MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Exp. Nº 8969
El Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso
Tributario de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado
Miranda, adjunto a oficio Nº 1558 de fecha 1º de julio de 1992, remitió a esta
Sala el expediente que contiene la apelación interpuesta por la abogada Xiomara
Souki Machado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el
número 15.700, actuando con el carácter de apoderada judicial de la
contribuyente C.A. DANAVEN, inscrita
en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nº J0-7505173-4, contra la sentencia
dictada por dicho Tribunal en fecha 18 de mayo de 1992, que declaró sin lugar
el recurso contencioso tributario que había interpuesto contra la Resolución Nº
DGSJ-3-1-185 de fecha 31 de julio de 1987, confirmatoria del Reparo Nº
DGAC-4-3-059 del 29 de diciembre de 1986, emanada de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por concepto de impuesto sobre
la renta para el ejercicio 01-10-82 al 30-09-83.
El 8 de julio de 1992 se dio cuenta en Sala y
por auto de la misma fecha, se ordenó aplicar el procedimiento de segunda
instancia previsto en el Capítulo III del Título V de la Ley Orgánica de la
Corte Suprema de Justicia, se designó ponente al Magistrado Luis H. Farías Mata
y se fijó el 10º día de despacho para comenzar la relación.
Mediante escrito del 28 de julio de 1992, el
apoderado judicial de la contribuyente formalizó la apelación incoada.
En la audiencia del 30 de julio de 1992,
comenzó la relación del presente juicio y en escrito del 6 agosto del mismo
año, la representante de la Contraloría General de la República dio
contestación a la formalización de la apelación incoada.
Por
auto del 24 de septiembre de 1992, se fijó el 10º día de despacho para el acto
de informes, el cual ocurrió el 20 de octubre del mismo año, comparecieron los
apoderados de las partes litigantes, consignaron sus escritos respectivos y,
seguidamente, la Sala dijo “VISTOS”.
En diligencias de fechas 12 de agosto de 1993
y 26 de abril de 1994, la representante de la Contraloría General de la
República solicitó se dictase la sentencia correspondiente.
El día 3 de mayo de 1994, la Sala reasignó la
ponencia al Magistrado Humberto J. La Roche.
Mediante diligencias de los días 22 de
noviembre de 1994, 14 de junio y 22 de noviembre de 1995; 28 de febrero y 31 de
octubre de 1996, la representante del órgano contralor ratificó su solicitud de
sentencia.
En auto del 22 de octubre de 1997, la Sala
dejó constancia de la reconstitución de la Sala Especial Tributaria y reasignó
la ponencia a la Magistrada Ilse van der Velde Hedderich.
En la audiencia del 3 de marzo de 1998, la
representante de la Contraloría General de la República solicitó nuevamente se
dictase el correspondiente fallo.
Por auto del 16 de julio de 1998, se reasignó
la ponencia al Conjuez Jaime Parra Pérez y en fechas 28 de octubre de 1998, 14
de enero y 21 de septiembre de 1999, se
ratificó al mencionado ponente.
En fecha 28 de septiembre de 1999, mediante
diligencia, la representante de la Contraloría General de la República solicitó
la respectiva decisión.
Por auto del 19 de enero de 2000, la Sala
ordenó la continuación de la causa en el estado en que se encontraba y reasignó
la ponencia al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien con tal carácter suscribe
el presente fallo.
En la audiencia del 11 de junio de 2000, la
representante de la Contraloría General de la República solicitó la decisión
correspondiente.
En virtud de la
designación de los Magistrados Hadel Mostafá Paolini y Yolanda Jaimes Guerrero,
y la ratificación del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, por la Asamblea Nacional
en sesión de fecha 20 de diciembre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial N°
37.105 del día 22 del mismo mes y año, se reconstituyó la Sala Político
Administrativa el 27 de diciembre de dicho año, y se ordenó la continuación de
la causa al estado en que se encontraba.
Para
decidir, la Sala observa:
De
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte
Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas
que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de
procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites
debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte.
En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del
presente año declaró que la perención:
“Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva,
independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a
motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo
de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la
verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta
Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que
los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los
Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber
de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los
litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre
acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser
objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo
Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa
(...omissis...)
Así, declarada la perención en el juicio, el efecto
se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido
cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este
Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo
pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los
mecanismos legalmente establecidos.
Por último, esta interpretación es en un todo
coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no
contradice el artículo 96 eiusdem que dispone:
‘Los informes constituyen la última actuación de las
partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la
incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a
las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo
dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514
del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar
conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.’
En efecto, cuando la norma transcrita establece que
la "última actuación de las partes" en el juicio son los informes, se
está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión
entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos
alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando
en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva
conclusión con el fallo respectivo.
De ahí que no están las partes exceptuadas de
actuación en juicio una vez consignados los informes, como pudiera derivarse de
una errónea interpretación literal del texto. Por el contrario, como ha quedado
puesto de manifiesto la inactividad de las partes en el juicio, aún después de
la oportunidad fijada para informes y de vistos, conforme al texto normativo
especial que reglamenta los procedimientos que se ventilan ante este Supremo
Tribunal, evidencia un abandono del caso que no puede justificar la
incertidumbre creada respecto a la firmeza de determinado acto del Poder
Público.
En suma, que según los términos del artículo 86 de
la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable a los procedimientos
que se ventilen ante este Tribunal Supremo de Justicia, salvo lo previsto en
disposiciones especiales, basta para que opere la perención de pleno derecho,
el que se haya paralizado la causa por más de un año, independientemente de que
se trate de razones imputables a la parte o del estado en que la misma se
encuentre. Así se declara.”
Al respecto, examinadas las actas procesales que componen el presente
expediente, se constata que la causa estuvo paralizada desde el 31 de octubre
de 1996, hasta el 3 de marzo de 1998, y desde esa fecha, hasta el 28 de
septiembre de 1999; y desde el 11 de junio de 2000, fechas en las cuales la
representante de la Contraloría General de la República solicitó se dictase la
sentencia correspondiente, hasta el presente, sin que se hubiese realizado acto
alguno de procedimiento por las partes ni por este Supremo Tribunal.
Igualmente, se aprecia que en el caso de
autos no se vulnera ninguna norma de orden público con la aplicación de la
indicada disposición, por lo cual, habiendo transcurrido con creces el lapso
previsto en la misma y siguiendo el criterio jurisprudencial arriba transcrito,
se ha consumado la perención. Así se declara.
En
virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo
de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA
PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA
LA INSTANCIA en la presente causa.
Queda
así, firme la decisión apelada.
Publíquese,
regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase lo ordenado.
Dada,
firmada y sellada, en el
Salón de Despacho
de la Sala
Político-Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia, en Caracas, a los seis (06) días del mes de diciembre
de dos mil uno (2001). Años 191º de la Independencia y 142º de la Federación.
El Presidente-Ponente,
LEVIS IGNACIO
ZERPA
El
Vicepresidente,
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
YOLANDA JAIMES GUERRERO
Magistrada
La Secretaria,
ANAÍS
MEJÍA CALZADILLA
EXP. Nº 8969
LIZ/hra.-
En once (11) de diciembre del año dos mil uno, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 02893.