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MAGISTRADO
PONENTE: ALBERTO MARTINI URDANETA
Mediante escrito presentado en fecha 25 de junio de 2003, el abogado José
Horacio Vázquez Colmenares, inscrito en el Instituto de Previsión Social del
Abogado bajo el número 22.157, actuando en nombre propio, con el carácter de
abogado inscrito y agremiado del Colegio de Abogados del Estado Aragua,
perteneciente a la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, interpuso
por ante esta Sala acción de amparo constitucional, conjuntamente con solicitud
de medida cautelar innominada, contra el “Reglamento Electoral sobre la
Elección en los Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social
del Abogado, dictado por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, el
22 de diciembre de 1992”.
Por auto de fecha 26 de junio de 2003 se designó ponente al Magistrado
ALBERTO MARTINI URDANETA, a los fines del pronunciamiento sobre la admisión de
la presente acción de amparo constitucional.
Mediante fallo de fecha 9 de julio de 2003 esta Sala Electoral admitió la
presente acción de amparo constitucional, acordando su tramitación conforme al
procedimiento establecido por este Tribunal Supremo de Justicia en Sala
Constitucional el 1° de febrero de 2000. Asimismo, acordó la medida cautelar
solicitada ordenando, en consecuencia, la suspensión del proceso electoral a
realizarse en el Colegio de Abogados del Estado Aragua en fecha 11 de julio de
2003, para elegir a las autoridades de
la Junta Directiva y el Tribunal Disciplinario.
En fecha 14 de julio de 2003, la parte accionante presentó escrito
mediante el cual solicitó pronunciamiento de la Sala con relación a la
inobservancia, por parte de los integrantes de la Junta Electoral del Colegio
de Abogados del Estado Aragua, de la medida cautelar acordada a los fines de
suspender la celebración de las elecciones fijadas para el 11 de julio de 2003.
Por auto de fecha 17 de julio de 2003, visto que constaban en autos las
notificaciones ordenadas, se acordó fijar el día 22 de julio de 2003, a las
diez y treinta de la mañana (10:30 a.m.) para que tuviera lugar la audiencia
oral y pública. Asimismo, se designó Ponente al Magistrado ALBERTO MARTINI
URDANETA a objeto de dictar el pronunciamiento correspondiente.
En fecha 21 de julio de 2003, el abogado Augusto
Bernardo Bravo Rico, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado
bajo el N° 17.506, actuando en su condición de Presidente del Colegio de
Abogados del Estado Aragua, presentó escrito mediante el cual, además de
oponerse a la medida cautelar acordada por esta Sala en virtud en sentencia de
fecha 9 de julio de 2003, bajo el N° 88, solicitó que fuera admitida su
intervención por considerar que dicho “...Gremio profesional (...) ha sido
directamente afectado en su normal desarrollo gremial por el presente
procedimiento...”; solicitando, igualmente, que esta Sala declare su
incompetencia para conocer de la presente acción de amparo.
En fecha 22 de julio de 2003, los abogados Gustavo Marín García, Tadeo
Arrieche Franco y Juan Manuel Santana, inscritos en el Instituto de Previsión
del Abogado bajo los Nos. 39.290, 48.347 y 48.708, respectivamente, actuando en
nombre y defensa de sus intereses y con el carácter de miembros de la Junta
Directiva de la Asociación Civil Avanzada Gremial, persona jurídica inscrita en
la Oficina Subalterna del Cuarto Circuito del Municipio Libertador del Distrito
Capital en fecha 3 de julio de 2003, bajo el N° 22, Tomo 3, Protocolo Primero,
presentaron escrito con el objeto de adherirse a la presente acción de amparo.
En fecha 22 de julio de 2003, la Sala acordó
diferir la realización de la audiencia oral y pública para el día martes 29 de
julio de 2003 (10:30 a.m.) a las diez y treinta de la mañana, en virtud de
ocupaciones inherentes a la alta investidura de los Magistrados; dejando
constancia de que se encontraban presentes la parte accionante, ciudadano José
Horacio Vázquez Colmenares; el Presidente de la Federación de Abogados de
Venezuela, ciudadano William Pacheco; el Presidente del Colegio de Abogados del
Estado Aragua, ciudadano Augusto Bravo; el Presidente de la Comisión Electoral
del Colegio de Abogados del Estado Aragua, ciudadano Freddy Hurtado Crespo; la
Vicepresidente y el Secretario de la Comisión Electoral del Colegio de Abogados
del Estado Aragua, ciudadanos Scarlet Chacón y Edgardo Párraga.
En esa misma fecha, 22 de julio 2003, los ciudadanos Freddy Hurtado,
Scarlet Chacón y Edgardo Párraga, actuando en su carácter de Presidente,
Vicepresidenta y Secretario, respectivamente, de la Comisión Electoral del
Colegio de Abogados del Estado Aragua, asistidos por la abogada Rosa Rotondaro,
inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el N° 17.691,
solicitaron a esta Sala que declare “sin
efecto” la medida acordada, pues,
a su decir, ésta fue dictada con fundamento en un instrumento inexistente.
En fecha 29 de julio de 2003, el ciudadano
José Horacio Vázquez Colmenares, parte actora en la presente causa, consignó
escrito mediante el cual reiteró los fundamentos de su pretensión de amparo constitucional
y solicitó se abriera el lapso probatorio.
Mediante escrito presentado el 29 de
enero de 2003, la ciudadana Alicia
Monagas Borges, actuando en su carácter de Fiscal Tercera del Ministerio
Público, inscrita en el Impreabogado N° 35.36, consignó escrito contentivo de
la opinión Fiscal.
En esa misma fecha 29 de julio de 2003, los
ciudadanos José Quintín Gómez y Gilberto López Reyes, abogados inscritos en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 26.923 y 30.753,
respectivamente, solicitaron, mediante diligencia, se les considere “terceros
coadyuvantes”, en la presente acción de amparo.
Siendo la oportunidad de decidir sobre el
fondo de la solicitud de acción autónoma de amparo constitucional, pasa esta
Sala a hacerlo en los siguientes términos:
Inició su escrito el accionante exponiendo que
procede en su carácter de abogado agremiado al Colegio de Abogados del Estado
Aragua, a interponer la presente acción de amparo constitucional contra el “Reglamento Electoral sobre la Elección en los Organismos
Profesionales y en el Instituto de Previsión Social del Abogado”, debido al
conculcamiento y violación del derecho constitucional al sufragio en el seno de
los citadas instituciones gremiales, mediante la imposición de una condicionante o carga de naturaleza
pecuniaria para su ejercicio como lo es el pago previo de cantidades de dinero,
el cual si bien podría estimarse como cónsono con alguna actividad gremial, no
puede “... CONSTITUIRSE COMO CONDICIONANTE O
LIMITANTE DEL SOBERANO DERECHO AL SUFRAGIO...” (negrillas del texto).
Señaló que con la
propuesta procura el sano ejercicio de los derechos constitucionales previstos
en los artículos 26 (tutela judicial efectiva); 27 (derecho de amparo); 62 (derecho
a la participación política); 63 (derecho al sufragio) y 70 (medios generales
de participación política y social), indicando que las normas violatorias de
los mencionados derechos constitucionales están contenidas en los artículos 7,
9 y 16 del “Reglamento Electoral sobre la Elección en los
Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social del Abogado”.
