TRIBUNAL   SUPREMO   DE  JUSTICIA.   SALA   DE    CASACIÓN   SOCIAL.-

Caracas, dieciocho (18) de diciembre de 2012. Años: 202º y 153º.-

                           

                   En el juicio que por cobro de prestaciones sociales, sigue la ciudadana ANGÉLICA MARÍA BARROS ALVARADO, representada judicialmente por los abogados Gustavo Alfonso Cardozo, Eddie Clemente Tisoy Tisoy, Ana Graciela Parra Gutiérrez, Blanca Graciela Guarucano Quintero y Rosemir Victoria Vera Torrealba contra las sociedades mercantiles DEJA VU, C.A., DISTRIBUIDORA HB IMPORT, C.A., Y CHIC´S COLLECTION, C.A., representadas judicialmente por los abogados Milagros Jacqueline Corro, Omar Jesús Porteles Mendoza, Patricia Vargas Sequera, Blanca Gabriela Hernández Rincones, Ileana Porteles Meza, Carlos Alfredo Pérez Terán, Lizet Pérez y Beatriz Belén Rodríguez Castillo; el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante decisión de fecha 20 de julio de 2012, declaró: 1) sin lugar el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada; 2) procedente la adhesión a la apelación propuesta por la parte demandante; 3) con lugar la adhesión a la apelación, interpuesta por la parte demandante y, 4) se modifica el fallo de fecha 3 de mayo de 2012, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaro con lugar la demanda incoada.

 

                   Contra la decisión emitida por la Alzada, la representación judicial de las partes codemandadas interpuso recurso de control de la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.

 

                   En fecha 7 de agosto de 2012, se dio cuenta en Sala designándose ponente al Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz.

 

                   Siendo la oportunidad procesal, se pasa a decidir el presente recurso bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, conforme las consideraciones siguientes:

Ú N I C O

 

                   De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral.

 

                   Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente, para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público laboral.

 

                   En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa.

 

                   En el caso bajo estudio, la representación judicial de la parte demandada denuncia que la sentencia impugnada es contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social en Sentencia N° 1689 de fecha 14 de diciembre de 2000, Caso: Gregaria Ochoa contra la Gobernación del Estado Miranda, en lo referente a la duración de la relación laboral-fecha de terminación de la relación laboral.

 

                   Denuncia la parte recurrente que la sentencia recurrida violó lo referido a la renuncia tácita, de conformidad a lo establecido en la Sentencia N° 0017 del 3 de febrero de 2009; caso: Luis José Hernández Farías contra Gustavo Adolfo Miralba Castro, Así como la sentencia N° 2439 del 07 de diciembre de 2007, Caso. Plirio Rafael Meléndez Castillo contra Frigorífico Industrial Los Andes, C.A. (FILACA).

 

                   También denuncia el recurrente que sobre la condenatoria de pago de salarios caídos desde 25-01-2007 al 09-07-2010, sin excluir todo el lapso de inacción del procedimiento administrativo, contrariando la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia sentencia N° 1689 de fecha 14 de diciembre de 2010, caso: Gregoria Ochoa contra la Gobernación del Estado Miranda, que establece que “En cuanto a la culminación de la relación laboral, esta Sala de Casación Social ha establecido que debe tomarse en cuenta para el cálculo de las prestaciones y demás conceptos  de carácter laboral derivados de la relación de trabajo, el lapso de tiempo transcurrido en el procedimiento de estabilidad laboral, independientemente de que se haya efectuado en sede administrativo; por lo que en el caso que nos ocupa, la relación laboral mantenida entre las partes culminó en fecha 17 de enero del año 2007, fecha ésta en que la Inspectoría del Trabajo notificó a la demandada y ésta se negó a reenganchar a la trabajadora”, fecha en la que el presente asunto ocurrió la negativa de reenganche”.

 

                   Con respecto a la prestaciones sociales y demás beneficios laborales por el tiempo efectivo de la prestación del servicio, delata el recurrente que la sentencia impugnada es contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia N° 174 del 13 de marzo de 2002, Caso: Henry Gregory Vilchez Martínez contra Diario El Universal, ratificada en Sentencia N° 332 del 15 de marzo de 2003, que establece que el pago de antigüedad, vacaciones, utilidades y demás beneficios se calculan hasta el momento en que el trabajador efectivamente dejó de prestar el servicio, pues en la Sentencia impugnada se ordenó que la antigüedad y demás beneficios laborales fuesen calculados hasta la fecha de presentación de la demanda, cuando la trabajadora prestó efectivamente servicios hasta el día  25 de enero de 2007 y el procedimiento administrativo de reenganche y pago salarios caídos duró hasta el día 14 de diciembre de 2007.

 

                   Por último, delata que la recurrida es contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial del la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 0428 de fecha 11 de mayo de 2012, Caso Eliana Patricia Hernández contra Policlínica Centro C.A., que ha establecido que los intereses moratorios y la indemnización se debe calcular con exclusión de los lapsos de paralizaciones; así como también denuncia la violación a la doctrina jurisprudencial de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia al condenar el pago de la indemnización del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo.

 

                   Ahora bien, y en atención a lo antes expuesto, efectuado el análisis del fallo impugnado, así como de las actas que conforman el expediente, considera este Alto Tribunal que la sentencia recurrida se encuentra ajustada a derecho, pues no vulnera normas de orden público laboral, por lo que resulta innecesario desplegar la actividad jurisdiccional para el conocimiento del presente recurso de control de la legalidad, al no ajustarse la pretensión a los fines de este medio excepcional de impugnación. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

                   Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de las partes codemandadas, contra el fallo emitido por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de fecha 20 de julio de 2012.

 

                   No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los fines consiguientes. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, todo ello de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

El Presidente de la Sala y Ponente,

 

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

 

El Vicepresidente,                                                             Magistrado,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ          JUAN RAFAEL PERDOMO

 

Magistrado,                                                                       Magistrada,

 

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ALFONSO VALBUENA CORDERO       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

El Secretario,

 

 

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MARCOS ENRIQUE PAREDES

 

 

 

C.L. Nº AA-S-2012-001214

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

 

El Secretario,