (02-12-10).

2) Al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, lo siguiente:

a) Si la empresa registró por ante ese Instituto el Comité de Seguridad y Salud, en caso afirmativo, remitir copia de la documentación que evidencia dicho registro, así como la designación de delegados de Prevención.

b) Si el formato de declaración formal de enfermedad ocupacional se encuentra pre elaborado, ya que el servicio de salud de la empresa sólo podrá exponer su criterio en la parte in fine del informe, es decir, en las conclusiones, toda vez que el resto de los ítems de la planilla están creados con su respectiva respuesta.

Las resultas a dicha solicitud cursan a los folios 16 al 249 de la pieza N° 2 del expediente, dando respuesta, en cuanto al informe de investigación de origen de enfermedad contenido en el expediente signado con el Nº CAR-13IE-08-0305, y la certificación designada con el oficio Nº 01096 de fecha 29 de septiembre de 2008, correspondiente a la enfermedad ocupacional del ciudadano ROBERT JOSE MARÍN SÁNCHEZ, y su complemento, en virtud de la ratificación de la prueba de informes por acta de audiencia de juicio fechada 4 de abril de 2014, las mismas se encuentran insertas desde el folio 54 al folio 93 de la pieza 3. A dichas documentales se les otorgan valor probatorio por cuanto la información allí contenida, fue solicitada conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. El análisis de estas documentales, se realizará en la parte motiva de la sentencia.

 

3) Al Banco Fondo Común, lo siguiente:

a) Si el actor posee una cuenta por pensión.

b) Informe sí el Nº de la cuenta de pensión es 01510091540626201402 por Resolución Nº 20090101561.

Las resultas a dicha solicitud cursan a los autos, en la cual se informa que:

(…), existe una cuenta de Ahorro Pensionado IVSS a nombre del ciudadano R…, titular de la cédula de identidad No. V- 11.360.689, signada con el Nro. 0151-0084-24-0626201402, en la cual el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), le deposita la pensión de invalidez. “Anexo A”, Copia certificada del Estado de Cuenta,(…).

 

A dicha documental se le otorga valor probatorio por cuanto la información allí contenida, fue solicitada conforme al artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Con ello queda demostrado que al accionante le depositan ante la referida institución financiera la pensión de invalidez que le fuera otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

 

4) A la Inspectoría del Trabajo Cesar Pipo Arteaga, lo siguiente: (Único) Horario de trabajo de la empresa accionada, debidamente homologado por esa institución, por el período comprendido desde marzo 2000 hasta noviembre del 2010. La información solicitada, no consta en los autos, razón por la cual no existe prueba que analizar.

5) Al Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos del estado Carabobo, lo siguiente:

a) Si el actor interpuso por ante esa dirección, denuncia contra el doctor ALÍ LÓPEZ,… (Coordinador del servicio médico de salud para los trabajadores de Ford Motors de Venezuela, S.A.

b) Si es positiva la respuesta a la pregunta anterior, remita copia certificada de toda la documentación que conste por ante esta dirección.

c) Informe al juzgado, la decisión tomada por esa dirección, dada la denuncia.

Las resultas a dicha solicitud cursan al folio 319 de la pieza N° 3, donde se informó lo siguiente:

(…) El Dr. ALI LÓPEZ fue denunciado ante este Tribunal disciplinario en escrito de fecha mayo, julio octubre de 2007 y febrero 2008, los cuales les anexamos, por un grupo de trabajadores de la empresa…., no de manera particular por el Sr. ROBERT MARÍN C.I. 11360.689; si es de hacer notar que el Sr. Robert MARÍN aparece, en todos los escritos de denuncia firmando en primer lugar.

El Tribunal Disciplinario una vez revisado los recaudos, así como el descargo del DR. ALI LÓPEZ, (la cual anexamos), no consiguió elementos suficientes para sancionar disciplinariamente al Dr. ALI LÓPEZ, (…).

 

La mencionada documental es desechada del material probatorio, por cuanto los hechos allí contenidos, no aportan nada a la resolución de la presente controversia.

 

Ratificación de contenido y firma del ciudadano Dr. Alí López, titular de la C.I Nº V-7.565.376, MSDS Nº 30.413, y en el Colegio de Médicos del estado Carabobo Nª 8.659, de la documental marcada “H” (Folios 44 y 45) y que declare sobre los hechos atinentes a dicha documental.

