Magistrado Ponente HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Exp. Nº 2005-1894
Mediante Oficio Nº 2005-1070 del
25 de febrero de 2005, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, con
sede en Maturín, remitió a esta Sala el expediente contentivo de la solicitud
que por calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos,
incoara el ciudadano JAVIER JOSÉ BOADAS LUCART, titular de la cédula de
identidad N° 5.466.154, asistido por el abogado Carlos Lunar Solé, inscrito en
el INPREABOGADO bajo el N° 45.885, contra la sociedad mercantil PDVSA
PETRÓLEO, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción
Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el 16 de
noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A Sgdo., siendo protocolizada su
última modificación ante el Registro Mercantil Segundo de la misma
Circunscripción Judicial, en fecha 9 de mayo de 2001, bajo el N° 23, Tomo
81-A-Sgdo.
Dicha remisión fue efectuada a los
fines de decidir la consulta prevista en los artículos 59 y 62 del Código de
Procedimiento Civil, por haber declarado el Tribunal remitente en fecha 16 de
febrero de 2005, su falta de jurisdicción respecto de la
Administración Pública.
El 10 de marzo de 2005, se dio
cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado HADEL MOSTAFÁ PAOLINI,
a los fines de decidir la consulta.
Para decidir, la Sala observa:
I
ANTECEDENTES
En fecha 4 de febrero de 2003, el
ciudadano Javier José Boadas Lucart, asistido por el abogado Carlos Lunar Solé,
previamente identificados, en la solicitud presentada ante el Juzgado Primero de
Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción
Judicial de Estado Monagas, expuso que en fecha 19 de junio
de 1991 ingresó a prestar sus servicios
en la sociedad mercantil CORPOVEN, S.A. (hoy, PDVSA Petróleo, S.A.), hasta el 30 de enero de 2003, fecha esta
última en la cual manifiesta fue despedido sin justa causa del cargo de “Líder
de Mantenimiento, Gerencia Coordinación Operacional, Maturín, División Oriente
de Exploración, Producción y Mejoramiento”, y devengando como último
salario la cantidad de dos millones doscientos cuarenta y cuatro mil
trescientos bolívares (Bs. 2.244.300,00), mensuales.
Asimismo del escrito libelar se
observa, que el prenombrado ciudadano invocó en su favor estar amparado por la
estabilidad laboral consagrada en el artículo 32 del Decreto con Fuerza de Ley
Orgánica de Hidrocarburos, a los fines de que sea calificado el despido y se
proceda a su reenganche con el correspondiente pago de los salarios caídos.
El 2 de junio de 2003, el Juzgado Primero
de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas, admitió la solicitud interpuesta
y ordenó citar a la parte demandada, así como notificar a la Procuradora General
de la República,
de conformidad con el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica que rige sus
funciones, acordando la suspensión de la causa por el lapso de noventa (90)
días continuos a la constancia en autos de dicha notificación. Asimismo, se
fijó la oportunidad para que tuviera lugar el acto conciliatorio.
Vista la extinción del Tribunal donde
cursaba la causa, posteriormente por diligencia presentada ante el Juzgado
Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas, en fecha 26 de enero de 2004, el
ciudadano Javier José Boadas Lucart, asistido por el abogado Carlos Lunar Solé,
solicitó al titular de dicho Juzgado se abocara al conocimiento de la causa.
Asimismo, confirió poder apud acta a
los abogados Ramón Ramírez, Carlos Lunar Solé, Jean Carlos Maita, José Ricardo
Colina B., Luis Manuel Alcalá Guevara, Germán Duque Corredor, José Rafael Pisani
Pardo e Irina Andrea Gutiérrez Peraza, inscritos en el INPREABOGADO bajo los
Nos. 10.328, 45.885, 91.735, 29.113, 62.736, 5.590, 51.198 y 87.805,
respectivamente.
Luego en virtud de la entrada en vigencia
de la Ley Orgánica
Procesal del Trabajo, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación,
Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas, por auto del 2 de febrero de
2004, se abocó al conocimiento de la causa, ordenando la notificación de la
parte demandada, así como de la Procuradora General de la República. Asimismo,
fijó la oportunidad en que se realizaría la audiencia preliminar.
