Magistrada Ponente: YOLANDA JAIMES GUERRERO

Exp. Nº 0613

 

 

La abogada CARMEN SUSANA UREA MELCHOR, titular de la cédula de identidad Nro. 2.107.382 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 18.262, procediendo en su propio nombre y en defensa de sus intereses, en su carácter de funcionaria jubilada de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), interpuso mediante escrito de fecha 8 de junio de 2000, recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución Nº 533  de fecha 9 de marzo de 2000, dictada por el Ministerio del Interior y Justicia, por la cual se declaró extemporáneo el recurso jerárquico que interpusiera en contra del acto administrativo contenido en el Oficio Nº DIPERSO- 1080104-058 de fecha 17 de noviembre de 1999, por el cual se le negó la homologación de su beneficio de jubilación.

Por auto de fecha 13 de junio de 2000, se dio cuenta en Sala, y se ordenó oficiar al Ministerio del Interior y Justicia, para solicitar la remisión del expediente administrativo de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Dicho Oficio fue recibido en fecha 11 de julio de 2000.

Por auto de fecha 19 de julio de 2000, se pasó el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso de nulidad.

Por auto de fecha 02 de marzo de 2000, el Juzgado de Sustanciación admitió el recurso de nulidad cuanto ha lugar en derecho, ordenó librar el cartel a que se refiere el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, así como notificar al Fiscal General de la República y al Procurador General de la República. Igualmente se ordenó oficiar al Ministerio del Interior y Justicia, remitiéndole para su conocimiento copia certificada del auto de admisión.

El 2 de noviembre de 2000, el Juzgado de Sustanciación libró el cartel a que se refiere el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Por diligencia de fecha 8 de noviembre de 2000, la accionante consignó el cartel, de conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Por escrito de fecha 5 de diciembre de 2000, la parte actora promovió pruebas.

Con auto de fecha 16 de enero de 2001, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por no ser ilegales o impertinentes, salvo su apreciación en la definitiva, y ordenó la remisión de la causa a la Sala.

Con auto de fecha 16 de enero de 2001, el Juzgado de Sustanciación remitió el expediente a la Sala.

Recibidos los autos en esta Sala, mediante auto de fecha 24 de enero de 2001, se designó Ponente a la Magistrada YOLANDA JAIMES GUERRERO, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

En fecha 21 de febrero de 2001, siendo la oportunidad fijada para el acto de informes, las partes consignaron los suyos .

Por auto de fecha 18 de abril de 2001, se dijo “Vistos”.

Mediante diligencia de fecha 19 de julio de 2001, la parte actora solicitó se dicte sentencia en la presente causa.

Pasa la Sala a decidir en los términos siguientes:

I

DE LA COMPETENCIA DE ESTA SALA

Se observa que la presente causa se  inició en virtud de que la ciudadana Carmen Susana Urea Melchor, supra identificada, procediendo en su propio nombre y en defensa de sus intereses, en su carácter de funcionaria jubilada de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), en escrito de fecha 8 de junio de 2000, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución Nº 533  de fecha 9 de marzo de 2000, dictada por el Ministerio del Interior y Justicia, por la cual se declaró extemporáneo el recurso jerárquico que ejerciera en contra del acto administrativo contenido en el Oficio Nº DIPERSO- 1080104-058 de fecha 17 de noviembre de 1999, por el cual se le negó la homologación de su beneficio de jubilación.

En un caso similar al de autos, vinculado a una controversia suscitada con ocasión de la extinción de una relación de empleo público, esta Sala, en aras de preservar el derecho del juez natural así como el de la doble instancia, y atendiendo al principio de descentralización de la justicia que se deduce del texto constitucional, en sentencia N° 2.263 de fecha 20 de diciembre de 2000, estableció que el tribunal competente para conocer de causas de esa naturaleza era el Tribunal de la Carrera Administrativa y el procedimiento aplicable, el previsto en la Ley de Carrera Administrativa. En esa oportunidad concluyó la Sala lo siguiente:

 “(...) Por las razones que anteceden, estima la Sala que no obstante el acto cuestionado emane del Presidente del Consejo Nacional Electoral, y aún cuando los funcionarios de este último dispongan de un estatuto propio, se trata, en definitiva, de relaciones funcionariales a las que resulta perfectamente aplicable el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Administrativa; en consecuencia, es el Tribunal de la Carrera Administrativa el Juez Natural para conocer de la presente causa, y su Alzada, en caso de interponerse sobre el fallo definitivo el correspondiente recurso de apelación, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Así se decide. 