         En la oportunidad de la audiencia compareció la ciudadana Carmen Janeth Vegas Arévalo, titular de la C.I: Nº V-7.078.080, en su condición de médico ocupacional, por cuanto el Dr. ALI LÓPEZ, ya no labora para la referida entidad de trabajo; en este sentido, la ciudadana in commento, admitió que se trata de documentos que emergen de la institución. Esta documental es desechada del material probatorio por no ser oponible al actor y ser violatoria del principio de alteridad de la prueba, el cual consiste en que las partes no pueden invocar a su favor las pruebas elaboradas por si misma.

 

Estas son todas las pruebas promovidas oportunamente por las partes.

 

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

 

Analizado todo el material probatorio, esta Sala resuelve en los siguientes términos:

En relación con la indemnización prevista en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, el mencionado artículo establece que en caso de ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional como consecuencia de la violación de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador o de la empleadora, éste estará obligado al pago de una indemnización al trabajador, trabajadora o derechohabientes, de acuerdo a la gravedad de la falta y de la lesión; en el caso particular del numeral 4 del mencionado artículo, la indemnización será el equivalente a no menos de dos (2) años de salario ni más de cinco (5) años.   

        En ese sentido, esta Sala hizo una revisión minuciosa de las actas procesales que conforman el presente expediente, y pudo constatar del mismo, la certificación de enfermedad ocupacional emitida por la Diresat-Carabobo, la cual certificó que el trabajador demandante Robert José Marín Sánchez, padece una enfermedad ocupacional consistente en discopatía lumbar L1-L2, L3-L4 y L4-L5, y Hernia Discal L2-L3 y L5-S1 (COD. CIE10-M511), que le ocasiona una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual (ver folio 66 y 67, pieza N° 1). Asimismo se observa, que existe informe médico marcado “F”, cursante al folio 65 de la primera pieza, expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo, Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual Sub-Comisión del estado Carabobo, donde se diagnosticó al demandante: “VERTEBRA EN CUÑA L2-L3. ARTROSIS LUMBAR SEVERA, ESCOLIOSIS LUMBAR- DEGENERACIÓN DE DISCOS L2.L3, L5.S1”; con una pérdida de capacidad para el trabajo de 67%.

 

        Por otra parte es importante destacar, que conforme al reiterado criterio  jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, no basta la certificación de enfermedad ocupacional emitida por el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laborales, para considerar que corresponden las indemnizaciones a que se contrae el artículo 130 y siguientes de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), toda vez que dicha certificación por sí sola, no resulta suficiente a los efectos de demostrar por ejemplo, que exista una relación de causa efecto entre el incumplimiento de obligaciones patronales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la aparición o el agravamiento de los padecimientos físicos del trabajador o trabajadora demandante. De donde se desprende, que por el sólo hecho de que la mencionada institución, declare la existencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad ocupacional, no corresponden automáticamente, las indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva patronal, específicamente las contenidas en el artículo 130 de la ley especial en materia de salud y seguridad laborales.

 

Al respecto, ha establecido de manera reiterada tanto esta Sala de Casación Social, como Sala Constitucional, que en casos como el de autos, donde se reclaman indemnizaciones derivadas de la responsabilidad subjetiva patronal, necesariamente deben demostrarse al menos tres elementos que resultan absolutamente indispensables para que procedan dichas indemnizaciones, a saber: la ocurrencia del daño mismo, el incumplimiento de normas y obligaciones patronales en materia de seguridad y salud en el trabajo, y finalmente, una relación causal entre dichos incumplimientos patronales y la ocurrencia del infortunio laboral, llámese éste accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

 

Ahora bien, del estudio de las actas que conforman el presente asunto, se observa que en relación al primer elemento referido al daño, el mismo se encuentra probado en autos, por cuanto se constata que el actor padece una enfermedad ocupacional consistente en discopatía lumbar L1-L2, L3-L4 y L4-L5, y Hernia Discal L2-L3 y L5-S1 (COD. CIE10-M511), que le ocasiona una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual en un 67%, todo lo cual se desprende tanto de la certificación del INPSASEL, como del informe médico marcado expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo, Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual Sub-Comisión del estado Carabobo, cuyas documentales fueron valoradas y analizadas supra, es decir, no existe duda de la existencia de un daño (en este caso físico, que afecta la salud del trabajador), como primer elemento que debe ser demostrado para que sea procedente la indemnización por responsabilidad subjetiva que reclama el demandante. Así se declara.

