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En Sala Electoral
Magistrado Ponente OSCAR J. LEÓN UZCÁTEGUI
EXPEDIENTE N° AA70-E-2003-000111
I
En fecha 20 de marzo de 2013, las abogadas NELIDA MARTÍNEZ, y LISMAR GARCÍA CARPIO, titulares de las cédulas de identidad números V-3.985.449 y V-17.386.976, en el carácter de profesionales del derecho, e inscritas en el Inpreabogado con los números 36.519 y 15.473, respectivamente, alegando también la condición de “miembros del Movimiento Nacional de Abogados Juristas Socialistas Bolivarianos de Venezuela”, solicitan la ejecución de la sentencia número “135 de fecha 28 de septiembre de 2004, (…) donde se ordena al Consejo Nacional Electoral designar dos funcionarios, quienes, junto con un tercero que deberá escoger la actual Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, conformarán la Comisión Electoral Ad Hoc que tendrá a su cargo la organización del proceso (…)”. (Destacados del original).
Por cuanto en fecha 9 de diciembre de 2010 se incorporaron los magistrados designados por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en sesión realizada el 7 de diciembre de 2010, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en la actualidad se encuentra constituida de la forma siguiente: Presidente, Magistrado Fernando Ramón Vegas Torrealba; Vicepresidente, Magistrado Malaquías Gil Rodríguez; Magistrado Juan José Núñez Calderón; Magistrada Jhannett María Madriz Sotillo y, Magistrado Oscar J. León Uzcátegui.
El 1° de abril de 2013, se designó ponente al Magistrado Oscar J. León Uzcátegui, de conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Efectuado el examen de las actas del expediente esta Sala Electoral decide, previas las consideraciones siguientes:
II
ANTECEDENTES
El 21 de octubre de 2003, los abogados Germán Ramírez Materán, Carmen Rojas Márquez, Josgla Nathalí Díaz Barreto, Marino Faría Vargas y José Luís Guevara González, inscritos en el Inpreabogado con los números 6.642, 82.300, 101.965, 14.401 y 84.953, titulares de las cédulas de identidad números V-3.156.737, V-9.197.158, V-14.501.726, V-3.276.527 y V-12.624.647, respectivamente, con el carácter de profesionales del derecho, interponen en esta Sala Electoral acción de amparo constitucional contra la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, representada por la ciudadana Marlene Robles de Rodríguez, en su carácter de Presidenta encargada, solicitando se ordene al Directorio: 1) Convocar el proceso electoral para la renovación de autoridades; 2) Desaplicación de la Ley de Abogados y su Reglamento en materia electoral; y, 3) Establecer la forma de elegir la Comisión Electoral Nacional.
El 18 de noviembre de 2003 la Sala Electoral, en sentencia número 193, se declaró competente y admitió la acción de amparo:
(…) 1.- Se declara COMPETENTE para conocer de la acción de Amparo Constitucional ejercida por los ciudadanos GERMÁN RAMÍREZ MATERÁN, CARMEN ROJAS MÁRQUEZ, JOSGLA NATHALÍ DÍAZ BARRETO, MARINO FARÍA VARGAS y JOSÉ LUÍS GUEVARA GONZÁLEZ, actuando con el carácter de profesionales del derecho debidamente colegiados e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, contra la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, representado por la ciudadana Marlene Robles de Rodríguez, en su carácter de Presidenta Encargada.
2.- ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta.
3.- ACUERDA tramitar la acción de amparo constitucional conforme al procedimiento establecido por este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, mediante decisión de fecha 1° de febrero de 2000.
4.- ORDENA librar los respectivos oficios de notificación al Ministerio Público y citación del presunto agraviante para que concurran al Tribunal a conocer el día en que tendrá lugar la audiencia oral, la cual se llevará acabo (sic) dentro de las noventa y seis (96) horas a partir de la última notificación efectuada (…). (Resaltado del original).
El 4 de febrero de 2004, en la sentencia definitiva número 8, esta Sala declaró lo siguiente:
(…) 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos GERMÁN RAMÍREZ MATERÁN, CARMEN ROJAS MÁRQUEZ, JOSGLA NATHALÍ DÍAZ BARRETO, MARINO FARÍA VARGAS y JOSÉ LUÍS GUEVARA GONZÁLEZ, actuando con el carácter de profesionales del derecho, debidamente colegiados e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, contra la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, representada por la ciudadana Marlene Robles de Rodríguez, en su carácter de Presidenta Encargada.
2.- Se ORDENA a la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, que proceda en el lapso máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de esta sentencia definitiva, a publicar en la forma prevista en el artículo 47 de la Ley de Abogados, la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria de Delegados de los Colegios de Abogados integrantes de dicha Federación que se encuentren en ejercicio de tal función para la presente fecha, con el objeto de elegir a los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario, y demás autoridades del Directorio de la referida Federación en el marco de lo dispuesto en la normativa electoral que rige los proceso comiciales de esa Federación Profesional.
3.- IMPROCEDENTE la solicitud de desaplicación de los artículos 47 y 54 de la Ley de Abogados y 60 de su Reglamento (…). (Resaltado del original).
El 29 de junio de 2004, el abogado Luis Alberto Escobar, inscrito en el Inpreabogado con el número 18.062, actuando en nombre propio y “…por los derechos del Colectivo Abogado Venezolano…” (sic), presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia solicitud de revisión de la referida sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia número 8 del 4 de febrero del 2004.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1329 del 13 de julio de 2004, declaró procedente la solicitud de revisión de la sentencia del 4 de febrero de 2004, en los términos siguientes:
(…) Por las razones antes expuestas, [esa] Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PROCEDENTE la solicitud de revisión constitucional formulada por el abogado LUIS ALBERTO ESCOBAR, de la sentencia emanada de la Sala Electoral de este Alto Tribunal, del 4 de febrero de 2004. En consecuencia, SE ANULA el fallo impugnado, por lo que dicha Sala procederá a dictar nueva sentencia en la acción de amparo constitucional interpuesta, ajustándose a lo decidido en este fallo. Se tendrá como nula y sin ningún efecto jurídico la elección que se efectúe conforme a lo decidido en el fallo aquí anulado (…). (Destacados del original, corchetes de esta Sala).
En consecuencia, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en la sentencia definitivamente firme, número 135, del 28 de septiembre de 2004, declaró lo siguiente:
(…) 1.- CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Germán Ramírez Materán, Carmen Rojas Márquez, Josgla Nathalí Díaz Barreto, Marino Faría Vargas y José Luis Guevara González, contra el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, por la conducta omisiva consistente en no convocar el proceso electoral para renovar a los integrantes de los órganos de esa corporación profesional.
2.- Se ordena la convocatoria del proceso para la renovación de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.
