MAGISTRADA PONENTE: EVELYN MARRERO ORTÍZ

EXP. Nº 2001-0697

 

Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 18 de septiembre de 2001, el abogado Andrés Gazsó, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 48.367, actuando con el carácter de apoderado judicial de las empresas FERROSTAAL AKTIENGESSELSCHAFT y HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT AKTIENGESSELSCHAFT, constituidas de acuerdo a lo dispuesto en las leyes de la República Federal de Alemania e inscritas en los Registros Mercantiles de los Juzgados Municipales de las ciudades de Essen y Kiel, bajo los números de referencia HRB 73 y HRB 461, respectivamente, interpuso demanda por cobro de bolívares contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, con ocasión del presunto incumplimiento del Contrato Nº CGA-CNALO-010-87 suscrito el 25 de octubre de 1988 entre la República y las referidas empresas, para la actualización y mantenimiento mayor de los sistemas y equipos electrónicos de los submarinos AVR “SÁBALO” (S-31) y AVR “CARIBE” (S-32), propiedad de la República.

El 26 de septiembre de 2001 se dio cuenta en Sala y se ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación.

Por auto de fecha 11 de octubre de 2001 se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la República Bolivariana de Venezuela en la persona de la ciudadana Procuradora General de la República a los fines de la contestación, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vigente para la época.

En fecha 22 de febrero de 2002 el abogado José Castillo Suárez, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 30.911, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada, presentó escrito de contestación de la demanda. Asimismo, solicitó que la presente causa fuese decidida como un asunto de mero derecho, pues -a su decir- la controversia planteada se circunscribe al establecimiento de la recta interpretación del contrato y la aplicabilidad o no de las normas jurídicas invocadas, sin estar controvertidos los hechos esenciales necesarios para resolver la demanda.

Por auto de fecha 9 de abril de 2002 se pasó el expediente a la Sala a los fines de decidir, acerca de la solicitud de que la causa se decidiera como un asunto de mero derecho planteada por la parte demandada en su escrito del 22 de febrero de 2002. 

En fecha 4 de junio de 2002 los apoderados judiciales de las partes solicitaron la suspensión de la causa por un lapso de quince (15) días de despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable al caso de autos ratione temporis, en concordancia con el parágrafo segundo del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, “a los fines de poder estudiar la posibilidad de resolver la presente controversia mediante la vía mutuamente propuesta”.

Por auto del 11 de junio de 2002, el Juzgado de Sustanciación acordó suspender el curso de la causa por quince (15) días de despacho.

Mediante sentencia Nº 723 de fecha 20 de mayo de 2003, la Sala declaró “IMPROCEDENTE el pedimento referido a que se declare la causa como un asunto de mero derecho”.

En fecha 20 de noviembre de 2003 el apoderado judicial de la parte actora, consignó escrito de promoción de pruebas.

Por auto de fecha 14 de enero de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas documentales indicadas por la actora en los Capítulos I y II de su escrito de fecha 20 de noviembre de 2003.

Asimismo, admitió las dos pruebas de Informes señaladas en el Capítulo III de dicho escrito, y ordenó oficiar, mediante rogatoria al “Presidente la institución financiera Commerzbank AG”, domiciliada en la ciudad de Frankfurt, República Federal de Alemania, a los fines de que informase en el término extraordinario de seis (6) meses, acerca de lo solicitado por el promovente. Del mismo modo, el Juzgado de Sustanciación ordenó oficiar al Banco Central de Venezuela, para que informase dentro de los diez (10) días de despacho contados a partir de la fecha de recibo del correspondiente oficio, lo pedido por el promovente.

Igualmente, admitió la prueba de exhibición promovida en el Capítulo IV del mencionado escrito y ordenó de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, la exhibición por parte de la República Bolivariana de Venezuela, de la documentación indicada por la parte demandante.

De la misma forma, admitió la prueba de experticia señalada en el Capítulo V del aludido escrito y fijó el segundo (2º) día de despacho, para que tuviese lugar el acto de nombramiento de expertos por las partes, de conformidad con lo establecido en los artículos 451 y 452 del Código de Procedimiento Civil.

Por último, el Juzgado de Sustanciación admitió la inspección judicial promovida por la actora en el Capítulo VI de su escrito de fecha 20 de noviembre de 2003, relacionada con el “…expediente Nº 12067 que riela desde el año 1996 por ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia”. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 472 del Código de procedimiento Civil, dicho Juzgado ordenó oficiar a la Secretaría de la Sala Político-Administrativa, a objeto de que fijase la oportunidad para la evacuación de dicha prueba. 

El 21 de enero de 2004 tuvo lugar el acto de nombramiento de los expertos ordenado mediante el auto del día 14 del mismo mes y año, por lo que el Juzgado de Sustanciación acordó su notificación a los fines de la aceptación y juramentación en el cargo.

En fechas 21 de enero y 3 y 19 de febrero de 2004, los expertos Jaime Gonzalo, Wilmer Carpio y Miguel Rengel Jiménez, titulares de las cédulas de identidad números 7.682.990, 12.065.964 y 1.303.685, respectivamente, aceptaron el nombramiento y se juramentaron en los cargos de expertos.

Mediante oficio Nº Cjaaa-c-2004-04-162 de fecha 1º de abril de 2004, recibido en esta Sala el 24 de ese mismo mes y año, el Banco Central de Venezuela remitió el Informe requerido en el Capítulo III del escrito de promoción de pruebas de la parte actora.