El 24 de enero de 2005, el abogado
Balmore Acevedo, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 36.659, actuando con el
carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PDVSA Petróleo, S.A.,
filial de Petróleos de Venezuela, S.A., opuso la falta de jurisdicción del
Poder Judicial respecto de la Administración Pública, por órgano de la Inspectoría del
Trabajo del Estado Monagas, en virtud de que el accionante presentó ante la
mencionada Inspectoría solicitud de calificación de despido, reenganche y pago
de salarios caídos por inamovilidad laboral derivada del fuero sindical, tal
como se evidencia de la copia certificada que anexó al escrito in commento.
El
16 de febrero de 2005, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de
Sustanciación, Mediación y Ejecución del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo
de la
Circunscripción Judicial del Estado Monagas, declaró no tener
jurisdicción para conocer de la acción ejercida, indicando que es a la Administración
Pública a quien corresponde conocerla, ordenando en
consecuencia la remisión del expediente a esta Sala Político-Administrativa, a
los fines de la consulta prevista en el artículo 59 del Código de Procedimiento
Civil. En este sentido, la referida decisión señaló:
“(...) En
consecuencia, evidenciándose que en el caso de autos, aparentemente se está en
presencia de una causal de inamovilidad, constituida por el hecho de la
manifestación del trabajador que para el momento de la terminación de la
relación laboral se encontraba amparado de fuero sindical, le corresponde a la Inspectoría del
Trabajo determinar la procedencia o no de la solicitud de calificación de
despido, reenganche y pago de salarios caídos interpuesta, no teniendo el Poder
Judicial jurisdicción para conocer del presente caso, frente a la
administración (sic)
pública (sic), por órgano de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, en
virtud de los artículos antes mencionados. (...)”.
En fecha 4 de marzo de 2005,
se recibió el expediente en esta Sala.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Corresponde
a esta Sala, pronunciarse acerca de la consulta planteada por el Juzgado
Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas, en virtud de la sentencia que
dictara en fecha 16 de febrero de 2005, mediante la cual declaró su falta de
jurisdicción para conocer la solicitud de calificación de despido, reenganche y
pago de los salarios caídos incoada por el ciudadano Javier José Boadas Lucart,
señalando que la misma debe ser tramitada ante la Inspectoría del
Trabajo respectiva, al advertir que dicho ciudadano acudió ante la Inspectoría del
Trabajo del Estado Monagas, alegando en esa sede administrativa que gozaba de
la inamovilidad laboral por fuero sindical, en virtud de ser miembro del
Sindicato Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los
Hidrocarburos y sus derivados (UNAPETROL). En tal sentido, observa:
En el presente caso, la parte
accionante señaló que en fecha 19 de junio de 1991 ingresó a prestar sus servicios en la sociedad mercantil CORPOVEN, S.A.
(hoy, PDVSA Petróleo, S.A.), hasta
el 30 de enero de 2003, fecha en la cual fue despedido
injustificadamente -según alega- del cargo de “Líder de Mantenimiento, Gerencia Coordinación Operacional,
Maturín, División Oriente de Exploración, Producción y Mejoramiento”.
Ahora bien, de la revisión de las
actas procesales que conforman el expediente (folio 25 y vto.) se observa,
adicionalmente, que el hoy accionante en fecha 4 de julio de 2003 acudió ante la Inspectoría del
Trabajo en el Estado Monagas, a los fines de que le calificara el despido y
ordenara el reenganche con el correspondiente pago de los salarios caídos,
siendo alegada en tal solicitud una causal de inamovilidad, como lo es el hecho
de que el trabajador para el momento de producirse el despido se encontraba
presuntamente investido del fuero sindical por promover la inscripción del
Sindicato Unión Nacional de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, de los
Hidrocarburos y sus Derivados (UNAPETROL).
Al respecto, esta Sala observa que, tal como indicó el
Tribunal remitente, los artículos 449, 450, 453 y 454 de la Ley Orgánica
del Trabajo, disponen:
“Artículo
449.- Los trabajadores que gocen de fuero sindical de acuerdo con lo
establecido en esta Sección, no podrán ser despedidos, trasladados o
desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa causa previamente
calificada por el Inspector del Trabajo. El despido de un trabajador amparado
por fuero sindical se considerará írrito si no han cumplido los trámites establecidos en el
artículo 453 de esta Ley.
