SALA POLÍTICO – ADMINISTRATIVA
MAGISTRADO PONENTE: LEVIS IGNACIO ZERPA
Por cuanto la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nro. 36.860 de
fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación
de este Máximo Tribunal y en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente,
mediante Decreto de fecha 22-12-99, designó los Magistrados de este Tribunal
Supremo de Justicia, quienes se juramentaron el 27 del mismo mes y año y por
cuanto en Sesión de fecha 10 de enero de 2000, se constituyó la Sala
Político-Administrativa, se ordenó la continuación de la presente causa en el
estado en que se encontraba y se designó Ponente al Magistrado Levis Ignacio
Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
Pasa la Sala a pronunciarse en los
términos siguientes:
El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada,
mediante referendo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Dicho Texto Fundamental prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal
Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran.
Asimismo, la vigente Constitución otorga,
en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de
la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional
dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de
otras no atribuidas expresamente.
Ahora bien, a los fines de mantener el
funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su
labor como máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido
dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones
de este Alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos
aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así
como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia
debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (vid
decisión de la S.P.A. del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez
Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). República
Bolivariana de Venezuela Tribunal Supremo de Justicia Sala
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
En este sentido, la vigente Constitución
establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida
por la Sala Constitucional, y, por tanto, a ella corresponde no solamente la
interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes
que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la
materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.
Al respecto, esta Sala
Político-Administrativa tal como señaló en sentencia de esta misma fecha,
recaída en el expediente Nº 44, sigue los criterios interpretativos expresados
por la Sala Constitucional en reciente sentencia del 20 de enero de 2000 (caso:
Emery Mata Millán vs. Ministro del Interior y Justicia y otros), tendentes a
establecer pautas atributivas de competencia para conocer de las acciones de
amparo constitucional, propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre
Derechos y Garantías Constitucionales, adecuándolas a la nueva Constitución.
Además de las consideraciones respecto al contenido de los artículos 7 y 8 ejusdem,
dicho fallo indicó las reglas que deben regir en materia de revisión de
sentencias dictadas en procesos de amparo y, a tal efecto, dispuso que
corresponde a la Sala Constitucional "conocer las apelaciones y
consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores, de la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en
lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera Instancia".
Atendiendo a los razonamientos
expresados, y visto que el presente expediente fue remitido a esta Sala a los
fines de la consulta de ley de la sentencia dictada por la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo el 28 de septiembre de 1999, con ocasión de la
acción de amparo autónomo ejercida por la ciudadana Edith Dexolien contra la
Dirección General Sectorial de Extranjería, en la persona del ciudadano Rafael
González Espinoza, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa
en la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese, regístrese y comuníquese.
Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala.
Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de
Despacho de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia,
en Caracas a los 17 días del mes de febrero del año dos mil. Años 189º de la
Independencia y 140º de la Federación
El Presidente,
CARLOS ESCARRÁ MALAVÉ.
El Vicepresidente,
JOSÉ RAFAEL TINOCO.
El Magistrado-Ponente,
LEVIS IGNACIO ZERPA.
La Secretaria,
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA.
Exp. 16611.
LIZ/