3.- Se desaplica el contenido de los artículos 47 y 54 de la Ley de Abogados y el artículo 60 de su Reglamento, en lo referente a que la renovación de las referidas autoridades debe hacerse mediante delegados de los distintos Colegios. En consecuencia, el proceso electoral deberá realizarse mediante la participación directa de todos los agremiados de los distintos Colegios de Abogados del país, estén o no solventes en su obligaciones gremiales.
4.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 293 numeral 6 de la Constitución, se ordena al Consejo Nacional Electoral designar dos funcionarios, quienes, junto con un tercero que deberá designar la actual Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, conformarán la Comisión Electoral Ad Hoc que tendrá a su cargo la organización del proceso electoral referido en el Dispositivo número 2. Las designaciones deberán hacerse dentro de los cinco (5) días continuos siguientes a la notificación que se haga del presente fallo, y en caso de que la Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela no proceda a hacer la que le corresponde dentro del lapso establecido, el tercer integrante de la Comisión Electoral también será designado por el Consejo Nacional Electoral.
5.- En ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Electoral se regirá en su funcionamiento por la regulación aplicable, especialmente las NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE GREMIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES. En tal sentido, deberá proceder a actualizar el registro de profesionales del derecho inscritos en todos los Colegios de Abogados y sus delegaciones así como a elaborar el Proyecto Electoral, los cuales serán presentados ante el Consejo Nacional Electoral dentro de los treinta (30) días siguientes a su constitución, a los fines de la continuación de las siguientes fases del proceso electoral con sujeción a la normativa correspondiente.
6.- La Comisión Electoral tendrá las más amplias potestades para recabar de las autoridades y personal de la Federación de Colegios de Abogados, Colegios de Abogados y Delegaciones, la información que estime necesaria para realizar cabalmente sus funciones, incluyendo la obtención de documentos y la revisión de registros de los entes gremiales, así como a solicitar toda la colaboración y apoyo de éstos para la óptima realización del proceso electoral. El incumplimiento por parte de los directivos y demás personal de los aludidos entes gremiales de la obligación de informar, presentar documentos, permitir el acceso a registros y archivos, y en general, colaborar con la Comisión Electoral, se considerará un desacato al presente fallo (…). (Destacados del original).
Por presunto desacato, en diligencia del 20 de octubre de 2005, los accionantes solicitan de esta Sala “se sirva oficiar al Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en el sentido de que ese organismo gremial le de inmediato cumplimiento a la decisión dictada por esta Sala, en el sentido de que proceda a designar el (sic) Miembro que le corresponde para integrar la Comisión Electoral a los fines de la convocatoria al Proceso Electoral correspondiente para elegir los órganos de esa Federación”. (Destacado del original).
El 27 de octubre de 2005, en la decisión número 148, la Sala Electoral solicita informe del cumplimiento de la sentencia:
(…) Visto lo anteriormente expuesto este órgano jurisdiccional, en aras de constatar el estado actual del proceso electoral para la renovación de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, en virtud de lo previsto en el artículo 21, décimo tercer aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ordena librar oficio solicitando al Consejo Nacional Electoral y a la Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela que, en un lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, remitan un informe en el que expliquen la situación en que se encuentra el proceso electoral para la renovación de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela (…).
El 4 de noviembre de 2005, la Presidenta del Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, ciudadana Marlene Robles de Rodríguez informa que “[a esa] fecha, [la] FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE VENEZUELA no ha sido notificado por parte del CONSEJO NACIONAL ELECTORAL de ningún acto de naturaleza electoral que tenga como fin u objetivo cumplir con el dispositivo de la sentencia a la que se refiere en su auto esta Sala”. (Destacado del original, corchetes de esta Sala).
El 7 de noviembre de 2005, se consignó copia del oficio en el cual se notificó al Presidente del Consejo Nacional Electoral la solicitud de informar a la Sala sobre los aspectos contenidos en la decisión número 148, del 27 de octubre de 2005 de esta Sala.
El 17 de noviembre de 2005 en sentencia número 171, la Sala Electoral declara:
Visto lo anteriormente expuesto y en virtud que a la fecha el Consejo Nacional Electoral no ha cumplido con la orden dada por esta Sala Electoral en su fallo del 27 de octubre de 2005, este órgano jurisdiccional, en aras de constatar el estado actual del procedimiento de convocatoria a elecciones de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, ordena, en virtud de lo previsto en el artículo 21, décimo tercer aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (sic), librar oficio reiterando la solicitud al Consejo Nacional Electoral para que en un lapso de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, remita un informe en el que explique qué diligencias han sido realizadas para la convocatoria del proceso electoral de dicho gremio y las actuaciones del Consejo Nacional Electoral con respecto al mencionado proceso electoral, así como todos los documentos concernientes al mismo que se encuentren en los archivos del órgano rector del Poder Electoral.
El 22 de noviembre de 2005, la representación judicial del órgano rector del Poder Electoral informó de la designación de dos (2) funcionarios para integrar la Comisión Electoral Ad-Hoc, a los fines de organizar el proceso electoral para elegir las autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.
Señaló que la referida Federación ha sido notificada “vía Fax” de la decisión del Consejo Nacional Electoral, y se encuentra pendiente la designación del tercer miembro de la referida Comisión ad hoc.
El 7 de diciembre de 2005, la Sala Electoral en sentencia número 185, declaró:
Sobre la base de las anteriores consideraciones de orden conceptual, y habida cuenta que en el caso de autos, que a la presente fecha la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela no ha cumplido con la orden dada por esta Sala Electoral en su fallo del 28 de noviembre de 2004, en relación al nombramiento de uno de los miembros de la Comisión Electoral Ad Hoc que se encargaría de la organización del proceso electoral para la renovación de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, este órgano jurisdiccional, sobre la base de lo previsto en el artículo 293 numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ordena al Consejo Nacional Electoral designar al tercer integrante de la Comisión Electoral, a fin de que ésta proceda a realizar la convocatoria y demás fases del proceso electoral de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, bajo los lineamientos impartidos en la referida sentencia dictada en esta causa el 28 de septiembre de 2004. (Destacado de la Sala).
El 12 de diciembre de 2005, el ciudadano Luis Ramón Obregón Martínez informa a esta Sala Electoral con “el carácter de MIEMBRO DESIGNADO para la Comisión Electoral ad hoc ordenada por esta Sala Electoral (…), designado por el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela (…), dicho Directorio decidió en fecha 23 de noviembre de 2005, nombrar a quien suscribe como miembro de dicha Comisión Electoral”:
(…) [S]orprende que siendo que el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL conoce de dicho nombramiento desde la fecha 14 DE NOVIEMBRE DE 2005, como consta de comunicación recibida en esa fecha por el Poder Electoral (…) no se lo haya comunicado a esta Sala Electoral en el informe que consignó en autos, lo cual obviamente indujo a error excusable a esta Sala Electoral, la cual dictó sentencia en fecha 07 de diciembre de 2005, bajo el falso supuesto que no se había realizado nombramiento alguno por parte del Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, lo cual es absolutamente falso, tal y como se ha probado suficientemente en el presente acto.
