SALA DE CASACIÓN SOCIAL
Ponencia del Magistrado Doctor JUAN RAFAEL PERDOMO
La sociedad mercantil PANADERÍA, PASTELERÍA Y CHARCUTERÍA LOS
LLANOS S.R.L., representada por los abogados Nicolás López, Antonio María
Soares, Fernando Soares, Carmen Pérez, Rafael Fuguet y Luis Uranga, demandó a
la ciudadana ROSA MARÍA FERRAO DÍAS DE
FERNÁNDEZ, representada por el abogado Marco Antonio Román Amoretti, por
invalidación ante el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de
la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
El
Juzgado Accidental de Primera Instancia del Tránsito y del Trabajo de la misma
Circunscripción Judicial, dictó sentencia definitiva el 8 de octubre de 1999,
en la cual declaró con lugar la demanda.
La
parte demandada formalizó el recurso de casación anunciado oportunamente. Hubo
contestación, sin réplica.
Por auto de 13 de enero de 2000, la
Sala de Casación Civil declinó la competencia para decidir el presente asunto
en esta Sala de Casación Social, a la cual corresponde en razón de la materia,
en conformidad con lo dispuesto en el nuevo texto constitucional.
Recibido el expediente, se designó
Ponente al Magistrado que con tal carácter suscribe el presente fallo y
cumplidos los trámites de sustanciación, siendo la oportunidad para decidir lo
hace esta Sala, previas las siguientes consideraciones:
ÚNICO
CASACIÓN
DE OFICIO
En
ejercicio de la facultad que confiere el artículo 320 del Código de
Procedimiento Civil, de casar de oficio el fallo recurrido con base en las
infracciones de orden público y constitucionales que en ella encontrase, aunque
no se las haya denunciado, la Sala pasa a decidir, sobre la base de las
siguientes consideraciones:
En
el caso concreto el Tribunal de la causa consideró, que la parte actora en el
procedimiento de cobro de prestaciones sociales cuya invalidación se solicita,
suministró una dirección que no correspondía al representante legal de la
empresa demandada, lo que trajo como consecuencia que al agotarse todos los
medios para lograr la citación personal en el lugar que fue indicado en el
escrito de demanda en San Juan de los Morros, el Tribunal dispuso la citación
por carteles, conforme a lo previsto en el artículo 50 de la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, a pesar de que el domicilio del
representante legal de la demandada, tal como quedó demostrado en autos, está
ubicado en Caracas, por lo que resulta que esa citación por carteles es la
consecuencia del fraude hecho por la actora y esas razones bastan para declarar
con lugar la acción de invalidación propuesta.
La Sala observa:
El
artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo,
dispone:
“El
Alguacil encargado de practicar la citación, entregará dentro de tres días la
orden de comparecencia expedida por el Tribunal en la forma determinada para
cada caso, a la persona o personas demandadas, en la morada de ellas o en el
lugar donde las halle, si no las encontrare en aquélla, a menos que estén en el
ejercicio de alguna función pública o en el templo y les exigirá recibo que se
agregará al expediente, el cual, en todo caso, podrá suplirse con la
declaración del Alguacil y de un testigo, por lo menos, que haya presenciado la
entrega, conozca a la persona citada y determine el día, hora y lugar de la
citación.
Si no pudiere
practicarse personalmente la citación del demandado, en el término fijado en el
párrafo anterior, se procederá a fijar en la morada de éste y en las puertas
del Tribunal, sendos carteles de emplazamiento para que el demandado ocurra a
darse por citado en el término de tres días contados desde la fijación. Dichos
carteles, que contendrán la advertencia de que si no compareciere el demandado
se le nombrará defensor con quien se entenderá la citación, serán fijados por
el Alguacil, en conformidad con las instrucciones del Secretario del Tribunal,
dejándose constancia en el expediente de todas las actuaciones practicadas.”
En
relación con la interpretación del artículo 50 de la Ley Orgánica de Tribunales
y de Procedimiento del Trabajo el Dr. Heráclio Nuñez Rincón expresa que la ratio legis de la norma “es poner al
demandado en conocimiento de la acción que en su contra se ha ejercido y con la
citación practicada por el Alguacil, aun cuando no se hubiese ido primero a la
morada del demandado, se lograba ese objetivo.” (Derecho Procesal del Trabajo,
p.140-141).
Asimismo
el Dr. Heráclio Nuñez Rincón explica qué debe entenderse por morada, cuando la
Ley se refiere al lugar donde se debe practicar la citación personal del
demandado, sobre el particular señala que es:
“…el sitio donde se
encuentra la sede de la empresa y no la dirección de la morada o casa de
habitación del representante legal del ente demandado… …puesto que de no ser
así, el Alguacil del Tribunal tendría necesariamente que realizar una mayor
actividad para practicar todas las citaciones como juicios hayan, lo cual iría
en desmedro del tiempo de ese funcionario para cumplir con sus obligaciones…”
(NUÑEZ RINCON, H. “Derecho Procesal del Trabajo”, Impresos Full Color C.A.,
Caracas, 1983, p. 140).