En tal sentido manifestó que el
artículo 7 del Reglamento Electoral en cuestión, viola el derecho a la
participación libre en los asuntos públicos por cuanto estipula que se requiere
del apoyo de un número equivalente al 10%, por lo menos, del total de miembros
solventes, a los fines de presentar listas o candidatos, lo que conlleva a que
el abogado que no esté solvente con el Colegio e Impreabogado respectivo, no
tenga derecho a efectuar postulación alguna, lo que deja en manos de quienes
estén solventes el ejercicio de dicho derecho.
Por otra parte, denunció que el
artículo 9 del Reglamento Electoral in commento vulnera el derecho
constitucional a postular y ser postulado para algún cargo dentro de la
Directiva del Colegio de Abogados a nivel nacional, ya que de conformidad con
el contenido del mismo, la Comisión Electoral como órgano encargado de
comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Reglamento
Electoral, “...será quien diga quien vota y quién no vota según el estado de
solvencia” .
Asimismo denunció que
el artículo 16 del Reglamento Electoral
conculca el derecho al ejercicio del sufragio, toda vez que en la mesa
de votación le será requerido al abogado su cédula de identidad o en su defecto
el carnet del Colegio respectivo, el cual será confrontado con el registro que
contiene la lista de abogados inscritos a los fines de verificar la solvencia
del agremiado, lo que se traduce en que si el abogado al momento de emitir su
voto no está solvente, no se le permitirá ejercer su derecho a elegir.
Expresó que tal
limitación, restricción o imposición pecuniaria viola el “núcleo esencial
del derecho constitucional al sufragio”, contenido en el artículo 63 de
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que este
derecho debe ser ejercido mediante votaciones libres, universales, directas y
secretas.
Por otra parte,
manifestó que el estar solvente en los pagos mensuales puede ser una medida
orientada a privar a los agremiados de beneficios cuyo correlativo directo sean
ciertos servicios gremiales como el uso de instalaciones de recreación,
biblioteca, asistencia médica, etc, puesto que toda condición o limitación para
el ejercicio de un derecho debe mantener una racionalidad y una justificación
directa y estrechamente vinculada, pero que en el presente caso esa
racionalidad y justificación no se encuentran con respecto al ejercicio del
derecho al sufragio dado que “afecta el núcleo esencial del derecho al
sufragio mediante un mecanismo extraño y ajeno a su propia naturaleza comicial,
coartándolo y conculcándolo”.
Por último, de conformidad con los artículos 88 de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia en concordancia con los artículos 585 y 588 del
Código de Procedimiento Civil, solicitó medida cautelar innominada a los fines
de que se suspendan los efectos del Reglamento Electoral sobre la Elección de
los Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social del Abogado,
de fecha 22 de diciembre de 1992; se ordene a la Federación de Colegios de
Abogados de Venezuela emitir un comunicado a los fines de informar sobre la
sentencia que habrá de producirse con relación a la solicitud de la medida cautelar;
se ordene a la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, a los diversos
Colegios de Abogados de Venezuela y a las diversas Juntas Electorales de esos
Colegios, que procedan a admitir a todos y cada uno de los abogados inscritos,
tan sólo exigiéndoles su identificación que acredite su condición de abogados
de la República.
Afirmó que la urgencia de tales peticiones se sustenta en el hecho de que
ya han ocurrido elecciones para la Junta Directiva de Colegios de Abogados en
evidente violación del derecho al sufragio y, que en el caso del Colegio de
Abogados del Estado Aragua, se dictaron las normas que regulan el proceso de
elecciones que tendrá lugar el viernes 11 de julio de 2003, las cuales se
remiten “[a]l Reglamento de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela
al citar los artículos 8, 10, 11 y 13 del mismo, afirmando informe que ‘EN
TODO [LO] NO PREVISTO EN EL PRESENTE CRONOGRAMA SE APLICARÁ LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO SOBRE ELECCIONES ASÍ COMO LO SEÑALADO POR LA ASESORÍA Y SUPERVISIÓN
DEL C.N.E. REGIONAL’...”
Finalizó señalando que
el peligro en la mora es evidente porque en caso de que no sea acordada la
medida solicitada se produciría un daño no reparable por la definitiva al
producirse los diversos procesos comiciales, tal como el que está previsto para
el día 11 del presente mes y año en el Estado Aragua, en exclusión de miles de
abogados sin que se pudiese revertir los efectos de tales procesos y, que la
apariencia de buen derecho es igualmente evidente porque “quienes nos vemos
afectados por la privación de nuestro derecho al sufragio, somos miembros
naturales de la organización gremial”.
En sentencia N° 88 de fecha 9 de julio de 2003,
esta Sala Electoral, emitió pronunciamiento mediante el cual admitió la
presente acción de amparo constitucional y acordó su tramitación conforme al
procedimiento establecido por este Tribunal Supremo de Justicia en Sala
Constitucional. Asimismo, declaró con
lugar la solicitud de medida cautelar, ordenando en consecuencia, la suspensión del
proceso electoral a realizarse en el Colegio de Abogados del Estado Aragua para
elegir a las autoridades del mismo fijado para el día 11 de julio de 2003, en
los siguientes términos:
“1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de
amparo constitucional interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada
por el abogado José Horacio Vázquez Colmenares, contra el
Reglamento Electoral sobre la Elección en los Organismos Profesionales y en el
Instituto de Previsión Social del Abogado, dictado por la Federación de
Colegios de Abogados de Venezuela, el 22 de diciembre de 1992.
2.- Se ADMITE la
presente acción de amparo y se ACUERDA tramitarla conforme al
procedimiento establecido por este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
Constitucional, mediante decisión de fecha 1° de febrero de 2000.
3.- Se ORDENA librar
los respectivos oficios de notificación al Ministerio Público y citación del
presunto agraviante.
4.- Se declara CON LUGAR la
solicitud de medida cautelar solicitada y en consecuencia se SUSPENDE el
proceso electoral a realizarse en el Colegio de
Abogados del Estado Aragua para elegir a las autoridades del mismo, a saber:
Junta Directiva y Tribunal Disciplinario, fijado para el día 11
de julio de 2003.”
Mediante diligencia suscrita en
fecha 14 de julio de 2003 por el ciudadano José Horacio Vázquez Colmenares,
parte actora en la presente causa, se agrega a los autos el original de la
notificación del fallo citado supra realizada por la Notaría Pública
Quinta de Maracay, el día 11 de julio de 2003, a la Junta Electoral del Colegio
de Abogados del Estado Aragua. Asimismo, el mencionado diligenciante informó a
esta Sala que dicha Junta Electoral desacató la sentencia que acordó la medida
cautelar y ordenó la suspensión de las elecciones, por lo que solicita “1) Se aperture el correspondiente procedimiento por DESACATO en contra de los
integrantes de la Junta Electoral del Colegio de Abogados del Estado Aragua. 2)
Se oficie a la mencionada Comisión Electoral de este Colegio, para que informe
a la Sala sobre la celebración de las elecciones del mencionado día 11 de julio
de 2003; y declare la inexistencia de las mismas, con vista a tal desacato”.