[Solicitó] (…) que como consecuencia de las pruebas aportadas (…) se dicte auto aclaratorio de la presente circunstancia, ya que la confusión resultante ha sido producto de la inexplicable conducta omisiva del Consejo Nacional Electoral.
Que de esta manera cumplido el objetivo del presente escrito, cual era informar a esta Sala Electoral del desarrollo de la ejecución de la sentencia de amparo constitucional dictada en la presente causa (…). (Resaltado del original, corchetes de esta Sala).
El 13 de febrero de 2006, en sentencia número 24, esta Sala Electoral decidió lo siguiente, “bajo los lineamientos impartidos en la referida sentencia dictada en esta causa el 28 de septiembre de 2004”:
(…) Visto entonces que, de acuerdo con los recaudos presentados y que no han sido cuestionados, para la fecha en que fue dictado el auto del 7 de diciembre de 2005, la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela había designado el tercero integrante de la Comisión Electoral Ad Hoc e igualmente había procedido a hacer la correspondiente notificación al Consejo Nacional Electoral (hechos además que no han sido controvertidos en la presente causa), esta Sala Electoral, de conformidad con lo previsto en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 48 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, REVOCA la orden impartida al Consejo Nacional Electoral en el referido auto, únicamente en lo concerniente a la designación del tercer integrante de la Comisión Electoral.
En consecuencia, se ordena a la Comisión Electoral Ad Hoc que proceda a realizar la convocatoria y demás fases del proceso electoral de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, bajo los lineamientos impartidos en la referida sentencia dictada en esta causa el 28 de septiembre de 2004. A tal fin, la Comisión Electoral Ad Hoc deberá proceder a informar quincenalmente a esta Sala Electoral, sin necesidad de requerimiento alguno, el estado de avance del referido proceso electoral, así como cualquier otra situación que considere relevante poner en conocimiento de este órgano jurisdiccional, a fin de que esta Sala, en caso de juzgarlo necesario, adopte las medidas convenientes para asegurar la cabal ejecución del fallo definitivo dictado en la presente causa (…). (Mayúsculas del original).
El 5 de abril de 2006, la Sala Constitucional, en sentencia número 731, por otra solicitud de revisión, decide:
(…) [L]a inadmisibilidad de la solicitud de revisión presentada por Marlene Robles de Rodríguez en su condición de Presidenta encargada del Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela contra la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2004, en Sala Electoral en el juicio de amparo intentado por los ciudadanos Germán Ramírez Materan, Carmen Rojas Márquez, Josgla Nathalí Díaz Barretao, Marino Faría Vargas y José Luis Guevara González contra el Directorio de la Federación del Colegio de Abogados de Venezuela.
Se ordena oficiar a la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se sirvan remitir copia certificada del expediente N° AA70-E-2003-000111, en el cual tuvo lugar el fallo dictado el 28 de septiembre 2004, a los fines de proceder al examen de oficio del control de constitucionalidad de las normas por ellos desaplicada. Líbrese oficio. Publíquese, regístrese, déjese copia (…).
El 10 de agosto de 2006, el ciudadano Marino Faría Vargas, co-accionante, presentó escrito en el cual expone:
(…) [E]s el caso (…) que la decisión antes referida, fue pronunciada el 28 de septiembre del 2004; y hasta la fecha no consta en autos que la Comisión Electoral haya promovido la elección para la renovación de las autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, encontrándose dichas autoridades en franca rebeldía contra la decisión constitucional.
Vale la pena advertir, que dentro del dispositivo del fallo, se ordenó a la Comisión Electoral orientarse en su funcionamiento por la regulación aplicable, especialmente las NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE LOS GREMIOS PROFESIONALES. Asimismo se le ordena proceder a actualizar el registro de profesionales del derecho inscritos en todos los Colegios de Abogados y sus delegaciones así como a elaborar el Proyecto Electoral, los cuales serán presentados ante el Consejo Nacional Electoral dentro de los treinta (30) días siguientes a su constitución, a los fines de la continuación de las siguientes fases del proceso electoral con sujeción a la normativa correspondiente. Asimismo se ordenó informar quincenalmente sobre el proceso electoral.
Es el caso (…), que hasta la presente fecha no consta en autos que la Comisión electoral (sic) haya cumplido los pasos indicados en el párrafo anterior.
En tal virtud, (…) [solicitó] de esta Sala Electoral, se sirva a oficiar al Consejo Nacional Electoral y a los integrantes de la Comisión Electoral a los fines que informe sobre las actuaciones rendidas en este proceso, toda vez que han transcurrido más de treinta (30) días desde su constitución y no consta en este expediente el proyecto electoral, así como las diligencias para la actualización del registro de los profesionales del derecho inscrito en todos los Colegios de Abogados (…). (Mayusculas del original, corchetes de la Sala).
Esta Sala Electoral, en sentencia número 152, del 26 de septiembre de 2006, declaró lo siguiente:
(…) Visto lo anteriormente expuesto y en virtud que a la fecha efectivamente la Comisión Electoral ad hoc no ha cumplido con el dispositivo de este órgano en su decisión del 13 de febrero de 2006, en cuanto a informar quincenalmente a este órgano judicial de sus actividades, en aras de constatar el estado actual del procedimiento de convocatoria a elecciones de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de lo previsto en el artículo 21, décimo tercer aparte de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ordena librar oficio reiterando la solicitud a la Comisión Electoral ad hoc que tiene a su cargo la organización del proceso electoral para la renovación de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, así como al Consejo Nacional Electoral, para que en un lapso de tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del presente auto, remitan un informe en el que expliquen qué diligencias han sido realizadas para la convocatoria del proceso electoral de dicho órgano gremial y las actuaciones de la Comisión Electoral ad hoc y del Consejo Nacional Electoral con respecto al mencionado proceso electoral (…).
El 23 de octubre de 2006, el ciudadano Ramón Obregón Martínez, miembro de la Comisión Electoral ad hoc designado por el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, presentó “informe” solicitado por esta Sala en la sentencia número 152 del 26 de septiembre de 2006.
El 13 de noviembre de 2006, el abogado Miguel Méndez Campos, inscrito en el Inpreabogado con el número 67.909, apoderado judicial del Consejo Nacional Electoral, presentó escrito de “informe”, requerido el 26 de septiembre de 2006 por esta Sala Electoral.
El 19 de diciembre de 2006, en sentencia número 203, esta Sala Electoral, en relación a su decisión del 28 de septiembre de 2004, se pronuncia y ordena en los términos siguienmtes:
(…) De tales hechos se evidencia de forma indubitable, en criterio de esta Sala Electoral, que la Comisión Electoral ad hoc no ha dado cabal cumplimiento al mandato judicial contenido en la sentencia número 135 dictada en esta causa el 28 de septiembre de 2004, en razón de que, conforme a los informes presentados por dos (2) de sus miembros y a lo que se evidencia del examen de las actas, desde la fecha de su instalación (2 de marzo de 2006, es decir, hace más de 9 meses), ésta se ha limitado a reunirse una sola vez (pues tal aseveración hecha por uno de los miembros no fue negada por el resto) y a adoptar una serie de decisiones cuya ejecución no ha sido demostrada, actuaciones que, además, constituyen únicamente las fase preliminares del proceso electoral cuya organización, en su totalidad, se encargó a la referida Comisión Electoral.