El 3 de junio de 2004 se agregó a los autos el Informe de los expertos, de conformidad con lo ordenado por el Juzgado de Sustanciación en el auto de fecha 14 de enero de 2004.

En fecha 15 de julio de 2004 se efectuó la inspección judicial acordada mediante auto de fecha 30 de junio de ese mismo año, conforme fue promovido en el Capítulo IV del escrito de pruebas de la parte actora.

El 9 de noviembre de 2004 fueron consignadas en el expediente las resultas de la rogatoria, librada al “Presidente de la Institución Financiera Commerzbank AG” por el Juzgado de Sustanciación en fecha 22 de enero de ese mismo año.

Por auto de fecha 17 de noviembre de 2004 se designó al ciudadano Claudio Tilinger como intérprete público a los fines de la traducción de las resultas de la rogatoria consignada el día 9 de ese mes y año, quien aceptó el cargo el 2 de diciembre de 2004.

El 17 de enero de 2005 se incorporaron a esta Sala los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional en fecha 13 de diciembre de 2004, quedando integrada la Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidente, Magistrado Levis Ignacio Zerpa; Vicepresidente, Magistrado Hadel Mostafá Paolini; y Magistrados Yolanda Jaimes Guerrero, Evelyn Marrero Ortíz y Emiro García Rosas. 

En fecha 19 de enero de 2005 el ciudadano Claudio Tilinger consignó la traducción de las resultas de la rogatoria, librada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 22 de enero de 2004.

En fecha 1º de febrero de 2005 se dio cuenta en Sala, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa y se fijó el tercer día de despacho siguiente para dar inicio a la relación de la causa.

Mediante auto de fecha 9 de febrero de 2005 se fijó el décimo día de despacho siguiente para que tuviese lugar el acto de informes.

Por escrito presentado en fecha 10 de mayo de 2005 los apoderados judiciales de las partes solicitaron la suspensión de la causa por sesenta (60) días continuos, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, “con la finalidad de que las partes puedan concertar conversaciones para dar solución al presente juicio”.

En fecha 11 de mayo de 2005 se difirió el acto de informes, en virtud de la solicitud de suspensión del juicio por sesenta (60) días continuos formulada por las partes.

En escrito presentado el 14 de julio de 2005 los apoderados judiciales de las partes, señalaron haber “convenido de común acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, en suspender el curso de la presente causa desde el día catorce (14) de julio de 2005, hasta el día diez (sic) (14) de octubre de 2005, ambas fechas inclusive, reanudándose la causa el día de despacho inmediato siguiente, todo esto  con la finalidad de que las partes puedan concertar conversaciones para dar solución al presente juicio”.

Mediante auto de fecha 21 de julio de 2005 la Sala acordó la suspensión de la causa, desde el 14 de julio de 2005 hasta el día 14 de octubre de 2005, ambas fechas inclusive.

El 20 de septiembre de 2005 se designó ponente a la Magistrada Evelyn Marrero Ortíz.

En fecha 15 de diciembre de 2005 el abogado Andrés Gazsó, consignó en el expediente los documentos poderes que lo acreditan como representante judicial de las empresas demandantes.

Por auto de fecha 20 de diciembre de 2005 se fijó el acto de informes para el día 9 de marzo de 2006.

El 9 de marzo de 2006, oportunidad fijada para la celebración del acto de informes, se dejó constancia de la comparecencia de las partes, quienes consignaron sus respectivos escritos.

En fecha 4 de mayo de 2006 terminó la relación en el juicio y se dijo “Vistos”.

El 7 de febrero de 2007 se eligió la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando conformada la Sala Político Administrativa de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz, Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas.

Mediante escrito de fecha 25 de marzo de 2008 por la abogada Márjorie Gómez Amaiz, inscrita en el IMPREABOGADO bajo el Nº 32.773, actuando con el carácter de representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela, expuso que “en virtud de que el abogado Andrés Gazsó apoderado judicial de las sociedades mercantiles [demandantes] en la demanda interpuesta contra la República por órgano del Ministerio de la Defensa (…), se encontraba facultado para ejercer la representación de la prenombradas empresas hasta el 30 de junio de 2003, siendo otorgado nuevo poder por sus representadas en fecha 08 de julio de 2005, solicito (…) que de conformidad con lo establecido en los artículos 267 del Código de Procedimiento Civil y 19.15 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sea declarada la perención de la instancia, en razón de que las actuaciones que el referido profesional del derecho haya podido efectuar desde la fecha en la cual culminó la representación que le habían otorgado las aludidas sociedades mercantiles hasta la fecha en la cual se le otorgó nuevo poder para tal fin (08/07/2005), había transcurrido más del lapso previsto en las referidas normas para que se extinga la instancia”.

Revisadas las actas que conforman el expediente, esta Sala pasa a pronunciarse previas las siguientes consideraciones:

I

DE LA DEMANDA

Mediante escrito presentado ante esta Sala Político-Administrativa en fecha 18 de septiembre de 2001, el abogado Andrés Gazsó, antes identificado, actuando con el carácter de apoderado judicial de las sociedades mercantiles demandantes, expone lo siguiente:  

Que, el 25 de octubre de 1998 la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, por órgano del entonces Ministerio de la Defensa suscribió con las empresas Ferrostaal Aktiengesselschaft y Howaldtswerke Deutsche Werft Aktiengesellschaft, el Contrato CGA-CNALO-010-87 celebrado el 25 de octubre de 1988, con el objeto de actualizar los sistemas y equipos electrónicos, así como el mantenimiento mayor de los submarinos propiedad de la República, ARV "SÁBALO" (S-31) y ARV "CARIBE" (S-32).