Lo mismo ha de ocurrir en los casos de relaciones funcionariales de orden estadal o municipal, esto es, corresponderá el conocimiento de la causa al Juzgado Superior Civil con competencia en lo Contencioso Administrativo de la región de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; y en Alzada, previo el recurso de apelación, a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Similar interpretación debe colegirse para los supuestos atinentes a los funcionarios al servicio del Poder Legislativo y de los órganos de jerarquía similar al recurrido, tales como el Ministerio Público. (...)”

 

 De acuerdo a lo antes expuesto, al estar la recurrente solicitando la nulidad de un acto administrativo por el cual se le negó el derecho de jubilación, - aún cuando emanado de un Ministerio integrante del Ejecutivo Nacional, como lo es el Ministerio del Interior y Justicia-, en principio, correspondería el conocimiento de la causa al Tribunal de la Carrera Administrativa, por tratarse, precisamente, de una materia íntegramente vinculada con los derechos laborales que se desprenden del ejercicio de la carrera administrativa o función pública.

No obstante lo anterior,  aún cuando se trata de una situación en la cual se ventila la discusión de derechos causados en virtud del ejercicio de la función pública distintos a la materia disciplinaria, sin embargo, observa la Sala que debe aplicarse preferentemente - en el caso concreto- el criterio orgánico en lugar del criterio material, en el sentido de que se trata,  no  de cualquier categoría de organismo del cual emanó el acto cuestionado, sino de aquellos reputados como de “Seguridad del Estado”, cuyos actos (indistintamente de su naturaleza), deben considerarse de la competencia de esta Sala,  tal como de forma pacífica y reiterada ha sido asentado, dada la importancia de la función pública que aquellos ejercen, criterio este último que la Sala reitera en la presente causa y con lo cual confirma su competencia para resolverla. Así se declara.

II

ARGUMENTOS DE LA RECURRENTE

La ciudadana Carmen Susana Urea Melchor, supra identificada, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución Nº 533  de fecha 9 de marzo de 2000, dictada por el Ministerio del Interior y Justicia, por la cual se declaró extemporáneo el recurso jerárquico que interpusiera en contra del acto administrativo contenido en el Oficio Nº DIPERSO- 1080104-058 de fecha 17 de noviembre de 1999, dictado por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP),  que negó la homologación de su beneficio de jubilación, para lo cual fundamenta su pretensión en los términos siguientes:

Que el acto administrativo contenido en el Oficio Nº DIPERSO- 1080104-339 de fecha 17 de noviembre de 1999, dictado por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio del Interior y Justicia se encuentra viciado de ilegalidad por ser contrario al espíritu, propósito y razón del ordenamiento jurídico vigente como lo es el Decreto Nº 3.208 del 7 de enero de 1999, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.618 del 11 de enero de 1999, por el cual se reformó parcialmente el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.

Que el acto administrativo violó el Principio de la legalidad Administrativa, por cuanto, todo acto administrativo individual debe estar conforme a las reglas generales preestablecidas, esto es, los actos administrativos de efectos generales.

Que el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, estatuye que el funcionario jubilado que ingrese a un cargo de libre nombramiento y remoción, tendrá el derecho de que se le recalcule su pensión de jubilación con base al último salario devengado y el nuevo tiempo de servicio prestado.

Que el 1 de diciembre de 1996, fue jubilada de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), con un monto mensual de Bs. 46.067,43; equivalente al 70 % del sueldo base para la época de Bs. 75.650,oo, el cual fue incrementado por sucesivos Decretos Presidenciales desde el año 1997 al año 1999 inclusive, para un total de Bs. 138.203,oo mensuales.

Que el 15 de marzo de 1999, fue contratada para prestar servicios profesionales a tiempo completo y determinado como Asistente al Presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas S.A. (CASA), con una remuneración mensual de Bs. 400.000,oo.

Que en fecha 30 de abril de 1999, fue designada en el cargo de Sumariador Jefe de Averiguaciones Administrativas en la aludida Corporación y que, en esa misma fecha, renunció al cargo de Asistente al Presidente y solicitó la suspensión del pago de su jubilación ante la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP),   la cual le fue acordada.