Aún más, el hecho de que la Comisión en cuestión se encuentre integrada por tres (3) miembros, y sólo ante los insistentes requerimientos de la Sala, hayan sido presentados sendos informes por separado por dos (2) de los integrantes, con el añadido de que el presentado por el ciudadano Estelio Mario Pedreañez, funcionario del Consejo Nacional Electoral, contenga una nota manuscrita al final (folio 347) en la que se lee: “Nota: Roberto Ballesteros no pudo firmar por encontrarse enfermo (Amibiasis)”, suscrita por el presentante del informe, lleva a concluir a este órgano judicial que los funcionarios designados por el órgano rector del Poder Electoral, aparte de evidenciar un absoluto desacato a la majestad del Poder Judicial, especialmente de este Tribunal Supremo de Justicia, han sido negligentes en el cumplimiento de un fallo judicial, hecho de por sí grave, pero aún más tratándose de un mandamiento de amparo constitucional dictado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
De allí que, ante tan palmario y deplorable incumplimiento de la sentencia dictada en esta causa, agravada por el hecho de que con posterioridad a ese fallo este órgano judicial ha reiterado en varias oportunidades la obligatoriedad del cumplimiento de su decisión, esta Sala Electoral concluye que los integrantes de la Comisión Electoral ad hoc designada para organizar el proceso electoral de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, NO HAN DADO CABAL CUMPLIMIENTO a lo ordenado por esta Sala Electoral en esta causa mediante la sentencia número 135 del 28 de septiembre de 2004, así como a los pronunciamientos complementarios dictados en la presente causa, por lo cual, sobre la base del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y de la potestad de juzgar y hacer ejecutar sus decisiones (artículo 253 constitucional), pasa a adoptar las siguientes medidas.
PRIMERO:
Se ordena a la referida Comisión Electoral que en un lapso no mayor de treinta (30) días a la fecha de notificación de la presente decisión, proceda a tramitar la inscripción de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral, así como a presentar en ese mismo plazo ante el órgano rector del Poder Electoral la nómina actualizada de los profesionales del Derecho inscritos en todos los Colegios de Abogados y sus delegaciones.
SEGUNDO:
Realizado lo anterior dentro del plazo fijado, la aludida Comisión Electoral deberá realizar todas las gestiones necesarias para la culminación del proceso electoral en un lapso de ciento veinte (120) días, para lo cual, el órgano rector del Poder Electoral le prestará todo su apoyo y colaboración, en cumplimiento de la legislación aplicable, especialmente de las NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE GREMIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES.
TERCERO:
Se advierte expresamente que, de persistir los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, o el tercer integrante de la Comisión Electoral ad hoc, en el desacato del mandato judicial impartido en esta causa, este órgano judicial podrá adoptar las medidas previstas en el ordenamiento jurídico para hacer cumplir sus decisiones, incluyendo la aplicación de las sanciones a que haya lugar así como la eventual remisión de los autos al Ministerio Público a los efectos de la determinación de las responsabilidades penales correspondientes. En tal sentido, los integrantes de aludida Comisión Electoral deberán informar quincenalmente a este órgano judicial del estado del proceso electoral, así como pondrán en conocimiento cualquier inconveniente o situación que amenace impedir el cabal cumplimiento de lo ordenado en este fallo y en las decisiones previas dictadas en la presente causa, sin necesidad de requerimiento alguno por parte de esta Sala, así como de cualquier hecho que consideren relevante.
Notifíquese de la presente decisión a la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, a los funcionarios ESTELIO MARIO PEDREÁÑEZ y ROBERTO BALLESTEROS, como miembros de la aludida Comisión Electoral, y a su tercer integrante, ciudadano LUIS RAMÓN OBREGÓN MARTÍNEZ, remitiéndoseles copia certificada de la misma (…). (Destacado del original).
El 1° de febrero de 2007 y el 5 de marzo de 2007 los ciudadanos Estelio Mario Pedreañez y Roberto Ballesteros, miembros de la Comisión Electoral ad hoc, designados por el Consejo Nacional Electoral, presentan respectivamente, el escrito de informe requerido por esta Sala Electoral en sentencia número 203 del 19 de diciembre de 2006.
El 19 de marzo de 2007, el ciudadano Luis Ramón Obregón Martínez, con carácter de miembro de la Comisión Electoral, designado por el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, presentó escrito con anexo, en el cual “CONSIGNA ORIGINAL DE LA RENUNCIA que consigna (sic) ante el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en fecha 08 de febrero de 2007 (…)”. (Destacados del original).
El 26 de abril de 2007, esta Sala Electoral en sentencia número 48, en virtud de la solicitud de la Comisión Electoral ad hoc de la Federación de Colegios de Abogados, declaró lo siguiente:
(…) PRIMERO: Se ORDENA a la Comisión Electoral Ad Hoc de la Federación de Colegios de Abogados, que en un lapso no mayor de quince (15) días, contados a partir de la notificación del presente fallo, elabore el Reglamento Electoral para el proceso electoral de dicha corporación, y que proceda a fijar el cronograma electoral, para que en un máximo de noventa (90) días se haya culminado el mismo con la proclamación de quienes resulten ganadores.
SEGUNDO: Las decisiones de la mencionada Comisión Electoral serán tomadas por mayoría de la misma, es decir, con el voto favorable de dos (2) de sus tres (3) miembros.
TERCERO: Se ORDENA a la Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela que en un plazo de tres (3) días, contados a partir de la notificación del presente fallo, designe un nuevo representante ante la Comisión Electoral Ad Hoc (sic) para las elecciones de dicha corporación gremial.
CUARTO: La Comisión Electoral Ad Hoc para las elecciones de la Federación de Colegios de Abogados seguirá operando normalmente con los restantes dos (2) miembros hasta tanto se incorpore el tercero, designado conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente fallo (…). (Destacado del original).
El 24 de mayo de 2007, el ciudadano Pedro José Rodríguez Jaimes, titular de la cédula de identidad número V-3.318.963 e inscrito en el Inpreabogado con el número 40.277, con carácter de integrante de la Comisión Electoral ad hoc, designado por el Consejo Nacional Electoral informó a esta Sala:
(…) El Directorio del Consejo Nacional Electoral en Sesión de fecha 16 de mayo de 2007 decidió [designar a los ciudadanos] (…) PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ JAIMES y JOSÉ DE JESÚS BARAZARTE, titulares de las cédulas de identidad números 3.318.963 y 8.055.824 (…) Miembros Principales de la Comisión Electoral ad hoc que llevará a cabo el proceso electoral de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, asimismo se nombró en la citada Sesión como Suplente a la ciudadana: MIRTA MONTAÑEZ, Cédula de Identidad N° 8.552.230, abogado.