Menciona, que dicho contrato fue autorizado por la Contraloría General de las Fuerzas Armadas Nacionales, mediante Oficio DACGS-A-1693-5764, de fecha 5 de agosto de 1988.

Expone, que “La cláusula segunda de El Contrato, establece un pago para Las Empresas, de trescientos millones de marcos de la República Federal de Alemania (DM 300.000.000,00) por concepto de precio del mismo, pago que debía hacerse en cuotas, a su vez documentadas mediante nueve (9) pagarés, los cuales generarían intereses de financiamiento que debían ser liquidados periódicamente, todo a tenor de los parágrafos quinto y sexto de la cláusula segunda de El Contrato.

Manifiesta, que “a tenor de lo señalado por el artículo 121 del Código de Comercio, cuando el acreedor recibe documentos negociables en ejecución de un contrato, en cumplimiento de un pacto accesorio, no se produce la novación”, y que las obligaciones contractuales de la República de Venezuela eran las siguientes: “1. Emisión y entrega de los pagarés a las empresas, en las fechas especificadas en El_Contrato. 2. Pago de los intereses de financiamiento generados por los pagarés, en las fechas especificadas en El_Contrato, intereses que habrían de ser calculados en base a la tasa LIBOR vigente para seis meses. 3. Pago del monto de los pagarés en las fechas especificadas en El_Contrato.” (Sic). 

Señala, que las partes acordaron establecer un interés equivalente a la tasa LIBOR más el uno por ciento (LIBOR+1%), para los efectos de la mora en el pago del capital garantizado por los pagarés.

Explica, que respecto a los intereses moratorios derivados del financiamiento las partes no señalaron nada en el aludido contrato, motivo por el cual -a su decir- sólo se puede pretender el interés legal, el cual conforme a los artículos 1.269, 1.273 y 1.277 del Código Civil, es del tres por ciento (3%) anual.

Argumenta, que la República pagó a destiempo, tanto los intereses de financiamiento causados, como los intereses derivados del propio texto de los pagarés.

Indica, que de conformidad con los artículos 1.303 y 1.305 del Código Civil la imputación de los pagos debe ser efectuada de la manera siguiente: “Primero: pago de los intereses moratorios más onerosos, que para el caso son los de capital (LIBOR+1%). Segundo: pago de los intereses moratorios menos onerosos, para el caso, los intereses moratorios por retraso en la liquidación de los intereses de financiamiento, a ser calculados en base al interés legal. Tercero: pago de los intereses financieros, los cuales de acuerdo a las especificaciones contractuales, se causaban en base a la tasa LIBOR. Cuarto: pago del capital.

 Asegura, que conforme a lo establecido en el mencionado contrato la República adeuda a sus mandantes el capital e intereses moratorios de capital, todo por efecto de la imputación de pagos hecha a los intereses moratorios de financiamiento e intereses de financiamiento liquidados, en virtud del retardo en su pago.

Explica, que en virtud de los pagos recibidos y la imputación de pagos, los intereses de financiamiento y los intereses de mora causados hasta el 5 de septiembre de 1997, fecha en la cual la República hizo el último pago recibido “por concepto de El Contrato, todo por la cantidad de cuarenta y seis millones trescientos diecinueve mil noventa y cinco marcos de la República Federal de Alemania, con veinticinco céntimos (DM 46 319 095,25), cantidad que fuera imputada al pago de intereses moratorias de financiamiento, intereses moratorias de capital y capital.

Que, las cantidades pendientes de pago corresponden a “capital no satisfecho más los respectivos intereses moratorios de capital, que dicho retraso está causado” (sic), razón por la que el 27 de noviembre de 1998 solicitó a la Dirección de Pagos del Ministerio de Hacienda, el pago de las cantidades debidas y, posteriormente, consignó ante esa misma Dirección los originales de todas las notas de transferencia a la cuenta de sus representadas, a fin de constatar las fechas en las que se efectuaron los aludidos pagos. 

Señala, que en fecha 29 de enero de 1999 la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Hacienda, avaló el principio de imputación de pagos antes referido.

Que, el 2 de septiembre de 1999, el Ministro de la Defensa para la época envió al ciudadano Ministro de Hacienda, oficio anexo N° DCG-C-2948-6547 del 30 de agosto de ese mismo año, emanado del Contralor General de las Fuerzas Armadas Nacionales, en el cual se señala claramente que sus mandantes cumplieron cabalmente sus obligaciones contractuales.

Manifiesta, que 19 de noviembre de 1999 solicitó por segunda vez al Ministerio de Hacienda el pago de lo adeudado y, que el 1º de agosto de 2000, formuló el mismo requerimiento ante el Ministerio de Finanzas con expresa solicitud de que fuera remitido a la Procuraduría General de la República.

Resalta, que mediante oficio Nº  0295 de fecha 6 de febrero de 2001, la ciudadana Procuradora General de la República se pronunció respecto de tal requerimiento, declarando procedente el pago de “las cantidades generadas por efecto de capital e intereses causados por el retardo o mora en el pago de la obligaciones originadas por El Contrato suscrito entre la República y la reclamante” (sic).

