En fecha 18 de julio de 2005, se recibió en esta Sala
Oficio N° 767, de fecha 22 de junio de 2005, emanado del Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, anexo al cual remitió el
expediente contentivo de la acción de amparo constitucional interpuesta
conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada por los ciudadanos NANCY COROMOTO PERNÍA SÁNCHEZ, KEIDER YONNEIZON
MORENO, LUIS HORACIO ROSALES, RAMONA HUIZA DE RANGEL, JULIO CÉSAR BERBESÍ,
CARMEN AMPARO HERVIA, YOVANNY ELEUTERIO ROPERO ZAMBRANO, ANA BERNANDA PERÉZ
MEDINA, LUIS ARCENIO GÓMEZ VARELA y LOURDES JOSEFINA NAVAS, titulares de las cédulas de identidad N° 9.247.203,
16.259.529, 14.903414, 9.032.149, 5.646.269, 8.101.991, 14.626.676, 14.368.575,
8.106.163 y 9.551.836, respectivamente, actuando en su carácter de militantes
del Movimiento Quinta República (MVR), asistidos del abogado JOSÉ ENRIQUE PERNÍA SÁNCHEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 81.981, contra la COMISIÓN ELECTORAL DEL MUNICIPIO MICHELENA DEL ESTADO TÁCHIRA y la COMISIÓN REGIONAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ambas del Movimiento Quinta República (MVR),
por la presunta violación del derecho al debido proceso y al derecho asociación
con fines políticos consagrados en el artículo 49 y 67 de la Constitución
de la
República Bolivariana de Venezuela.
Dicha
remisión se efectuó, en virtud del fallo dictado el 22 de junio de 2005 por el
mencionado Juzgado Cuarto de Primera Instancia, conforme al cual declinó la competencia para conocer
de la presente acción de amparo constitucional en la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 19 de julio de 2005 se
recibió el presente expediente, se ordenó darle entrada, y se designó ponente
al Magistrado Dr. Luis Alfredo Sucre Cuba, a los fines del pronunciamiento
correspondiente.
I
ANTECEDENTES
En fecha 12 de abril de 2005, los
ciudadanos NANCY COROMOTO PERNÍA
SÁNCHEZ, KEIDER YONNEIZON MORENO, LUIS HORACIO ROSALES, RAMONA HUIZA DE RANGEL,
JULIO CÉSAR BERBESÍ, CARMEN AMPARO HERVIA, YOVANNY ELEUTERIO ROPERO ZAMBRANO,
ANA BERNANDA PERÉZ MEDINA, LUIS ARCENIO GÓMEZ VARELA y LOURDES JOSEFINA NAVAS, antes identificados, asistido por el abogado JOSÉ ENRIQUE PERNÍA SÁNCHEZ, antes identificado, interpusieron ante el Juzgado de los
Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, acción de amparo constitucional
conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada contra la COMISIÓN ELECTORAL DEL MUNICIPIO MICHELENA DEL ESTADO TÁCHIRA y la COMISIÓN REGIONAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ambas del MOVIMIENTO QUINTA REPÚBLICA.
Por auto de fecha 12 de abril de 2005
el Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera del Estado Táchira admitió la
acción de amparo y se decretó medida cautelar innominada de incorporación e
inclusión de los accionantes “… en sus
caracteres de aspirantes a candidatos a concejales y a Miembros de Juntas
Parroquiales de dicho Municipio, en las listas y boletas electorales
correspondientes a los comicios internos del Movimiento Quinta República, a
celebrarse, conforme a lo expuesto y a (sic) abundante información local, el
día 13 de abril del año 2005, en la localidad de Michelena, Estado Táchira…”
En fecha 12 de mayo de 2005 tuvo lugar
la audiencia constitucional correspondiente, declarándose con lugar la acción
de amparo constitucional. El 23 de mayo de 2005 se publicó el texto íntegro del
fallo, sin que ninguna de las partes apelaran del citado fallo.
Por auto del 24 de mayo de 2005 se
remitieron las actuaciones al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, quien asignó al Juzgado Cuarto
de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la misma
Circunscripción Judicial, previa distribución, el expediente contentivo de la
presente acción de amparo constitucional, a los fines de la consulta prevista
en el artículo 35 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales.