Igualmente, solicitó se enviaran sendos oficios al Colegio de Abogados
del Estado Aragua, en la persona de su Presidente, y al Presidente y demás
miembros de la Junta Electoral de dicho Colegio Profesional, a fin de que no
procedieran a efectuar la proclamación y juramentación de cualquiera de los
candidatos postulados que hubiesen obtenido, en dichas elecciones, algún
beneficio en desacato y contravención a la sentencia Nº 88 dictada por esta
Sala en fecha 09 de julio de 2003. Adjunta a su diligencia, publicación del
Diario “El Aragueño”, correspondiente a la edición del día 10 de julio de 2003,
en la que se informa de la suspensión de las elecciones de dicho colegio profesional.
IV
DE LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN COMO TERCERO
OPOSITOR PRESENTADA POR EL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO ARAGUA
En fecha 21 de julio de 2003, el abogado Augusto
Bernardo Bravo Rico, asistido de abogados, actuando en su condición de
Presidente del Colegio de Abogados del Estado Aragua, presentó escrito de “INTERVENCIÓN
COMO TERCEROS OPOSITORES A LA ACCIÓN AUTÓNOMA DE AMPARO CONSTITUCIONAL QUE
MOTIVA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO” en el cual además de oponerse a la medida
cautelar acordada por esta Sala en virtud de la sentencia dictada el 9 de julio
de 2003, bajo el N° 88, solicitó: a) que sea admitida su intervención en la
presente causa por considerar que dicho “...Gremio profesional (...) ha sido
directamente afectado en su normal desarrollo gremial por el presente
procedimiento...”; y b) que esta Sala declare su incompetencia para conocer
de la presente acción de amparo.
Manifestó que el interés del Colegio de Abogados
que preside para intervenir en la presente causa, está determinado por la
condición de gremio profesional que, según manifiesta, ha sido directamente
afectado en su normal desarrollo gremial “ya
que en una forma inconstitucional y claramente atentatoria contra los más
elementales principios del Debido Proceso y del Derecho a la Defensa, esta Sala
Electoral ha dictado una medida cautelar de suspensión del proceso comicial que
se ha venido desarrollando con total normalidad en nuestro Colegio Profesional,
siendo que NO SOMOS PARTE DEL
PRESENTE PROCEDIMIENTO. En consecuencia, hemos sido afectados por el ejercicio del poder
cautelar de esta Sala Electoral sin que haya sido interpuesta una acción formal
en nuestra contra, lo cual justifica sobradamente nuestro interés en la
participación del Colegio de Abogados que presido y represento contra esta
sediciente(sic) acción de amparo
constitucional...”.
Continuó exponiendo que en la presente causa el
accionante “en forma absolutamente
maliciosa y temeraria, incurre y a su vez ha hecho incurrir a esta Sala
Electoral en un claro falso supuesto de derecho”, al identificar como acto
impugnado el Reglamento Electoral dictado por la Federación de Colegios de
Abogados de Venezuela de fecha 22 de diciembre de 1992, cuando lo cierto es que
el referido acto normativo es un Reglamento dictado por el Poder Ejecutivo
Nacional, en ejercicio de su potestad reglamentaria, desarrollando un mandato
legal conferido por la Ley de Abogados. Es decir, que el acto normativo no fue
dictado por el organismo gremial al cual se refieren, tanto el accionante como
esta Sala Electoral.
Indicó que tal subversión en la correcta
identificación del acto impugnado y el ocultamiento tanto del órgano que dicta
dicho acto así como su naturaleza jurídica acarrea, a su juicio, un análisis de
la clara inadmisibilidad de la presente acción de amparo y seguidamente pasa a
señalar, lo que a su decir, constituyen vicios que afectan la presente acción.
En primer lugar, afirma la incompetencia de esta Sala Electoral para
conocer de la presente acción por cuanto al estar dirigida, según su parecer,
contra un acto administrativo dictado por el Presidente de la República, la
misma se encuentra subsumida en uno de los supuestos de hecho contemplados en
el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales correspondiéndole, en consecuencia, la competencia a la Sala
Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de lo cual
solicitó a esta Sala decline en ella su conocimiento.
Adujo que el carácter subsidiario y extraordinario de la acción autónoma
de amparo, no constituye un sustituto de los procedimientos judiciales
ordinarios otorgados por nuestro ordenamiento jurídico para la protección de
los derechos constitucionales y legales de los justiciables, y que al pretender
el accionante, en el presente caso, obtener un pronunciamiento de carácter
anulatorio contra un Reglamento dictado por el Poder Ejecutivo, hace incurrir
tal acción en la causal de inadmisibilidad establecida en el numeral 5º del
artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, señalando a tal efecto el recurso administrativo de anulación
como vía procedimental idónea para proteger en forma rápida y efectiva, no
solamente los derechos constitucionales del accionante presuntamente amenazados,
sino los del resto de los afectados por la eventual declaratoria de
nulidad.
Por otra parte manifestó la ilegitimidad de la Federación de Colegios de
Abogados de Venezuela, como parte presunta agraviante, convocada al
procedimiento en curso, ya que la misma, no ha asumido ninguna conducta
inconstitucional en el presente caso por dos razones a saber: “El órgano productor del acto presuntamente
lesivo a los derechos constitucionales denunciado en autos es el PODER EJECUTIVO NACIONAL (…) y el deber jurídico
tanto de la FEDERACIÓN DE
COLEGIOS DE ABOGADOS DE VENEZUELA como de mi representado,
el COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO ARAGUA, es acatar y cumplir con las normas contenidas en el Reglamento
contenido en el Decreto Nº 2.714 de fecha 22 de diciembre de 1992, y que fuera
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 4.506 de fecha 23 de diciembre
de 1992”, (Resaltado del texto)
por lo que plantea que al haber, el accionante, involucrado a personas
jurídicas distintas a la que realmente produjo el acto que se denuncia como
presuntamente inconstitucional, hace que el presente procedimiento se encuentre
viciado de la más radical nulidad y la más absoluta temeridad, y así
solicitaron fuera declarado.
Adicionalmente, con respecto a la pretendida inadmisibilidad de la
presente acción, expresó que esta Sala efectuó, en su sentencia de admisión,
algunas precisiones sobre una serie de artículos específicos del acto
reglamentario impugnado que no son realizadas por el recurrente en ninguna
parte de su petitorio, situación que a su juicio, implica un inadmisible
gravamen al derecho a la defensa de los involucrados pasivos y terceros
opositores, “ya que el recurso es
interpuesto en forma genérica en contra del reglamento impugnado, más sin
embargo, esta Sala señala un objeto de impugnación parcial que no se concatena
con lo expresado con (sic) el recurrente”.
En el Capítulo III de su escrito planteó su formal oposición a la medida
cautelar dictada por esta Sala Electoral en fecha 9 de julio de 2003, mediante
la cual se ordenó la suspensión de los comicios gremiales que se celebrarían el
día 11 de ese mismo mes y año, hasta tanto se resolviera sobre el fondo del
presente asunto, por cuanto considera que ante la manifiesta incompetencia de
la Sala para conocer de la acción de amparo interpuesta, se encuentra viciado
uno de los fundamentos para el ejercicio del poder cautelar de la misma.