Que, mediante Oficio F-224 de fecha 8 de marzo de 2001 el Ministro de Finanzas manifestó, con base al artículo 32 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que se distanciaba del criterio emitido por la ciudadana Procuradora General de la República en cuanto a la procedencia de dicho pago, por lo cual sus representadas procedieron a demandar a la República Bolivariana de Venezuela.

Señala, como principal fundamento legal de su pretensión el artículo 1.303 del Código Civil, de cuya lectura -según afirma- se advierte que la imputación de pagos deberá ser hecha en primer término a los intereses moratorios más onerosos para el deudor; en segundo término, a los intereses moratorios menos onerosos; en tercer término, a los intereses de financiamiento y, por último, al capital. Asimismo, señaló que dicha norma establece que “en el evento de existir frutos o intereses, el deudor no  podrá imputar los pagos al capital con preferencia a éstos sin el concurso de la voluntad del acreedor, situación que es la que nos ocupa.

En sintonía con lo precedentemente expuesto, denuncia que la República no ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales asumidas, pues los pagos “han sido recibidos a destiempo e incluso faltantes algunos de ellos”, pese a que sus representadas dieron fiel cumplimiento a la ejecución del mantenimiento mayor de los submarinos propiedad de la República antes mencionados.

Que, son evidentes las siguientes circunstancias: a) “el retardo en el pago de los intereses financieros causados, cuyo pago debía ser hecho en las fechas especificadas en la Cláusula Segunda de El_Contrato”; y, b) “el retardo en el pago del capital, lo cual en los términos de El_Contrato, causaría un interés moratorio del tipo LIBOR más uno por ciento (LIBOR+1 %), cantidad que debía ser sumada a las cantidades causadas a fin de extinguir la deuda en comento” (sic).

Afirma, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.269 del Código Civil, si la obligación es de dar o de hacer, el deudor se constituye en mora por el sólo vencimiento del plazo establecido en la convención, y que los artículos 1.273 y 1.277 eiusdem determinan el régimen a seguir a los efectos del resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, los cuales -a su criterio- se refieren a las obligaciones de dar.

Que, como corolario de lo anterior, no es necesaria una convención contractual especial para determinar la procedencia o no de la indemnización de los daños y perjuicios causados, pues aunque no se hubieran establecido en la convención contractual, serán aplicables las establecidas en la ley. En tal sentido, agrega que conforme al artículo 1.746 del mencionado Código el interés legal es del tres por ciento (3%) anual.

Acota, que “el hecho que las partes expresamente acordaron la rata de interés moratoria para el resarcimiento de los daños causados por el retardo en el pago del capital, más no de los intereses financieros citados, y visto que en El_Contrato se establece la obligación expresa de pago puntual de los intereses de financiamiento una vez causados, se concluye que el retardo en el pago de los intereses de financiamiento, solamente puede causar el interés legal, por no haber acordado las partes otro. (Sic).

Sostiene, que de las circunstancias fácticas antes expuestas se concluye -a su juicio- que el contrato cuyo cumplimiento reclama “establece que será pagadero mediante nueve pagarés, los cuales son de libre circulación devengando intereses, los cuales debían ser pagados en fechas exactas establecidas en la Cláusula Segunda del mismo, fecha en la cual quedaban dichos intereses, causados.

Insiste, que como las partes nada acordaron respecto al pago de los intereses financieros y este pago se verificó con mora, se causaron daños a sus representadas lo cual comporta el pago de los intereses legales simples, establecidos en el artículo 1.746 del Código Civil.

Señala, que todos los pagos realizados por la República a sus mandantes fueron empleados para liquidar: en primer lugar, los saldos pendientes de intereses moratorios del capital garantizado por los pagarés indicados en los literales “b)”, “c)”, “d)”, “e)”, “f)” y “g)” de la Cláusula Segunda del Contrato suscrito entre las partes en fecha 25 de octubre de 1988; en segundo término, dichos pagos se imputan a los saldos pendientes de los intereses moratorios de financiamiento; en tercer lugar, se saldan los intereses de financiamiento; y, por último, los saldos pendientes de capital.

Arguye, que a la fecha de interposición de la presente demanda se encuentran cancelados tanto los intereses de financiamiento como los intereses moratorios de financiamiento, quedando pendientes de pago únicamente las cantidades por concepto de capital las cuales, a su vez, generan intereses moratorios pues no fueron satisfechas en su oportunidad, conforme a lo convenido entre las partes en el Contrato CGA-CNALO-010-87.

Por último, solicita que la República Bolivariana de Venezuela sea condenada a pagar a sus representadas las sumas de dinero que especifican de la manera siguiente: 

“(…) 1. La cantidad de veinte millones setecientos veinte mil ochocientos ochenta y un marcos de la República Federal de Alemania con cuarenta y cuatro céntimos (DEM 20 720 881,44) por efecto de capital pendiente debido desde el 5 de septiembre de 1997, los cuales a los efectos del artículo 95 de la Ley del Banco Central de Venezuela y utilizando la tasa estrictamente referencial de bolívares trescientos cuarenta y seis marcos de la República Federal de Alemania y sesenta y ocho céntimos de marco (346,68 x DEM). equivalen a la cantidad de bolívares siete millardos ciento ochenta y tres millones seiscientos ochenta mil novecientos cuarenta y cuatro con sesenta y siete céntimos (VEB 7 183 680 944,67), pago que en los términos del contrato, deberá verificarse en Marcos de la República Federal de Alemania, y su defecto por hecho del príncipe, en Euros (EUR) a la tasa que resultare la tasa de conversión entre el Euro (EUR) y el Marco de la República Federal de Alemania (DEM) el último día de vigencia de la referida moneda.