Mediante decisión de fecha 22 de junio de 2005, el
Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, se declaró incompetente para
conocer y decidir la presente causa, declinando el conocimiento del asunto en la Sala Electoral.
II
FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN
Señalan
los accionantes: “… somos militantes del
Movimiento Quinta República (MVR), y las autoridades de nuestra Organización
Política elaboraron un Reglamento de Elecciones de los (las) candidatos (as) a
concejales (as) e integrantes de Junatas (sic) parroquiales para Comicios de
Julio de 2005…” (sic)
Expusieron:
“… se procedió de forma inmediata a dar
cumplimiento de los requisitos exigidos en el citado Reglamento en sus
artículos 8, 9, 18, 19 y 20 como lo demostramos en carpetas que responde a cada
uno de los identificados como quejosos de amparo, todas estas carpetas de los
requisitos fueron presentadas al Presidente y demás Miembros de la comisión
(sic) electoral (sic) Municipal del M.V.R. Michelena verbalmente nos comunicaba
que faltaban unos requisitos del cual se le dio cumplimiento del cual nos hace
entrega formal de un formato donde aparecemos aceptados como precandidatos…”
(sic)
Expresaron:
“Es nuestra sorpresa que posteriormente
mediante otro formato aparecemos rechazados, ante esta situación sin que
mediara respuesta alguna por lo que se comienza a violar el derecho a ser
notificado de tal rechazo, y así mismo se constituye la violación de no poder
participar en el Proceso Interno, ante esta situación recurrimos el 21 y 29 de
marzo del presente año, ante la Comisión Electoral Regional (…) en vista de que
no hubo respuesta de nuestro reclamo por el Ente Comicial Municipal ni Regional,
recurrimos al presidente de la comisión (sic) Electoral Nacional del cual de
forma inmediata envía un e mail (…) ordenando la incorporación...” (sic)
Acotaron: “… es así que hemos agotado todas las
Instancias electorales internas y no habiendo otra opción nos vemos en la
imperante seguridad de hacer uso de esta egregia Constitucional. De manera que
ante esta misiva la certeza de nuestra incorporación es afirmativa, siendo así
que esperamos el día sábado 10 de abril del presente año a las primeras horas de
la noche llegaba el material electoral
para que el día siguiente domingo 11 de abril de 2005, se hiciera las
referidas elecciones; es el caso que el lugar para ser recibido es donde
actualmente funciona el Comando Táctico Municipal, ya que este es el sitio
donde reside el funcionamiento de la comisión electoral Municipal, así
transcurrieron aproximadamente 6 horas de las 7:00 p.m. hasta la 1:00 A.M., del
cual esperaron los Miembros de las mesas electorales convocados por la
agraviante comisión municipal electoral y es el domingo a las 7:00 A.M. del día
domingo 10 de abril de 2005, cuando el Ciudadano Presidente Juan Escalante informa que el (sic) materiales se encuentra
bajo custodia de la
Guardia Nacional, y cuando nos presentamos a esta puesto, es
así que participa el identificado profesional del Derecho, que nos asiste en
este Acto y asistiendo algunos miembros de la Comisión Electoral
Municipal del MVR, ante este anomalía arroja como resultados mediante
evidencias que fueron cambiadas las boletas donde nos encontrábamos nosotros.