Que en fecha 6 de octubre de 1999 fue despedida del cargo que venía desempeñando y que, en esa misma fecha, fue enviada comunicación por parte del Presidente de la aludida Corporación a la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP),   participándole que se le reactivara el pago de su pensión por jubilación.

Que en fecha 23 de noviembre de 1999 se dio por notificada del  acto administrativo contenido en el Oficio Nº DIPERSO- 1080104-058 de fecha 17 de noviembre de 1999, dictado por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio del Interior y Justicia por el cual se reactivó su pensión de jubilación pero con base al monto que percibía antes de haber prestado sus servicios en la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas S.A. (CASA), este es, el monto al momento en que fue solicitada la suspensión del pago de su jubilación.

Que mediante Oficio Nº 240 de fecha 25 de enero de 2000, la Directora Ministerial de Personal del Ministerio del Interior y Justicia remitió al Director de Personal del aludido Ministerio, su opinión respecto a la solicitud de recálculo, inclinándose, según señala, por su petición formulada.

Que en fecha 25 de noviembre de 1999 interpuso recurso de reconsideración ante el Director General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).

Que el aludido recurso de reconsideración no fue resuelto dentro del lapso establecido por el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que contempla quince (15) días hábiles administrativos, produciéndose, según aduce, la ficción legal del silencio administrativo negativo.

Que frente al silencio administrativo negativo, interpuso recurso jerárquico por ante el Ministro del Interior y Justicia mediante escrito de fecha 10 de enero de 2000.

Que en fecha 27 de marzo de 2000 se dio por notificada de la Resolución Nº 533 de fecha 9 de marzo del mismo año, dictada por el Ministro del Interior y Justicia, por la cual se declaró extemporáneo el recurso jerárquico.

Que la aludida Resolución Ministerial expresa: “...Por cuanto el procedimiento especial contenido en el Reglamento Interno de la DISIP, no establece lapso para que se produzca la respuesta del recurso de reconsideración interpuesto, por aplicación supletoria rige el término previsto en el Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en consecuencia la recurrente disponía de quince (15) días hábiles consagrados en el artículo 95 eiusdem, más tres días hábiles que prevé el artículo 31 del Reglamento Especial; sin embargo la interesada recurre jerárquicamente el 10 de enero del 2000, es decir, vencido el lapso de 18 días hábiles contados a partir del 25 de noviembre de 1999, por tanto actuó extemporáneamente”.

Que el cómputo efectuado por la Resolución Ministerial es inadecuado y por ende, ilegal por haber declarado como extemporáneo su recurso jerárquico, lo que trajo como consecuencia que no se hubiese escuchado su reclamación.

Que dicho cómputo resulta inadecuado, por cuanto interpuso su recurso de reconsideración en fecha 25 de noviembre de 1999, y en consecuencia dicho lapso debe computarse desde el día 26 de noviembre al 22 de diciembre del mismo año 1999, visto que, según expresa, los días 15 de diciembre, 16 y 17 no pueden considerarse como hábiles administrativos, en virtud de que, el primero de estos, es decir el 15 de diciembre fue efectuado el Referendum consultivo sobre la Constitución Nacional y los dos posteriores (16 y 17 de diciembre)  fueron declarados de alarma nacional en virtud de los hechos ocurridos en el Estado Vargas. Circunstancias estas que alega como hechos públicos y notorios, además de los Decretos Presidenciales dictados al efecto.

III

OPINION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y  DEL MINISTERIO PUBLICO

Mediante escrito de fecha 20 de febrero de 2001, el abogado Ramón Mota Báez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 6.700, en su carácter de representante de la República, según Oficio poder Nº 0426 de fecha 8 de noviembre de 2000, suscrito por el ciudadano Procurador General de la República, como consta en autos, se opuso al recurso contencioso  administrativo de nulidad interpuesto por la querellante y en tal sentido, alegó una serie de elementos fácticos y jurídicos en los términos siguientes:

Que en el presente caso la Resolución impugnada no incurrió en ilegalidad cuando estimó como extemporáneo al recurso jerárquico interpuesto por la querellante, toda vez que, según sostiene, la misma interpuso recurso de reconsideración en fecha 25 de noviembre de 1999, el cual no le fue respondido dentro de los 15 días hábiles administrativos, siendo hasta el día 10 de enero de 2000, cuando la misma accionante, procedió a interponer el recurso jerárquico, manifiestamente extemporáneo.