Señala que no existe ni periculum in mora ni el fumus boni iuris, ya que siendo los
resultados de los procesos comiciales pronunciamientos o proclamaciones de
candidatos ganadores, actos de tipo declarativo, siempre puede ser restituida
la situación jurídica que se denuncia como presuntamente infringida con una
orden judicial que declare la nulidad de dichos comicios y su repetición en una
fecha posterior; por lo que a su juicio, no existía riesgo de una situación
irreparable en el futuro, ante una amenaza de violación absolutamente
infundada.
Aduce que el colegio gremial que representa no es parte en el presente
proceso y que tampoco le ha sido impugnada ninguna conducta presuntamente
inconstitucional, y que no siendo, por ende, parte accionada se le está
afectando, aún cuando no fue denunciado como parte presuntamente agraviante. En
consecuencia, solicitó a esta Sala Electoral levante la medida cautelar
acordada, a su decir, “inaudita alterem
parte” en contra del proceso electoral realizado.
Afirma que la actuación probatoria, en lo que respecta a la actuación de
la parte presuntamente agraviante y a los terceros opositores, se concreta a promover
los medios necesarios para enervar la pretensión del accionante y que si bien
en su intervención como “terceros
opositores” podría considerarse como promoción de una prueba documental la
Gaceta Oficial signada como anexo “B”, la misma no es tal, ya que las
publicaciones de las Leyes y Reglamentos Nacionales en la Gaceta Oficial son
parte del Derecho y son englobados en el principio iuris novit curia, pero
que, sin embargo, a todo evento, consigna dicha publicación la cual, a su
decir, acredita la evidencia del falso supuesto de hecho y de derecho en que
han incurrido tanto la parte actora como esta Sala Electoral en lo que respecta
a la naturaleza del acto recurrido y al órgano administrativo que dictó el
mismo.
Finalmente, en virtud de todo lo anterior solicitó sea admitida la
intervención como “terceros opositores” en la presente causa del Colegio
de Abogados del Estado Aragua; que la Sala declare su incompetencia para
conocer de la presente causa; que se levante la medida cautelar dictada en
fecha 9 de julio de 2003, así como también, “...se declare INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional
y, en todo caso, sea declarada SIN LUGAR dicha
acción de amparo constitucional, con expreso pronunciamiento sobre la temeridad
de la acción de amparo incoada y la infracción del artículo 170 del Código de
Procedimiento Civil.
V
DE LA SOLICITUD DE
ADHESIÓN PRESENTADA POR LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL AVANZADA GREMIAL
Mediante escrito presentado en fecha 22 de julio de
2003, los ciudadanos Gustavo Marín García, Tadeo Arrieche Franco y Juan Manuel
Santana, actuando en nombre y defensa de sus propios derechos e intereses, y
con el carácter de miembros de la Junta Directiva de la Asociación Civil
Avanzada Gremial, invocando los artículos 26 y 27 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, solicitaron su adhesión a la acción de
amparo constitucional que motiva este procedimiento.
Señalaron
que su legitimidad está determinada por la condición de ser abogados de la
República de Venezuela, inscritos en el Colegio de Abogados del Distrito
Capital y, por tanto, sometidos al Reglamento accionado.
Aduce
que son representantes de una Asociación Civil que tiene entre sus objetivos la
defensa de los derechos e intereses de los profesionales afiliados a una
asociación gremial, razón por la cual se atribuyen la representación de todos
los abogados sometidos al reglamento impugnado lo cual, a su juicio, define “nuestra acción como un amparo colectivo”,
en virtud de lo cual solicitaron se les reconozca, tanto su interés personal
como el del colectivo para adherirse a la acción de amparo constitucional
ejercida por el abogado José Horacio Colmenares contra el Reglamento de la Ley
de Abogados sobre Elección en los Organismos Profesionales y en el Instituto de
Previsión Social del Abogado.
Anexan
copia de la inscripción de la mencionada Asociación ante la Oficina Subalterna
del Cuarto Circuito de Registro del Municipio Libertador del Distrito Capital
de fecha 3 de julio de 2003.
VI
DE LA OPOSICIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR PRESENTADA
POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ELECTORAL
DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO ARAGUA
Mediante diligencia de fecha 22 de julio 2003, los ciudadanos Freddy
Hurtado, Scarlet Chacón y Edgardo Parraga, asistidos por la abogada Rosa
Plesman Rotondaro, INPREABOGADO N° 17.691, solicitaron a esta Sala Electoral “...sea declarada sin efecto la medida
acordada por cuanto fue dictada con fundamento en un instrumento inexistente”.
Señalaron
que el instrumento legal “considerado” por la Comisión Electoral del
Colegio de Abogados del Estado Aragua para la realización del proceso electoral
efectuado, fue el contenido en la Gaceta Oficial Extraordinario Nº 4.506 de
fecha 23 de diciembre de 1992, que contiene la publicación de la Reforma “Parcial
del Reglamento de la Ley de Abogados sobre Elección en los Organismos
Profesionales y en el Instituto de Previsión del Abogado”.
En ese
sentido expresaron que en el proceso para elegir a las autoridades del Colegio
de Abogados del Estado Aragua, se aplicó el referido instrumento legal “salvo en cuanto concierne a la exigencia
del requisito de la SOLVENCIA de los abogados para postular candidatos; ser
postulados o ejercer el derecho al sufragio y así se hacer conocer a la
Sala...”.
Señalaron
que si bien este Tribunal tiene la posibilidad de dictar medidas cautelares, no obstante lo breve y
celero de una acción de amparo, en virtud de su poder cautelar, en el presente
caso, sólo se acompaño a la solicitud de acción de amparo constitucional copia
simple de lo que se “considera un
Reglamento dictado por la Federación Nacional del Colegio de Abogados y las
normas que regirán el proceso de elecciones en el Colegio de Abogados del
Estado Aragua SIN MAS prueba, elemento recaudo, etc… procede la Sala a acordar
la medida de suspensión del proceso electoral, LO QUE NO HABÍA SOLICITADO EL
ACCIONANTE y sin mediar que tiene la potestad y facultad para requerir del
accionante los recaudos que pudieran ampliar o precisar el asunto otorgándole
un plazo racional para ello y de esta manera proceder en franca justicia y
transparencia de forma tal que contase con los elementos suficientes para acordar o no una medida”.
Finalmente
solicitaron a esta Sala, declare sin efecto la medida acordada por cuanto fue
dictada con fundamento en un instrumento inexistente y considerando que el
requisito de la solvencia para postular, ser postulado y votar no se exigió, lo
cual a decir de los diligenciantes, es falso de toda falsedad.
VII
DE LA OPINIÓN DEL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO
En fecha 29 de julio de 2003, la abogada Alicia Monagas Borges, inscrita
en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 35.364, actuando
con el carácter de Fiscal Tercera del Ministerio Público, presentó
escrito contentivo de la opinión del mencionado Ministerio relacionada con el
presente procedimiento, en el cual formuló las consideraciones siguientes:
Indicó, que en la presente acción de amparo constitucional
fueron denunciadas como lesivas de derechos constitucionales -a la
participación política, al sufragio y medios generales de participación de
política y social-, varias normas contenidas en el “Reglamento Electoral sobre
Elección en los Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social
del Abogado”; y, que a pesar de no haber sido señalado de manera expresa por el
accionante, la misma fue ejercida de conformidad con el artículo 3 de la Ley
Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; señaló en este
sentido que la jurisprudencia ha concluido que su objeto o materia es el acto
de aplicación de una norma que colide con la Constitución, de manera que actué
como la causa que da origen a la acción, pero no como objeto de ello.