Ante estos vicios no estaba dadas las condiciones para desarrollar el proceso
electoral…” (sic)
Alegaron: “De
todo esto se deduce ante la denuncia formulada por los medios de comunicación
local específicamente la Emisora Innovación 98,3 FM, por el alcalde del
Municipio Michelena aproximadamente a las 09:30 p.m. donde expresó que el
material electoral había sido secuestrado por el Presidente y algunos miembros
de la comisión (sic) Electoral Municipal, por lo que hizo que el Presidente y
los demás Miembros de la Comisión Electoral colocaran en resguardo en el
puesto de la Guardia
Nacional a las 11:40 de la noche como se constata en el libro
de novedades, en vista de que era necesario trasladar el referido Material
Electoral, la comisión electoral por su mayoría de cuatro (04) integrantes (…)
hasta la sede de M.V.R. donde se realizarían las elecciones, procediéndose a
instalar las mesas electorales y cual es la sorpresa que al revisar la caja
electoral del cual fue firmada por el Canal Comunitario canal 13 y el Canal
Bolivariano, se encontraba roto el papel que embalaba los tarjetones y otros
vicios como se demuestra en el Acta (…) firmada por los miembros presentes de la Comisión Electoral,
testigos y testigas, siendo un total de 189 venezolanos identificados con sus
números de Cédulas de Identidad y firmas” (sic)
Argumentaron: “Los
derechos constitucionales conculcados responde que las comisiones electorales,
tanto Municipal como Regional no prestaron las garantías administrativas del
debido proceso como corresponde al de ser notificado de la exclusión de
participar como precandidatos y así ejercer la defensa como un medio adecuado
determinados en el Ordinal 1° del Artículo 49 y 67 Constitucionales…”
Agregaron: “La
presente acción de Amparo Constitucional, tiene como Objeto restituir la
garantía constitucional infringida en el Artículo 67 Constitucional, a los
efectos de que los aquí quejosos nos incorporen como candidatos de elección
popular para ser seleccionados en elecciones internas con la participación de
los militantes del MVR a los efectos de ser restituida la lesión jurídica
infringida, solicitamos Tutela Judicial anticipada para que se ordene a los
sujetos agraviantes la incorporación específicamente por ser la primera
Instancia de Egregia comicial a la Comisión Electoral
Municipal de Michelena, nos incorpore para el miércoles 13 de abril del año en
curso, fecha que se tiene pautada como el día de las elección (sic) mediante el
instrumento de Fe de errata”. (sic)
Finalmente, solicitaron: “… la Tutela
Judicial anticipada explanada en el objeto y la medida
cautelar consistente en incorporarnos para participar en el Proceso Electoral
interno…”
III
DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA
En su decisión de declinatoria de
competencia para conocer en consulta la presente acción de amparo
constitucional, dictada el 22 de junio de 2005, el Juzgado Cuarto de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, señaló lo siguiente:
“… considera
quien aquí suscribe que en atención a (sic) naturaleza de los hechos narrados,
al derecho involucrado y a la garantía invocada por el hecho u omisión
presuntamente lesivo y dada la esfera de las relaciones jurídicas entre los
sujetos involucrados en la controversia, y con fundamento en la sentencia de
fecha 03 de marzo 2005, sentencia N° 01, exp. N° AA70-E-2005-000001, de la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia, cuyo ponente fue el Magistrado Dr. Luis Martínez
Hernández, la materia objeto de la presente acción es de naturaleza ELECTORAL,
y la Sala Electoral
del Tribunal Supremo de Justicia es la competente para el conocimiento y
decisión, en primera y única instancia, de la acción de amparo en materia
electoral, y opera lo contemplado en el artículo 7 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales …”
“De lo
anterior, se deduce que el Tribunal competente para conocer de la presente
acción, es el Juzgado competente en materia electoral; y por cuanto la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia, es el único órgano integrante de la Jurisdicción
Contenciosa Electoral, es al que le corresponde conocer; por
lo cual, este Juzgado se DECLARA INCOMPETENTE PARA CONOCER de la presente
consulta de ACCIÓN DE AMAPRO CONSTITUCIONAL, y en consecuencia, declina la
competencia ante la
Sala Electoral antes referida, y así se decide”. (sic)
IV
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Corresponde a este órgano judicial
pronunciarse acerca de la declinatoria de competencia formulada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, y al respecto observa que aun cuando
la jurisdicción contencioso electoral no ha sido objeto de la regulación legal
que dispone la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela, la Sala
Electoral, por vía jurisprudencial, ha establecido criterios
atributivos de competencia para suplir tal vacío y procurar la edificación de
su propio ámbito de competencias, a fin de hacer operativos los nuevos
postulados constitucionales.