2. La cantidad de cuatro millones ochocientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y cuatro Marcos de la República Federal de Alemania (DEM 4 897 254,01) causados desde el 5 de septiembre de 1997 y hasta el 17 de septiembre del año en curso, por efecto de los daños y perjuicios conformados por los intereses moratorios calculados a la tasa LIBOR más el uno por ciento (LlBOR+1 %,) sobre la cantidad señalada en el punto anterior, y pendientes de pago mas los que se habrán de causar hasta el día en que se haga efectivo el respectivo pago de los mismos, situación que solicito sea calculado mediante experticia complementaria al fallo, todos los cuales de los efectos del artículo 95 de la Ley del Banco Central de Venezuela y utilizando la tasa estrictamente referencial de bolívares trescientos cuarenta y seis marcos de la República Federal de Alemania y sesenta y ocho céntimos de marco (346, 68 x DEM), equivalen a la cantidad de bolívares un millardo seiscientos noventa y siete millones ochocientos diecinueve mil ciento noventa y ocho con veintiún céntimos (VEB. 1.697.819.198,21) pago que en los términos del contrato, deberá verificarse en Marcos de la República Federal de Alemania, y su defecto por hecho del príncipe, en Euros (EUR) a la tasa que resultare la tasa de conversión entre el Euro (EUR) y el Marco de la República Federal de Alemania (DEM) el último día de vigencia de la referida moneda (…).” (Sic).

 

II

DE LA CONTESTACIÓN

El 22 de febrero de 2002 el abogado José Castillo Suárez, actuando con el carácter de representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela, dio contestación a la demanda bajo los siguientes argumentos:

Que, en fecha 25 de octubre de 1998 su mandante suscribió con las empresas Ferrostaal Aktiengesselschaft y Howaldtswerke Deutsche Werft Aktiengesellschaft, un contrato para la actualización de los sistemas y equipos electrónicos, así como el mantenimiento mayor de los submarinos propiedad de la República, ARV "SÁBALO" (S-31) y ARV "CARIBE" (S-32), el cual fue autorizado por la Contraloría General de las Fuerzas Armadas Nacionales, mediante Oficio DACGS-A-1693-5764, de fecha 5 de agosto de 1988.

Indica, que las empresas demandantes cumplieron cabalmente con las obligaciones contraídas en el referido contrato, según se desprende del oficio N° DCG-C-2948-6547 del 30 de agosto de 1999, emanado del Contralor General de las Fuerzas Armadas Nacionales.

Menciona, que la República sí efectuó los pagos correspondientes a la aludida contratación, por los montos y en las fechas indicadas por los demandantes en su libelo.

Alega, que la Cláusula Segunda del mencionado contrato no establece en forma expresa una oportunidad para el pago de los intereses de financiamiento, sino que se limita a fijar los períodos de seis (6) meses sobre la base de los cuales debe efectuarse su cálculo, por lo que -a su decir- se debe entender que la fecha de pago de los referidos intereses es la del vencimiento de cada uno de los pagarés emitidos por la República para instrumentar el monto del capital adeudado.

Esgrime, que al no existir una fecha periódica semestral para el pago de los referidos intereses de financiamiento, no pudo haber tampoco mora por el retardo en el cumplimiento de tal obligación, pues dichos intereses fueron cancelados por la República en forma adelantada, tal como se demuestra del cronograma suministrado por las demandantes junto con el libelo.

Aduce, que el pago de los intereses moratorios que pudiesen haberse generado como consecuencia del retardo en el cumplimiento de la obligación de cancelar los intereses de financiamiento, constituye “…un anatocismo prohibido expresamente, salvo casos excepcionales, por (…) el artículo 530 del Código de Comercio, conforme al cual no se deben intereses sobre intereses mientras que, hecha la liquidación de éstos, no fueren incluidos en un nuevo contrato como aumento de capital”.

En este sentido, señala que en el presente caso no se daría el primer supuesto excepcional de un nuevo contrato donde se capitalicen los intereses de financiamiento ya causados, por lo que no pueden generarse intereses moratorios por el retardo en su pago.

Indica, que “a todo evento, y para el supuesto y negado caso que se llegase a considerar que sí debe aplicarse alguna tasa de interés moratorio a las cantidades generadas por concepto de intereses de financiamiento (…) dicha tasa deberá ser únicamente la del tres por ciento (3%) anual, expresamente postulada, reconocida y aceptada por las empresas como la única procedente, todo según su propio libelo” (sic).

Alega, que si se declara improcedente el pago de las sumas reclamadas por la parte actora, referidas a los intereses moratorios derivados del retardo en la cancelación de los intereses de financiamiento, entonces la imputación de pagos establecida en los artículos 1.303 y 1.305 del Código Civil “atendiendo a las prelaciones de interés vs. capital, así como el grado de onerosidad de intereses moratorios vs. intereses compensatorios, serían en este orden: (a) los intereses de mora sobre el capital (si los hubiere), (b) los intereses compensatorios (de financiamiento) ya causados y determinados conforme al contrato, y (c) finalmente, los saldos pendientes de capital adeudado por cada cuota de precio del contrato”.