Esta norma
debe interpretarse concordadamente con el artículo 218 del Código de
Procedimiento Civil, por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de
Tribunales y de Procedimiento del Trabajo y por ello, se puede hacer la
citación personal en la morada o habitación, o en la oficina o en el lugar
donde ejerce la industria o el comercio o en el lugar donde se la encuentre,
dentro de los límites territoriales de la jurisdicción del Tribunal y cuando no
hubiese sido posible la citación personal, se procederá a la citación por
carteles, en conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 50 eiusdem, en concordancia con el artículo
223 del Código de Procedimiento Civil, que establece la fijación en la morada,
oficina o negocio del demandado y en las puertas del Tribunal de sendos
carteles emplazándolo para que ocurra a darse por citado en el término de ley.
La finalidad de la
citación es hacer saber al demandado la existencia de una acción en su contra,
para que comparezca en el término establecido a dar contestación a la demanda,
y la adecuada interpretación de las dos normas en cuestión lleva a esta Sala a
considerar que la citación personal se puede tramitar en la morada o
habitación, o en la oficina o en el lugar donde ejerce la industria o el
comercio o en el lugar donde se la encuentre y ello es así no sólo porque en
forma alternativa el artículo 218 así lo autoriza, sino porque el sentido común
indica que el patrono normalmente acude a su lugar de trabajo diariamente y por
ello, es más probable lograr su citación personal.
Ahora
bien, el Tribunal de la causa se apartó de esta interpretación y consideró que
el hecho de que la parte demandada señalara en su libelo, como dirección para
practicar la citación del demandado, el lugar donde tiene su sede la Panadería,
Pastelería y Charcutería Los Llanos S.R.L en San Juan de los Morros y que
hubiera considerado agotada la citación personal y ordenado fijar los carteles
en la referida dirección, siendo que quedó demostrado en autos que el
representante legal de la referida sociedad mercantil tiene su domicilio
personal en la ciudad de Caracas, permitía concluir que en el caso examinado
había fraude en la citación de la parte demandada y en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 328 ordinal 1º del Código de Procedimiento Civil
declaró con lugar la demanda, con lo cual incurrió en un error de
interpretación acerca del contenido y alcance del artículo 50 de la Ley
Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, y en falta de aplicación
de los artículos 31 eiusdem y 218 del
Código de Procedimiento Civil, pues consideró que la citación personal se debe
gestionar, sólo en la morada del demandado y como éste es una persona jurídica,
en el lugar donde habita el representante legal de esa persona moral, con lo
cual se apartó de la correcta interpretación de la norma que autoriza,
indistintamente a gestionar la citación, además, en la oficina, o en el lugar
donde ejerce la industria o el comercio el demandado.
Por
los motivos anteriormente indicados, considera la Sala que el Tribunal al
dictar su decisión infringió por error de interpretación el artículo 50 de la
Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo y por falta de
aplicación los artículos 31 de la misma Ley y 218 del Código de Procedimiento
Civil, razón por la cual casa de oficio la sentencia impugnada.
Asimismo
del examen de autos resulta que el único motivo de hecho y de derecho que
sustenta la decisión impugnada, es la circunstancia de haberse gestionado la
citación personal en la sede del negocio mismo, y al haber quedado establecido
que ello es conforme a la ley, la demanda de invalidación incoada carece de
todo fundamento y por tal razón la misma es improcedente, lo cual hace
innecesario en este caso el reenvío, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 322 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.
DECISIÓN
Por
las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de
Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, declara: 1º CASA
DE OFICIO Y SIN REENVÍO la sentencia definitiva de 8 de octubre de 1999
dictada por el Juzgado Accidental de Primera Instancia del Tránsito y del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico; y 2º SIN LUGAR la demanda de
invalidación incoada por la sociedad mercantil PANADERÍA, PASTELERÍA Y CHARCUTERÍA LOS LLANOS S.R.L., contra la
ciudadana ROSA MARÍA FERRAO DÍAS DE
FERNÁNDEZ.
Se
condena a la parte actora en las costas del proceso, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese,
regístrese y remítase el expediente al Tribunal de Primera Instancia de origen,
en conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 del Código de Procedimiento
Civil.
Dada,
firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social
del Tribunal Supremo
de Justicia, en
Caracas, a los veinticuatro (24 ) días del mes de Mayo
de dos mil. Años: 190° de la
Independencia y 141° de la Federación.
El
Presidente de la Sala,
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OMAR
ALFREDO MORA DÍAZ
El Vicepresidente y Ponente
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JUAN RAFAEL PERDOMO
Magistrado,
_____________________________
ALBERTO MARTINI URDANETA
La Secretaria,
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BIRMA I. TREJO DE ROMERO