SALA DE CASACIÓN SOCIAL
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En el juicio que por solicitud de calificación de despido sigue el
ciudadano FAUSTINO JOSÉ LÓPEZ, representado judicialmente por los
abogados Norma Morán Ortiz, Alberto Mejías y Alexis Párica contra la empresa C.T.A.,
C.A., representada judicialmente por los abogados Mariola Guevara Esté y
Carlos Guevara Tovar; el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en la ciudad de
Barcelona, conociendo en apelación, dictó sentencia definitiva en fecha 11 de
octubre del año 2004, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la
apelación interpuesta por la parte demandante, parcialmente con lugar la apelación
ejercida por la parte demandada y en consecuencia, parcialmente con lugar la
impugnación efectuada por la parte actora contra la consignación realizada por
la parte demandada, reformando así el fallo dictado por el Tribunal de la
causa.
Contra esta decisión de alzada, la representación
judicial de la parte demandante, propuso recurso de control de la legalidad.
Recibido el
expediente en esta Sala de Casación Social, se dio cuenta en fecha 15 de
noviembre del año 2004, correspondiendo la ponencia al Magistrado Alfonso
Valbuena Cordero.
De
conformidad con lo preceptuado en el artículo 264 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo
previsto en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el
14 de diciembre del año 2004 fue publicada en Gaceta Oficial la designación que
hiciera la Asamblea
Nacional de los Magistrados Doctores LUIS EDUARDO FRANCESCHI
GUTIÉRREZ Y CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, quienes se incorporaron y tomaron
posesión de sus cargos en fecha 17 de enero del año 2005 en este alto Tribunal
y pasan a conformar esta Sala de Casación Social.
Siendo la oportunidad legal para ello, pasa esta
Sala de Casación Social a pronunciarse sobre su admisibilidad en los siguientes
términos:
ÚNICO
El
artículo 178 de la
Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece los requisitos
de admisibilidad del recurso de control de la legalidad, en los siguientes
términos:
“El Tribunal
Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte,
conocer de aquellos fallos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo,
que aún y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o
amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia
recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala
de Casación.
En estos
casos, la parte recurrente podrá, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la publicación del fallo ante el Tribunal Superior del Trabajo
correspondiente, solicitar el control de la legalidad del asunto, mediante
escrito, que en ningún caso excederá de tres (3) folios útiles y sus vueltos.
El Tribunal Superior del Trabajo deberá remitir el
expediente a la Sala
de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de manera inmediata; la
cual, una vez recibido el expediente, decidirá sumariamente con relación a
dicha solicitud. En el supuesto que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de
Casación Social decida conocer del asunto, fijará la audiencia, siguiendo el
procedimiento establecido en el Capítulo anterior. La declaración de
inadmisibilidad del recurso se hará constar en forma escrita por auto del
Tribunal, sin necesidad de motivar su decisión. De igual manera, estará sujeto
a multa el recurrente que interponga el recurso maliciosamente, hasta un monto
máximo equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias (125 U.T.). En
este último caso, el auto será motivado. Si el recurrente no pagare la multa
dentro del lapso de tres (3) días, sufrirá arresto en jefatura civil de quince
(15) días.”
Al respecto, esta
Sala de Casación ha señalado según sentencia de fecha 20 de febrero del año
2003 que al ser el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación
excepcional, a los fines de asegurar su admisibilidad, debe cumplirse con las
exigencias antes transcritas, las cuales son:
“1.- Que se
trate de sentencias emanadas de Juzgados Superiores laborales;
2.- Que no
sean impugnables en casación;
3.- Que violen
o amenacen con violentar normas de estricto orden público; y
4.- Que
resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación
Social
Además de ello para su admisibilidad se requiere
verificar:
1.- La
oportunidad para su interposición, es decir, que sea solicitado el recurso de
control de la legalidad dentro de un lapso preclusivo de cinco (5) días,
contado por días de despacho, siguientes a la fecha en que sea dictada la
sentencia sujeta a revisión; y
2.- La
extensión del escrito, es decir, que no exceda de tres (3) folios útiles y sus
vueltos.”