En este orden de ideas, manifestó, que “su
procedencia, no contempla la posibilidad de interponer una acción de amparo
constitucional directamente contra un acto normativo, sino contra el acto,
hecho u omisión que tiene su origen en una disposición normativa que es
contraria a la Constitución, el cual en definitiva es el que, en el caso concreto,
puede ocasionar una lesión particular de los derechos y garantías
constitucionales...”
Observó
que la aplicación de las normas reglamentarias denunciadas por el accionante,
no vulneran sus derechos constitucionales como agremiado, por cuanto no se constituyen
en una verdadera limitación a la participación en los procesos comiciales, “...como
candidatos y electores en la escogencia de los miembros de órganos directivos
de ese ente gremial...” al pago previo de cantidades de dinero, lo cual
haría improcedente la desaplicación de los artículos 7, 9 y 16 del texto
impugnado, señalando en este orden de ideas, jurisprudencia sentada por esta
Sala Electoral, en sentencia de fecha 25 de enero de 2001, caso Club Campestre
Paracoto.
En
virtud de lo expresado anteriormente, consideró que la presente acción de
amparo constitucional, debe ser declarada sin lugar.
VIII
Esta
Sala considera necesario, revisar lo alegado en el escrito presentado por el
abogado Augusto Bernardo Bravo Rico, en fecha 21 de julio de 2003, actuando en
su condición de Presidente del Colegio de Abogados del Estado Aragua, cuyo
contenido fue resumido en el capítulo V de este fallo.
Al
respecto esta Sala Electoral observa que la Sala Constitucional de este Alto
Tribunal, ha establecido con relación a la intervención de terceros en materia
de amparo constitucional, que los mismos podrán hacerse parte en dicho proceso
de amparo, antes de la audiencia pública y aún dentro de la misma, más no
después de que ésta se hubiese realizado; debiendo, en el caso de los terceros
coadyuvantes (adhesivos u opositores), demostrar su interés legítimo y directo
para intervenir en el proceso de que se trate, toda vez que la audiencia
pública constituye la única oportunidad que tienen tanto las partes como
los interesados de proponer, oralmente, sus alegatos y defensas ante la Sala o
el tribunal que conozca de la causa en primera instancia (Vid. Sentencias de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fechas 1º de febrero de 2000
y 10 de agosto de 2001).
Ahora bien, en el caso sub-examine
ha quedado demostrada en autos la condición de agremiado y Presidente del
Colegio de Abogados del Estado Aragua, del ciudadano Augusto Bernardo Bravo
Rico, así como el interés en participar en el procedimiento donde se ventila la
presente acción de amparo constitucional, dado que el proceso electoral
involucrado, tiene por objeto la elección de los miembros de la Junta Directiva
y Tribunal Disciplinario de ese Colegio Profesional. En consecuencia, esta
Sala, en atención al criterio jurisprudencial referido, admite la intervención
del mencionado Colegio como tercero opositor. Así se decide.
Con relación a la solicitud
formulada por los abogados Gustavo Marín García, Tadeo Arrieche y Juan Manuel
Santana, quienes dicen actuar en nombre y defensa de sus propios derechos e
intereses y con el carácter de miembros de la Junta Directiva de la Asociación
Civil Avanzada Gremial, inscritos en el Colegio de Abogados del Distrito
Capital, de ser considerados como terceros adhesivos, ésta Sala, considera que
por tratarse en este caso de la aplicación de las normas del citado Reglamento
al caso específico de las elecciones del “Colegio de Abogados del estado
Aragua”, carecen del interés requerido para ser considerados como tales. Así se
decide.
Declarado lo anterior, la sala
pasa a examinar el alegato del
Presidente del Colegio de Abogados del Estado Aragua, sobre la supuesta
incompetencia de esta Sala para conocer de la presente acción, por haber sido
dictada la normativa cuestionada por el Ejecutivo Nacional y no por la
Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, como erróneamente lo afirmó el
accionante.
Al respecto debe destacar la Sala que en la oportunidad
de admitir la presente acción este órgano jurisdiccional revisó todas las
causales de admisibilidad, entre ellas la relativa a la competencia,
considerando al efecto que al solicitarse en el presente caso la desaplicación
de una normativa que, en principio, debía ser exigida en el marco de un proceso
electoral por la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Estado Aragua,
resulta ésta y no otro el órgano que se presume lesionaría, eventualmente, los
derechos constitucionales denunciados, con independencia de que la norma cuestionada
emane del Ejecutivo Nacional, pues es claro para la Sala que en el presente
caso, a diferencia de lo expresado por el tercero opositor, no se pretende en
el caso de autos la declaratoria de nulidad de dichas normas, sino su
desaplicación por resultar violatorias de derechos constitucionales. En
consecuencia, esta Sala desestima el alegato de incompetencia y de
inadmisibilidad explanado en los términos antes referidos. Así también se
declara.
Ahora
bien, con respecto al argumento de que el carácter subsidiario y extraordinario
de la acción autónoma de amparo, impide que esta se utilice como un sustituto
de los procedimientos judiciales ordinarios, otorgados por nuestro ordenamiento
jurídico para la protección de los derechos constitucionales y legales de los
justiciables, señalando al recurso administrativo de anulación como la vía
procedimental idónea para proteger en forma rápida y efectiva, no solamente los
presuntamente amenazados derechos constitucionales del accionante, sino los del
resto de los afectados por la eventual declaratoria de nulidad, esta Sala,
ratifica en esta oportunidad su jurisprudencia pacífica y reiterada, cónsona
con la emanada de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
durante la vigencia de la Constitución de 1961, y los criterios de la actual
Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, referida a que no basta la
existencia de mecanismos legales y procesales alternativos a la acción de
amparo constitucional para considerar que la misma resulta inadmisible, pues de
interpretar de esta manera el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se haría nugatorio el
ejercicio de esta especial vía de tutela constitucional. En ese sentido, el
elemento relevante es la idoneidad y eficacia restablecedora de esas vías
procesales ordinarias, examinadas a la luz de cada caso particular, a fin de
determinar que las mismas resultan suficientes para amparar efectivamente los
derechos constitucionales cuya protección se solicita.
