Magistrado Ponente: LEVIS
IGNACIO ZERPA
Exp. Nº 10.060
Por diligencia de fecha 21 de junio
de 2000, el abogado Luis Leonardo Remartini, inscrito en el Inpreabogado Nº
27.189, actuando en su condición de representante judicial de la sociedad
mercantil “GALCO C.A.”, inscrita por
ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado
Carabobo, en fecha 08 de abril de 1983, bajo el Nº 24, Tomo 144-A, la cual fue
ratificada posteriormente en fecha 06 de julio de 2000; solicitó se decrete MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA de la
sentencia dictada por esta misma Sala en fecha 02 de diciembre de 1999, la cual
declaró parcialmente con lugar la demanda que por cobro de bolívares intentó
contra la sociedad mercantil DIQUES Y
ASTILLEROS NACIONALES COMPAÑÍA ANÓNIMA (DIANCA), constituida mediante
documento inscrito en el Registro Mercantil del Estado Carabobo en fecha 20 de
agosto de 1975, bajo el Nº 49, Tomo 13-A., toda vez que la parte demandada no
dio cumplimiento voluntario al decreto de la ejecución de la sentencia librado
por la Sala, en fecha 13 de abril de 2000.
Pasa la Sala a decidir, previas las
siguientes consideraciones.
I
Por decisión de fecha 02 de
diciembre de 1999, bajo la ponencia de la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó,
la Sala declaró parcialmente con lugar la demanda intentada por “GALCO C.A.”, contra la sociedad
mercantil DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES
COMPAÑÍA ANÓNIMA (DIANCA), condenando al pago de nueve millones quinientos
cuarenta y tres mil treinta y cinco bolívares con tres céntimos (Bs.
9.543.035,03), por concepto del capital representado en las facturas
accionadas, suma que debe ser actualizada en los términos del citado fallo,
desde el 10 de marzo de 1993, fecha en la cual han debido ser pagadas las
facturas, hasta la fecha de publicación de la sentencia, motivo por el cual se
acordó remitir al Banco Central de Venezuela, copia certificada de la decisión
en cuestión a fin de calcular la actualización de la cantidad ya expresada con
base en el promedio anual ponderado por el Banco Central de Venezuela de las
tasas pasivas de interés fijadas por la banca comercial, aplicando el “método
actualizado con reinversión trimestral”, en conformidad con la jurisprudencia
de la Sala.
Mediante oficio de fecha 31 de enero
de 2000, identificado con el Nº CJAA-C-00-01-039, la Consultoría Jurídica
Adjunta para Asuntos Administrativos del Banco Central de Venezuela, remitió a
esta Sala la información solicitada, estimando el monto actualizado en la
cantidad de setenta y ocho millones seiscientos diecisiete mil cuatrocientos
cincuenta y un bolívares con ochenta y nueve céntimos (Bs. 78.617.451,89).
Por diligencia del 29 de febrero de
2000, el abogado Luis Leonardo Remartini Romero, actuando en su carácter de
apoderado judicial de la sociedad mercantil GALCO C.A., solicitó la ejecución voluntaria de la sentencia
dictada en fecha 02 de diciembre de 1999, de conformidad con lo establecido en
el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil.
La Sala por decisión del 13 de abril
de 2000, ordenó la ejecución de la referida sentencia y fijó un lapso de diez
(10) días de despacho siguientes a la notificación de la demandada, DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES COMPAÑÍA
ANÓNIMA (DIANCA), para que diese cumplimiento voluntario a lo ordenado.
Mediante diligencia de fecha 21 de
junio del 2000, ratificada el 06 de julio del mismo año, el representante
judicial de la sociedad mercantil GALCO
C.A., solicitó se dicte mandamiento de ejecución sobre el fallo dictado por
la Sala en fecha 02 de diciembre de 1999.