 

Con respecto al segundo elemento exigido, se observa que si bien el patrono cumplió con algunas obligaciones que le impone la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, como lo son: inscribir al accionante como asegurado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (art. 53, numeral 18, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), notificar al trabajador de los riesgos a los cuales se encontraba expuesto (art. 56, numeral 4, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), constituir el Comité de Seguridad y Salud Laboral (art. 46 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo) y contar con la aprobación del programa de seguridad y salud en el trabajo (art. 56, numeral 7, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), no es menos cierto, que no cumplió con ciertas obligaciones contenidas en la ley in commento.

 

En el caso particular, está demostrado que la parte patronal, si bien tenía conformado el comité de seguridad, éste incumplió con algunas de las funciones inherentes al mismo, tales como: el de facilitar el derecho a los trabajadores de recibir formación teórica y práctica, suficiente y adecuada y en forma periódica, para la ejecución de su actividad; así como de participar en la vigilancia, mejoramiento y control de las condiciones y el ambiente de trabajo y a no ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres; la obligación de abstenerse de realizar actos o incurrir en conductas que puedan perjudicar el buen funcionamiento del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo; y la obligación de diseñar una política y elaborar e implementar un programa de seguridad y salud en el trabajo, específico y adecuado a sus procesos. Por lo cual, este segundo elemento también se encuentra efectivamente demostrado en el presente asunto. Así se declara.

 

En lo que concierne al tercer elemento, no encuentra evidenciado esta Sala de ningún modo, la existencia de una relación causal entre las obligaciones incumplidas en materia de salud y seguridad en el trabajo y la aparición o el empeoramiento de la enfermedad del trabajador accionante, elemento éste, que suele ser el más difícil de demostrar, pues exige una relación de causa-efecto entre los incumplimientos por parte del patrono en materia de salud y seguridad laboral y el daño que padece el trabajador demandante. Dicho de otra manera, es necesario que efectivamente quede evidenciado el modo como influyeron o actuaron los incumplimientos patronales en materia de salud y seguridad en el trabajo, al punto de resultar determinantes en la aparición de los padecimientos físicos que sufre el actor, ciudadano Robert José Marín Sánchez, a saber: Discopatía lumbar L1-L2, L3-L4 y L4-L5, y Hernia Discal L2-L3 y L5-S1 (COD. CIE10-M511), que le ocasiona una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual con una pérdida de capacidad para el trabajo de un 67%.

 

En ese sentido es preciso destacar, que en relación con la distribución de la carga de la prueba es criterio reiterado de esta Sala, que la demostración del nexo causal entre las condiciones laborales inseguras, disergonómicas y/o insalubres (hecho ilícito patronal) y el daño sufrido por el trabajador (infortunio laboral), corresponde al trabajador, mientras que al patrono se le exige la demostración del cumplimiento de todas las obligaciones que le impone la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo o el hecho excepcionante de su responsabilidad, en caso de haber alegado uno u otro. Así se desprende de diversas decisiones de esta Sala de Casación Social, entre las cuales, además de la citada en el capítulo de esta decisión dedicado a la distribución de la carga de la prueba, puede indicarse un fallo anterior, como lo es la sentencia N°. 1.022 de fecha 1° de julio de 2008, (caso: Fermín Alfonso Sayago contra Servicios Halliburton de Venezuela, S.R.L. y otra).

 

Asimismo, resulta muy útil y oportuna la sentencia N° 505 de fecha 22 de abril de 2008 (caso: Enyerberg Manuel Basanta Mediavilla contra C.V.G. Bauxilum, C.A.), emitida por esta Sala de Casación Social, la cual resulta explícita y muy pedagógica a los efectos de comprender la necesidad de que exista una relación causal entre las condiciones de salud y seguridad laboral y el daño sufrido por el trabajador, a los efectos de poder condenar cualquiera de las responsabilidades subjetivas contempladas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. A continuación se transcribe un extracto de la mencionada decisión, el cual es del siguiente tenor:

Ahora bien, con respecto a la existencia de la relación de causalidad entre la enfermedad en cuestión y el trabajo prestado, es menester señalar que la cuestión de la relación de causalidad adquiere fundamental importancia en el ámbito que nos ocupa, en el cual, obviando disquisiciones filosóficas acerca de los alcances que se deben atribuir a la conducta humana, es preciso determinar cuándo y en qué condiciones el patrono debe responder ante la lesión de que es víctima su empleado. La relación de causalidad, es pues una cuestión de orden físico material, más que jurídico, se trata de saber si un daño es consecuencia de un hecho anterior y para su estudio es necesario definir los conceptos de causa, concausa y condición. En este orden de ideas, la causa, es el origen, antecedente o fundamento de algo que ocurre, es el hecho que ocasiona algo, una cosa o acontecimiento que puede producir uno o más efectos; la concausa, es aquello que actuando conjuntamente con una determinada causa, contribuye a calificar el efecto, es un estado o circunstancia independiente que actúa con la causa, que puede ser preexistente, concomitante o sobreviniente, en medicina la concausa preexistente se llama “estado anterior” que se refiere a estados patológicos de la víctima y la concausa concomitante o sobreviniente se llama complicación; la condición es empleada en el sentido de condicionar, es decir, hacer depender alguna cosa de una condición. (Pavese-Gianibeli. Enfermedades Profesionales en la Medicina del Trabajo y en el Derecho Laboral. Editorial Universidad. Buenos Aires. Argentina).

