MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Exp. Nº 11990
La abogada NOHEMA MEDINA DE ROJAS, titular de la cédula de identidad N° 2.125.846, actuando en su propio nombre, asistida por los abogados Américo Márquez Cubillan y Deya Beatriz Esteves de Márquez, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 11.688 y 18.649, respectivamente, interpuso en fecha 19 de septiembre de 1995, ante la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, recurso de nulidad contra “la decisión del Tribunal Disciplinario del CONSEJO DE LA JUDICATURA, dictada en fecha 24 de agosto de 1995, publicada en la G.O. N° 35.782 de fecha 25 de agosto de 1995 y notificada mediante oficio N° T.D. 529 de fecha 24 de agosto de 1995”, por medio de la cual fue suspendida por tres meses sin goce de sueldo del cargo de Juez Titular Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
El 26 de septiembre de 1995, se dio cuenta en Sala y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, acordó oficiar al extinto Consejo de la Judicatura para solicitarle la remisión del expediente administrativo.
El Juzgado de Sustanciación
por auto de fecha 31 de octubre de 1995, admitió cuanto ha lugar en derecho el
recurso interpuesto, ordenó que se practicasen las notificaciones de ley, así
como expedir el cartel de emplazamiento a los interesados y por último,
nuevamente acordó oficiar al Consejo de la Judicatura para solicitarle la
remisión del expediente administrativo.
El Juzgado de Sustanciación
por auto del 7 de noviembre de 1995, visto el oficio N° TD-01060 de fecha 24 de
octubre de 1995, mediante el cual el Consejo de la Judicatura remitió el
expediente administrativo, ordenó formar pieza separada con el mismo.
El Juzgado de Sustanciación
en fecha 10 de enero de 1996, expidió el cartel de emplazamiento, siendo
retirado dicho cartel por la parte actora, el 17 de enero de 1996, y consignada
su publicación el 18 de enero del mismo año.
Por diligencia del 14 de
mayo de 1996, la parte recurrente solicitó que el expediente fuese pasado a la
Sala.
El 22 mayo de 1996 se dio
cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó,
fijándose la quinta audiencia para comenzar la relación.
El 5 de junio de 1996 comenzó la relación en el presente juicio y se fijó la oportunidad para que tuviese lugar el acto de informes.
El 20 de junio de 1996, el Consejo de la Judicatura consignó su escrito de informes.
El 8 de agosto de 1996, terminó la relación y se dijo “Vistos”.
El 24 de enero de 2000, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa.
En virtud de la designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y
Yolanda Jaimes Guerrero, y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa,
por la Asamblea Nacional en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada
en la Gaceta Oficial N° 37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó
la Sala Político-Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se ratificó
como ponente al Magistrado antes indicado, quien con tal carácter suscribe el
presente fallo.
Pasa la Sala a decidir, y a tal efecto observa:
I
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, “Salvo lo previsto en disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado la Corte sin más tramitaciones declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte”.(destacado de la Sala)
A partir del dispositivo transcrito,
contenido en la referida ley orgánica en su Título V, que regula los
procedimientos aplicables a las causas que cursan ante este Máximo Tribunal,
puede la Sala deducir que el fundamento de la figura procesal de la perención
es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada
a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la
ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso.
Luego, siendo la perención de carácter objetivo, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye por la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.
Consecuente con este orden de ideas y de acuerdo a los dispositivos que
integran nuestra legislación vigente, la Sala se pronunció en reciente fallo de
fecha 08 de febrero del corriente año, respecto a la aplicabilidad y alcance
del mencionado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia a
los procedimientos que cursan ante este Supremo Tribunal que pudieren ser
objeto de una declaratoria de perención en razón de su paralización, en los
términos siguientes:
“ (...) De manera, pues, que a los efectos
de declarar la perención en un procedimiento que se tramite ante el Tribunal
Supremo, no puede tenerse el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil,
como norma de preferente aplicación y por tanto ha de concluirse que adquieren
su pleno valor las reglas sobre la materia estatuidas en el artículo 86;
conforme a cuya lectura aparece como obligada conclusión, que basta para que
opere la perención, independientemente del estado en que se encuentre, que la
causa haya permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho
término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto del
procedimiento, transcurrido el cual, la Sala, sin más trámites, declarará consumada
la perención de oficio o a instancia de parte.
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva,
independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a
motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo
de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la
verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta
Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que
los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los
Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber
de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los
litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre
acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser
objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo
Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Tal criterio, además, es conclusión obligada del análisis de los
efectos que el artículo 87 eiusdem atribuye al desistimiento de la apelación o
a la perención de la instancia, negando firmeza a la sentencia o al acto
recurrido, cuando se violen normas de orden público y por disposición de la Ley
corresponda a la Sala, el control de la legalidad de la decisión o acto
impugnado.
Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la
extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere
el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por
tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer
nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos
legalmente establecidos.
Por último,
esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley
bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem, que dispone:
(...).
En efecto,
cuando la norma transcrita establece que la ‘última actuación de las partes’ en
el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las
palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes
después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un
impedimento para seguir conociendo en juicio, en la forma de impulsar el
procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.
De ahí que no
están las partes exceptuadas de actuación en juicio una vez consignados los
informes, como pudiera derivarse de una errónea interpretación literal del
texto. Por el contrario, como ha quedado puesto de manifiesto la inactividad de
las partes en el juicio, aun después de la oportunidad fijada para informes y
de vistos, conforme al texto normativo especial que reglamenta los
procedimientos que se ventilan ante
este Supremo Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar
la incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder
Público.”
(Sentencia en ponencia conjunta
de la Sala Político Administrativa Nº 095 de fecha 13 de febrero de 2001. Caso:
Molinos San Cristóbal)
Ahora bien,
circunscribiéndonos al caso de autos y examinadas como han sido las actas
procesales que integran el presente expediente, pudo constatarse que la causa
ha estado paralizada desde el 8 de agosto de 1996, fecha en la cual terminó la
relación y se dijo “Vistos”, sin que se evidencie del expediente que se haya
realizado actuación alguna de desarrollo del proceso distinta a los autos de
designación de ponente y reconstitución de la Sala; en tal sentido, se observa
que la causa bajo análisis ha permanecido paralizada por más de cuatro (4)
años; por tanto, cumplidos los extremos previstos en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia y al no existir disposición especial aplicable a la materia
debatida ni estar interesado el orden público en la presente causa, resulta
forzoso para esta Sala declarar que ha operado ope legis la perención de
la instancia en este proceso. Así se decide.
II
DECISIÓN
Conforme a lo expuesto, resulta evidente que habiendo transcurrido indefectiblemente el lapso previsto en el indicado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y, por tanto, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en el presente proceso, lo cual declara esta Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial y devuélvase el administrativo. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón
de Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, en Caracas a los siete (07) días del mes de agosto de dos mil uno.-
Años: 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
LEVIS IGNACIO ZERPA
El Vicepresidente,
HADEL
MOSTAFÁ PAOLINI
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Magistrada
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA
Exp. Nº 11990
LIZ/vwb.-
Sent. Nº 01806
En
ocho (08) de agosto del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior
sentencia bajo el Nº 01806.