Verificado en el
presente caso el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad antes
transcritos, pasa esta Sala a conocer el escrito contentivo de este medio de
impugnación excepcional en los siguientes términos:
Alega el recurrente que el
sentenciador superior incurrió en la violación de los artículos 5, 125 y 126 de
la Ley Orgánica
del Trabajo, 2 y 12 del Código de Procedimiento Civil y, las cláusulas 65 y 69 del Contrato
Colectivo, al sólo computar a la antigüedad del trabajador el lapso durante el
cual la empresa demandada cerró unilateralmente sus instalaciones, sin ordenar
en la dispositiva del fallo el pago de los salarios caídos generados durante
dicho cierre, lo cual, luego un examen exhaustivo, no fue constatado por esta Sala de Casación
Social.
Seguidamente, señala
el recurrente que el Juez Superior del Trabajo infringió las cláusulas 65 y 69
del Contrato Colectivo Petrolero, así como los artículos 92 y 257 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela, 1, 5 y 190 de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo y 12 del Código de Procedimiento Civil, al no ordenar la
aplicación de la sanción contenida en dichas cláusulas, referida a que
terminada la relación laboral y el patrono no cancela los sueldos y salarios a
sus trabajadores, debe cancelar además día y medio de salario básico por cada
día que invierta el trabajador en lograr dicho pago, lo cual, luego de un
examen exhaustivo, no fue constatado por esta Sala de Casación Social.
Asimismo, alega el
recurrente que el Juez de alzada violó el artículo 126 de la Ley Orgánica
del Trabajo, cuando ordenó el pago de los salarios caídos desde la fecha del
despido hasta la fecha de la persistencia del mismo, cuando, a su decir, dicho
concepto laboral, debe ser cancelado hasta la finalización del procedimiento
judicial de estabilidad, lo cual, luego de un examen exhaustivo, tampoco fue
constatado por esta Sala de Casación Social.
Finalmente, arguye
el recurrente que el Juez Superior del Trabajo incurrió en la violación del
artículo 133 de la
Ley Orgánica del Trabajo y en la contravención de la
jurisprudencia emanada de esta Sala de Casación Social, por un lado, al tomar
sólo en cuenta una alícuota del bono vacacional devengado por el trabajador y
no la totalidad del mismo, a los efectos de determinar el salario integral y,
por el otro, cuando no calculó las utilidades del trabajador en base “...a las
costumbres de la empresa y PDVSA...”, es decir, que no tomó en cuenta todos los
conceptos devengados por el trabajador durante la relación laboral a los
efectos de determinar el monto del salario normal y el salario integral, lo
cual, luego de un examen exhaustivo, tampoco fue constatado por esta Sala de
Casación Social.
En consecuencia, y por los motivos antes expuestos, resulta inadmisible el
presente recurso de control de la legalidad y así se establecerá en el
dispositivo del presente fallo.
DECISIÓN
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de
Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad
propuesto por la representación judicial de la parte demandante contra la
sentencia de fecha 11 de octubre del año 2004 emanada del Tribunal Primero
Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui,
con sede en la ciudad de Barcelona.
Publíquese
y regístrese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos
de la
Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con sede en
la ciudad de Barcelona.
El Presidente de la Sala,
____________________________
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente, Magistrado,
_______________________________ ________________________
LUIS E. FRANCESCHI GUTIERREZ JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado Ponente, Magistrada,
_______________________________ ________________________________
ALFONSO VALBUENA CORDERO CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
El Secretario,
_____________________________
JOSÉ E. RODRÍGUEZ NOGUERA
RCL N° AA60-S-2004-001669
Nota:
Publicada en su fecha a las
El Secretario