Que resulta inadecuada la denuncia de la recurrente cuando señala que no han debido computarse los días 15, 16 y 17 de diciembre de 1999, pues, los días 16 y 17  sí fueron laborables, ya que el estado de emergencia que se vivió en esos días no comportó la paralización de las actividades de la Administración Pública.

Que visto lo anterior, al haber ejercido el recurso jerárquico extemporáneamente, en fecha 10 de enero de 2000, no quedaba otra alternativa que la de declararlo inadmisible, por lo cual, pide expresamente a esta Sala declare inadmisible al presente recurso contencioso administrativo de nulidad.

Por otra parte, mediante escrito de fecha 19 de septiembre de 2001, la abogada Melanie Bendahan, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 13.629, en su carácter de Fiscal Segundo del Ministerio Público, designada para actuar ante este Tribunal Supremo de Justicia por ante esta Sala, se inclinó por solicitar sea declarado con lugar al presente recurso contencioso administrativo de nulidad.

Para la representación del Ministerio Público, la Resolución impugnada se encuentra viciada de falso supuesto y abuso de poder, según sostiene, pues la misma tergiversó los hechos a fin de justificar la aplicación de una norma cuyo presupuesto de hecho no coincide con los hechos que se han presentado en la realidad. En particular, alega que, no ha debido aplicar el artículo 31 del Reglamento Interno para la Administración de Personal de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, pues, según denuncia, ésta norma se refiere a los casos de actos administrativos sancionatorios de naturaleza disciplinaria.

Por ello, la representación del Ministerio Público estima que sólo ha debido la Administración acoger el cómputo que se produzca mediante la aplicación del artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; de allí que el cómputo realizado para declarar inadmisible por extemporáneo el recurso jerárquico se fundamenta en una norma que no le era aplicable al administrado.

Respecto a la situación concreta de la homologación negada por los actos administrativos impugnados, la representación del Ministerio Público sostiene que, en efecto, debe declararse con lugar la querella interpuesta pues el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, estatuye que el funcionario jubilado que ingrese a un cargo de libre nombramiento y remoción tendrá el derecho de que se le recalcule su pensión de jubilación con base al último salario devengado y el nuevo tiempo de servicio prestado, una vez que se retire del nuevo cargo y reactive su beneficio de pensión por jubilación.

Dicho lo anterior, concluye la representación del Ministerio Público señalando que no hay duda de que la Administración omitió el cumplimiento de una obligación de hacer, cual es el recálculo del monto de la jubilación de la querellante con fundamento en el sueldo percibido en el último cargo desempeñando y el nuevo tiempo de servicio prestado, dejándola en estado de indefensión al no dar respuesta a su recurso de reconsideración, y, posteriormente, declarar inadmisible por extemporáneo el recurso jerárquico, con lo cual, en su criterio, la Resolución impugnada se subsume en el ordinal 1º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos por violación del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra el derecho a la defensa y al debido proceso y así expresamente solicita sea declarado por esta Sala.   

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Visto los términos en que ha sido planteada la querella en el presente caso, se observa que la accionante ha recurrido de una Resolución Ministerial, en particular, del Ministerio del Interior y Justicia, la cual, según consta en autos, se circunscribió y limitó a declarar como extemporáneo el recurso jerárquico que la querellante intentara en contra del acto administrativo contenido en el Oficio Nº DIPERSO- 1080104-058 de fecha 17 de noviembre de 1999, dictado por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), el cual, según denuncia la recurrente, procedió a negarle la homologación de su beneficio de pensión, contrariando así el Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.

En tal sentido, se observa que en el caso concreto se presentan dos situaciones a ser resueltas, previas a la decisión de mérito que habrá de dictarse.

En primer término, la referente a la situación adjetiva o procedimental, es decir,  la determinación sobre si – tal y como sostiene la Resolución impugnada- el recurso jerárquico fue o no interpuesto en forma extemporánea.

En segundo término, la referente a la situación sustantiva, esta es, la subsunción de la situación concreta en el supuesto de hecho del artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, en virtud del Decreto Nº 3.208 del 7 de enero de 1999, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.618 del 11 de enero de 1999.