(…)
(…) [Q]ue el lapso para llevar a cabo las mencionadas elecciones coincide con las vacaciones judiciales (…) por esta razón, el gremio de abogados se podría ver afectados y sobre todo los potenciales electores en el ejercicio del derecho al sufragio (…). En ese sentido, y en aras de garantizar la mayor participación posible de los colegios en el proceso electoral de la Federación señalada, [solicitaron] (…) se considere establecer los mecanismos correspondientes, a los fines de fijar un nuevo lapso que se adapte a la circunstancia ya descrita (…). (Destacado del original, corchetes de esta Sala).
Esta Sala Electoral, en sentencia número 71 del 7 de junio de 2007, declara:
(…) PRIMERO: IMPROCEDENTE la solicitud de fijación de un nuevo lapso para la realización del proceso electoral del la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.
SEGUNDO: En consecuencia, se ORDENA el acatamiento por parte de la Comisión Electoral Ad-hoc (sic) de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, del primer dispositivo de la sentencia número 48, dictada por esta Sala el 26 de abril de 2007 (…). (Destacado del original).
El 12 de junio de 2007, el ciudadano Pedro Rodríguez Jaimes, con el carácter de miembro de la Comisión Electoral ad hoc, designado por el Consejo Nacional Electoral, consigna el “Reglamento que Regula el Proceso Electoral de las Autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, asimismo Acta firmada por la Comisión Electoral ad hoc de la Federación de Colegios de Abogados que aprueba el mencionado Reglamento”.
El 26 de junio de 2007, el ciudadano Pedro Rodríguez Jaimes, con el carácter de miembro de la Comisión Electoral ad hoc, designado por el Consejo Nacional Electoral, consignó el “Proyecto Electoral Cronograma Electoral para la renovación de las autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela”. (Destacado del original).
El 17 de julio de 2007, el ciudadano Marino Faría Vargas, co-accionante, presentó escrito en el cual solicita “a la Sala (…) ordene la (sic) Comisión Electoral ad hoc de la Federación, reformular los términos del artículo 21 del Reglamento que Regula el Proceso Electoral de las Autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, a fin que permita realizar la inscripción no solo ante la Comisión Electoral ad hoc, sino también ante el Secretario de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela”.
El 31 de julio de 2007, la Comisión Electoral ad hoc, designada por el Consejo Nacional Electoral, consignó escrito de informe, y “avisos de convocatoria a elecciones de la FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS”.
El 18 de septiembre de 2007, la Comisión Electoral ad hoc, designada por el Consejo Nacional Electoral, consignó el “informe relativo al Proceso Electoral de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela”.
Esta Sala Electoral en sentencia número 150 del 24 de septiembre del 2007, resuelve la solicitud del ciudadano Marino Faría Vargas del 17 de julio de 2007, así:
(…) En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución de sentencia presentada en fecha 17 de julio de 2007, por el abogado Marino Faría Vargas, a los fines de que se le ordene a la Comisión Electoral Ad Hoc de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, la reformulación de un conjunto de aspectos del Reglamento Electoral que dictó para regular la elección de las autoridades de esa organización (…) (Destacado del original).
El 11 de febrero de 2008, la Comisión Electoral ad hoc, designada por el Consejo Nacional Electoral, consigna “Informe relativo al proceso electoral de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela (…) así como los instrumentos electorales distribuidos a la Federación de Colegios de Abogados y a todos los Colegios de Abogados a nivel nacional”.
El 4 de marzo de 2008, la Comisión Electoral ad hoc designada por el Consejo Nacional Electoral, consignó “Resolución N° 030308-02 de fecha 03 de marzo de 2008, relativo a la REPOSICIÓN del Proceso Electoral de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, al estado de que la nueva directiva (sic) del Colegios de Abogados de Caracas promueva la actualización de la Nomina de sus agremiados”. (Mayúsculas del original).
El 17 de junio de 2008, el abogado Marino Faría Vargas, co-accionante, presentÓ escrito con el petitorio siguiente:
(…) 1) Solicitar a la Comisión Electoral ad hoc de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela rendir informe de las últimas actuaciones para determinar la situación del proceso electoral. Dicha comisión (sic) está en la obligación de producir un informa (sic) quincenal de sus actuaciones.
2) Que se establezca un plazo para que la Comisión Electoral ad hoc cumpla los términos de la decisión de esta Sala dictada en fecha 28 de septiembre de 2004. En consecuencia, se ordene a la comisión Electoral ad (sic) de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela culminar el proceso electoral tantas veces suspendido.
3) En vista del incumplimiento de los integrantes de la Comisión Electoral Nacional ad hoc para las elecciones de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, [solicitó] que se aplique las multas establecidas en el artículo 265 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (…). (Destacado del original).
Y, el 8 de julio de 2008, esta Sala Electoral, en sentencia número 104, declara improcedente la solicitud del co-accionante abogado Marino Faría Vargas:
(…) En virtud de las anteriores consideraciones de hecho y de derecho, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución de sentencia presentada en fecha 17 de junio de 2008, por el abogado Marino Faría Vargas (…). (Destacado del original).
El 14 de julio de 2008, la Comisión Electoral ad hoc, designada por el Consejo Nacional Electoral, consignó “escrito (…) remitido a [esa] Comisión Electoral en fecha 9 de julio de 2008, por el presidente del Colegio de Abogados de Caracas, designado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el que expone los motivos que le impiden cumplir con la remisión del listado preliminar de agremiados, como se indica en la resolución N° 030308-02 de fecha 03 de marzo de 2008”. (Corchetes de la Sala).
El 20 de marzo de 2013, las ciudadanas Nelida Martínez, y Lismar García Carpio, hoy peticionarias, motivo por el cual decide esta Sala Electoral, con el carácter de profesionales del derecho, alegando también la condición de “miembros del Movimiento Nacional de Abogados Juristas Socialistas Bolivarianos de Venezuela”, solicitan la ejecución de la sentencia definitivamente firme número “135 de fecha 28 de septiembre de 2004”, después de la revisión de la Sala Constitucional. (Destacado de la Sala).
III
DE LA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA
El 20 de marzo de 2013, las ciudadanas Nelida Martínez, y Lismar García Carpio, alegan (Folios 615 al 623):
(…) [E]n [su] condición de abogadas y abogados de la República Bolivariana de Venezuela y miembros del movimiento Nacional de Abogados y Juristas Socialistas Bolivarianos de Venezuela, con la finalidad de exponer, la imperiosa necesidad de que se ejecute la decisión dictada por esta (…) Sala, en sentencia N° 135 de fecha 28 de septiembre de 2004 (…), donde se ordena al Consejo Nacional Electoral designar dos funcionarios, quienes, junto con un tercero que deberá escoger la actual Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, conformarán la Comisión Electoral Ad Hoc que tendrá a su cargo la organización del proceso electoral.