 

En sintonía con lo anterior, y para definir la relación de causalidad que debe existir entre la enfermedad y el trabajo realizado a efecto de que pueda ordenarse la indemnización correspondiente, es menester considerar como causa sólo la que mayor incidencia ha tenido en la génesis del daño (ésta sería la causa principal) y considerar o llamar concausa a otras causas o condiciones que han influido en la producción y la evolución del daño. Es así, que serían causa las condiciones y medio ambiente del trabajo (si es que fueron el principal desencadenante de la lesión) y concausa la predisposición del trabajador a contraer la enfermedad. En este sentido, se hace necesario tener en cuenta si la causa incriminada (las condiciones de prestación del servicio) es capaz de provocar el daño denunciado y en caso de producirse una complicación evolutiva, poder establecer si alguna otra causa (concausa), alteró esa evolución, de esta manera el juez podrá decidir si hubo o no vinculación causal o concausal con las tareas realizadas por un trabajador; determinar dicha vinculación resulta indispensable, pues no resultará indemnizable el daño sufrido por el trabajador ocasionado conjuntamente por la tarea realizada y por la acción de una concausa preexistente, en la medida en que esta última (concausa) haya incidido. 

 

A tal fin será preciso realizar un análisis de las circunstancias vinculadas con las condiciones y medio ambiente del trabajo, es decir, realizar un análisis de las tareas efectuadas por la víctima, en este sentido el trabajador deberá detallar en su libelo la tarea que ejecuta o ejecutaba y no limitarse a la mención tan común del oficio desempeñado; luego se analizará los detalles y pruebas existentes en autos sobre el ambiente laboral y los elementos que el trabajador consideró perniciosos para su salud. Una vez realizada dicha determinación, corresponde estudiar las circunstancias vinculadas con el trabajador, es decir, estudiar el diagnóstico de la enfermedad padecida la cual obviamente sólo será posible con la ayuda del profesional médico; debe estudiarse además las condiciones personales del trabajador, edad, sexo, constitución anatómica, predisposición y otras enfermedades padecidas. Por consiguiente, cumplidos los presupuestos señalados, le resta al juez determinar la vinculación o nexo causal entre el trabajo, sus condiciones y la lesión incapacitante.

 

En el mismo orden de ideas, se reitera respecto al tercer elemento, que no se evidencia en el caso de autos, la existencia de una relación causal entre el incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte del patrono en materia de salud y seguridad en el trabajo y la aparición o el empeoramiento de la enfermedad del trabajador accionante, es decir, no quedó demostrado en autos, que tales incumplimientos, hayan producido los padecimientos físicos que afectan al trabajador demandante, conforme a la certificación de la Diresat-Carabobo, porque a juicio de esta Sala, es sumamente difícil poder determinar tan sólo con estos elementos (incumplimientos), en qué proporción fue determinante o no esa circunstancia (no relación causal).

 

Por otra parte es preciso destacar, que la enfermedad o patología que presenta el trabajador accionante, está asociada a las vulgarmente llamadas hernias discales -que realmente son protrusiones o prolapsos discales-, las cuales tienen un origen fundamentalmente degenerativo, en el que ciertamente poco puede intervenir el tipo de trabajo que se desarrolla para la aparición de dichas protrusiones en los discos intervertebrales de las personas. Es por ello, que normalmente muchas personas asocian esta patología al levantamiento de peso, movilización de cargas o con el trabajo forzado, porque igualmente establecen una correlación entre las hernias discales y las hernias umbilicales o las inguinales; no obstante, la realidad médica demuestra que nada tiene que ver una patología con la otra, así como tampoco las hernias o protrusiones discales con el desempeño de oficios que involucren el levantamiento de cargas pesadas, ya que ambas enfermedades no tienen la misma sintomatología y también resultan diferentes en su aparición, mientras que la hernia inguinal o la hernia umbilical, si están asociadas al elemento del trabajo forzado (Dr. José T. Hernández Ortega, La Carga de la Prueba en el Proceso Laboral, Ediciones Astro Data, S.A., Maracaibo-Venezuela, octubre 2012, páginas 90 al 95).