En
efecto, en sentencia N° 20, de fecha 16 de marzo de 2000, con ponencia del
Magistrado Antonio García García, la
Sala expresó lo que se indica a continuación:
"Al efecto, debe observarse que los actos que dictan
los partidos políticos en ejecución de la Constitución o
la ley, al igual que los actos dictados por los poderes públicos, no están
exentos de control jurisdiccional, y en tal sentido, la misma Constitución, en
materia electoral, creó esta Sala Electoral en el Tribunal Supremo de Justicia,
a la cual destinó el ejercicio de la jurisdicción contencioso electoral. Así la
creación del nuevo Poder Electoral, originó la voluntad inequívoca de la Constitución
de erigir a su vez una `jurisdicción especial`, con la competencia exclusiva y
excluyente de controlar los actos, actuaciones y abstenciones de los órganos
del mencionado Poder y, por la conjugación de los criterios orgánico y material
a los efectos de la determinación de la competencia de la Jurisdicción
Contencioso-Electoral, de controlar todo acto, actuación o
abstención del Poder Electoral, trátese de naturaleza electoral en sentido
restringido (vinculado estrictamente a un proceso comicial clásico o de
referendo), esto es, de la elección de los titulares de los Poderes Públicos,
de las autoridades de sindicatos, gremios profesionales y otras organizaciones
de la sociedad civil, o bien en sentido amplio, inherente a la constitución,
funcionamiento y cancelación de las organizaciones con fines políticos o en lo
relativo al funcionamiento institucional de los órganos del Poder
Electoral." (sic)
En igual
sentido, la Sala
estableció, en sentencia N° 77, de fecha 27 de mayo de 2004, que hasta tanto se dicte la Ley que organice la
jurisdicción contencioso electoral y se crearen los tribunales a que se refiere
el artículo 297 del la
Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y la Sala
Electoral sea el único órgano integrante de la jurisdicción
contencioso electoral, le seguirá correspondiendo conocer las acciones de
amparo autónomo contra los actos, actuaciones u
omisiones sustantivamente electorales de los titulares de los órganos
distintos a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica
de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y que lógicamente
detenten competencia en materia electoral.
Dicho criterio se encuentra en plena sintonía
con el expresado en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en
sentencia N° 1555, de fecha 08 de
diciembre de 2000, en la forma que se indica a continuación:
“Corresponderá a la Sala Electoral el
conocimiento de las acciones de amparo autónomo que se interpongan contra
actos, actuaciones u omisiones sustancialmente electorales de los titulares
distintos de los órganos administrativos, distintos a los enumerados en el
artículo 8 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, o de los órganos constitucionales equivalentes a los mismos”
Así las cosas, es de advertir que la competencia
para conocer de una acción autónoma de amparo constitucional se determina por
la aplicación de un criterio material o sustantivo orientado por la materia
afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucional que se considera
vulnerado (criterio de afinidad), y un criterio orgánico, orientado por el
órgano o la persona a quien se le imputa la conducta lesiva de derechos
constitucionales.
En este orden de ideas, la
Sala observa que en el caso presente, los accionantes
interpusieron acción de amparo constitucional, a los efectos de que la Comisión Electoral
del Movimiento Quinta República procediera a incorporarlos como candidatos en
las elecciones internas pautadas para el miércoles 13 de abril de 2005.
Como se observa, se trata de una acción de amparo constitucional que se relaciona con el proceso
electoral interno del Movimiento Quinta República (MVR) en el Municipio
Michelena del Estado Táchira, en el que la Comisión Electoral
Municipal y Regional de esa organización política figuran como presuntos
agraviantes, en la supuesta violación de disposiciones constitucionales que se
relacionan con la materia electoral, como es el caso del derecho de asociación
con fines políticos previsto en el artículo 67 del Texto Fundamental; de todo
lo cual se desprende que las actuaciones impugnadas emanan de órganos distintos
a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, resulta
forzoso concluir, que corresponde a la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia, como único órgano de la jurisdicción contencioso
electoral, de conformidad con los artículos 27 y 297 de la Constitución
de 1999, en concordancia con el artículo 2 de la Ley Orgánica
de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, conocer en primera y
única instancia de la presente acción de amparo constitucional, y así se
decide.
Asumida así la competencia de la Sala para conocer de la
presente causa, se observa que inicialmente la presente acción fue planteada ante el
Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera del Estado Táchira, el cual
procedió a tramitarla y decidirla.
