SALA DE CASACIÓN SOCIAL

Caracas, doce (12) de junio de 2007. Años: 198º y 147º.

 

En el juicio por indemnizaciones de daños y perjuicios derivados de enfermedad profesional, instaurado por el ciudadano FAUSTINO RAMÓN VAN DER BIEST PADILLA, representado judicialmente por los abogados Benito Jurado Torres, Giácomo Oliviero Colarusso, Javier Ignacio Farache Pérez, Alfredo José Maninat Maduro, Luis Enrique Ferrer Rojas, Ana Josefina Pereira López y Betty Torres Díaz, contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (CORPOVEN), actualmente PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), representada judicialmente por los abogados Rosa Elena Martínez de Silva, Arminio Borjas Hernández, Luis Esteban Palacios, Leopoldo Borjas, José Antonio De Miguel, Alejandro Graterol Marín, Justo Oswaldo Páez-Pumar, Rosa Amalia Páez-Pumar de Pardo, José Manuel Ortega, Enrique Lagrange, Arminio Borjas Herrera, Gustavo Mata Borjas, Manuel Acedo Sucre, Carlos Eduardo Acedo Sucre, Alfonso Graterol Jatar, Cristina Palacios Machado, Clementina Yanes Azpúrua, José Manuel Lander, Mariela Morreo, Ana Mercedes Pardo, Adriana Pérez Camero, Oscar Álvarez Maza, Gustavo Moreno Mejías, Javier Enrique Adrián Techelbi, Francesca Borjas, José Manuel Ortega Sosa, Rosemary Thomas, Esteban Palacios Lozada, Juan Ramírez Torres, Carlos Graterol, Herminia Luisa Peláez, Alejandro Campins, María Eva Carrillo, Vivian Rincones, Luis Augusto Silva Martínez, Luis José Vázquez García, Dilla Saab Saab, María Guadalupe García Sanz, Eva María Clavdianos Papadatos y Gladys de Jesús Colmenares Acosta; el Tribunal Superior Cuarto para el Nuevo Régimen y el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, publicó sentencia en fecha 16 de octubre de 2006, mediante la cual declaró con lugar la apelación ejercida por la demandada, con lugar la defensa de prescripción y sin lugar la demanda, con lo cual revocó la decisión dictada el 31 de enero de 2000 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo y Menores de la referida Circunscripción Judicial, que había declarado con lugar la demanda.

 

Contra la decisión de Alzada, en fecha 23 de octubre de 2006, la parte actora interpuso recurso de control de la legalidad, por lo que el expediente fue remitido a esta Sala de Casación Social.

 

En fecha 20 de noviembre de 2006, se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

 

En la oportunidad procesal correspondiente, pasa esta Sala a pronunciarse acerca de la admisibilidad del recurso ejercido, en los términos siguientes:

 

Ú N I C O

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste.

 

Ahora bien, la Sala Constitucional de este máximo Tribunal, en sentencia Nº 1.573 de fecha 12 de julio de 2005 (caso: Carbonell Thielsen, C.A.), determinó que la cuantía para acceder a casación debe examinarse conforme a la que regía para el momento de interposición de la demanda, y si la misma está expresada en unidades tributarias, deberá considerarse el valor de éstas para la fecha de presentación del escrito libelar. Dicho criterio fue establecido con carácter vinculante, a partir del 12 de agosto de ese mismo año, fecha de publicación del fallo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.249.

 

Asimismo, esta Sala de Casación Social, en la decisión N° 580 del 4 de abril de 2006 (caso: Fernando Leal y otros contra Servicios Técnicos Mecánicos, C.A.), adaptó los parámetros establecidos por la mencionada Sala Constitucional de acuerdo con las vías recursivas previstas en el proceso laboral, esto es, los recursos de casación y de control de la legalidad; al respecto, se determinó que:

 

(…) el nuevo criterio sobre la cuantía que ha de examinarse para admitir o no el recurso de casación, debe aplicarse de acuerdo con la fecha en que se ejerza el medio recursivo correspondiente, de tal manera, que los recursos que hayan sido interpuestos antes del 12 de agosto de 2005 –fecha de publicación en Gaceta Oficial de la citada sentencia de la Sala Constitucional–, deberán decidirse conforme con el criterio entonces imperante; por el contrario, el nuevo criterio será aplicable para aquellos interpuestos con posterioridad a la fecha supra indicada (12 de agosto de 2005) (…).

 

Visto que en el presente caso, la sentencia impugnada fue publicada en fecha 16 de octubre de 2006, y el recurso de control de la legalidad fue ejercido el 23 de ese mismo mes y año, la cuantía para acceder a la sede casacional debe ser establecida de acuerdo con la exigida para el momento de interposición de la demanda, lo que ocurrió el 10 de noviembre de 1994. Para esa fecha, cuando aún no se encontraban vigentes la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ni la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ni el Decreto Presidencial N° 1.029 del 26 de enero de 1996, para la admisión del recurso de casación era requerido que la cuantía de la causa fuese superior a doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 250.000,00), según lo establecía el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

 

Así las cosas, del escrito libelar se desprende que la demanda fue estimada en treinta y cuatro millones doscientos mil ochocientos ochenta y cinco bolívares con sesenta y dos céntimos (Bs. 34.200.885,62), lo que permite concluir que en el caso bajo examen está satisfecho el requisito de la cuantía para acceder al recurso de casación.

 

Por lo tanto, resulta forzoso para esta Sala declarar la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad ejercido, en virtud del incumplimiento de los requisitos establecidos en el citado artículo 178 de la ley adjetiva laboral. Así se decide.

 

D E C I S I Ó N

 

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de fecha 16 de octubre de 2006, emanada del Tribunal Superior Cuarto para el Nuevo Régimen y el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, extensión Puerto Cabello.

 

No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.

 

Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

 El Presidente de la Sala,

 

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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

   

         El Vicepresidente,                                                        Magistrado,

 

 

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JUAN RAFAEL PERDOMO                 ALFONSO VALBUENA CORDERO

 

                                                                                                                                 Ma-

 

gistrado y Ponente,                                                               Magistrada,

 

 

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LUIS E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ       CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA

 

 

El Secretario,

 

 

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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA

 

C.L. N° AA60-S-2006-001897

Nota: Publicada en su fecha a las       

                                                                                             El Secretario,