Ese
mismo criterio ha resultado orientador a esta Sala, en las oportunidades en que
se ha pronunciado con respecto a la admisibilidad de la acción de amparo en
materia contencioso-electoral, y, al respecto, la pauta fundamental que ha
establecido este órgano, es que la vía del amparo constitucional resulta
perfectamente compatible en la materia objeto de control de esta Sala, siempre
que la violación directa de derechos constitucionales se derive de actos,
actuaciones u omisiones que se produzcan con ocasión del desarrollo de un
proceso electoral, con el añadido clarificador de que la acción de amparo
constitucional es fundamentalmente restitutoria, de lo que deriva que mediante
su ejercicio no resulta posible objetar resultados electorales producidos una vez
concluidas las diversas etapas comiciales, -lo cual no es lo peticionado por el
accionante en el presente caso-. De allí que esta Sala desestima el alegato en
cuestión, toda vez que la no inclusión (o exclusión según el caso) de
potenciales electores en la realización de un proceso electoral, aún cuando
resulte impugnable mediante el ejercicio de los correspondientes recursos,
también puede ser violatoria de derechos constitucionales, lo que a la luz del
caso concreto, bien puede originar una situación jurídica susceptible de ser
reparada mediante el mecanismo de la tutela constitucional, como sucede en este
supuesto en particular. Así se decide.
Con relación a las oposiciones presentadas tanto
por el ciudadano Augusto Bernardo Bravo Rico, en su carácter de Presidente del
Colegio de Abogados del Estado Aragua, como por los ciudadanos Freddy Hurtado,
Scarlet Chacón y Edgardo Párraga, en su carácter de Presidente, Vicepresidenta
y Secretario, respectivamente, de la Comisión Electoral del referido Colegio, en
las cuales aducen, lo que en forma resumida se señala a continuación:
Que ante la manifiesta incompetencia de la Sala para conocer de la acción
de amparo interpuesta, se encuentra viciado uno de los fundamentos para el
ejercicio del poder cautelar de la misma.
Que no existe ni periculum in mora ni el fumus boni iuris, ya que siendo los
resultados de los procesos comiciales pronunciamientos o proclamaciones de
candidatos ganadores actos de tipo declarativo, siempre puede ser restituida la
situación jurídica que se denuncia como presuntamente infringida con una orden
judicial que declare la nulidad de dichos comicios y su repetición en una fecha
posterior.
Que el Colegio el Colegio de Abogados del Estado Aragua no es parte en el
presente proceso y que tampoco le ha sido impugnada ninguna conducta
presuntamente inconstitucional, y que no siendo por ende parte accionada se le
está afectando, aún cuando no fue denunciado como parte presuntamente
agraviante.
Que han incurrido tanto la parte actora como esta Sala Electoral en un
supuesto falso supuesto de hecho en lo que respecta a la naturaleza del acto
recurrido y al órgano administrativo que dictó el mismo y que la irregular
situación creada por la parte actora al identificar incorrectamente el acto
impugnado, lo cual indujo a error y a su vez provocó todas las incidencias
cautelares que han afectado a terceros,
como lo es el Colegio de Abogados del Estado Aragua, situación que a su juicio
cumple sobradamente con los supuestos de hecho contemplados en el artículo 170
del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 29 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en lo que respecta a la
declaratoria de temeridad de la acción incoada y a la deslealtad y falta de
probidad procesal de la parte actora.
Que el instrumento legal estimado por la Comisión
Electoral del Colegio de Abogados del Estado Aragua para la realización del
proceso electoral efectuado, fue el contenido en la Gaceta Oficial Nº 4506 de
fecha 23 de diciembre de 1992, la cual contiene la publicación de la reforma
Parcial del Reglamento Electoral de la Ley de Abogados sobre Elección en los
Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión del Abogado y no el
identificado por el accionante.
Observa la Sala que si bien la
institución del amparo constitucional como mecanismo de tutela para el goce y
ejercicio efectivo de los derechos y garantías constitucionales, no establece
expresamente la posibilidad de otorgar medidas cautelares dentro del proceso,
ello no es óbice para que se pueda, cumplidas las condiciones necesarias,
prestar la tutela judicial requerida por el solicitante, a través del
otorgamiento de una medida cautelar que satisfaga preventivamente la pretensión
del accionante, solicitud que en definitiva se desprende del petitorio
efectuado en el escrito contentivo de la acción. El otorgamiento de una tutela
anticipada de carácter temporal en el caso bajo examen es viable, no sólo
porque es inherente a la protección jurisdiccional debida, sino que además la naturaleza
misma de la institución y el principio iura
novit curia obligan al Juez a encuadrar dentro de los supuestos fácticos de
las normas jurídicas vigentes, los hechos y requerimientos formulados y a aplicar el dispositivo adecuado al caso
para alcanzar una tutela efectiva.
En el presente caso, resulta
inequívoca la voluntad expresada por el solicitante de requerir una medida
cautelar de suspensión “a los fines de que se suspendan los efectos del Reglamento Electoral
sobre la Elección de los Organismos Profesionales y en el Instituto de
Previsión Social del Abogado, de fecha 22 de diciembre de 1992”; contra cuya aplicación acciona, por lo que
bajo el pedimento formulado subyace el alegato de una flagrante violación de
orden constitucional, que lo que persigue es el inmediato restablecimiento de
la situación que presuntamente ha resultado infringida con la actuación
cuestionada.
Ahora bien, como quiera que en
este tipo de procesos el otorgamiento de providencias cautelares resulta
procedente, en los casos, como el de autos, en el que la accionante posee
apariencia de buen derecho derivada de la solicitud que hiciera, la Sala
presume la existencia de una situación que amerita la utilización de sus
amplios poderes cautelares, habida cuenta del peligro inminente de la
realización del proceso electoral en el cual habrían de ser aplicadas las
normas presuntamente inconstitucionales, que atentarían contra la participación
tanto activa como pasiva de los posibles electores.
En tal
sentido, cabe destacar que aún cuando el instrumento legal indicado por el
accionante no fue el aplicado en el proceso cuestionado, debe indicar esta Sala que las normas cuya
desaplicación solicita el accionante se mantienen en idéntica redacción en la
Reforma Parcial del Reglamento de la Ley de Abogados sobre Elección en los
Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social del Abogado
(Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 4.506
Extraordinario del 23 de diciembre de 1992) . Por tanto, en atención a los
amplios poderes cautelares de los que disponen los órganos jurisdiccionales
para prestar una tutela cautelar idónea, esta Sala desestima “la solicitud
de revocamiento” de la misma y así se decide.
Corresponde a esta Sala decidir
la acción de amparo constitucional interpuesta
vistas las actas que integran el expediente y oídas las exposiciones
efectuadas por la partes intervinientes en la causa, debe esta Sala observar lo
siguiente:
Que la solicitud de amparo se dirige contra
los efectos de la aplicación de los artículos 7, 9 y 16 contenidos en el
Reglamento de la Ley de Abogados sobre Elección en los Organismos Profesionales
y en el Instituto de Previsión Social del Abogado, que consagra el requisito de
estar solvente con las contribuciones con el respectivo Colegio de Abogados y
con el Instituto de Previsión Social del Abogado a fin de ejercer el derecho
para elegir o ser elegido.
En ese sentido alegó el accionante
que la aplicación de las observadas normas conllevaría la violación del derecho
a la participación política, al sufragio y a los medios generales de
participación política y social consagrados en los artículos 62, 63 y 70 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto a su juicio “... procede[n] flagrantemente al conculcamiento y violación de
nuestro derecho constitucional al sufragio en el seno de nuestras instituciones
gremiales, mediante la imposición de un condicionante o carga de naturaleza
pecuniaria para su ejercicio, esto es, la
tasación del derecho al sufragio en los procesos comiciales tendentes a la
elección de las autoridades de los diversos Colegios de Abogados del país
mediante la exigencia de pago previo de cantidades de dinero, con otros fines
gremiales distintos a los propósitos electorales”.