Afirma, que “en el supuesto y negado caso que esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, llegase a considerar que existe alguna obligación sustancial derivada del Contrato que esté pendiente a cargo de la República, entonces tales obligaciones sustanciales en efecto no habrían sido novadas por los pagarés emitidos por la República según el Contrato. Y aún no estarían prescritas en virtud de las múltiples gestiones de cobro que han realizado la Empresas, tal y como lo señalan en su libelo”.

Finalmente, solicita que el presente caso sea decidido como un asunto de mero derecho, pues -a su decir- el thema decidendum se circunscribe únicamente a la interpretación del contrato de fecha 25 de octubre de 1998, así como a la aplicación de las normas jurídicas invocadas por las partes.

III

DE LAS PRUEBAS

1.- Conjuntamente con la demanda, la representación judicial de la parte actora consignó los siguientes documentos:

1.1.- Copia simple del documento poder otorgado en fecha 13 de septiembre de 2001 por la empresa Ferrostaal Aktiengesellschaft, al abogado Andrés Gazsó, ante Notario Público en Lorentzendamm 36, D-24103 Kiel, República Federal de Alemania, bajo el Nº 543/2001 (Folios 18 al 22 del expediente).

1.2.- Copia simple del documento poder otorgado en fecha 14 de septiembre de 2001 por la empresa Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktiengesselschaft, al abogado Andrés Gazsó, ante Notario Público en Lorentzendamm 36, D-24103 Kiel, República Federal de Alemania, bajo el Nº 329/2001 (Folios 23 al 25 del expediente).

Las originales de dichos documentos fueron consignados en fecha 11 de octubre de 2001 por el apoderado judicial de la parte la actora, destacándose en esta oportunidad, la apostilla de fecha 14 de septiembre de 2001 para el documento señalado en el punto 1.1 del día 13 de ese mismo mes y año, y la apostilla de fecha 18 de septiembre de 2001 para el documento indicado en el punto 1.2 del día 14 de ese mes y año.

1.3.- Copia simple del contrato suscrito en fecha 25 de octubre de 1998 entre la República de Venezuela y las empresas Ferrostaal Aktiengesellschaft y Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktiengesselschaft, para la actualización de los sistemas y equipos electrónicos, así como el mantenimiento mayor de los submarinos AVR “SÁBALO” (S-31) y AVR “CARIBE” (S-32), propiedad de la República. (Folios 26 al 56 del expediente).

Acerca de la valoración de la referida copia simple del contrato de fecha 25 de octubre de 1998, se emitirá pronunciamiento con ocasión de la prueba de inspección judicial promovida por la parte actora, señalada en el punto número 2.13 de este Capítulo.

1.4.- Copia simple de la comunicación Nº DGSPF-DAL-045 de fecha 29 de enero de 1999, contentiva de la “Opinión Legal” enviada por la ciudadana Ingrid Díaz Gil, Directora de Asesoría Legal del Ministerio de Hacienda, a la ciudadana Yhajaira Raven, Directora de Administración de ese mismo órgano, en la cual señala que “en lo referente a la cancelación de obligaciones derivadas del contrato suscrito entre el Ministerio de la Defensa en nombre  de la República de Venezuela y las referidas empresas en fecha 25 de octubre de 1998 (…) la imputación de los pagos se deberá realizar primero a los intereses moratorios más onerosos; luego a los intereses legales; después a los intereses del financiamiento y, por último, al capital”. (Folios 58 al 59 del expediente).

1.5.- Copia simple de la comunicación Nº H-606 de fecha 28 de junio de 1999 enviada por la Ministra de Hacienda, Maritza Izaguirre Porras, al Ministro de la Defensa, Gral. Div. (Ej) Raúl Salazar Rodríguez, solicitándole información acerca de “si los trabajos objeto [del contrato suscrito el 25 de octubre de 1998] fueron ejecutados por las empresas contratantes y debidamente aceptadas por ese Ministerio, con la conformidad de la Contraloría General de la Fuerzas Armadas, a los fines de realizar los pagos pendientes”. (Folio 60 del expediente). 

1.6.- Copia simple de la comunicación Nº 6431 de fecha 2 de septiembre de 1999, enviada por el Ministro de la Defensa, Gral. Div. (Ej) Raúl Salazar Rodríguez, al Ministro de Hacienda, José Alejandro Rojas Ramírez, mediante la cual remite el oficio Nº DC 2948, Nº de serial 6547, de fecha 30 de agosto de ese mismo año, emanado del Contralor General de las Fuerzas Armadas Nacionales, General de Div. (Ej) José Miguel Velásquez Rojas, en el cual se lee que “los trabajos objeto [del contrato suscrito el 25 de octubre de 1998] fueron ejecutados en su totalidad, por las empresas contratistas, debidamente aceptados por el Ministerio de la Defensa, a través de la Comandancia General de la Armada, Comando Naval de Logística y la Comisión Inspectora Venezolana”. (Folios 61 y 62 del expediente). 