Siendo
así, debe esta Sala precisar una vez más que en el contexto del marco
estructural de la jurisdicción contencioso electoral diseñado por la Constitución
de 1999 en su artículo 297, es actualmente esta Sala Electoral el único órgano
con competencia para conocer de los asuntos de naturaleza electoral que se
planteen en sede judicial, hasta tanto se dicte la ley que regule a esa jurisdicción.
En ese contexto debe tenerse en cuenta
que conforme a la doctrina y la jurisprudencia, la competencia constituye un
presupuesto de validez de la sentencia que se dicte en un proceso judicial. (Vid
sentencia N° 01 del 03 de marzo de 2001, caso “Asociación Civil Centro Luso
Venezolano”)
Visto entonces, que el Juzgado de los
Municipios Michelena y Lobatera del Estado Táchira ante el cual se planteó
inicialmente el presente amparo constitucional no tenía ni tiene competencia en
materia electoral por no formar parte de la referida jurisdicción contencioso
electoral, esta Sala, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo
206 del Código de Procedimiento Civil, procede a anular la sentencia dictada
por el referido Juzgado, y así se decide.
En lo
concerniente a las actuaciones previas al fallo aquí anulado, se observa que en
el presente caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Código
de Procedimiento Civil, según el cual los jueces procurarán la estabilidad de
los juicios, aplicable por remisión expresa del artículo 19, primer aparte de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, deben reputarse como válidas todas las
actuaciones realizadas ante el Juzgado incompetente durante el proceso y con
anterioridad a la sentencia.
Sin
embargo, la anterior premisa debe ser matizada tomando en cuenta las
particularidades que reviste el procedimiento de amparo constitucional, el cual
ha sido objeto de adaptación a los postulados contenidos en la Constitución
de 1999. En ese sentido la Sala Constitucional ha establecido que en dicho
procedimiento -el cual se halla regido por el principio de inmediación- la
audiencia oral representa el momento fundamental del proceso de amparo.
A este
respecto, la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha expresado
en sentencia N° 144 del 24 de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado Jesús
Eduardo Cabrera Romero (Caso: Universidad Pedagógica Experimental
Libertador), lo siguiente:
“La audiencia oral
tiene una doble connotación, sirve para escuchar los alegatos de las partes, lo
que permite fijar cuáles son los hechos controvertidos; y debido a la
inmediación existe la adquisición procesal de elementos probatorios que surgen
del acto, ello sin perjuicio, que en dicha audiencia el supuesto agraviante
pueda promover pruebas”
Del mismo modo, mediante sentencia N°
1524 del 13 de agosto de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo
Cabrera Romero (Caso: Beneficiadora y Distribuidora de Tóxicos Agrícolas CA), la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia expresó lo que se indica a continuación:
“Así pues, es en la
audiencia oral que efectivamente se produce el contradictorio en el proceso de
amparo, y es al momento de finalizar la misma que queda fijado por completo el
tema decidendum, además de que una serie de actuaciones que originen las partes
en dicha audiencia, sirvan para verificar sus alegatos. Es por ello que en los
procesos de amparo la audiencia oral constituye el momento más importante y
esencial del juicio, y el juez, con el respaldo probatorio y documental
correspondiente que se consolida en dicho acto, dicta su decisión fundamentado
por igual en lo que expresan las partes en la audiencia oral. “
En igual sintonía, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, ha establecido mediante fallo N° 154 del 24 de marzo de 2000, con ponencia del
Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero (Caso: Lotería del Táchira), lo
siguiente:
“Las consideraciones
anteriores hacen impretermitible que si
hay nuevos jueces que van a conocer del proceso de amparo, si ya
fue sustanciado, se hace necesario, para cumplir con el principio de
inmediación, que se vuelva a realizar la audiencia oral, cuando se está en la
primera instancia, con presencia de quienes ya concurrieron, o a quienes el
tribunal de la causa, en los amparos contra sentencia, ordene comparecer”
Por ello, con base en una interpretación cónsona con lo establecido
reiteradamente por la
Sala Constitucional, relativa a la importancia que tiene en
el proceso de amparo el principio procesal de inmediación en la determinación
de los hechos debatidos y en el conocimiento de las pruebas promovidas a través
de la audiencia constitucional, esta Sala Electoral, en principio debería
ordenar la reposición de la causa al estado de realizar nuevamente la audiencia
constitucional; empero, resulta que las causales de inadmisiblidad de la acción
de amparo son de orden público, razón por la cual se impone hacer un examen
previo de las mismas, ante la evidente cesación de la presunta infracción
constitucional.
