SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Caracas, veintiséis (26) de junio de 2007. Años: 197º y 148º.
En el procedimiento de
calificación de despido que sigue el ciudadano JOSÉ LUIS PARTIDAS ZAVALA,
representado judicialmente por los abogados Juan Carlos Acosta Salazar, Aixira
Coromoto Álvarez González, Pedro Pablo Chirinos Chirinos, José Gregorio Delgado
Pelayo, Orlando Salvador Díaz Díaz, Lisbeth Ysolina Díaz Petit, Jorge Luis
Garcés García, Freddy Gotilla Luquez, Gustavo Alonso Guanipa Primera, Félix
José Gutiérrez Cordero, Francisco Limonchy Medina, Iselda Auxiliadora Medina
Agüero, Nelson Darío Medina Contreras, Joaquín Murena, Somairi Carolina
Pereira, Nancy Pire, José Andrés Reyes Pineda, Víctor Smith Villavicencio,
Carlos Villavicencio Navarro, Rubén Villavicencio, Amado Zavala, Carlos Zea Prol,
Enza Passanisi Checa, Leodina Acosta Salazar, Osman Jesús Leidenz Petit, José
Sinopoli, Argenis Martínez, Audrey Scarlett Yagua Dávila, Luis Alfredo Salazar,
Beatriz Jiménez Monsalve, Gregorio Carmona, Eleodoro Goitia, Carmen Yoleida
Lugo, Obdalys Pérez Meneses, María Eugenia Morillo, Greidy Meneses, Nathaly
Cubillán, Yuvenni Aular, Zoraida de Molero, Amilcar Antequera y María Angela
Mavare, contra la sociedad mercantil PDV MARINA, S.A., representada
judicialmente por el abogado Luis Pulido Salazar; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro, dictó sentencia en fecha 7 de julio de 2006,
declarando con lugar el recurso de apelación ejercido por la representación
judicial de la parte accionante, revocando así la decisión proferida en fecha
21 de marzo de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la referida Circunscripción
Judicial, en la cual se declaró la perención de la instancia y extinguido el
procedimiento.
Contra la decisión de Alzada, en fecha 14 de julio de 2006, la
representación judicial de la parte demandada, interpuso recurso de control de
la legalidad, siendo remitido el expediente a esta Sala de Casación Social.
En fecha 2 de octubre de 2006, se dio cuenta en
Sala designándose ponente al Magistrado Luís Eduardo Franceschi Gutiérrez, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.
Siendo la oportunidad dispuesta al efecto, pasa la Sala a decidir acerca de la
admisibilidad del recurso interpuesto, conforme a las consideraciones
siguientes:
Ú N I C O
El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control
de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del
Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales
Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o
amenacen con violentar las normas de orden público y/o cuando la sentencia
recurrida sea contraria a la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de
restablecer el orden jurídico infringido. Así mismo, se encuentra limitada la
oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco
(5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta
a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder los tres (3) folios
útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de
éste.
En ese orden, verificado el
cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos sub iudice, pasa esta Sala de Casación Social, a analizar los
elementos sustanciales de admisibilidad, observando:
Alega la solicitante, que la
recurrida infringió los artículos 267 del Código de Procedimiento Civil y 201
de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, al haber revocado la sentencia de instancia, a pesar de
haberse producido la perención de la instancia por haber transcurrido
íntegramente un (1) año sin que la parte actora hubiere realizado ningún acto
del proceso que la interrumpiera.
En tal sentido, aduce:
(…) lo cierto, lo incontrovertible,
resulta que la inactividad de la parte actora, la falta de interés en impulsar
el proceso, o lo que denomina la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal de la República, ‘un
marasmo procesal, una inactividad absoluta en la fase del proceso’, debe
iniciarse a los efectos del cómputo anual, a partir de la fecha 12 de noviembre
de 2003 y concluir en la fecha 02 de noviembre de 2005, tiempo cierto que
corresponde al periodo (sic) transcurrido entre la penúltima y última actuación
de la parte actora en el expediente, vale decir, un (1) año, once (11) meses y
veinte (20) días, lapso de tiempo que supera en demasía, el término de un (1)
año para que de pleno derecho opera (sic) la perención de la instancia, la
decadencia y, consecuente, extinción de la acción.; (sic) aunado a la
circunstancia irrefragable, según la cual y contrario a lo sostenido por el
Juez A Quem, en la oportunidad de suspensión de causas en virtud del período de
transición y el nuevo régimen en lo que se refiere al Circuito Judicial Laboral
del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, según Acta de chequeo y embalaje de
expedientes en curso correspondientes a la materia laboral, suscrita por el
Juez Suplente Especial del para (sic) entonces Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Civil (…) ocurrió en fecha 18 de diciembre de 2004, es decir,
incluso, para este período, de pleno derecho, ya se había verificado la
perención de la instancia, contando el término de un (1) año, a partir del 12
de noviembre de 2003, penúltima actuación procesal en el expediente por parte
del actor (…).
Ahora bien,
de una detallada revisión de la sentencia recurrida, y los términos en que fue
decidida la controversia, observa la
Sala que efectivamente pudiera verse afectado en el presente
asunto, el orden público laboral y con ello, la doctrina de la Sala.
Con base a
lo antes expuesto, y por cuanto aprecia la Sala que el recurso no ha sido interpuesto
maliciosamente, en el dispositivo de este auto lo admitirá, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ordenándose
por consiguiente tramitar el mismo (el recurso) conforme al procedimiento
previsto en los artículos 173 y 174 eiusdem.
Así se decide.
D E C I S I Ó N
En mérito de las precedentes
consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social,
administrando justicia en nombre de la República
Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de control de la legalidad propuesto por
la representación judicial de la parte demandada, contra la sentencia de fecha 7
de julio del año 2006 emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Falcón, con sede en Santa Ana de Coro.
En consecuencia, a partir del
día siguiente a la publicación del presente auto comenzará a correr un lapso de
veinte (20) días calendarios consecutivos, para que la otra parte pueda
consignar su contestación al recurso. Una vez concluida la sustanciación, la Sala fijará el día y la hora
para que tenga lugar la audiencia pública y contradictoria.
Publíquese, regístrese.
Désele cuenta en Sala.
El Presidente de la Sala,
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OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente,
Magistrado,
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JUAN RAFAEL
PERDOMO ALFONSO VALBUENA CORDERO
Magistrado y Ponente,
Magistrada,
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LUIS E.
FRANCESCHI GUTIÉRREZ CARMEN ELVIGIA
PORRAS DE ROA
El Secretario,
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JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
C.L. Nº AA60-S-2006-001449
Nota: Publicada en su fecha a
El Secretario,