En cuanto a [su] participación en el presente proceso judicial (…), [establecen] que [su] legitimidad para intervenir, deriva del interés directo, personal y legítimo que [tienen] como abogados de la República Bolivariana de Venezuela. En efecto, como agremiadas al Colegio de Abogados del Distrito Capital, [ostentan] la cualidad necesaria para intervenir en el actual recurso de Amparo Constitucional, dado que la paralización del proceso comicial por parte la (sic) Comisión Electoral Ad Hoc, (sic) está produciendo efectos jurídicos que afectan el derecho que [tienen] de elegir a [sus] autoridades gremiales en un proceso electoral.
En razón de ello [tienen] interés personal y directo en las resultas del proceso, por lo cual [solicitan] a esta Sala Electoral, admita [su] intervención como partes interesadas en el presente recurso.
En este orden [presentaron] Relación Cronológica de la situación en que se encuentra la ejecución del proceso electoral de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela (FCAV), ordenado por esta (…) Sala.
En fecha 04 de febrero de 2004, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 8, declara Parcialmente Con Lugar la acción de amparo constitucional interpuesta (…).
En fecha 13 de julio de 2004, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró procedente la solicitud de Revisión (…), contra la citada sentencia N° 8 de fecha 04 de febrero de 2004, y anula dicho fallo, ordenando dictar nueva sentencia sobre el asunto resuelto en el mismo.
El día 28 de septiembre de 2004, la Sala Electoral, por mandato de la Sala Constitucional, dicta una nueva sentencia declarando con lugar la acción de amparo (…).
(…)
El Consejo Nacional Electoral en fecha 16 de mayo de 2007, aprueba una nueva designación de los integrante (sic) de la Comisión Electoral Ad Hoc de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, nombrando (…) nuevos miembros.
El 11 de junio de 2007, los nuevos integrantes de la comisión electoral (sic) Ad Hoc, aprueban el reglamento que regularía el proceso electoral de las autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, y se inicia prácticamente el proceso electoral que culminaría con su elección el 14 de marzo de 2008.
El 14 de febrero de 2008 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró CON LUGAR el amparo que por intereses colectivos, había sido interpuesto el 18 de mayo de 2004, para la protección de sus derechos constitucionales, así como, los intereses y derechos colectivos de los profesionales de la abogacía miembros del Colegio de Abogados del Distrito Capital, contra el Presidente y demás miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados del Distrito Capital, el Presidente y demás miembros del Tribunal Disciplinario y de la Comisión Electoral de dicha Corporación Gremial, elegida en fecha 21 de agosto de 2003 (…).
En virtud de la decisión de la Sala Constitucional y la solicitud realizada por el ciudadano Luis Alberto Escobar [Presidente temporal del Colegio de Abogados del Distrito Capital designado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia], la Comisión Electoral Ad Hoc de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, decidió mediante una Resolución N° 030308-02 de fecha 3 de marzo de 2008, dejar sin efecto el listado de electores del Colegio de Abogados del Distrito Capital presentado por la anterior Junta Directiva, reponiendo el proceso electoral al estado de que la nueva Junta Directiva temporal del referido Colegio, promoviera en un lapso de 45 días continuos la actualización de la nómina, paralizándose así, las elecciones de dicha Corporación Gremial, pautadas para el día 14 de marzo de 2008.
Mediante sentencia del 08 de julio de 2008, la Sala Electoral, declara improcedente la solicitud de ejecución de sentencia presentada en fecha 17 de junio de 2008, por el abogado Marino Faría Vargas, el cual señala que la Comisión Electoral Ad Hoc de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, decidió en fecha 3 de marzo de 2008, sin la participación de los representantes de las planchas inscritas y sin la debida autorización de la Sala, dejar sin efecto el listado de electores del Colegio de Abogados del Distrito Capital y reponer el proceso electoral.
Debe destacarse que los miembros de la comisión electoral (sic) de la FCAV, los ciudadanos José Jesús Barazarte, Pedro José Rodríguez, titulares de las cédulas de identidad N° V-80.55.824, V-8.552.230, respectivamente, en el mes de diciembre de 2010, fueron jubilados por el Consejo Nacional Electoral, por ende, es necesario que el Poder Electoral, realice nueva designación de los integrantes de dicha Comisión, para que continúe el proceso comicial de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.
(…) [D]e lo anteriormente expuesto vemos con altísima preocupación que las elecciones de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, se encuentran suspendidas desde hace cinco (5) años (3 de marzo de 2008), lo que indica que la Comisión Electoral Ad Hoc designada por el Consejo Nacional Electoral, no continuo (sic) con los trámites atinentes al proceso de escogencia de las autoridades de la aludida Federación. En ese sentido, la paralización del proceso electoral indefinidamente por parte de los miembros de la Comisión Electoral, conlleva a la violación del derecho a la participación política, al sufragio y a los medios generales de participación política y social consagrados en los artículos 62, 63 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto se [les] está conculcando y violando [su] derecho constitucional al sufragio en el seno de [sus] instituciones gremiales.
Por esta razón es que [solicitan] (…) a esta (…) Sala Electoral ordene tanto al Consejo Nacional Electoral como ente rector de la política electoral del país, así como a la Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, que designen nuevos integrantes de la Comisión Electoral Ad Hoc, para que el proceso electoral de [su] Federación, pueda llevarse a cabo sin ningún otro contratiempo que dilate las políticas gremiales y de seguridad social de los Abogados y Abogadas de la Patria que ha visto cercenados su ejercicio profesional por omisión y falta de decisiones por parte de los órganos encargados de ejecutar la sentencia. (…). (Destacado del original, corchetes de la Sala).
IV
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Corresponde a esta Sala Electoral pronunciarse sobre la solicitud de las abogadas Nelida Martínez, y Lismar García Carpio, de ejecución de la sentencia definitivamente firme número “135 de fecha 28 de septiembre de 2004, (…) donde se ordena al Consejo Nacional Electoral designar dos funcionarios, quienes, junto con un tercero que deberá escoger la actual Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, conformarán la Comisión Electoral Ad Hoc que tendrá a su cargo la organización del proceso. (…)”. (Resaltado del original).
A. Punto previo: De la legitimación de las solicitantes
Como punto previo, resulta necesario determinar la legitimidad de las solicitantes en esta fase procesal (ejecución de sentencia de amparo), para lo cual esta Sala realiza las consideraciones siguientes:
La legitimación activa en una acción de amparo la tienen, en principio, quienes han sido directamente afectados en sus derechos constitucionales, y no los que tengan interés que la misma sea procedente.