Ahora bien,
observa la Sala que aún cuando no se desprende con claridad del texto del
escrito presentado el señalamiento expreso del supuesto sujeto agraviante, ya
que la solicitud de amparo constitucional está dirigida es contra la aplicación
de los artículos 7, 9 y 16 del Reglamento Electoral, actos de contenido
objetivo, cuya aplicación conllevaría a la violación de derechos y garantías de
rango constitucional, en atención al postulado contenido en el artículo 3 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, -el cual garantiza el
cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución-, lo importante para el juez del amparo es el señalamiento de los
hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías
constitucionales, antes que los pedimentos que realice el querellante, por
cuanto los derechos y garantías constitucionales no involucran directamente
nulidades, ni indemnizaciones, sino que otorgan la protección a situaciones
jurídicas esenciales al ser humano: individual o como ente social, por lo que
no resulta vinculante para el Juez Constitucional lo que pida el quejoso, sino
el análisis de la situación fáctica ocurrida en contravención a los derechos y
garantías constitucionales y los efectos que esa situación produce y que el actor trata que cesen y dejen de
perjudicarlo.
Lo anterior significa que ante
probables peticiones de nulidades, el Juez del amparo, que es un Juez que
produce cosas juzgadas formales, puede acudir a otra figura jurídica para
restaurar la situación jurídica. A este respecto la Sala Constitucional ha
sostenido que “..Consecuencia de esta situación, es que lo que se pide como
efecto de un amparo puede no ser vinculante para el tribunal que conoce de la
acción, ya que el proceso de amparo no se rige netamente por el principio
dispositivo, porque si bien es cierto que el Juez Constitucional no puede
comenzar de oficio un proceso de amparo ni puede modificar el tema decidendum,
no es menos cierto que como protector de la Constitución y de su aplicación en
todos los ámbitos de la vida del país, tal como se desprende de los artículos 3
y 334 de la vigente Constitución, existe el interés constitucional de que
quienes pidan la intervención del poder judicial en el orden constitucional
reciban efectivamente los beneficios constitucionales, sin desviaciones o
minimizaciones causadas por carencias o errores en el objeto de las peticiones,
como tampoco sin extralimitaciones provenientes del objeto de sus pretensiones,
ya que de ser así el Juez Constitucional estaría obrando contra el Estado de
derecho y justicia que establece el artículo 2 de la Constitución vigente.
Consecuencia, a su vez de tal principio, que se enlaza con el postulado
contenido en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, el cual garantiza el cumplimiento de los principios, derechos y
deberes consagrados en la Constitución, es que para el juez del amparo lo
importante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías
constitucionales, antes que los pedimentos que realice el querellante. (...)Esta
siempre fue la idea de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, que la jurisprudencia a veces no entendió, ya que entre los
requisitos para intentar el amparo, el artículo 18 de la citada ley orgánica,
no exige la determinación exacta del objeto de la pretensión, como si lo hace
el ordinal 4° del artículo 340 del Código Procedimiento Civil para el juicio
ordinario civil. Lo que exige el ordinal 4° del citado artículo 18 es que se
exprese el derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación;
lo que se persigue, es que se restablezca la situación jurídica infringida o la
que más se parezca a ella, la cual puede ser señalada por el querellante, pero
que en realidad queda a criterio del tribunal determinarla. De allí que el
pedimento del querellante no vincula necesariamente al Juez del Amparo, para
quien lo importante es amparar el goce y ejercicio de los derechos y garantías
constitucionales. El proceso de amparo no es, como se dijo, de naturaleza
netamente dispositiva, y el Juez del amparo es un tutor de la
constitucionalidad, que para amparar a quienes se le infringen sus derechos y
garantías, no puede estar atado por las equivocaciones de los agraviados al
calificar el derecho o garantía violado, o la norma aplicable. El Juez del
amparo por aplicación del principio iura novit curia puede cambiar la
calificación jurídica de los hechos que hizo el accionante, y restaurar la situación
jurídica que se alega fue lesionada partiendo de premisas jurídicas diferentes
a las señaladas en el amparo. Esto significa que ante peticiones de nulidades,
el Juez del amparo, que es un Juez que produce cosas juzgadas formales, puede
acudir a otra figura jurídica para restaurar la situación violada...”. (Vid
s. S.C. N° 07 del 01-02-00, Caso José Amado Mejía Betancourt)
En tal sentido y en atención al
criterio jurisprudencial parcialmente transcrito esta Sala advierte, que al no
señalar el accionante como presunto agraviante al reglamentista, como
correspondería dentro del razonamiento de la solicitud por ser él el autor de
las normas acusadas de inconstitucionales, el presunto sujeto agraviante es la
autoridad que decidiese aplicar la norma cuya inconstitucionalidad se invoca,
en este caso la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del Estado Aragua,
ya que al decir del accionante es el órgano
“...encargado de comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el
Reglamento Electoral” y el que dictamine “… quien vota y quién no vota según el estado de solvencia” .
Siendo ello así, advierte esta Sala que el verdadero objeto de la presente
solicitud de amparo son los actos emanados de las autoridades electorales del
Colegio de Abogados del Estado Aragua en aplicación de las disposiciones
contenidas en el Reglamento Electoral cuya inconstitucionalidad se solicita.
Determinado como han sido tanto el objeto
como el sujeto presuntamente agraviante en la solicitud de amparo, esta
Sala observa que la parte recurrente
cuestionó la constitucionalidad de las normas contenidas en los artículos 7, 9
y 16 del Reglamento Electoral de la Ley de Abogados sobre Elección en los
Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social del Abogado,
cuyo contenido, constató este órgano jurisdiccional, es igual al texto
publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 4.506 del 23 de diciembre de
1992. Al efecto, los indicados dispositivos legales disponen lo siguiente:
Artículo 7° “Para
presentar listas o candidatos se requiere el apoyo de un número equivalente al
diez (10) por ciento, por lo menos, del total de miembros solventes del
respectivo Colegio para el 31 de agosto del año de la elección. La
postulación se hará por escrito, con indicación de los nombres y números de
inscripción de los postulantes y de los postulados y constancia de aceptación
de estos últimos”.
Artículo 9° Al ser
recibidas las postulaciones de candidatos el Secretario de la Comisión
Electoral o el Secretario del Colegio, firmará al presentante un duplicado de
dicha postulación.
La Comisión Electoral procederá a
comprobar si los postulantes y los candidatos cumplen con los requisitos
exigidos por la Ley y este Reglamento,
en cuyo caso, procederá a inscribir los candidatos o la lista según sea el
caso, distinguiendo las listas con un número. En caso que los postulados o los
postulantes no llenen los requisitos de la Ley y este Reglamento se devolverá
la postulación a quien la haya presentado, dentro de las veinticuatro horas
siguientes; con la indicación de las fallas observadas, con el fin de que sean
subsanadas. Las postulaciones que adolezcan de vicios por no ajustarse a los
requisitos legales, se tendrán por no presentadas.
