TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN SOCIAL.

Caracas, dieciséis (16) de diciembre de 2009. Años: 199° y 150°.

 

En el procedimiento que por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales siguen los ciudadanos GUSTAVO SÁNCHEZ, ANTONIO CONTRERAS, TOMÁS MÉNDEZ, JOSÉ BRICEÑO, EDITH ROJAS, ÁNGEL MANZANO, GLORIMAR LAVERDE, RAFAEL PÉREZ, MARÍA SÁNCHEZ, JULIO CASTILLO, CARMEN BÁEZ, RICARDO MILLA, LUIS AGUILERA, ROSA HENRIQUEZ, CARMEN CHOPITE, NORMA ARISTIMUÑO, MIGUEL CELESTINO y OSCAR ESTABA, representados judicialmente por los abogados Hermann Eduardo Escarrá Malavé, Luis Bermúdez Rada, Héctor Zamora Izquierdo, Olimpia Fermín Muñoz, Antonio Izquierdo Torres, Maritza Yánez Bolívar, Luisa Flores De Reyes, Betty Bermúdez Villapol, Pedro Camargo, José Antonio Méndez y José Reinaldo Peña, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI), representado judicialmente por los abogados Herley Josefina Paredes Jiménez, Alfredo Alfonso La Cruz Rivas, Gerson José Rivas Rivero, José Gregorio Rodríguez Fernández, William Alberto Angulo García, Mónica Yohana Viedo, Alicia Coromoto Lira Vallinote, Francesco Alberto Zordan Zordan, Robert Alexander Orozco Vargas, José Gregorio Artiles, Verónica Caibett, Eberths José Caraballo, María Elena Soares De Nobrega, Rita Regina Caroprese Marena, Gina Julieta Bloise Domínguez, Judith Yamile Ruiz Castejon, Luisana Pérez Loyo, Nerio Darío Balza Molina, Alonso Enrique Barrios Avendaño, José Del Carmen Rodríguez, Fernando Riobueno, Norys Auristel Borges, Felmary Del Valle Márquez Gutiérrez, Freddy Adolfo Useche Arrieta, Williams Chirinos Guevara, José Wladimir González Narváez, Jorge Tracisio Huerta Polidor, Elizabeth Del Rosario Chávez Salvatierra, José Luciano Vitos Suárez, Rafael Víctor Álvarez Almao, Zoraida Josefina Ufre, Ángel Carlos Vitos Suárez, Golfredo Armando Contreras, Elda Tolisano, Ángel José Valera Ceballos, Martha Cecilia Magin Marín, José Orlando Monsalve, Oscar Omar Escalante, Alfredo Alfonzo La Cruz, Jeanette Sterlicchi, Panagiotis Paraskevas Collitiri, David Alexander Paolini Ruiz y Kennelma Caraballo Marcano; el Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante sentencia publicada en fecha 2 de octubre de 2009, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, inadmisible la demanda y confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la referida Circunscripción Judicial, de fecha 3 de junio de 2009, que declaró inadmisible la demanda.

 

Contra la sentencia de alzada, la representación judicial de los demandantes anunció recurso de casación, el cual fue admitido. No hubo impugnación por la parte demandada.

 

El 12 de noviembre de 2009 se dio cuenta del asunto y se designó ponente a la Magistrada doctora CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, quien con tal carácter suscribe la decisión.

 

Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales, en la oportunidad procesal, se pasa a decidir el recurso anunciado conforme a las consideraciones siguientes:

 

Ú N I C O

 

Dispone el artículo 171 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que será declarado perecido el recurso cuando la formalización no se presente en el lapso a que se contrae ese mismo artículo, o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos.

 

En este sentido, el citado artículo 171 establece que, admitido el recurso de casación, comenzará a correr desde el día siguiente al vencimiento de los cinco (5) días para efectuar el anuncio, el lapso de veinte (20) días consecutivos, dentro del cual la parte o las partes recurrentes deberán consignar escrito razonado, directamente ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

 

Respecto a la importancia de observar los requisitos formales que exige el legislador para el ejercicio del recurso extraordinario de casación, cabe señalar que la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en sentencia Nº 1803 del 24 de agosto de 2004 (caso: Carlos Brender) -mediante la cual declaró sin lugar el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad intentado contra el artículo 325 del Código de Procedimiento Civil, equivalente al segundo aparte del artículo 171 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo-, sostuvo:

 

(…) uno de los principios rectores en materia adjetiva es el principio de la legalidad de las formas procesales, según el cual los actos procesales deben practicarse de acuerdo con las formas consagradas en el ordenamiento jurídico, para producir los efectos que la ley le atribuye (…); en este sentido, el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil dispone que ‘los actos procesales se realizarán en la forma prevista en este Código y en las leyes especiales (...)’. Asimismo, si bien del artículo 257 constitucional deriva el principio antiformalista, según el cual no se sacrificará la justicia por formalismos inútiles, el mismo ‘no quiere decir que las formas procesales carezcan de significación en la ordenación del proceso, pues no puede dejarse al arbitrio de las partes ni su cumplimiento ni la decisión del momento en que van a cumplirlas’ (Cf. F. Garrido Falla, y otros: Comentarios a la Constitución, 3ª edición ampliada, Madrid, Civitas Edic., 2001, p. 539).

 

Conforme con el referido principio procesal, el escrito de formalización del recurso de casación debe cumplir con las condiciones de modo, lugar y tiempo establecidas por la ley, cuya inobservancia comporta la ineficacia de dicho acto.

 

En este orden de ideas, tal y como se expuso supra, la presentación extemporánea de la formalización debe equipararse a su ausencia, pues la intempestividad de dicho escrito evita que el mismo produzca los efectos que la ley le atribuye. Ello es coherente con el principio de la preclusión de los lapsos procesales, según el cual los actos deben practicarse dentro de los lapsos establecidos por la ley, para que produzcan sus efectos jurídicos, pues el proceso está dividido en etapas, y cada una de ellas implica la clausura de la anterior, sin posibilidad de renovarla. Por lo tanto, si la formalización no es consignada dentro del lapso legalmente previsto, la consecuencia será la perención del recurso, de conformidad con el artículo 325 de la ley procesal civil, sin que sea necesario abrir los lapsos siguientes.

 

(Omissis)

 

La relevancia de la formalización del recurso de casación radica en la naturaleza jurídica del mismo, como un recurso extraordinario, lo que exige su fundamentación en los motivos establecidos de forma taxativa por la ley. De ahí que, ante la falta de consignación del escrito correspondiente, o bien ante su ineficacia, derivada del incumplimiento de las condiciones de modo, lugar y tiempo establecidas, el recurso debe declararse perimido, por expresa disposición legal.

 

En el caso bajo estudio, una vez efectuado el cómputo del lapso de veinte (20) días para formalizar el recurso, se concluye que éste venció el 9 de noviembre de 2009.

 

Ahora bien, la representación judicial de los demandantes anunció recurso de casación, el 8 de octubre de 2009, pero no formalizó. Por lo tanto, visto que el lapso para la formalización venció el 9 de noviembre de 2009, esta Sala de Casación Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declara perecido el recurso interpuesto. Así se resuelve.

 

DECISIÓN

 

En mérito de las consideraciones anteriores, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PERECIDO el recurso de casación interpuesto por la representación judicial de los demandantes, contra la decisión publicada el 2 de octubre de 2009, por el Juzgado Sexto Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

 

Se condena en costas a la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada a fin de que sea enviado al Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución competente. Particípese esta decisión al Juzgado Superior de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 

 

R.C. Nº AA60-S-2009-001427

Nota: Publicada en su fecha a

 

 

El Secretario