Este criterio es reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia 1358 del 22 de octubre de 2012, que en referencia a la legitimación para actuar en el procedimiento de amparo constitucional, declaró lo siguiente:
(…) Ahora bien, esta Sala en sentencia N° 1.234 del 13 de julio de 2001 al señalar que:
“…a juicio de esta Sala, la legitimación del accionante en amparo nace del hecho de que su situación jurídica, se haya visto amenazada o menoscabada por una infracción de naturaleza constitucional, la cual puede ser directamente contra sus derechos o garantías constitucionales, o indirectamente, cuando afecta los derechos constitucionales de otro, pero cuya infracción incide directamente sobre una situación jurídica. En estos últimos casos, surge una especie de acción de amparo refleja, donde el accionante, sin notificárselo al titular del derecho infringido, se sustituye en el derecho ajeno, y que procede en aquellos casos donde el tercero no puede renunciar a sus derechos si no ejercerlos, lo que no hace, a veces por desconocer la trasgresión. Se trata de los derechos constitucionales violados que no son los propios del accionante sino ajenos, pero por ser la legitimación para incoar el amparo personalísima, es necesario que exista una conexidad entre el accionante y el tercero, hasta el punto que la violación de los derechos de éste, puedan asimilarse a la trasgresión de derechos propios…”.
Este criterio ha sido ratificado en sentencia N° 3.003 del 14 de diciembre de 2004, en los siguientes términos:
“… la legitimación activa en una acción de amparo la tienen, en principio, quienes hayan sido directamente afectados en sus derechos constitucionales, y no los que tengan un simple interés en que la misma sea procedente…”.
En este sentido, y en aras de garantizar la uniformidad jurisprudencial sobre el thema decidendun, esta Sala ratifica con carácter vinculante, que la legitimación activa en la acción de amparo constitucional la tiene exclusivamente la persona presuntamente agraviada directa y personalmente por la violación de sus derechos constitucionales que le afecta de manera directa y personal, salvo que realmente exista una conexidad entre el accionante y el tercero (acción de amparo refleja) (…). (Resaltado de esta Sala).
De conformidad con lo anterior, se observa que existe una excepción referida a la existencia de un vínculo entre el accionante y el tercero. En consecuencia, a esta Sala corresponde determinar la conexidad de las ciudadanas Nelida Martínez, y Lismar García Carpio, quienes solicitan la ejecución de la sentencia definitivamente firme número 135, de fecha 28 de septiembre de 2004, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por abogados “inscritos en dos Colegios de Abogados acreditados en la República, forman parte de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela (…), por la conducta omisiva consistente en no convocar el proceso electoral para renovar a los integrantes de los órganos de esa corporación profesional”.
En ese sentido esta Sala Electoral debe señalar que en la sentencia número 8, del 4 de febrero de 2004 (en el presente caso), y en referencia a los alegatos expuestos por la parte agraviante, relativo a la falta de cualidad de los accionantes, declaró lo siguiente:
(…) [L]a Sala considera que en el presente caso los accionantes, dada su condición de abogados colegiados, poseen una especial y particular situación de hecho en relación con las demás personas, derivada de las circunstancias de que las decisiones que se adopten en el seno de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 46 de la Ley de Abogados, les atañe en forma directa, en virtud de que van a ser los destinatarios finales de las mismas, y que van a incidir en el ámbito profesional de todos los abogados, razón por la cual considera esta Sala que los accionantes, en este caso, poseen legitimidad para ejercer la presente acción de amparo constitucional, desestimándose en este sentido el alegato expuesto por parte accionada en la presente causa. Así se decide (…). (Resaltado y corchetes de esta Sala).
De esta forma se ratifica el criterio de la legitimidad de quienes en su condición de abogados colegiados intervengan en la causa, incluso en fase de ejecución, por cuanto es de su interés la protección que por acción de amparo esta Sala otorgó.
El interés de las ciudadanas Nelida Martínez, y Lismar García Carpio, profesionales del derecho, puede considerarse como directo, y así lo ha establecido la Sala Constitucional en sentencia número 1234, del 13 de julio de 2001, al indicar que “hay otros casos (particulares y casuísticos) en que existe un interés directo de las personas en los derechos de terceros, ya que los titulares de esos derechos son entidades inherentes a todos los venezolanos o a grupos de la población, y el desmejoramiento de los derechos de esas entidades afecta la situación jurídica personal de los miembros de la población”.
En este sentido, a los efectos de admitir su intervención, se observa que al diligenciar en el expediente fue presentado el carnet que acredita a las ciudadanas Nelida Martínez, y Lismar García Carpio como afiliadas al Instituto de Previsión Social del Abogado, de lo cual se evidencia su condición de abogadas, alegando el carácter de “agremiadas al Colegio de Abogados del Distrito Capital”, con interés en la presente causa, demostrándose con ello la conexidad entre los accionantes y las profesionales del derecho que solicitan ejecución de la sentencia definitivamente firme de esta Sala Electoral, número 135, de fecha 28 de septiembre de 2004. Así se declara.
En consecuencia, las mencionadas ciudadanas tienen legitimación para actuar en la causa, en virtud que los efectos de la sentencia benefician de forma refleja en los profesionales del derecho que se encuentren colegiados, en lo atinente al derecho al sufragio establecido en el artículo 63 constitucional, para elegir las autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Así se declara.
B. De la solicitud de ejecución del 20 de marzo de 2013, de la sentencia definitivamente firme de esta Sala Electoral, número 135, del 28 de septiembre de 2004.
Determinado lo anterior, corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento sobre la solicitud de ejecución presentada por las ciudadanas Nelida Martínez, y Lismar García Carpio, de la sentencia definitivamente firme de esta Sala Electoral, número 135, del 28 de septiembre de 2004, que declaró:
1.- CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Germán Ramírez Materán, Carmen Rojas Márquez, Josgla Nathalí Díaz Barreto, Marino Faría Vargas y José Luis Guevara González, contra el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, por la conducta omisiva consistente en no convocar el proceso electoral para renovar a los integrantes de los órganos de esa corporación profesional.
2.- Se ordena la convocatoria del proceso para la renovación de los miembros de la Junta Directiva, Tribunal Disciplinario y demás autoridades y órganos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela.
3.- Se desaplica el contenido de los artículos 47 y 54 de la Ley de Abogados y el artículo 60 de su Reglamento, en lo referente a que la renovación de las referidas autoridades debe hacerse mediante delegados de los distintos Colegios. En consecuencia, el proceso electoral deberá realizarse mediante la participación directa de todos los agremiados de los distintos Colegios de Abogados del país, estén o no solventes en sus obligaciones gremiales.