Vista la situación planteada, la Sala observa:
II
1.- En primer lugar debe la Sala
determinar si la sociedad mercantil demandada, DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES COMPAÑÍA
ANÓNIMA (DIANCA), dada su condición de empresa del Estado goza de las
prerrogativas y privilegios que para el Fisco Nacional otorga la Ley Orgánica
de Hacienda Pública Nacional y al efecto, de la revisión exhaustiva de las
actas que conforman el presente expediente no se encontró elemento alguno que
sirviera de convicción a la Sala sobre la existencia de tales privilegios. Así
se declara.
2.- De conformidad con lo expuesto y
visto que ha transcurrido íntegramente el plazo otorgado para el cumplimiento
voluntario del fallo, pasa la Sala a decretar la ejecución forzosa de la
sentencia dictada en fecha 02 de diciembre de 1999, de conformidad con lo
establecido en los artículos 526 y 527 del Código de Procedimiento Civil, los
cuales son del tenor siguiente:
“Artículo 526: Transcurrido el lapso establecido en el Artículo 524,
sin que se hubiese cumplido voluntariamente la sentencia, se procederá a la
ejecución forzada.
Artículo 527: Si la condena hubiere recaído sobre cantidad líquida
de dinero, el Juez mandará embargar bienes propiedad del deudor que no excedan
del doble de la cantidad y costas por las cuales se siga ejecución. No estando
líquida la deuda, el Juez dispondrá lo conveniente para que se practique la
liquidación con arreglo a lo establecido en el Artículo 249. Verificada la
liquidación, se procederá al embargo de que se trata en este artículo.
El Tribunal podrá comisionar para los actos de ejecución, librando
al efecto un mandamiento de ejecución en términos generales a cualquier Juez
competente de cualquier lugar donde se encuentren bienes del deudor.
El mandamiento de ejecución
ordenará:
1º) Que se embarguen bienes
pertenecientes al deudor en cantidad que no exceda del doble de la cantidad y
costas por las cuales se siga la ejecución.
2º) Que se depositen los bienes embargados siguiendo lo dispuesto
en los artículos 539 y siguientes de este Código.
3º) Que a falta de otros
bienes del deudor, se embargue cualquier
sueldo, salario o remuneración de que disfrute, siguiendo la escala
indicada en el Artículo 598”.
En consecuencia, se decreta medida
de embargo ejecutivo sobre bienes propiedad de la demandada que no excedan del
doble de la cantidad por la cual se sigue la presente ejecución, fijada por la
sentencia de fecha 02 de diciembre de 1999 en la cantidad de nueve millones
quinientos cuarenta y tres mil treinta y cinco bolívares con tres céntimos (Bs.
9.543.035,03); la cual como resultado de la corrección monetaria practicada de
conformidad con lo ordenado en el referido fallo, se estimó finalmente en la
cantidad de SETENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS (BS. 78.617.451,89). Así se declara.
III
Por lo expuesto, esta Sala
Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO
sobre bienes propiedad de la empresa demandada DIQUES Y ASTILLEROS NACIONALES COMPAÑÍA ANÓNIMA (DIANCA), que no
excedan del doble de la cantidad del monto de la ejecución, la cual ha sido
estimada en la cantidad de SETENTA Y
OCHO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLÍVARES
CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (BS. 78.617.451,89).
Se comisionará por auto separado al
Juez Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo,
que indique la parte actora, a fin de que proceda a ejecutar el presente
decreto.
Notifíquese de la presente decisión
al Procurador General de la República, de conformidad con lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Publíquese y regístrese. Cúmplase lo
ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón
de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, en Caracas a los tres días del mes de agosto del 2000. Años: 190º de
la Independencia y 141º de la Federación.
El Presidente,
CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ
El VicePresidente,
JOSÉ RAFAEL TINOCO
LEVIS IGNACIO ZERPA
Magistrado Ponente
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp Nº 10.060
LIZ/lmb.-
Sent. Nº 01804