La inamovilidad consagrada en
virtud del fuero sindical se otorga para garantizar la defensa del interés
colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales.”
“Artículo 450.- La notificación formal que cualquier número de
trabajadores, suficiente para constituir un sindicato, haga al Inspector del
Trabajo de la jurisdicción de su propósito de organizar un sindicato, coloca a
los firmantes de dicha notificación bajo la protección especial del Estado. En
consecuencia, desde la fecha de la notificación hasta la de la inscripción del
sindicato gozarán de inamovilidad. (...)”.
“Artículo 453.-
Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador
investido de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de
trabajo, solicitará la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo
de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato, en escrito que
determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el cual se
presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador a quien se pretende
despedir, trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen para ello.
(...)”.
“Artículo 454. Cuando un trabajador que goce de fuero
sindical sea despedido, trasladado o desmejorado sin llenar las formalidades
establecidas en el artículo anterior, podrá, dentro de los treinta (30) días
continuos siguientes, solicitar ante el Inspector del Trabajo el reenganche o
la reposición a su situación anterior. El Inspector, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes, notificará al patrono que debe comparecer al segundo
día hábil, por sí o por medio de representante (...)”.
(Subrayados de la Sala).
De las normas parcialmente
transcritas se evidencia, que sólo podrá despedirse a un trabajador que se
encuentre investido de fuero sindical, mediante causa justificada debidamente
comprobada por el Inspector del Trabajo, de conformidad con el procedimiento
establecido en los artículos 453 y 454 antes trascritos, según el caso.
Siendo
ello así, y por todo lo antes expuesto, esta Sala declara que el Poder Judicial
no tiene jurisdicción para conocer el presente caso, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 449 de la
Ley Orgánica del Trabajo.
En
consecuencia, corresponderá a la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas
determinar si en efecto el accionante estaba amparado por fuero sindical y
pronunciarse, de ser procedente, acerca de la solicitud de calificación de
despido, reenganche y pago de los salarios caídos incoada. Así se decide.
Finalmente,
no puede dejar de advertir la
Sala la actuación impropia del ciudadano Javier José Boadas Lucart, quien interpuso solicitudes de
calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos ante el Juzgado
de Primera Instancia del Trabajo, Tránsito y Agrario de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas y ante la Inspectoría del
Trabajo del referido Estado, cuando lo correcto era que el mencionado ciudadano
acudiera ante el Tribunal competente sólo en caso que la decisión que en
definitiva emitiera la
Administración resultare desfavorable a su solicitud. Así se
decide.
III
DECISIÓN
Atendiendo a los razonamientos
antes señalados, esta Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley, declara que el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la solicitud
de calificación de despido, reenganche y pago de los salarios caídos intentada
por el ciudadano JAVIER JOSÉ BOADAS LUCART, asistido por el
abogado Carlos Lunar Solé, previamente identificados, contra la sociedad
mercantil PDVSA PETRÓLEO, S.A.
En consecuencia se confirma la
decisión consultada de fecha 16 de febrero de 2005, dictada por el Juzgado
Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción
Judicial del Estado Monagas.
Publíquese, regístrese y comuníquese.
Remítase el expediente al Juzgado de origen y copia certificada de la presente
decisión a la Inspectoría del
Trabajo del Estado Monagas. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en
Caracas, a los cinco (05) días del mes de abril del año dos mil cinco (2005). Años 194º de la Independencia y 146º
de la Federación.
La Presidenta,
EVELYN
MARRERO ORTÍZ
La Vicepresidenta,
YOLANDA
JAIMES GUERRERO
Los
Magistrados,
LEVIS
IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
Ponente
EMIRO GARCÍA ROSAS
La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE GUZMÁN
Exp. Nº 2005-1894
En seis (06) de abril del año dos mil cinco, se publicó y registró la
anterior sentencia bajo el Nº 01383.
La Secretaria (E),
SOFÍA YAMILE
GUZMÁN