1.7.- Copia simple de la comunicación s/n de fecha 6 de febrero de 2001, emanada de la Procuradora General de la República, Marisol Plaza Irigoyen, dirigida al apoderado judicial de las empresas demandantes, abogado Andrés Gazsó, mediante la cual remite la opinión Nº 0233 del día 6 de ese mismo mes y año, en la que dicho Organismo se “pronuncia por la PROCEDENCIA de la citada reclamación interpuesta, por concepto de las cantidades generales por efecto de capital e intereses causados por el retardo o mora en el pago de las obligaciones originadas por el contrato suscrito entre la República y la reclamante”. (Folios 65 y 73 del expediente).

Las pruebas señaladas en los puntos 1.4 al 1.7 son copias simples de documentos emanados de funcionarios de la Administración Pública, por lo que tienen el carácter de documentos administrativos los cuales conforme al criterio reiterado de esta Sala constituyen una tercera categoría instrumental intermedia entre los documentos públicos y los privados que se tienen como fidedignos salvo prueba en contrario. (Vid., entre otras, las sentencias N° 02487 y 01171 del 9 de noviembre de 2006 y 4 de julio de 2007, respectivamente).

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, a dichas copias simples se les otorga valor probatorio en el presente juicio, por no haber sido impugnadas en la oportunidad de la contestación de la demanda.

2.- En la oportunidad de promover pruebas la representación judicial de la parte actora lo hizo en los siguientes términos:

2.1.- Reprodujo el mérito favorable que se desprende de las actas del expediente, específicamente, de las documentales acompañadas con el libelo, y consignó las siguientes instrumentales:

2.2.- Copia simple del contrato suscrito en fecha 25 de octubre de 1998 entre la República de Venezuela y las empresas Ferrostaal Aktiengesellschaft y Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktiengesselschaft, para la actualización y mantenimiento de los sistemas y equipos electrónicos de los submarinos AVR “SÁBALO” (S-31) y AVR “CARIBE” (S-32), propiedad de la República.

Respecto de esta documental, su promovente señaló que un ejemplar original de dicho contrato cursa en el expediente administrativo, consignado por el Ministerio de la Defensa en el expediente judicial Nº 1996-12607, nomenclatura de esta Sala Político-Administrativa, indicando que “pueden compulsarse copias certificadas del mismo”.

Tal como se señaló antes, acerca de la valoración de este documento se emitirá pronunciamiento, con ocasión de la prueba de inspección judicial señalada en el punto número 2.13 de este Capítulo.

2.3.-  Copia simple de la comunicación Nº DGSPF-DAL-045 de fecha 29 de enero de 1999, contentiva de la “Opinión Legal” enviada por la ciudadana Ingrid Díaz Gil, Directora de Asesoría Legal del Ministerio de Hacienda, a la ciudadana Yhajaira Raven, Directora de Administración de ese mismo órgano.

2.4.-  Copia simple de la comunicación Nº H-606 de fecha 28 de junio de 1999, enviada por la Ministro de Hacienda, Maritza Izaguirre Porras, al Ministro de la Defensa, Gral. Div. (Ej) Raúl Salazar Rodríguez.

2.5.- Copia simple de la comunicación Nº 6431 de fecha 2 de septiembre de 1999, enviada por el Ministro de la Defensa, Gral. Div. (Ej) Raúl Salazar Rodríguez, al Ministro de Hacienda, José Alejandro Rojas Ramírez,  mediante la cual remite el oficio Nº DC 2948, Nº de serial 6547, de fecha 30 de agosto de ese mismo año, emanado del Contralor General de las Fuerzas Armadas Nacionales, General de Div. (Ej) José Miguel Velásquez Rojas.

2.6.- Original de la comunicación s/n de fecha 6 de febrero de 2001, emanada de la Procuradora General de la República, Marisol Plaza Irigoyen, dirigida al abogado Andrés Gazsó, apoderado judicial de las empresas demandantes, anexo a la cual remite la opinión Nº 0233 del día 6 de ese mismo mes y año, relativa a los pagos efectuados con ocasión del “Contrato CGA-CNALO-010-87 celebrado el 25 de octubre de 1988.

A las documentales señaladas en los puntos 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 se les otorgó valor probatorio conforme a las copias consignadas por la parte actora junto con el libelo. 

2.7.- Original de la comunicación enviada en fecha 1º de agosto de 2000 por las empresas demandantes al Ministerio de Finanzas (con acuse de recibo de esa misma fecha), mediante la cual “se le solicita a la República el cumplimiento de las obligaciones de El Contrato pendientes de pago”.

La comunicación señalada se aprecia conforme al contenido del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1.371 y 1.374 eiusdem, por tratarse de una carta misiva que constituye documento privado no impugnado por la contraparte.

2.8.- Original del oficio Nº F-224 de fecha 8 de marzo de 2001 emanado del Ministro de Finanzas, dirigido a las empresas demandantes, mediante el cual se le notifica que “el referido despacho se distancia del criterio establecido por la Procuraduría General de la República en su opinión Nº 0233 de fecha 6 de febrero de ese mismo año, con lo cual queda agotada la vía administrativa y abierta la contenciosa”.

El Oficio antes señalado es un documento emanado de un funcionario de la Administración Pública, por lo que tiene el carácter de documento administrativo, el cual conforme al criterio reiterado de esta Sala, constituye una tercera categoría instrumental entre los documentos públicos y los privados que se tienen como fidedignos salvo prueba en contrario.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil, se otorga valor probatorio al mencionado documento, por no haber sido impugnado por la parte demandada dentro del lapso legalmente establecido.