 

         Asimismo es preciso señalar, que aún en el caso de haber cumplido la empresa accionada su obligación legal de facilitarle el derecho a sus trabajadores de recibir formación teórica y práctica, suficiente y adecuada en forma periódica para la ejecución inherente de su actividad; así como el derecho de participar en la vigilancia, mejoramiento y control de las condiciones y el ambiente de trabajo y a no ser sometido a condiciones de trabajo peligrosas o insalubres; la obligación de abstenerse de realizar actos o incurrir en conductas que puedan perjudicar el buen funcionamiento del régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo; y de informar por escrito a los trabajadores de los factores de riesgo y las condiciones inseguras o insalubres a las que se exponen en relación con su trabajo, entre otras obligaciones que no cumplió la demandada; aún en ese supuesto, considera esta Sala que con tal proceder, no se hubiese podido determinar el deterioro degenerativo del trabajador demandante y lo más importante aún, haber podido evitar la aparición del problema o la disminución de su impacto. Así se establece.

         Al respecto, conviene citar un extracto de la sentencia N°. 41, de fecha 12 de febrero 2010, emanada de esta Sala de Casación Social (caso: Arquímides Antonio Ramírez Reyes contra Schlumberger Venezuela, S.A.),  la cual resolvió un caso como el de autos, vale decir, en el que el trabajador demandante también padecía una discopatía relacionada con la columna vertebral -hernia discal-, estableciéndose lo siguiente:

 

Ahora bien, del examen y valoración de las pruebas aportadas al proceso, se evidencia que el demandante sufre de Hernia Discal Central y Foraminal L4-L5; Protrusión Discal Central y Foraminal Central Derecha L5-S1; limitación para todos los movimientos en su amplitud articular de la columna lumbar, así como que dichos padecimientos le causan una DISCAPACIDAD PARCIAL Y PERMANENTE para el trabajo habitual.

 

Sin embargo, no quedó demostrado el nexo causal entre el trabajo realizado por el demandante y la enfermedad que le aqueja; siendo además que, incluso, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, reconoce que las hernias discales son un padecimiento que afecta de manera asintomática a la población en general, con una incidencia de entre un 20% y un 40%, sin que exista necesariamente una vinculación con el trabajo realizado por los afectados.

 

Siendo así y al no haber quedado establecido el nexo causal entre los servicios prestados por el trabajador a la empresa accionada y la enfermedad padecida por aquél, resulta improcedente el reclamo de las indemnizaciones derivadas de enfermedad ocupacional.

 

          Como puede apreciarse del extracto de la sentencia antes transcrita, esta Sala ha indicado con base al reconocimiento que hace el propio Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) emisor de la certificación de enfermedad ocupacional de autos, que las hernias discales son un padecimiento que afecta cerca del 40% de la población en general de manera asintomática, por lo que difícilmente puede considerarse en estos casos que efectivamente exista una vinculación con el trabajo realizado por la afectada.

 

          Por tal razón, siendo que no quedó demostrado de forma alguna el nexo causal entre el incumplimiento por parte del patrono de alguna de las obligaciones en materia de salud y seguridad laboral y la enfermedad padecida por el trabajador, esta Sala declara improcedente el pago de la indemnización por responsabilidad subjetiva que solicita el accionante con fundamento en el artículo 130, numeral 4, de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Así se declara.

 

Respecto a la indemnización reclamada por el accionante conforme al artículo 130 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, en su tercer aparte, se hacen las siguientes consideraciones:

  Dispone la referida disposición legal, que:

 

Cuando la secuela o deformaciones permanentes, provenientes de enfermedades profesionales o accidentes del trabajo, hayan vulnerado la facultad humana del trabajador, más allá de la simple pérdida de su capacidad de ganancias, en las condiciones y circunstancias contempladas en el artículo 71 de esta Ley, el empleador queda obligado a pagar al trabajador, por concepto de indemnización, una cantidad de dinero equivalente al salario de cinco (5) años contando los días continuos.