Así pues, respecto al primer aspecto se observa que,  como consta en autos, en fecha 23 de noviembre de 1999  la recurrente se dio por notificada del  acto administrativo contenido en el Oficio Nº DIPERSO- 1080104-058 de fecha 17 de noviembre de 1999, dictado por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio del Interior y Justicia por el cual se reactivó su pensión de jubilación pero con base al monto que percibía antes de haber prestado sus servicios en la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas S.A (CASA), este es, el monto al momento en que fue solicitada la suspensión del pago de su jubilación por prestar servicios en otro ente público, en particular, en una empresa del Estado, adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría.

Igualmente se observa, que en fecha 25 de noviembre de 1999, la querellante interpuso recurso de reconsideración ante el Director General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), sin que el mismo fuere resuelto, produciéndose la figura a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, esta es, la del silencio administrativo con efectos negativos.

Siendo a su vez, según consta en autos, que frente a dicho silencio administrativo, la recurrente interpuso recurso jerárquico por ante el Ministro por escrito de fecha 10 de enero de 2000, el cual fue resuelto por la Resolución Nº 533 de fecha 27 de marzo de 2000, declarándolo extemporáneo, en los términos siguientes: “...Por cuanto el procedimiento especial contenido en el Reglamento Interno de la DISIP, no establece lapso para que se produzca la respuesta del recurso de reconsideración interpuesto, por aplicación supletoria rige el término previsto en el Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en consecuencia la recurrente disponía de quince (15) días hábiles consagrados en el artículo 95 eiusdem, más tres días hábiles que prevé el artículo 31 del Reglamento Especial; sin embargo la interesada recurre jerárquicamente el 10 de enero del 2000, es decir, vencido el lapso de 18 días hábiles contados a partir del 25 de noviembre de 1999, por tanto actuó extemporáneamente”.

Así pues, fijados como están los hechos, se observa que en el presente caso se verifica la figura administrativa de carácter adjetivo, a que se contrae el artículo 4º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ésta es, la denominada por la doctrina como  Silencio Administrativo de efectos negativos, cuya norma es del tenor siguiente:

 

 En los casos en que un órgano de la Administración Pública no resolviere un asunto o recurso dentro de los correspondientes lapsos, se considerará que ha resuelto negativamente  y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa en contrario. Esta disposición no releva a los órganos administrativos, ni a sus personeros de las responsabilidades que le sean imputadas por la omisión o la demora.”

 (Subrayado de la Sala).

 

En este sentido,  la doctrina comparada ha señalado que “...ante la ausencia de una voluntad administrativa expresa, la Ley sustituye por sí misma esa voluntad inexistente presumiendo que, a ciertos efectos, dicha voluntad se ha producido con un contenido, bien negativo o desestimatorio, bien positivo o afirmativo” (Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, “Curso de Derecho Administrativo Tomo I, pág. 569).

En efecto, la figura que se verifica en el presente caso, es producto de la necesidad de garantizar a los particulares un mecanismo de defensa ante la inactividad, omisión o desatención de la Administración en la consecución de sus decisiones de mérito con ocasión a una solicitud, petición o recurso administrativos interpuesto por dichos interesados.

Una postura cónsona y adecuada al verdadero sentido de la figura  del silencio administrativo, ha sido acogida en fallo de esta propia Sala, de fecha 22 de junio de 1.982 (caso  “Ford Motors de Venezuela, C.A”), 11 de agosto de 1.983 (caso “Inversiones Bedal, C.A”) y  6 de febrero de 1.986 (caso: Industrias Pampero), entre muchos otros.

        Ahora bien, en el caso presente,  la querellante ejerció el Recurso  Jerárquico a que alude el artículo 95 de la referida Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para ante el Ministro del Interior y Justicia en contra de un acto administrativo emanado de un inferior jerárquico, quien no resolvió, previamente, el recurso de reconsideración por ella interpuesto.

En ese sentido, tal posibilidad, - la de respuesta oportuna y expresa- no fue verificada, produciéndose  la figura del silencio administrativo de efectos negativos, esto es, el recurso de reconsideración ha sido decidido en sentido contrario a la pretensión de la quejosa, dando cabida a que la misma pudiera  interponer contra dicho pronunciamiento, el recurso jerárquico.