En efecto, la Sala
observa de las actas del proceso que el Juzgado de los Municipios Michelena y
Lobatera del Estado Táchira decretó una medida cautelar innominada consistente
en la “… incorporación e inclusión de los
ciudadanos NANCY COROMOTO PERNÍA
SÁNCHEZ, KEIDER YONNEIZON SANCHEZ MORENO, LUIS HORACIO ROSALES, RAMONA HUIZA DE
RANGEL, JULIO CÉSAR BERBESÍ D. CARMEN AMPARO HEVIA, YOVANNY ELEUTERIO ROPERO
ZAMBRANO, ANA BERNANDA PEREZ MEDINA, LUIS ARCENIO GOMEZ VARELA y LOURDES
JOSEFINA NAVAS (…) en sus caracteres de aspirantes a candidatos a Concejales y
a Miembros de Juntas Parroquiales de dicho Municipio, en las listas y boletas
electorales correspondientes a los comicios internos del Movimiento Quinta República…”
(sic)
Siendo así, es evidente que al haberse dictado una cautelar de esa
naturaleza cesó la presunta lesión constitucional, operando de manera
sobrevenida la causal de inadmisibilidad a que se refiere el ordinal 1° del
artículo 6 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
Constitucionales, y así se decide.
V
DECISIÓN
En mérito de las razones
expuestas, la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrado
justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad
de la ley, declara:
1) Acepta la
declinatoria de competencia y se declara COMPETENTE para conocer de la presente
acción de amparo constitucional.
2) Se ANULA la sentencia dictada en el
presente caso por el Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, mediante la cual declaró con
lugar la presente acción de amparo constitucional.
3) Se declara INADMISIBLE la acción de amparo
constitucional interpuesta por los ciudadanos NANCY COROMOTO PERNÍA SÁNCHEZ, KEIDER YONNEIZON MORENO, LUIS
HORACIO ROSALES, RAMONA HUIZA DE RANGEL, JULIO CÉSAR BERBESÍ, CARMEN AMPARO
HERVIA, YOVANNY ELEUTERIO ROPERO ZAMBRANO, ANA BERNANDA PERÉZ MEDINA, LUIS ARCENIO
GÓMEZ VARELA y LOURDES JOSEFINA NAVAS, antes
identificados, asistidos del abogado JOSÉ ENRIQUE PERNÍA SÁNCHEZ, antes
identificado, contra la COMISIÓN ELECTORAL DEL MUNICIPIO MICHELENA DEL
ESTADO TÁCHIRA y la
COMISIÓN REGIONAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ambas del Movimiento
Quinta República (MVR), de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese, regístrese y archívese el expediente.
Líbrese oficio al Juzgado de los Municipios Michelena y Lobatera de la Circunscripción
Judicial del Estado Táchira, así como al Juzgado Cuarto de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma
Circunscripción Judicial, participándole de la presente decisión, con la
advertencia al primero de los nombrados, que no debe volver a decidir asuntos
que evidentemente escapan al ámbito de su competencia. Remítase junto con el
oficio de participación copia certificada de la presente decisión.
Dada,
firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia, a los (11) días del mes de agosto de 2005. Año
195° de la Independencia
y 146° de la
Federación.
El
Presidente
Dr.
JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN
El Vicepresidente
FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA
Magistrados,
LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO
LUIS ALFREDO SUCRE CUBA
Magistrado Ponente
El Secretario
ALFREDO DE STEFANO PÉREZ
Expediente
Nº AA70-E-2005-000075
En once (11) de agosto del año dos mil
cinco, siendo la una y cuarenta y cinco de la tarde (1:45 p.m.), se publicó y
registró la anterior sentencia bajo el Nº 124.-
El Secretario,