 

  Asimismo, el artículo 71 eiusdem, prevé lo siguiente:

 

De las secuelas o deformidades permanentes

 

Artículo 71: Las secuelas o deformidades permanentes provenientes de enfermedades ocupacionales o accidentes de trabajo, que vulneren las facultades humanas, más allá de la simple pérdida de la capacidad de ganancias, alterando la integridad emocional y psíquica del trabajador o de la trabajadora lesionado, se consideran equiparables, a los fines de la responsabilidad subjetiva del empleador o de la empleadora, a la discapacidad permanente en el grado que señale el Reglamento de la presente Ley.

 

De la lectura de ambas normas se desprende, tal como indicó esta Sala de Casación Social en sentencia N° 534 del 11 de julio de 2013 (caso: Carlos Germán Páez contra Gran Caucho, C.A.), que, para la procedencia de la condena de la indemnización legal, es menester demostrar que la incapacidad física del trabajador produjo secuelas o deformaciones permanentes que alteran su integridad emocional y psíquica. En ese sentido, importa destacar que no quedó demostrado en autos, que la enfermedad padecida por el demandante, le haya generado alguna secuela o deformación que no le permita vivir y desarrollarse dentro de su contexto social, razón por la cual, al no estar probado todos los extremos necesarios para la procedencia de la indemnización reclamada, la misma resulta improcedente. Así se declara.

 

En relación a la indemnización por lucro cesante reclamada en el libelo, es preciso señalar, que esta Sala ha establecido en innumerables sentencias, que el trabajador que haya sufrido un infortunio laboral, también puede reclamar, sobre la base de la teoría de responsabilidad subjetiva, el daño emergente y el lucro cesante, entendiendo que ambos forman parte del daño material, refiriéndose el primero, a la pérdida inmediata en el patrimonio en virtud de los gastos médicos que el infortunio le hubiere ocasionado, y el segundo, a la falta de incremento del patrimonio por la imposibilidad de producir un lucro de forma permanente.

 

Para la procedencia de tales indemnizaciones, -las cuales implican una reparación adicional a las indemnizaciones de orden material previstas en la legislación del trabajo- tiene como presupuesto, que el daño causado se derive de un hecho ilícito del patrono. En efecto, el hecho ilícito como fuente de la obligación de indemnizar un daño injustamente causado, está consagrado en el artículo 1.185 del Código Civil, el cual exige que el daño se derive de una conducta culposa o dolosa del agente generador, siendo necesario establecer la existencia del daño, la falta del agente y la relación causal entre el daño ocasionado y la falta.

 

En este sentido, en el caso bajo estudio, no quedó demostrada la responsabilidad subjetiva del empleador, en general, ni el hecho ilícito, en particular, presupuesto sine qua non –como se indicó en el párrafo precedente– del surgimiento de la responsabilidad civil extracontractual. Así, siguiendo los parámetros establecidos en la sentencia dictada por esta Sala N° 549/27-07-15, caso: (Iván Junior Hernández Calderón contra Ford Motors de Venezuela, S.A), se tiene que en el caso concreto quedó establecido que el actor padece una enfermedad ocupacional consistente en discopatía lumbar L1-L2, L3-L4 y L4-L5, y Hernia Discal L2-L3 y L5-S1 (COD. CIE10-M511), que le ocasiona una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual (ver folio 66 y 67, pieza N° 1), según certificación de enfermedad ocupacional emitida por la Diresat-Carabobo del INPSASEL. Además del análisis probatorio se estableció que la enfermedad que padece el accionante, no fue como consecuencia del incumplimiento culposo de alguna de las obligaciones del patrono en materia de salud y seguridad en el trabajo, es decir, no quedó demostrado en autos, que dicha conducta, haya originado los padecimientos físicos que afectan al trabajador

 

A mayor abundamiento, se añade que la discapacidad certificada por la Diresat-Carabobo del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), si bien tiene carácter permanente, también es parcial y no absoluta, de lo cual se desprende que el demandante puede realizar una labor distinta a la habitual, de tal forma que no está impedido de continuar percibiendo ingresos o ganancias derivadas de la prestación de sus servicios personales.

 

Por lo tanto, la indemnización del lucro cesante resulta improcedente. Así se declara.

 

Asimismo, respecto al reclamo de los intereses de mora e indexación sobre la indemnización por responsabilidad subjetiva, siendo que ésta fue declarada improcedente, dichos conceptos igualmente se declaran improcedentes. Así se declara.   