Ahora bien, se observa que en fecha 25 de noviembre de 1999 se interpuso el recurso de reconsideración, es decir, que el lapso para que el mismo fuera decidido, debió computarse a partir del día viernes  26 de noviembre del mismo año hasta el día  16 de diciembre de 1999, pues deben computarse quince (15) días hábiles administrativos para su decisión, conforme a los artículos 42 y 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

No obstante lo anterior, la Sala advierte que, tal y como fuere denunciado por la recurrente, para efectuar dicho cómputo debían excluirse forzosamente, los días 15, 16 y 17 de diciembre de 1999, dado que estos se constituyeron en días en los cuales, al menos la Administración Pública Centralizada no laboró a normalidad y plenitud, tanto por celebrarse un Referendum Consultivo sobre la aprobación del texto constitucional (día 15), como también, por la declaratoria – mediante Decreto Presidencial- de emergencia nacional (días 16 y 17), en los cuales se produjo un caos que conmocionó a la población en general, y en particular, a la ubicada en la zona denominada como la gran Caracas y sus adyacencias. Circunstancias estas que la Sala valora como hechos notorios, no sujetos a prueba, de conformidad con lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, por la remisión que de dicho Código adjetivo efectúa el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Dicho lo anterior, resulta que el lapso para que el recurso de renconsideración haya sido respondido, debe computarse desde el día 26 de noviembre hasta el día 21 de diciembre de 1999, ambos inclusive, tal y como la accionante y la representación del Ministerio Público expresamente lo solicitaron de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.          

Asimismo, es acertada la denuncia de la representación del Ministerio Público cuando advirtió en su escrito de rigor que, yerra la Resolución impugnada cuando pretende aplicar “mixtamente” tanto el lapso a que se contrae el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos como el lapso previsto en el artículo 31 del Reglamento Interno para la Administración de Personal de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), pues este último artículo se encuentra referido a los supuestos en que se imponga una sanción administrativa de carácter disciplinario, lo cual se desprende de su simple lectura, que es del tenor siguiente:

“El funcionario afectado por la destitución podrá apelar de la decisión por ante el Director General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir de la fecha en que haya recibido la notificación de destitución. De la decisión del Director General Sectorial podrá apelar ante el Ministro de Relaciones Interiores dentro de las sesenta y dos horas siguientes”.

 

(Subrayado de la Sala).    

 

(Norma que, adicionalmente, ha sido objeto de desaplicación por esta Sala mediante el ejercicio de control difuso de la constitucionalidad, en fallos recientes).

 

 

Dicho lo anterior, se observa que el recurso jerárquico fue interpuesto el día catorce (14) de los quince (15) con que contaba la querellante, pues, el lapso para tal fin, de conformidad con el artículo 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, fenecía el día 11 de enero de 2000, siendo interpuesto efectivamente un día antes, es decir, el día 10 de enero de 2000.

Así,  por fuerza de lo anterior, la Sala observa que la Resolución impugnada incurrió en falso supuesto de hecho al computar erróneamente los lapsos a que se contraen los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, produciendo indefensión a la querellante al no haber proveído sobre su reclamo destinado a obtener  la homologación de su  beneficio de pensión por jubilación, por cuanto  procedió a declarar extemporáneo el recurso jerárquico intentado por aquella, lo cual la vicia de nulidad absoluta a tenor a lo previsto en el ordinal 1º del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.  Así se declara.

Respecto al segundo elemento, el sustantivo, referido a la negativa de homologación del beneficio de pensión por jubilación, se observa que el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, prevé que:

“El jubilado no podrá ingresar, a través de nombramiento, en ninguno de los organismos o entes a los cuales se aplica la Ley del Estatuto, salvo que se trate de los cargos de libre nombramiento y remoción, previstos en los ordinales 1º y 2º del artículo 4 de la Ley de Carrera Administrativa, o de cargos de similar jerarquía en los organismos no regidos por esa Ley, o en cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes.

El pago de la Pensión de jubilación será suspendido al jubilado que reingrese a uno de los cargos a que se refiere el aparte único del artículo 11 de la Ley del Estatuto y, mientras dure en su ejercicio, no estará obligado a aportar las cotizaciones previstas en el artículo 2 del presente Reglamento.

El organismo o ente a cuyo servicio reingrese el jubilado, lo notificará al organismo o  ente que otorgó la jubilación  a los efectos de la suspensión del pago de la pensión. Al producirse el egreso se restituirá el pago de la pensión que recibirá en lo adelante el funcionario jubilado, recalculándose el monto de la misma con base en el sueldo percibido durante el último cargo y el nuevo tiempo de servicio prestado”. 

(Subrayado de la Sala).