2.9.- Copia simple de “las impresiones de los mensajes de datos constitutivos de las tasas LIBOR (London InterBank Offered Rate) obtenidos de la página http://www.bba.org.uk (British Bankers Association)”.

2.10.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, la representación judicial de la parte actora promovió las siguientes pruebas de informes a cargo de las personas jurídicas que se mencionan a continuación:

2.10.1.- A la institución financiera Commerzbank AG, domiciliada en la República Federal de Alemania, a los fines de que informe acerca de: i) si la cuenta Nº 12.00.104.00 de ese mismo banco, es o no propiedad de Ferrostaal Aktiengesellschaft; y ii) las fechas de acreditación y cantidades transferidas por parte de la República de Venezuela a dicha cuenta, con referencia al contrato bajo estudio, durante el lapso comprendido entre el mes de mayo de 1989 y la fecha de realización de dicho Informe.

A los fines de evacuar esta prueba de informes, su promovente solicitó se librase carta rogatoria exhortando a la autoridad judicial con competencia en la ciudad de Frankfurt, República Federal de Alemania, a los fines de la entrega de dicho oficio a la mencionada institución financiera en la dirección “Commerzbank AG, Kaiserplatz, 60261 Frankfurt am Main, República Federal de Alemania”.

Mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2004 el Juzgado de Sustanciación de esta Sala designó al intérprete público ciudadano Claudio Tillinger, titular de la cédula de identidad Nº 5.541.509, a los fines de la traducción al idioma castellano del Informe resultante de la aludida rogatoria, quien consignó dicha traducción el 19 de enero de 2005 (Ver folios 484 al 500 del expediente).

2.10.2.- Al Banco Central de Venezuela, para que informe acerca de: i) las fechas de transferencia y cantidades transferidas por parte de la República a la cuenta Nº 12.00.104.00 propiedad de la Ferrostaal Aktiengesellschaft, en virtud del contrato suscrito en fecha 25 de octubre de 1988; y ii) las tasas LIBOR empleadas por dicha institución bancaria para dólares de los Estados Unidos de América (USD) para períodos de seis meses, vigentes para el lapso comprendido entre el mes de mayo de 1989 y la fecha del Informe requerido.

En fecha 13 de abril de 2004 el Banco Central de Venezuela presentó el Informe requerido, el cual cursa a los  folios 274 al 284 del expediente.

Las pruebas anteriormente reseñadas no fueron desvirtuadas de forma alguna por ninguna de las partes, por lo que esta Sala procede a valorarlas conforme lo dispone el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

2.11.- Promovió, de conformidad con lo establecido en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, la exhibición por la parte demandada, del Contrato suscrito en fecha 25 de octubre de 1988 entre la República de Venezuela y las empresas Ferrostaal Aktiengesellschaft y Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktiengesselschaft, para la actualización y mantenimiento de los sistemas y equipos electrónicos de los submarinos AVR “SÁBALO” (S-31) y AVR “CARIBE” (S-32), propiedad de la República.

El acto de exhibición del mencionado documento tuvo lugar en fecha 6 de junio de 2002, dejándose constancia de la no comparecencia de la representación judicial de la parte demandada, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, se tiene como exacto el texto del referido documento, tal como aparece de las copias simples presentadas junto con el libelo, relacionadas con esta prueba.

2.12.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, promovió prueba de experticia contable para que los expertos se pronuncien sobre los siguientes particulares:

2.12.1.- Sobre la exactitud de los cálculos y operaciones aritméticas efectuadas según las tablas contables aportadas al proceso conjuntamente con el libelo.

2.12.2.- Acerca de la veracidad de las fechas de nacimiento de las distintas obligaciones detalladas en las tablas a las cuales se hace referencia en el punto anterior, tomando como base el contenido del parágrafo tercero de la cláusula segunda del Contrato suscrito por las partes en fecha 25 de octubre de 1988.

2.12.3.- Sobre la veracidad del tiempo transcurrido entre las fechas de nacimiento de las distintas obligaciones detalladas en las tablas a las cuales se hace referencia en los puntos anteriores y su correspondiente pago, siguiendo el sistema de imputación de pagos descrito en la demanda, con base en la Ley.

2.12.4.- Acerca de la certeza y veracidad de las tasas de interés LIBOR aplicadas.

En fecha 3 de junio de 2004 los expertos Miguel Rengel, Jaime Gonzalo y Wilmer Carpio, consignaron en el expediente el Informe correspondiente a la referida experticia contable. (folios 320 al 331 del expediente). Dicha prueba es valorada por esta Sala conforme a las reglas de la sana crítica, adminiculada con los otros elementos probatorios existentes en el expediente.   

2.13.- De conformidad con lo establecido en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, la parte actora promovió prueba de inspección judicial sobre el expediente Nº 1996-12607, nomenclatura de esta Sala, el cual -a su decir- contiene uno de los ejemplares originales del Contrato CGA-CNALO-010-87 celebrado el 25 de octubre de 1988 entre la República de Venezuela por órgano del Comando Naval de Logística de la Comandancia General de Armada del Ministerio de la Defensa y las empresas Ferrostäal Aktiengesselschaft y Howaldtswerke-Deutsche Werft Aktiengesselschaft,