 

En relación al daño moral reclamado, es preciso destacar que esta Sala dejó establecido a partir de la sentencia N° 116/16-05-00, caso José Francisco Tesorerro Yánez contra Hilados Flexilón S.A., que en materia de infortunios laborales impera la teoría de la responsabilidad objetiva o del riesgo profesional, en virtud de la cual, el patrono debe indemnizar por los daños materiales y morales causados o agravados por el trabajo, independiente de que éste, incurra o no en culpa relacionada con los mismos; al respecto se observa, que en el caso de autos, quedó demostrado que el actor padece una enfermedad ocupacional consistente en discopatía lumbar L1-L2, L3-L4 y L4-L5, y Hernia Discal L2-L3 y L5-S1 (COD. CIE10-M511), que le ocasiona una discapacidad parcial permanente para el trabajo habitual en un 67%, todo lo cual se desprende tanto de la Certificación del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, como del informe médico marcado expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Dirección Nacional de Rehabilitación y Salud en el Trabajo, Comisión Nacional de Evaluación de Incapacidad Residual Sub Comisión del estado Carabobo, es decir, que no existe duda de la existencia de un daño (en este caso físico, que afecta la salud del trabajador accionante), lo cual indica que por vía de la responsabilidad objetiva o teoría del riesgo profesional, debe declararse procedente como en efecto se hace, la indemnización que por daño moral reclama el actor en su libelo. Así se declara.  

Así las cosas, es preciso indicar, que esta Sala en sentencia N°. 144 de fecha 7 de marzo de 2002 (caso: José Francisco Tesorero Yánez, contra la empresa Hilados Flexilón, S.A.), estableció que al decidirse una reclamación por concepto de daño moral, la estimación de ésta, debe sujetarse a los parámetros señalados en la mencionada decisión, para lo cual se procede a ello, de la siguiente manera:

a) En cuanto al daño físico y psíquico sufrido por el actor (la llamada escala de los sufrimientos morales): Siguiendo el criterio establecido para la estimación y cuantificación del daño moral, se observa que en el caso bajo estudio, la enfermedad que padece el actor es una hernia discal (protrusión o prolapso discal), que le ocasiona un importante menoscabo para desarrollar determinadas actividades laborales, incapacitándolo de forma parcial permanente para el desarrollo de sus actividades habituales en un 67%, lo que obviamente le causa desasosiego e incide en el estado físico y emocional del accionante, limitándolo para el normal desenvolvimiento de todos los ámbitos de su vida.

b) El grado de culpabilidad de la parte accionada o su participación en el acto ilícito que causó el daño: No puede imputarse la producción del daño a la conducta negligente del patrono, ya que si bien se observan incumplimientos de la demandada, no quedó demostrado, que éstos hayan sido los que ocasionaron el daño.

c) En relación a la conducta de la víctima: No se evidenció que la conducta del trabajador, haya sido determinante en el padecimiento de la enfermedad (daño), pues la misma obedece a un deterioro degenerativo del trabajador demandante.

 d) Respecto al grado de educación y cultura de la víctima: No consta en el expediente el grado de instrucción del accionante.

e)  En cuanto a la capacidad económica y condición social de la actora: Se evidencia que el último cargo desempeñado dentro de la empresa fue el de Operario de Producción, lo que hace presumir que la actora no tiene gran capacidad económica.

f) Con respecto a la capacidad económica de la accionada: Se trata de una empresa cuyo objeto es la industria automotriz.

g)  Los posibles atenuantes a favor del responsable: Se observa que la accionada inscribió al trabajador en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

h) El tipo de retribución satisfactoria que necesitaría la victima para ocupar una situación similar a la que tenía antes de la enfermedad o accidente: Una retribución dineraria como se procederá a condenar a pagar en favor de la víctima.

i) Referencias pecuniarias estimadas por el juez para tasar la indemnización que considera equitativa y justa para el caso concreto: Esta Sala considera que una retribución justa por la enfermedad padecida es la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 200.000,00).

         Ahora bien, en cuanto al pago de indexación e intereses de mora por concepto de daño moral, se considera oportuno hacer las siguientes consideraciones:

Se hace preciso señalar, que el pago que se dispone como reparación del daño moral, no tiende a compensar el perjuicio extra patrimonial sufrido, sino que éste sirve para acordar una satisfacción al damnificado, es por ello que el juez debe otorgar una suma de dinero en la que el juzgador tome en consideración el desasosiego, sufrimiento, molestias, entre otros aspectos, pero no como una compensación al dolor físico o psíquico, sino como una retribución satisfactoria de los mencionados quebrantos, por lo que en consecuencia, el daño moral no es de carácter patrimonial, por cuanto no deriva de una obligación dineraria.