En efecto, la norma antes transcrita estatuye el régimen aplicable para la prestación de servicios por parte de los funcionarios que hayan obtenido el beneficio de pensión por jubilación, es decir, los supuestos por los cuales un jubilado pueda volver a prestar sus servicios en la Administración Pública.

Dicha posibilidad – que los funcionarios jubilados puedan volver a prestar funciones públicas- ha sido previsto por el legislador no sólo en acatamiento del mandato constitucional de no limitar la voluntad de todo  ciudadano que desee trabajar y que se encuentre apto para ello, sino también, por la circunstancia de que, habiendo sido objeto de un beneficio por el transcurso de los años de servicio prestados, el aludido funcionario debe  considerarse como un baluarte de experiencia y conocimientos que no deben desperdiciarse en áreas tan importantes como la académica, de investigación, asesoramiento o inclusive, en prestación directa de funciones específicas en donde los cánones de mayor rendimiento y capacidad sean los perseguidos.

No obstante lo anterior, dicha posibilidad en estudio – prestación de servicio por funcionarios jubilados- no escapa a determinados límites o condicionantes, como también, a otros supuestos de beneficios o reconocimientos; ello debido a que, por un lado, la capacidad física y las condiciones de jornada y función no puede equipararse a los aún activos y, por otra lado, de no ofrecerse o garantizarse algún estímulo especial,  no se generaría ningún interés en los jubilados para volver a iniciar una prestación de servicio público.        

En tal sentido, los requisitos para el reingreso de los funcionarios públicos que hayan obtenido una jubilación, serán los siguientes:

(i)                  No podrán reingresar a la Administración Pública como funcionarios públicos de carrera;

(ii)                Podrán prestar servicios en entes públicos como contratados, en cargos públicos de libre nombramiento o remoción o cuya jerarquía sea equivalente, entre los que cuentan los de confianza; a cargos académicos, docentes, asistenciales o accidentales; y de elección popular;

(iii)               Cuando ingresen a los cargos públicos antes referidos – distintos a la figura de contratados- deberán suspender el beneficio de pensión por jubilación, mediante la participación mutua entre el organismo que otorgó la jubilación y en el cual actualmente preste servicios;

(iv)              En caso que ingresen como contratados, no están obligados a proceder a la suspensión del beneficio en la forma antes aludida;

(v)                Al momento de cesar la prestación de servicios en los cargos públicos antes referidos – distintos a la figura de contratado- el funcionario jubilado podrá reactivar su beneficio de pensión por jubilación, efectuando el recálculo a que se refiere el artículo 13 del Reglamento en estudio; computándose  el último salario devengado y el tiempo de servicio prestado.  Este beneficio excluye a los funcionarios públicos jubilados que hayan prestado servicios en calidad de contratados.        

Ahora bien, respecto de este último beneficio, debe acotarse, que el mismo encuentra su justificación legislativa en el hecho cierto, de que el Estado debe procurar algún beneficio o estimulo a los funcionarios jubilados que reingresen a la Administración con el objeto de continuar prestando labores, pues, de lo contrario, ninguno o muy pocos se atreverían a abandonar sus beneficios de jubilación y el tiempo de disfrute que ello comporta sin que a cambio - además de la vocación y la satisfacción personal por el trabajo -, no se les reconozca el nuevo tiempo de servicio y la homologación del beneficio de pensión conforme al último salario devengado. Ambos beneficios sólo para el momento en que la jubilación sea reactivada.    

Dicho lo anterior, se constata de las actas procesales que componen el presente expediente, que en fecha 1 de diciembre de 1996 le fue concedido a la querellante el beneficio de jubilación por parte de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).

Igualmente, que en fecha 15 de marzo de 1999 fue contratada para prestar servicios profesionales a tiempo completo y determinado como Asistente al Presidente de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas S.A. (CASA), con una remuneración mensual de Bs. 400.000,oo.

Asimismo, que en fecha 30 de abril de 1999 fue designada en el cargo de Sumariador Jefe de Averiguaciones Administrativas en la aludida Corporación y que, en esa misma fecha, renunció al cargo de Asistente al Presidente y solicitó la suspensión del pago de su jubilación ante la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP),   la cual le fue acordada.  En ese mismo orden, se observa que en fecha 6 de octubre de 1999 fue despedida del cargo que venía desempeñando y que, en esa misma fecha, fue enviada comunicación por parte del Presidente de la aludida Corporación a la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), participándole que se le reactivara el pago de su pensión por jubilación.