Artículo 16° “Cada
elector para votar se presentará individualmente ante la mesa, se
identificará con su cédula de identidad o en su defecto con el carnet del
Colegio, el cual será confrontado con el registro que contiene la lista de
Abogados inscritos en el respectivo Colegio y se verificará si el Abogado está
solvente con el Colegio y con el Instituto de Previsión Social del Abogado”. (Subrayado
de la Sala).
Ahora bien, se aprecia del texto de los dispositivos normativos reglamentarios cuya potencial aplicación alegó el accionante como lesivos de derechos constitucionales que los mismos regulan el ejercicio del derecho al sufragio, estableciendo el requisito de la solvencia para el ejercicio del mismo.
En este sentido observa la Sala
que si
bien por vía normativa se pueden establecer condiciones para la participación de los ciudadanos, tales
condiciones no pueden crear desigualdades contrarias a los derechos y garantías consagrados en la Constitución,
pues es ésta la que define el marco general de su ejercicio; en este sentido se
ha pronunciado la Sala en reiteradas oportunidades, afirmando las garantías que
deben orientar la realización de todo proceso electoral, incluyendo la emisión
del voto, como manifestación del derecho constitucional al sufragio activo,
previsto en el artículo 63 de la Carta Fundamental, encontrándose dichas
garantía plenamente explicitadas por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en sus artículos 293, in fine, y 294, al
consagrar como principios que rigen la actividad de los órganos del Poder
Electoral los de: igualdad, confiabilidad, transparencia, eficiencia,
imparcialidad, y participación ciudadana, entre otros, principios que, a su
vez, tienen como objetivo fundamental velar por el cabal ejercicio del Poder
Soberano que tiene el colectivo, y que se traduce en el carácter democrático
que informa al Estado y a la sociedad venezolana.
Sería
arbitrario, entonces, a la luz de los nuevos postulados constitucionales,
establecer por vía normativa restricciones o condicionamientos entre quienes
tienen el mismo derecho a participar mediante el sufragio, en su modalidad
activa y pasiva, condiciones que no estén relacionadas con la participación
gremial, como lo es, en el presente caso, el pago de cuotas de carácter
pecuniario que tienen una naturaleza de carácter económico, pues la exclusión por motivo de insolvencia
contrasta con los principios constitucionales de participación y protagonismo
establecidos por la Carta Fundamental de 1999.
Por lo que, en atención a los
anteriores señalamientos, y quedando evidenciado que la exigencia de la
solvencia como condicionante al ejercicio de derechos constitucionales deviene
en un acto directamente violatorio al ejercicio de los referidos derechos
constitucionales a la participación (artículo 62) y al sufragio en su modalidad
activa y pasiva (artículo 63), resulta procedente acordar mandamiento de amparo
constitucional a favor de la parte agraviada, como en efecto así se decide.
En consecuencia y en atención a
la obligación que tienen los tribunales de asegurar la integridad de la Constitución, estima la Sala
que, en el caso en concreto y en ejercicio del control difuso de que gozan
todos los jueces de la República, resultan susceptibles de desaplicación las
disposiciones contenidas en los artículos 7, 9 y 16 de la Reforma Parcial
del Reglamento Electoral
sobre Elección en los Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión
Social del Abogado. Así se declara.
Ahora bien, observa la Sala que
el accionante manifiesta que la Comisión Electoral del Colegio de Abogados del
Estado Aragua, a pesar de existir una medida cautelar acordada por esta Sala en
fecha 9 de julio de 2003 en virtud de la cual se ordenó la suspensión de las
elecciones fijadas para el día 11 del mismo mes y año, no obstante ello,
procedió a desacatar la orden contenida en dicho fallo al realizar los
mencionados comicios en la fecha inicialmente fijada. Al respecto debe destacar
la Sala que la parte presuntamente agraviante, así como el tercero opositor,
han reconocido, de manera diáfana, ante este órgano jurisdiccional que dichas
elecciones fueron efectivamente realizadas en fecha 11 de julio de 2003,
circunstancia ésta que, a juicio de este órgano jurisdiccional, evidencian que
el fallo proferido en fecha 9 de julio de 2003, en virtud del cual se ordenaba
la suspensión de las elecciones pautadas para la referida fecha, fue
desatendido, en consecuencia, debe esta Sala, en primer término, dejar sin
efecto la realización del acto de votación celebrado en fecha 11 de julio de
2003, a pesar de haber alegado la parte presuntamente agraviante que en
dicho acto de votación no se exigió el requisito de la solvencia con el
Colegio, pues estima la Sala que, para el momento en que se configuró el
referido desacato dicha normativa se encontraba plenamente vigente y resultaba
obligatoria su aplicación. En virtud de lo anterior, ordena esta Sala que el
referido acto de votación sea nuevamente realizado, en un plazo no
mayor de diez días hábiles de ese Colegio, contados a partir de la
publicación del texto íntegro de la presente decisión, atendiendo para ello a
los principios constitucionales expuestos y, en consecuencia, desaplicando
la normativa contenida en los artículos 7, 9 y 16 de la Reforma Parcial del
Reglamento Electoral sobre la Elección de los Organismos Profesionales del Colegio
de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado. Así se
decide.
Debe además la Sala llamar la
atención a la parte agraviante con relación al incumplimiento de la decisión
cautelar dictada en fecha 9 de julio de 2003, advirtiéndole, en tal sentido, la
obligación que tienen de acatar las decisiones judiciales para no incurrir así
en actos contrarios a la majestad de la justicia que pudieran, en virtud de lo
dispuesto en la normativa legal vigente, resultar sancionados, máxime cuando se
trata de profesionales del derecho respecto de los cuales existe la presunción
de conocimiento de la Constitución y las leyes.
X
Por los razonamientos antes
expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Electoral, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide:
1.- CON LUGAR la
acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano José Horacio Vázquez Colmenares, contra la aplicación de los artículos 7, 9 y 16 contenidos en la
Reforma Parcial del Reglamento Electoral sobre la Elección de
los Organismos Profesionales y en el Instituto de Previsión Social del Abogado.
2.- Se DEJA SIN EFECTO la
realización del acto de votación realizado en fecha 11 de julio de 2003, en
consecuencia, SE ORDENA que el mismo sea realizado nuevamente, en un
plazo no mayor de diez días hábiles de ese Colegio, contados a partir de
la publicación del texto íntegro de la presente decisión, atendiendo para ello
a los principios constitucionales expuestos y, en consecuencia, DESAPLICANDO
la normativa contenida en los artículos 7, 9 y 16 de la Reforma Parcial del
Reglamento Electoral sobre la Elección de los Organismos Profesionales del
Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado.
Publíquese, regístrese y comuníquese.
Dada, firmada y sellada en el
Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en
Caracas, a los cuatro (04) días
del mes de agosto del año dos mil tres (2003). Años 193º de la Independencia y
144º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
ALBERTO MARTINI Urdaneta
El Vicepresidente,
LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Magistrado,
RAFAEL HERNÁNDEZ UZCÁTEGUI
El Secretario,
ALFREDO DE STEFANO PÉREZ
En cuatro (04) de agosto del año dos mil tres, siendo
las dos de la tarde (2:00 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia
bajo el N° 105.
El Secretario,