4.- De conformidad con lo preceptuado en el artículo 293 numeral 6 de la Constitución, se ordena al Consejo Nacional Electoral designar dos funcionarios, quienes, junto con un tercero que deberá designar la actual Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, conformarán la Comisión Electoral Ad Hoc que tendrá a su cargo la organización del proceso electoral referido en el Dispositivo número 2. Las designaciones deberán hacerse dentro de los cinco (5) días continuos siguientes a la notificación que se haga del presente fallo, y en caso de que la Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela no proceda a hacer la que le corresponde dentro del lapso establecido, el tercer integrante de la Comisión Electoral también será designado por el Consejo Nacional Electoral.
5.- En ejercicio de sus atribuciones, la Comisión Electoral se regirá en su funcionamiento por la regulación aplicable, especialmente las NORMAS PARA REGULAR LOS PROCESOS ELECTORALES DE GREMIOS Y COLEGIOS PROFESIONALES. En tal sentido, deberá proceder a actualizar el registro de profesionales del derecho inscritos en todos los Colegios de Abogados y sus delegaciones así como a elaborar el Proyecto Electoral, los cuales serán presentados ante el Consejo Nacional Electoral dentro de los treinta (30) días siguientes a su constitución, a los fines de la continuación de las siguientes fases del proceso electoral con sujeción a la normativa correspondiente.
6.- La Comisión Electoral tendrá las más amplias potestades para recabar de las autoridades y personal de la Federación de Colegios de Abogados, Colegios de Abogados y Delegaciones, la información que estime necesaria para realizar cabalmente sus funciones, incluyendo la obtención de documentos y la revisión de registros de los entes gremiales, así como a solicitar toda la colaboración y apoyo de éstos para la óptima realización del proceso electoral. El incumplimiento por parte de los directivos y demás personal de los aludidos entes gremiales de la obligación de informar, presentar documentos, permitir el acceso a registros y archivos, y en general, colaborar con la Comisión Electoral, se considerará un desacato al presente fallo (…). (Destacados del original).
De la revisión del expediente se observa que desde la publicación de esta sentencia número 135, diversas circunstancias han impedido el cumplimiento del fallo objeto de solicitud de ejecución.
En este sentido se aprecia que las últimas actuaciones que consta en autos, antes de la solicitud presentada el 20 de marzo de 2013 por las abogadas Nelida Martínez, y Lismar García Carpio, son las siguientes:
1) Escrito de consideraciones presentado por uno de los co-accionantes, el 17 de junio de 2008.
2) La decisión de esta Sala Electoral del 8 de julio de 2008, sentencia número 104, que declaró “IMPROCEDENTE la solicitud de ejecución de sentencia presentada en fecha 17 de junio de 2008, por el abogado Marino Faría Vargas (…)”. (Destacado del original).
3) Escrito presentado el 14 de julio de 2008, por la Comisión Electoral ad hoc, designada por el Consejo Nacional Electoral, en el cual consignó “(…) escrito (…) remitido a [esa] Comisión Electoral en fecha 9 de julio de 2008, por el Presidente del Colegio de Abogados de Caracas, designado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el que expone los motivos que le impiden cumplir con la remisión del listado preliminar de agremiados, como se indica en la resolución N° 030308-02 de fecha 03 de marzo de 2008 (…)”. (Corchetes de la Sala).
Esta Sala en sentencia número 24, del 13 de febrero de 2006, ordenó que “la Comisión Electoral Ad Hoc (sic) deberá proceder a informar quincenalmente a esta Sala Electoral, sin necesidad de requerimiento alguno, el estado de avance del referido proceso electoral, así como cualquier otra situación que considere relevante poner en conocimiento de este órgano jurisdiccional, a fin de que esta Sala, en caso de juzgarlo necesario, adopte las medidas convenientes para asegurar la cabal ejecución del fallo definitivo dictado en la presente causa”. (Folios 250 al 254 de la primera pieza del expediente).
En atención a lo anterior, así como al tiempo transcurrido, sin que conste en autos el cumplimiento del informe quincenal que la Comisión Electoral ad hoc debe presentar, de conformidad con la sentencia número 24 del 13 de febrero de 2006, desde el 14 de julio de 2008, esta Sala Electoral considera necesario que, antes del pronunciamiento sobre la solicitud de ejecución de la sentencia número 135 del 28 de septiembre de 2004, requerir:
1) Al Consejo Nacional Electoral que consigne en esta Sala informe detallado, incluyendo todos los documentos y anexos que considere, y en especial lo siguiente:
a. Del estado actual de la Comisión Electoral ad hoc, integrada por funcionarios de ese órgano rector, visto el alegato expuesto por las solicitantes referido a que “los ciudadanos José Jesús Barazarte, Pedro José Rodríguez, titulares de las cédulas de identidad N° V-8.055.824, V-8.552.230, respectivamente, en el mes de diciembre de 2010, fueron jubilados por el Consejo Nacional Electoral, por ende, es necesario que el Poder Electoral, realice nueva designación de los integrantes de dicha Comisión, para que continúe el proceso comicial de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela”. (Folio 261 de la segunda pieza del expediente).
b. Del estado actual del proceso electoral para renovar las autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en los términos establecidos por esta Sala en la sentencia definitivamente firme número 135 del 28 de septiembre de 2004.
2) De la Comisión Electoral ad hoc:
Informe con especificaciones de lo actuado, incluyendo los documentos y anexos que considere, del estado actual del proceso electoral para renovar las autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en los términos establecidos por esta Sala en la sentencia definitivamente firme, número 135, del 28 de septiembre de 2004.
3) De la Junta Directiva de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, consigne informe incluyendo los documentos y anexos que considere, y en especial lo siguiente:
a. Del estado actual de la Comisión Electoral ad hoc, indicando si actualmente se encuentra integrada por el miembro designado por ese Directorio, de conformidad con la sentencia definitivamente firme número 135 del 28 de septiembre de 2004.
b. Del estado actual del proceso electoral para renovar las autoridades de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en los términos establecidos por esta Sala en la sentencia número 135 del 28 de septiembre de 2004.
En consecuencia, notifíquese al Consejo Nacional Electoral, la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela y, la Comisión Electoral ad hoc, para que una vez transcurrido el lapso de diez (10) días de despacho, posterior a la última de las notificaciones de la presente sentencia, consignen en esta Sala Electoral lo requerido en este fallo. Así se declara.
V
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, ORDENA al CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, la FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE VENEZUELA y, la COMISIÓN ELECTORAL AD HOC, para que dentro de los cinco (5) días siguientes que conste en autos la última de las notificaciones, consignen en esta Sala Electoral lo requerido en este fallo.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
El Presidente,
FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA
El Vicepresidente,
MALAQUIAS GIL RODRÍGUEZ
Los Magistrados,
JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN
JHANNETT MARÍA MADRÍZ SOTILLO
OSCAR J. LEÓN UZCÁTEGUI
Ponente
La Secretaria,
PATRICIA CORNET GARCÍA
Exp. N° AA70-E-2003-000111
En veintitrés (23) de julio del año dos mil trece (2013), siendo las dos y veinte de la tarde (2:20 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 77.
La Secretaria,