 En ese sentido, debemos entender como indexación, la acción encaminada a actualizar el valor del daño sufrido al momento de ordenar su liquidación, corrigiendo así, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda por su envilecimiento como efecto de los fenómenos inflacionarios, es decir, adecuar el monto reclamado al costo de la vida al tiempo en que efectivamente es liquidado, por ello, algunos lo denominan corrección monetaria, ya que implica actualizar el monto requerido según determinados índices inflacionarios.

 En razón de ello, las reglas de indexación recaen sobre obligaciones dinerarias, es decir, de naturaleza patrimonial muy distintas al daño moral, que son de carácter extrapatrimoniales, donde el juzgador bajo criterios subjetivos, percibe cual es la importancia del daño sufrido y atendiendo a la escala de sufrimiento, hace una estimación razonable y equitativa de una cantidad de dinero, para retribuir el daño sufrido por el trabajador; en cambio la indexación patrimonial, constituye un fenómeno autónomo que obedece a circunstancias objetivas respecto de las obligaciones económicas, totalmente distinto a las características expuestas sobre daño moral.

Como consecuencia de lo anterior, se reitera que la indexación laboral o corrección monetaria, no resulta procedente en la responsabilidad objetiva donde se condene el daño moral, como es el presente caso.

No obstante, es preciso destacar, que en atención a lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez entrado en mora el deudor de una obligación dineraria, ésta se convierte en una deuda de valor, por lo tanto, al dictarse el decreto de ejecución respecto a la indemnización por daño moral, el deudor debe dar cumplimiento voluntario a dicha obligación, caso contrario se debe aplicar el método indexatorio de la deuda, así como proceder al cálculo de los intereses moratorios, por haber entrado el deudor en mora, ello con sujeción a las reglas generales de la responsabilidad civil por incumplimiento de sus obligaciones.

En esa misma orientación se pronunció esta Sala, mediante sentencia N° 549, de fecha 27 de julio de 2015, (caso: Iván Junior Hernández Calderón contra Ford Motors de Venezuela, S.A).

Como consecuencia de lo anterior, se establece, que de no haber cumplimiento voluntario por parte de la accionada respecto a la condena por daño moral, la deuda deberá ser indexada desde el decreto de ejecución hasta su materialización, entendiendo como tal, el efectivo cumplimiento o pago de la obligación aquí establecida, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa haya estado suspendida por acuerdo entre las partes o paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, como el receso judicial. Igualmente deberán ser calculados los intereses de mora, desde el decreto de ejecución hasta el efectivo pago, todo ello de conformidad a lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el criterio sentado por esta Sala de Casación Social, en sentencia N° 161 de fecha 2 de marzo de 2009, caso: Rosario Vicenzo Pisciotta Figueroa contra Minería M.S., C.A., refiriéndose a los parámetros y criterios indexatorios contemplados en la sentencia N° 1.841 de fecha 11 de noviembre de 2008. En ese sentido, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución que resulte competente para conocer de la presente causa en fase de ejecución, ordenará la realización de una experticia complementaria del fallo.

Sin embargo, esta Sala de Casación Social establece que sí para el momento de la ejecución de la presente decisión está en práctica en ese tribunal lo previsto en la Resolución Nro. 2014-0035 de fecha 26 de noviembre de 2014 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.616 de fecha 9 de marzo de 2015, el juez ejecutor procederá aplicar ésta con preferencia a la experticia complementaria del fallo, para el cálculo de los intereses moratorios e indexación de la indemnización por daño moral. Así se declara.

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, se declara parcialmente con lugar la demanda incoada. Así se declara.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación anunciado y formalizado por la parte demandada la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo en fecha 10 de agosto de 2016. SEGUNDO: NULA la sentencia recurrida. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano ROBERT JOSE MARÍN SANCHEZ, contra la sociedad mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A.

 

No hay condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

 Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, a fin de que sea enviado al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución que conoció en fase de mediación la presente causa. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, particípese de esta decisión al Tribunal Superior Primero del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de agosto de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

 La Presidenta de la Sala,

 

 

 

_________________________________

MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

 

El Vicepresidente, Ponente

 

 

 

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JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO

                                                    

Magistrado,

 

 

 

____________________________

EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ

 

Magistrada,

 

 

 

_____________________________________________

MÓNICA  GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA                 

 

Magistrado,

 

 

 

   ___________________________

    DANILO MOJICA MONSALVO

                                                                                                                                   El

Secretario

 

 

 

__________________________

MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

R.C.  AA60-S-2016-000857

Nota: Publicada en su fecha a las

 

                                                                                                                                 

El Secretario