Por otra parte, aunado a lo anterior, también consta en autos que  mediante Oficio Nº 240 de fecha 25 de enero de 2000, la Directora Ministerial de Personal del Ministerio del Interior y Justicia remitió al Director de Personal del aludido Ministerio, su opinión respecto a la solicitud de recálculo, inclinándose favorablemente por la petición de la recurrente.

De lo anterior se observa, que en efecto, tal y como fuere denunciado por la querellante y advertido por la representación del Ministerio Público en su opinión de autos, la situación de la ciudadana Carmen Susana Urea Melchor, supra identificada, sí se subsume en el supuesto de hecho del artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, lo que la hacía titular de pleno derecho, del beneficio que otorga la homologación de su pensión de jubilación conforme al último salario devengado durante la prestación de servicios a la Administración Pública y con base al recálculo de nuevo tiempo de servicio.

Por lo expuesto se observa, que el acto administrativo contenido en el Oficio Nº DIPERSO- 1080104-058 de fecha 17 de noviembre de 1999, dictado por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio del Interior y Justicia por el cual se reactivó su pensión de jubilación se encuentra viciado, dado que prevé un monto de dicha pensión con base al monto que percibía la recurrente  antes de  haber prestado sus servicios en la Corporación (CASA) ya señalada, este es, el monto al momento en que fue solicitada la suspensión del pago de su jubilación por prestar servicios en otro ente público.

En efecto, el acto administrativo primigenio – el antes señalado de fecha 17 de noviembre de 1999 dictado por la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio del Interior y Justicia- , se encuentra viciado en la base legal dado que incurrió en infracción por ausencia o falta de aplicación del artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, lo que trajo como consecuencia el desconocimiento del derecho de homologación que de pleno derecho detentaba la recurrente. Así se declara.

Ahora bien, determinada como ha sido la nulidad de los actos administrativos impugnados, esta Sala, de conformidad con los poderes que le otorga el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y en acatamiento al principio dispositivo del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil al contener el petitorio recursivo pretensiones pecuniarias derivadas de pasivos laborales, declara que a los fines de acometer lo necesario para el restablecimiento de la situación jurídica infringida o lesionada de la recurrente, la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio del Interior y Justicia proceda de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios a: (i) Homologar la pensión de jubilación de la recurrente conforme al último salario devengado, tomando en cuenta para ello también, todos los ajustes salariales a que haya tenido derecho por disposición legal, por previsión de contratación colectiva  o por disposición del Ejecutivo Nacional; (ii) cancelar  las cantidades dejadas de percibir con ocasión al inadecuado cálculo de sus pensiones. Así se declara.  

V

DECISIÓN

Atendiendo a los razonamientos expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO:  CON LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la  ciudadana CARMEN SUSANA UREA MELCHOR, supra identificada,  procediendo en su propio nombre y en defensa de sus intereses, contra la Resolución Nº 533  de fecha 9 de marzo de 2000, dictada por el Ministerio del Interior y Justicia, que declaró extemporáneo el recurso jerárquico que interpusiera en contra del acto administrativo contenido en el Oficio Nº DIPERSO- 1080104-058 de fecha 17 de noviembre de 1999, por el cual se le negó la homologación de su beneficio de jubilación; actos administrativos estos que por fuerza de lo anterior se declaran NULOS.

 SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en los artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 131 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, ORDENA  a la  Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio del Interior y Justicia de conformidad con lo previsto en  el artículo 13 del Reglamento de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios: (I)  Homologue la pensión de jubilación de la recurrente, antes identificada, conforme al último salario devengado y (ii)  Proceda a cancelarle  las cantidades dejadas de percibir con ocasión al inadecuado cálculo de sus pensiones.   

Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase con oficio copia certificada de la presente decisión a la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) del Ministerio del Interior y Justicia. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil dos (2002). Años: 192º de la Independencia y 143º de la Federación.

         El Presidente,

LEVIS IGNACIO ZERPA

El Vicepresidente,

 

HADEL MOSTAFÁ PAOLINI

YOLANDA JAIMES GUERRERO

Magistrada-Ponente

La Secretaria,

 

ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp Nº 0613

YJG/gg

En treinta y uno (31) de julio del año dos mil dos, se publicó y registró la anterior sentencia bajo el Nº 01022.